El Estado
de la Ciudad del Vaticano [1]
El
Estado de la Ciudad del Vaticano
Apostilla
NdE
Iván
Federico Mejía Álvarez
Contenido
I. La legislación internacional sobre
el Estado de la Ciudad del Vaticano
a. La existencia del Estado de la
Ciudad del Vaticano
b. El texto del Tratado de Letrán (Tratado Lateranense) es el siguiente:
II. La legislación interna del Estado
de la Ciudad del Vaticano
a. La Ley fundamental de la Ciudad del
Vaticano
b. Perfiles
institucionales revisados (Leyes orgánicas) del Estado de la Ciudad del
Vaticano
1. Ley sobre las fuentes del derecho
2. Ley sobre el Gobierno del Estado
3. Ley sobre el ordenamiento judicial
c. Comentario
sobre los Órganos que ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en
el Estado de la Ciudad del Vaticano
1. Algunos
Institutos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia
de administración y vigilancia económica y financiera
2. La personalidad peculiar de los Organismos de la
Ciudad del Vaticano
3. La importancia cultural de los edificios y obras de arte vinculados con la
Santa Sede y la Ciudad del Vaticano
d. Legislación
relacionada con materias organizativas económicas y financieras y asociadas con
los bienes culturales:
e. Legislación
preventiva, iniciativas y acciones en la lucha contra actividades ilegales en
el campo financiero y monetario
f. Legislación sancionatoria y
procesal administrativa
g. Legislación penal
1. Código Penal y Código de
Procedimiento Penal
2. Legislación sobre menores y
personas vulnerables
3. Legislación penal relacionada con materias económicas
y financieras
4. Legislación penal relacionada con
materias administrativas
III. Tipo
peculiar de “leyes” son los “estatutos” (cf. c. 94),
a.. En materia administrativa laboral y
de las pensiones
1.. Estatuto Definitivo de la Oficina
del Trabajo de la Sede Apostólica
2.. Fondo Pensioni
b.. En materia administrativa económica
3.. El estatuto del Consejo para la
Economía (Francisco 2015);
4. El estatuto de la Secretaría para
la Economía (Francisco 2015);
5.. El estatuto de la Oficina del
Revisor Fiscal (Francisco 2015);
c.. En materia del funcionamiento de
las comunicaciones
7. El estatuto de la Secretaría para
la Comunicación (Francisco 2015).
IV. La cuestión de los bienes
“extraterritoriales” de la Santa Sede
V. Actualizaciones varias
1.
Jueces y abogados ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano: la
garantía de un proceso serio
2. La
personalidad peculiar de los Organismos de la Ciudad del Vaticano
3. El
Instituto para las Obras de Religión (IOR)
4.. Fondazione
“Rete Mondiale di Preghiera del Papa”
VI. Otras
providencias y jurisprudencia de autoridades del Estado de la Ciudad del
Vaticano diferentes al Santo Padre
a. Del Presidente del Gobernatorado
b. Del
Tribunal del Estado
VII. El Estado de la Ciudad del Vaticano
forma parte de las siguientes organizaciones internacionales
intergubernamentales
VIII. Cuestiones
relacionadas con la Administración de los bienes de la Santa Sede y la Ciudad
del Estado del Vaticano
1°)
Informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA)
correspondiente al 24 de julio de 2021:
2°)
Informe del Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede (agosto
de 2022)
IX. Sanidad católica
Apéndices
Apéndice. Discursos del S. P. con motivo de la Apertura de los Años Judiciales del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano
Apéndice 1. "Apertura del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 12.03.2022
Apéndice 2. Apertura del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 25.02.2023
Apéndice 3. Nueva normativa relacionada con la Basílica de San Pedro
Bibliografía
Sólo se encuentra en el CIC83 una mención del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el c. 354 (cf. https://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/08/l_24.html), cuando se refiere a los Cardenales, que señala:
“Can. 354 — Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit”: “A los Padres Cardenales que están al frente de dicasterios u otros institutos permanentes de la Curia Romana y de la Ciudad del Vaticano se les ruega que, al cumplir setenta y cinco años de edad, presenten la renuncia de su oficio al Romano Pontífice, el cual proveerá, teniendo en cuenta todas las circunstancias”.
Reelaboro el material previo con las actualizaciones ordenadas por el S. P. Francisco en 2023.
I.
La legislación internacional sobre el
Estado de la Ciudad del Vaticano
Textos constitucionales
relacionados con la identidad, soberanía e independencia del Estado Ciudad del
Vaticano:
a.
La existencia del Estado de la
Ciudad del Vaticano
Además del término latino canon-canones
(procedente, a su vez, del griego κάνον) (cf. c. 3: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2016/08/l_25.html)
la Santa Sede emplea en su legislación el concepto de “ley” en su sentido
estricto (lex-leges= en griego Νόμος- Νόμοι), pero, esta vez, para
regular todo aquello que, principalmente, hace referencia al Estado
de la Ciudad de Vaticano y a su
funcionamiento. Ha de tenerse en cuenta que tales textos suelen ser promulgados
por el Papa mediante una “carta apostólica” (“lettera apostolica”) bajo
la forma de motu proprio (m. p.).
La historia del actual Estado de la
Ciudad del Vaticano se debe remontar a la existencia de los denominados Estados
Pontificios (nacidos, según estiman algunos autores, en el año 756 con la
Donación de Pipino, rey carolingio, y subsistentes hasta 1870, con su anexión a
Italia por parte del rey Víctor Manuel II), de los que el actual Estado
es, al menos en cuanto a su extensión territorial, una especie de reliquia. Sobre
su historia y sus vicisitudes[1]
nos hemos referido más en detalle al tratar de los bienes eclesiásticos (cf.
nt. final i, en: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/libro-v-de-los-bienes-temporales-de-la.html).
Pero, sin lugar a duda, lo que le asigna su valía es la condición “moral” (cf. caso
único en el CIC83: c. 113 § 1: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/09/l.html)
del sujeto que allí tiene su “sede”, lo cual es mucho más importante y
significativo, en especial para los cristianos católicos, que otras
consideraciones. Esta “persona moral”, que no física ni jurídica, posee en
efecto un origen divino y es centro de la unidad en la fe del pueblo cristiano
(cf. Lc 22,32). A lo anterior se le pueden agregar otras valoraciones,
p. ej., desde el punto de vista del arte, de la arquitectura y de la cultura
general, pero, ante todo, debido al reconocimiento que ella tiene en el derecho
de los Estados y de los tratados internacionales, a causa de su exclusiva impronta
“religiosa” y de su innegable “peso moral”.
En efecto, durante la Edad Moderna
– para no ir más atrás en el tiempo –, se llevó a cabo el denominado “Congreso
de Viena”. Este fue convocado por el Imperio Austríaco y fue realizado en la
ciudad que le dio su nombre entre el 18 de septiembre de 1814 y el 9 de junio
de 1815. Tuvo como fin restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de
Napoleón Bonaparte y adecuarlas a las corrientes ideológicas que en sus países
estaban predominando
En cuanto a las disposiciones
acordadas en relación con la “Santa Sede” – así denominada y reconocida como
Estado para todos los efectos – y sus territorios (cf. arts. 93, 95 y, ante
todo, 103) se le reconoce su independencia (inclusive preservada y dotada de
cuerpos militares) y se le reintegran, al menos en su mayoría, territorios que
con el tiempo y gracias a la fuerza le habían sido despojados, volviendo a los
límites que tenían en 1776:
“Artículo
103. Las Marcas con Camerino y sus dependencias, como también el ducado de
Benevento y el principado de Ponte-Corvo se restituyen a la Santa Sede. La
Santa Sede entrará nuevamente en posesión de las Legaciones de Ravena, Bolonia
y Ferrara, a excepción de la parte del Ferrarense situada a orilla izquierda
del Po. Su Majestad imperial y real apostólica y sus sucesores tendrán derecho
de guarnición en las plazas de Ferrara y de Comacchio. Los habitantes de los
países que entran de nuevo en el dominio de la Santa Sede en virtud de las
estipulaciones del congreso gozarán de los efectos del artículo 16 del tratado
de París de 30 de mayo de 1814. Quedan subsistentes todas las adquisiciones
hechas por particulares a consecuencia de un título reconocido legal por las
leyes vigentes en la actualidad, y se fijarán por un convenio particular entre
las cortes de Roma y Viena los medios oportunos a la seguridad de la deuda
pública y pago de pensiones”.
El “mapa” así establecido, con sus
equilibrios de poder, y la vigencia de estos acuerdos se mantuvieron
prácticamente inalterados hasta finales de la Primera Guerra Mundial, si bien,
ante el surgimiento de nuevos movimientos (“revolucionarios”) desde mediados
del siglo XIX, no sin el uso de la fuerza por parte de los gobernantes de
varios de los Estados firmantes o adherentes.
En lo que toca a los Estados
Pontificios, sin embargo, la situación fue diferente, gracias a los sucesos que
comenzaron hacia 1848 y que culminaron con los mencionados de 1870[2].
Garibaldi, Cavour y Víctor Manuel II, sus líderes, fueron empleando primero la
acción militar y luego el llamado al pueblo para anexionar a la República cada
territorio que iban conquistando. Por esas mismas épocas, el Papa Pío IX convocó
en 1868 un Concilio ecuménico que se reuniera en el Vaticano para tratar
diversos asuntos doctrinales y de disciplina. Lo inauguró el 8 de diciembre de
1869. Pero la situación política se complicó. A la caída de Napoleón III en
1870 el respaldo militar que concedía a los Estados Pontificios se perdió y las
tropas italianas pudieron llegar a Roma y a los territorios circunvecinos. El
Concilio debió suspenderse (“por tiempo indefinido”) precipitadamente el 20 de
octubre de ese mismo año con sólo dos constituciones aprobadas. El Papa Pío IX,
por su parte, no aceptó la rendición que inicialmente se le proponía y le
resultó imposible contrarrestar con sus pocos soldados las divisiones
italianas. En efecto, el rey Víctor Manuel II “después de varios golpes de cañón, abrió una brecha en las Murallas Aurelianas, a pocos metros de Porta Pía”, se tomó el palacio del Quirinal,
lo estableció como residencia real y ordenó el consabido plebiscito. El Papa
Pío IX rechazó la antijurídica anexión así como la “ley de garantías papales”
del año siguiente, pero nada más pudo oponer a ese abuso y a sus consiguientes
fanáticos desarrollos: se declaró “prisionero” en el Vaticano, como de igual
manera hicieron los Pontífices sucesores suyos. El Papa León XIII, en especial,
fundándose en las enseñanzas del reciente Concilio (cf. DS 3059-3064) dedicó
momentos importantes de su correspondencia oficial con su Secretario de Estado
y con algunos Episcopados a exponer y clarificar las razones y las motivaciones
que exigían una condición y consideración peculiar de la Santa Sede en el
contexto de las relaciones internacionales, de igual categoría, obligaciones y
derechos que las que convenían a cualquier otro Estado[3].
El camino del reencuentro entre el Estado Italiano y la Santa Sede fue
paulatino y estuvo lleno de altos y bajos. Sin embargo, desde las épocas de los
Papas León XIII y Pío X, se fue preparando el terreno para que el Papa
Benedicto XV en su
“Y ahora, Venerables Hermanos, al final de esta carta, Nuestro corazón vuelve espontáneamente adonde queríamos empezar. Es la palabra de paz que vuelve a Nuestros labios; por eso, con fervientes e insistentes deseos invocamos una vez más, por el bien de la sociedad y de la Iglesia, el fin de la actual guerra tan desastrosa. Por el bien de la sociedad, para que, una vez obtenida la paz, progrese verdaderamente en todas las ramas del progreso; por el bien de la Iglesia de Jesucristo, para que, no detenida por más impedimentos, continúe hasta los lugares más remotos de la tierra para llevar consuelo y salud a los hombres. Desgraciadamente durante mucho tiempo la Iglesia no ha disfrutado de la libertad que necesita; esto es, desde que su jefe, el Sumo Pontífice, empezó a faltar aquella guarnición que, por disposición de la divina Providencia, había obtenido a lo largo de los siglos para proteger su libertad. La falta de esta protección ha venido a causar, por lo demás inevitablemente, una no pequeña perturbación entre los católicos: en efecto, todos los que profesan ser hijos del Romano Pontífice, tanto de cerca como de lejos, tienen derecho a que se le asegure a su Padre común que el ejercicio del ministerio apostólico esté verdaderamente libre de todo poder humano, y aparezca absolutamente libre.”[4]
Así, en 1919
comenzaron las conversaciones orientadas a la creación de un Estado Vaticano.
Pero fue el Papa Pío XI quien dio el impulso definitivo a tales tratativas,
como lo anunció en su
“Hacemos pues nuestras, Venerables Hermanos, las palabras
que Benedicto XV, de f. m., pronunció en su última alocución celebrada en el
Consistorio de 21 de noviembre del año anterior, sobre los acuerdos solicitados
y ofrecidos por los distintos Estados: «Nunca permitiremos que se insinúe en
estos Concordatos nada contrario a la dignidad y libertad de la Iglesia, ya que
importa mucho a la prosperidad misma del consorcio civil, especialmente en
nuestros días, que estas libertades y dignidad permanezcan seguras e
intactas".
A este respecto, sobra decir con cuánto dolor vemos a
Italia, nuestra patria más querida, el país en el que la mano de Dios, que rige
el curso de la historia, colocó y fijó la sede de su Vicario en la tierra, en
esta Roma, que de la capital del maravilloso pero aún limitado Imperio Romano,
fue hecha por Él la capital del mundo entero, porque es la sede de una
soberanía divina que, sobrepasando toda frontera de Naciones y Estados, todos
los hombres y abrazos todos los pueblos. Sin embargo, exigen el origen y la
naturaleza divina de esta soberanía, el derecho inviolable de la conciencia de
millones de fieles en todo el mundo exige que esta misma sagrada soberanía sea
y aparezca manifiestamente independiente y libre de cualquier autoridad o ley
humana, incluso de una ley que anuncie garantías.
La garantía de libertad con que la divina Providencia,
gobernadora y árbitro de los acontecimientos humanos, sin daño, más aún con
beneficios inestimables para la misma Italia, había presidido la soberanía del
Vicario de Cristo en la tierra; aquella garantía que durante tantos siglos
había correspondido convenientemente al designio divino de proteger la libertad
del mismo Pontífice, y en cuyo lugar ni la divina Providencia ha indicado hasta
ahora, ni el consejo de los hombres ha encontrado hasta ahora otro medio
semejante, que compense convenientemente por ello, esa garantía fue y sigue
siendo violada; de ahí que se haya producido un estado de cosas anormal, con
perturbación grave y permanente de la conciencia de los católicos en Italia y
en todo el mundo.
Nosotros, pues, herederos y custodios del pensamiento y deberes de nuestros venerables antecesores, investidos como ellos de la única autoridad competente en la materia más grave y responsables ante Dios, protestamos, como protestaron ellos, contra tal estado de cosas, en defensa de los derechos y de la dignidad de la Sede Apostólica, no por vana y terrenal ambición, de la que nos avergonzaríamos, sino por pura deuda de conciencia, pensando en tener que morir y en la muy severa cuenta que tendremos que dar a los juez divino.
Después de todo, Italia no tiene ni tendrá nada que temer de la Santa Sede: el Papa, quienquiera que sea, siempre repetirá: «Tengo pensamientos de paz, no de aflicción” [Ier., XXIX, 11]: pensamientos de paz verdadera, y por lo tanto él mismo no separados de la justicia, para que se pueda decir: la justicia y la paz se han besado” [Ps., LXXXIV, 11]. A Dios le toca invocar esta hora y hacerla sonar; los sabios de buena voluntad no dejen que juegue en vano: será una de las horas más solemnes y fecundas para la restauración del Reino de Cristo y para la paz de Italia y del mundo”.[5]
Los interlocutores eran a la sazón el renuente Víctor Manuel III de Saboya, rey de Italia, y el Papa Ratti, quienes designaron como Plenipotenciarios, de una parte, a Morone – por poco tiempo –, y, a su muerte, a Benito Amilcare Andrea Mussolini, Presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia quien asumió personalmente y por el resto del tiempo ese oficio de su máximo interés, y, de la otra, al Secretario de Estado Cardenal Pietro Gasparri, respectivamente. Los diálogos y tratativas – nada fáciles, varias veces interrumpidas – duraron desde 1924 hasta 1929. Ese año, el 11 de febrero, se firmó el Tratado de Letrán que, además de ser un pacto de reconocimiento de la soberanía e independencia del nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano que se creaba (“condición de hecho y de derecho”), estableció un Concordato y un Convenio económico entre la Santa Sede y la República de Italia (: "Esso è corredato dei seguenti quattro Allegati: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano; Elenco e pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi; Convenzione finanziaria. Il documento, redatto dal Cardinale Pietro Gasparri e dal Primo ministro italiano Benito Mussolini, doveva essere sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d’Italia": https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONCORDATO_FRA_LA_SANTA_SEDE_E_LITALIA). Fue ratificado por la Santa Sede y por el Reino de Italia el 7 de junio del mismo año. Aunque el Papa elogió el gesto de Mussolini, éste sólo se reconcilió con el Papa en 1932 (si bien, como anotan sus biógrafos, su anticlericalismo e incredulidad se mostraron hasta 1938, año a partir del cual lo siguió haciendo, con todo ya no en público).
b. El texto del Tratado de Letrán (Tratado Lateranense) es el siguiente:
|
Traducción castellana |
Texto original italiano |
|
Tratado
entre la Santa Sede e Italia En
nombre de la Santísima Trinidad
Premisa:
Que
la Santa Sede e Italia han reconocido la conveniencia de eliminar todo motivo
de discordia existente entre ellos tras haber llegado a un acuerdo definitivo
en sus mutuas relaciones, conforme a la justicia y a la dignidad de las dos
Altas Partes y que, asegurando a la Santa Sede una condición estable de hecho
y de derecho, que garantice una absoluta independencia para el cumplimiento
de su Alta misión en el mundo, consienta a la misma Santa Sede reconocer
resuelta, en modo definitivo e irrevocable, la “cuestión romana”, surgida en
1870 con la anexión de Roma al Reino de Italia, bajo la dinastía de la Casa
de Saboya; Que debiéndose garantizar, para asegurar a la Santa Sede la absoluta y visible independencia, una soberanía indiscutible incluso en el campo internacional, se ha reconocido la necesidad de constituir la Ciudad del Vaticano con una modalidad particular, reconociendo a la Santa Sede la plena propiedad y exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana en ella; Su
Santidad el Sumo Pontífice Pio XI y Su Majestad Victorio Emanuel III Rey de
Italia, han acordado estipular un Tratado, nombrando a tal efecto dos
plenipotenciarios, por parte de Su Santidad, Su Eminencia Rev.ma el Cardenal
Pietro Gasparri, su Secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, Su
Excelencia el Caballero Benito Mussolini, Primer Ministro y Jefe del
Gobierno; los
cuales, tras haberse intercambiado los respectivos plenos poderes y
encontrándolos en buena y debida forma, han convenido los siguientes
artículos:
Artículo
1 Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del
Estatuto del Reino del 4 marzo 1848, por el cual, la religión católica,
apostólica y romana es reconocida como la única religión del Estado. Artículo
2 Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional
como atributo inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las
exigencias de su misión en el mundo. Artículo
3 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, y la exclusiva y
absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre el Vaticano, según está
constituido actualmente, con todas sus pertenencias y dotaciones, creándose a
tal efecto la Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las
modalidades que dicta el presente Tratado. Los confines de dicha Ciudad están
indicados en el plano del anexo 1 al presente Tratado, el cual forma parte
integrante del mismo. Queda entendido, por tanto, que la plaza de San Pedro, aun
formando parte de la Ciudad del Vaticano, continuará abriéndose normalmente al
público, y estará sujeta a la vigilancia policial de las autoridades
italianas, limitándose hasta los pies de la escalinata de la Basílica, aunque
ésta continúe destinándose al culto público, y se abstendrán, por lo tanto,
de subir y acceder a dicha Basílica, salvo cuando sean invitados a intervenir
por la autoridad competente. Cuando la Santa Sede, en vista de funciones
particulares, creyese sustraer temporalmente la plaza de San Pedro al libre
tránsito del público, las autoridades italianas, a no ser que sean invitadas
a quedarse por la autoridad competente, se retirarán detrás de la demarcación
externa de la columnata de Bernini y su prolongación. Artículo
4 La soberanía y jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la Santa Sede
sobre la Ciudad del Vaticano, supone que en la misma no haya alguna
injerencia por parte del Gobierno italiano y que no haya otra autoridad que
no sea la de la Santa Sede. Artículo
5 Para la ejecución de cuanto establecido en el precedente artículo, antes de
la entrada en vigor del presente Tratado, el Gobierno italiano cuidará que el
territorio constituyente de la Ciudad del Vaticano sea liberado de cualquier
vínculo o eventuales ocupantes. La Santa Sede proveerá al cierre de los
accesos, recintando las partes abiertas, con excepción de la plaza de San
Pedro. Se conviene que, por lo que se refiere a los inmuebles pertenecientes
a institutos o entes religiosos en ella existentes, la Santa Sede proveerá
directamente a regular sus relaciones con ellos y el Estado italiano se
desinteresará. Artículo
6 Italia proveerá, por medio de negociaciones con las entidades interesadas,
a que la Ciudad del Vaticano tenga asegurada la adecuada dotación de agua en
propiedad. Proveerá, además, a la comunicación con la red de ferrocarriles
del Estado por medio de la construcción de una estación ferroviaria en la
Ciudad del Vaticano, en la localidad indicada en el plano adjunto (anexo I) y
mediante la circulación de vehículos del Vaticano por la red de ferrocarriles
italianos. Proveerá, asímismo, a la conexión de los servicios telegráficos,
telefónicos, radiotelegráficos, radiotelefónicos y postales en la Ciudad del
Vaticano, también de forma directa con otros Estados. Por último, proveerá a
la coordinación de los demás servicios públicos. El Estado italiano proveerá
al coste y a la ejecución de todo cuanto mencionado arriba dentro de un año,
a partir de la entrada en vigor del presente Tratado. Serán a cargo de la
Santa Sede la reestructuración de las puertas de acceso al Vaticano ya
existentes y de otras que en el futuro creerá oportuno abrir. Se realizarán
acuerdos entre la Santa Sede y el Estado italiano para la circulación, en
territorio italiano, de vehículos terrestres y aéreos de la Ciudad del
Vaticano. Artículo
7 En el territorio circundante a la Ciudad del Vaticano, el Gobierno italiano
se compromete a no permitir nuevas construcciones que puedan constituir
observatorios, y a proveer, por la misma razón, a la demolición parcial de
las ya existentes desde Porta Cavalleggeri, a lo largo de la via Aurelia y el
viale Vaticano. Conforme a las normas del derecho internacional, está
prohibida la navegación aérea de cualquier tipo sobre el territorio del
Vaticano. En la plaza Rusticucci y en las zonas adyacentes a la columnata,
donde no se extiende la extraterritorialidad del artículo 15, cualquier
cambio de construcción o de carretera que pueda interesar a la Ciudad del
Vaticano, se hará de común acuerdo. Artículo
8 Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice,
declara punitivo cualquier atentado que se cometa contra ella y la
provocación a cometerlo, con las mismas penas establecidas para el atentado y
la provocación a cometerlo contra la persona del Rey. Las ofensas e injurias
públicas cometidas en territorio italiano contra la persona del Sumo
Pontífice mediante discursos, hechos o escritos, serán punidas como ofensas e
injurias contra la persona del Rey. Artículo
9 Conforme a las normas del derecho internacional, están sujetas a la
soberanía de la Santa Sede todas las personas que tienen residencia estable
en la Ciudad del Vaticano. Tal residencia no se pierde por el simple hecho de
una morada temporánea en el exterior, no acompañada de la pérdida del
alojamiento en la misma Ciudad, o por otras circunstancias que demuestren el
abandono de dicha residencia. Al cesar la sujección a la soberanía de la
Santa Sede, las personas mencionadas en el párrafo precedente, según los
términos de la ley italiana, indipendientemente de las circunstancias
previstas de hecho, que no estén ya en posesión de otra nacionalidad, serán
consideradas en Italia como ciudadanos italianos. A dichas personas, mientras
estén sujetas a la soberanía de la Santa Sede, serán aplicables en el
territorio del Reino de Italia, incluso en las materias en que se debe
observar la ley personal (cuando no sean reguladas por normas emanadas de la
Santa Sede), las de la legislación italiana, y en caso de personas
consideradas de otra nacionalidad, las del Estado al que pertenezca. Artículo
10 Los dignatarios de la Iglesia y las personas pertenecientes a la Corte
Pontificia, que serán indicadas en un elenco acordado entre las Altas Partes
contrayentes, aunque no fueran ciudadanos del Vaticano, estarán siempre y, en
todo caso, respecto a Italia, exentas del servicio militar, del tribunal y de
toda prestación de carácter personal. Esta disposición es aplicable también a
los funcionarios contratados declarados por la Santa Sede indispensables, a
los empleados con contrato fijo en las oficinas de la Santa Sede, Dicasterios
y otras oficinas indicadas en los artículos 13, 14, 15 y 16, existentes fuera
de la Ciudad del Vaticano. Tales funcionarios serán detallados en otro
elenco, que será acordado como se ha indicado antes y que será actualizado
anualmente por la Santa Sede. Los eclesiásticos que, por motivos de trabajo,
participen fuera de la Ciudad del Vaticano en la emanación de los actos de la
Santa Sede, no están sujetos por ello a impedimentos, investigaciones o
molestias por parte de las autoridades italianas. Toda persona extranjera con
un encargo eclesiástico en Roma goza de las garantías personales competentes
a los ciudadanos italianos en virtud de las leyes del Reino. Artículo
11 Los entes centrales de la Iglesia Católica están exentos de toda
injerencia por parte del Estado italiano (salvo las disposiciones de las
leyes italianas concernientes a las compras de los cuerpos morales), como de
la conversión de lo correspondiente a bienes inmuebles. Artículo
12 Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación activo y pasivo
según las reglas generales del derecho internacional. Los enviados de los
Gobiernos exteriores ante la Santa Sede continuarán a gozar en el Reino de
todas las prerogativas e inmunidades que tocan a los agentes diplomáticos
según el derecho internacional, y sus sedes podrán permanecer en el
territorio italiano gozando de las inmunidades a ellos debidas según el
derecho internacional, aunque sus estados no tengan relaciones diplomáticas
con Italia. Queda entendido que Italia se obliga a dejar siempre libre, en
cualquier caso, la correspondencia de todos los Estados, incluso los
beligerantes, a la Santa Sede, y viceversa, como el libre acceso de los
obispos de todo el mundo a la Sede Apostólica. Las Altas Partes contrayentes
se obligan a establecer entre ellas relaciones diplomáticas mediante
acreditación de un embajador italiano ante la Santa Sede y de un Nuncio
Pontificio ante Italia, que será el Decano del Cuerpo Diplomático, según los
términos del derecho consuetudinario reconocido por el Congreso de Viena con
acta del 9 de junio de 1815. A causa de la reconocida soberanía y sin
prejuicio de cuanto dispuesto en el artículo 19 sucesivo, los diplomáticos de
la Santa Sede y los correos enviados en nombre del Sumo Pontífice gozan en el
territorio italiano, incluso en tiempo de guerra, del mismo tratamiento que
gozan los diplomáticos y correos de gabinete de los demás gobiernos
extranjeros, según las normas del derecho internacional. Artículo
13 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad de las Basílicas
patriarcales de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y de San Pablo,
con los edificios conexos (anexo II, 1, 2 y 3). El Estado traslada a la Santa
Sede la libre gestión y administración de dicha Basílica de San Pablo y del
anexo Monasterio, destinando igualmente a favor de ella los capitales
asignados anualmente en el balance del Ministerio de la Instrucción Pública
para dicha Basílica. Igualmente se entiende que la Santa Sede es libre
propietaria del edificio dependiente de San Calisto, en Santa María del
Trastevere (anexo II, 9). Artículo
14 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad del palacio pontificio
de Castelgandolfo con todas las dotaciones, bienes y dependencias (anexo II,
4) como ahora se encuentran en posesión de la misma Santa Sede, y además
obligándose a ceder igualmente para su plena propiedad, la Villa Barberini en
Castelgandolfo con todas las dotaciones, bienes y dependencias (anexo II, 5),
efectuándose la consigna dentro de seis meses a partir de la entrada en vigor
del presente Tratado. Para integrar la propiedad de los inmuebles situados en
el lado norte de la colina Janiculense pertenecientes a la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide y a los otros institutos eclesiásticos que se
orientan hacia los palacios vaticanos, el Estado se compromete a trasladar a
la Santa Sede, o a los entes indicados por ella, los inmuebles de propiedad
del Estado o de terceros existentes en dicha zona. Los inmuebles
pertenecientes a dicha Congregación y a otros institutos y los que se han de
trasladar están indicados en el Plano adjunto (anexo II, 12). Italia
traslada, finalmente, a la Santa Sede en plena y libre propiedad, los
edificios exconventuales en Roma anexos a la Basílica de los Santos Doce
Apóstoles y a las iglesias de San Andrea de la Valle y de San Carlo ai
Catinari, con todos los anexos y dependencias (anexo III, 3, 4 y 5), que se
habrán de entregar libres de ocupantes dentro del año a partir de la entrada
en vigor del presente Tratado. Artículo
15 Los inmuebles indicados en el artículo 13 y en los párrafos primero y
segundo del artículo 14, como además los palacios de la Dataria, Cancellería,
de Propaganda Fide en Plaza de España, el palacio del Santo Oficio y
adyacentes, el de Convertendi (actual Congregación para la Iglesia Oriental)
en plaza Scossacavalli, el palacio del Vicariato (anexo II, 6, 7, 8, 10 y
11), y los otros edificios en los que en el futuro la Santa Sede pondrá sus
demás Dicasterios, aunque formen parte del territorio del Estado italiano,
gozarán de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a las
sedes de los agentes diplomáticos de los Estados extranjeros. Las mismas
inmunidades se aplican también con respecto a las otras iglesias, incluso
fuera de Roma, durante el tiempo en que, cerradas al público, se celebren en
ellas funciones con participación del Sumo Pontífice. Artículo
16 Los inmuebles indicados en los tres artículos precedentes, además de los
relativos a las sedes de los siguientes institutos pontificios: Universidad
Gregoriana, Instituto Bíblico, Oriental, Arqueológico, Seminario Ruso,
Colegio Lombardo, los dos palacios de San Apolinar y la Casa de Ejercicios
para el Clero de los Santos Juan y Pablo (anexo III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8),
no estarán nunca sujetos a vínculos o expropiaciones por causa de utilidad
pública, sino bajo previo acuerdo con la Santa Sede, y estarán exentos de
tributos ordinarios y extraordinarios tanto hacia el Estado como hacia
cualquier otra entidad. Es competencia de la Santa Sede otorgar a los
susodichos inmuebles, indicados en el presente artículo y en los tres
artículos precedentes, las disposiciones oportunas, sin necesidad de
autorizaciones o consentimientos por parte de las autoridades gobernativas,
provinciales o municipales italianas, las cuales a su vez pueden confiar con
seguridad en las nobles tradiciones artísticas que siempre han caracterizado
a la Iglesia Católica. Artículo
17 Las retribuciones, de cualquier naturaleza, debidas por la Santa Sede, las
demás entidades centrales de la Iglesia Católica y por las entidades
gestionadas directamente por ella, incluso fuera de Roma, a dignidades,
empleados y asalariados, incluso no estables, estarán exentas de cualquier
tributo en el territorio italiano tanto hacia el Estado como hacia cualquier
otra entidad, a partir del 1 de enero de 1929. Artículo
18 Los tesoros artísticos y científicos existentes en la Ciudad del Vaticano
o en el Palacio Lateranense serán accesibles a los estudiosos y visitantes,
aunque quede reservada a la Santa Sede la plena libertad para regular el
acceso del público. Artículo
19 Los diplomáticos y enviados de la Santa Sede, los diplomáticos y enviados
de los Gobiernos extranjeros antes la Santa Sede y los dignatarios de la
Iglesia procedentes del extranjero con destino a la Ciudad del Vaticano,
provistos de pasaportes de los estados de proveniencia, visados por los
representantes pontificios en el extranjero, podrán sin ninguna otra
formalidad, acceder a la misma a través del territorio italiano. Dígase lo
mismo para dichas personas que, provistas de pasaporte pontificio regular,
vayan al extranjero desde la Ciudad del Vaticano. Artículo
20 Las mercancías procedentes del extranjero destinadas a la Ciudad del
Vaticano, o fuera de ella, a instituciones u oficinas de la Santa Sede, serán
autorizadas al tránsito por el territorio italiano desde cualquier punto del
confín italiano y desde cualquier puerto del Reino, con plena exención de
derechos aduaneros y aranceles. Artículo
21 Todos los cardenales gozan en Italia de los honores debidos a los
príncipes de sangre: los residentes en Roma, incluso fuera de la Ciudad del
Vaticano, son a todos los efectos, ciudadanos vaticanos. Durante la vacante
de la Sede Pontificia, Italia procura de modo especial que no sea impedido el
libre tránsito y acceso de los cardenales a través del territorio italiano al
Vaticano, y que no se ponga obstáculo o limitación a su libertad personal.
Italia cuida además, que en su territorio alrededor de la Ciudad del Vaticano
no sean cometidos actos que, en cualquier modo, puedan turbar la celebración
del cónclave. Dichas normas valen también para los obispos llamados a
participar en cónclaves que se tengan fuera de la Ciudad del Vaticano o para
los concilios presididos por el Sumo Pontífice o sus delegados. Artículo
22 A petición de la Santa Sede y por delegación que podrá dar en casos
singulares o en modo permanente, Italia proveerá en su territorio a la
punición de los delitos que fueran cometidos en la Ciudad del Vaticano, salvo
cuando el autor del delito se haya refugiado en territorio italiano, en cuyo
caso se procederá contra él según las leyes italianas. La Santa Sede
consignará al Estado italiano las personas a quienes se hubieran imputado
actos cometidos en territorio italiano que sean considerados delictivos por
las leyes de ambos estados y que se hubieran refugiado en la Ciudad del
Vaticano. De forma análoga se proveerá con las personas a quienes se hubieran
imputado delitos, y que se hubieran refugiado en los inmuebles declarados
inmunes por el artículo 15, a no ser que los encargados de dichos inmuebles
prefieran pedir a los agentes italianos que entren en ellos para el arresto. Artículo
23 Para la ejecución en el Reino de las sentencias emanadas por los
Tribunales de la Ciudad del Vaticano se aplicarán las normas del derecho
internacional. Sin embargo, tendrán plena eficacia jurídica en Italia,
incluso a todos los efectos civiles, las sentencias y disposiciones emanadas
por las autoridades eclesiásticas sobre personas eclesiásticas o religiosas,
concernientes materias espirituales o disciplinares, y comunicadas
oficialmente a las autoridades civiles. Artículo
24 La Santa Sede, respecto a la soberanía que le compete incluso en el campo
internacional, declara querer permanecer ajena a competiciones temporales
entre los demás estados y congresos internacionales organizados con tal fin,
a no ser que las partes contendientes apelen concordes a su misión de paz,
reservándose en todo caso hacer valer su potestad moral y espiritual. En
consecuencia, la Ciudad del Vaticano será considerada siempre y en todo caso,
territorio neutral e inviolable. Artículo
25 Mediante una especial convención suscrita a la vez que el presente
Tratado, del cual forma parte integrante constituyendo el anexo IV, se provee
a la liquidación de los créditos que la Santa Sede tiene con Italia. Artículo
26 La Santa Sede estima que con los acuerdos que se suscriben hoy, tiene
asegurado adecuadamente todo cuanto necesita para proceder con la debida
libertad e independencia al gobierno pastoral de la Diócesis de Roma y de la
Iglesia Católica en Italia y en el mundo; declara definitiva e
irrevocablemente resuelta y eliminada la “cuestión romana” y reconoce el
Reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Saboya con Roma como capital
del Estado italiano. A su vez, Italia reconoce el Estado de la Ciudad del
Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice. Queda derogada la ley del 13
mayo 1871, número 214, y cualquier otra disposición contraria al presente
Tratado. Artículo
27 El presente Tratado será sometido a la ratificación del Sumo Pontífice y
del Rey de Italia en el plazo de cuatro meses a partir de la firma, y entrará
en vigor en el mismo momento del intercambio de ratificaciones. Roma, 11 de
febrero de 1929, L. + S. Pietro, Card. GASPARRI. L.+ S. BENITO MUSSOLINI. |
TRATTATO FRA LA
SANTA SEDE E L'ITALIA IN NOME DELLA
SANTISSIMA TRINITÀ
Premesso: Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di
eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una
sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia
ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in
modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca
l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo,
consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed
irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma
al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III
Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale
effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato,
e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:
ART. 1 L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
ART. 2 L'Italia riconosce la
sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente
alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua
missione nel mondo. ART. 3 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la
esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è
attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi
per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di
cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta
che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma parte
integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo
parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al
pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si
arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui
ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed
accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire
dall'autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari
funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al
libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero
invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle
linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
ART. 4 La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l’Italia riconosce
alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non
possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi
sia altra autorità che quella della Santa Sede. ART. 5 Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso liberò da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.
ART. 6 L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti
interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione
di acque in proprietà. Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le
ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria
nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata Pianta
(Alleg. I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle
ferrovie italiane. Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche
cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano. Provvederà infine anche
al coordinamento degli altri servizi pubblici. A tutto quanto sopra si
provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata
in vigore del presente Trattato. La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla
sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in
seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo
Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli
terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.
ART. 7 Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano. Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.
ART. 8 L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.
ART. 9 In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette
alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza
nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto
di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita
dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti
l'abbandono di detta residenza. Cessando di essere soggette alla sovranità
della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini
della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra
previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in
Italia considerate senz'altro cittadini italiani. Alle persone stesse, mentre
sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel
territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere
osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate
dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona
che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa
appartiene.
ART. 10 I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che ' annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede. Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.
ART. 11 Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni
ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione
nei riguardi dei beni immobili.
ART. 12 L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire tra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.
ART. 13 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle
Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e
di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3). Lo Stato
trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta
Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa
Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. Resta del pari
inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S.
Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9).
ART. 14 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg, II, 5). Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s'impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Alleg. II, 12). L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici exconventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. IlI, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
ART. 15 Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo
dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di
Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed
adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale)
in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e
11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di
sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato
italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale
alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si
applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante
il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico,
celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.
ART. 16 Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.
ART. 17 Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede,
dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti
direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e
salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a
decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato
quanto verso ogni altro ente.
ART. 18 I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.
ART. 19 I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli
inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa
provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di
passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici
all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso
il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali
munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del
Vaticano all'estero.
ART. 20 Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari. ART. 21 Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.
ART. 22 A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art, 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.
ART. 23 Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali
della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto
internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a
tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da
autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili,
circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o
disciplinari.
ART. 24 La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.
ART. 25 Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente
Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte
integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso
l'Italia. ART. 26 La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi
sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per
provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della
Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara
definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione
romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con
Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo
Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. È
abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione
contraria al presente Trattato.
ART. 27 Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche. Roma, undici febbraio millenovecentoventinove, L. + S. PIETRO CARD. GASPARRI L. + S. BENITO MUSSOLINI |
De
esta manera, leemos:
“El Estado de la Ciudad
del Vaticano fue constituido por el Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el
Estado italiano, el 11 de febrero de 1929. Dicho acuerdo estableció la
personalidad del Vaticano como Ente soberano de derecho público internacional,
con el fin de asegurar a la Santa Sede, en su condición de suprema institución
de la Iglesia Católica, ‘la absoluta y visible independencia, y garantizarle
una soberanía indiscutible también en el campo internacional’, según se declara
en el preámbulo del Tratado” (Santa Sede 1929).
Dicho Estado Vaticano
nació para "hacer visible la libertad y la independencia de la Santa
Sede" (cf. art. 26 del Tratado), entendida ésta como la
"oficina" (ufficio) del Papa, por medio de la cual "se le
garantiza de modo conveniente y adecuado la actuación radicalmente (sic)
autónoma de la jurisdicción sobre toda la Iglesia" en los términos del c.
331 del CIC y, en lo que corresponde al SCV, "la plena autoridad y la
exclusiva y absoluta soberanía". "En consecuencia, una institución
así se caracteriza, de manera emblemática, como Estado confesional católico,
insertándose, con sus particularidades, en el ámbito conformado de modo tan
diverso por los ordenamientos jurídicos que han pretendido definirse,
ideológicamente, como entidades de tendencia.
En un contexto así la
relación entre el ámbito temporal de las cosas mortales y el ámbito espiritual
de las cosas inmortales se constituye de modo dualista en clave materialmente
yuxtapuesta, aunque funcionalmente integrada, al servicio del hombre, de conformidad
con aquel eje original del cristianismo, que – radicado en la Sagrada Escritura
(cf. Mt 22,15-22; Mc 12,13-17; Lc 20,20-26)
y más allá de equivocaciones aún graves – se ha consolidado en el tiempo en las
relaciones entre la Iglesia y el Estado"
N. B.
A propósito del XC Aniversario del
Tratado de Letrán, se celebró en Roma una Mesa redonda: "Los pactos
lateranenses". Puede verse la información correspondiente en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/08/let.html
II.
La legislación interna del Estado
de la Ciudad del Vaticano
Textos legales que fijan
la fisonomía constitutiva al Estado del Estado Ciudad del Vaticano:
a.
La Ley fundamental de la Ciudad del
Vaticano
La primera “Ley fundamental de la Ciudad del Vaticano”
fue establecida por el Romano Pontífice Pío XI el 7 de junio de 1929, n. I.
Ésta, sin embargo, fue actualizada en el año 2000 mediante una nueva Ley
Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano promulgada por el Papa
san
|
MOTU PROPRIO |
Texto
original italiano |
Traducción no oficial del editor |
|
LA (NUOVA) LEGGE FONDAMENTALE |
Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (2023) |
Ley fundamental del Estado de la Ciudad del
Vaticano |
|
IOANNES PAULUS PP. II |
Francesco |
Francisco |
|
|
Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri
sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il
Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa
Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche
nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge
Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni. |
Llamado a ejercitar por razón del munus
petrino poderes soberanos incluso sobre el Estado de la Ciudad del
Vaticano, que el Tratado de Letrán ha puesto como instrumento para asegurar a
la Santa Sede la independencia absoluta y visible y para garantizarle la
soberanía inclusive en el campo internacional, He considerado
necesario emanar una nueva Ley Fundamental para responder a las necesidades
de nuestros días. |
|
|
Predisposta e formulata per dare costitutiva fisionomia allo Stato, ai
suoi poteri e all’esercizio delle derivanti funzioni, questa Legge – che
succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – assume e completa
gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali
resi operativi nello Stato anzitutto, con la riforma della Legge sulle fonti
del diritto, della Legge sul Governo dello Stato e della Legge
sull'ordinamento giudiziario. |
Preparada y formulada para dar una fisonomía
constitutiva al Estado, a sus poderes y al ejercicio de las funciones
correspondientes, esta Ley – que sucede a la de 1929 y sustituye a la del
2000 – asume y completa las actualizaciones normativas emanadas hasta el
momento y los perfiles institucionales revisados y que se encuentran
operativos en el Estado, ante todo con la reforma de la Ley sobre las
fuentes del derecho, de la Ley sobre el Gobierno del Estado y de la Ley sobre
el ordenamiento judicial. |
|
|
A queste disposizioni è affidato il compito di rendere operative quelle
situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti da questa Sede
Apostolica anche per lo Stato, con le rinnovate esigenze che tale aspetto
specifico richiede. |
A estas disposiciones se confía la tarea de
hacer operativas aquellas situaciones que derivan de los compromisos
internacionales asumidos por esta Sede Apostólica también en nombre del
Estado, con las exigencias renovadas que requiere dicho aspecto específico. |
|
|
La presente Legge, fondamento e riferimento di ogni altra normativa e
regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia
dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della Curia
Romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte
normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire
agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, quella necessaria
autonomia richiesta dalle funzioni statali. A questo compito è preposto il
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che con la propria
struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è
al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde. |
La presente Ley, fundamento y punto de
referencia de cualquier otra normativa y regulación en el Estado, confirma la
peculiaridad singular y la autonomía del ordenamiento jurídico vaticano que,
diverso del de la Curia Romana, se caracteriza por reconocer al Derecho
canónico como fuente normativa primera e insustituible criterio
interpretativo. Se quiere garantizar de esta manera a los actos y a las
actividades que son propios del Estado aquella autonomía necesaria que
requieren las funciones estatales. Para esta finalidad está establecido el
Gobernatorado[8] del Estado de la Ciudad del Vaticano, que, con su propia
estructura organizativa, concurre a la misión propia del Estado y está al
servicio del Sucesor de Pedro, ante quien responde directamente. |
|
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Agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità
e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio
per lo Stato, questo strumento conferisce l’esercizio di ogni potere
conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli
immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede
e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità
personali e funzionali. |
A los Órganos de gobierno y a cuantos, con
diversas funciones de responsabilidad y animados por un verdadero espíritu
eclesial, desempeñan establemente su servicio al Estado, este instrumento les
confiere el ejercicio de todo poder consiguiente sobre el territorio, definido
por el Tratado de Letrán, y en los inmuebles y en las áreas donde operan
instituciones del Estado o de la Santa Sede, y se encuentran vigentes para
ellos, de acuerdo con el derecho internacional, las garantías e inmunidades
personales y funcionales. |
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Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza,
stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge Fondamentale
dello Stato: |
En consecuencia, con la plenitud de la
autoridad soberana y ciencia cierta, establezco y ordeno cuanto se dice a
continuación, y que ha de observarse como Ley Fundamental del Estado: |
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Titolo I Disposizioni Generali |
Título I Disposiciones Generales |
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Art. 1 1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha
la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
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Articolo 1 Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la
pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo,
esecutivo e giudiziario. |
Artículo 1 El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene
la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende el poder legislativo,
ejecutivo y judicial. |
|
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al
Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni
legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata
della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice
successivamente eletto a norma della legge canonica.
|
Articolo 2 Lo Stato della Città del Vaticano assicura l’assoluta e visibile
indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della Sua alta missione nel
mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo
internazionale. |
Artículo 2 El Estado de la Ciudad del Vaticano asegura la absoluta y visible
independencia de la Santa Sede para el cumplimiento de Su alta misión en el
mundo y le garantiza la indiscutible soberanía también en el campo
internacional. |
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Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle
altre Istituzioni della Santa Sede. |
El Estado y su ordenamiento son diferentes de la Curia Romana y de las
otras Instituciones de la Santa Sede. |
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Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e
alle altre disposizioni normative. |
Las funciones propias del ordenamiento estatal son ejercidas por el
Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano de conformidad con las
leyes y con las demás disposiciones normativas. |
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Articolo 3 Durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la
continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri. |
Artículo 3 Durante el período de la Sede Vacante el Colegio de Cardenales asegura la
continuidad de las funciones del Estado y ejerce sus competencias. |
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|
Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso
di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza,
salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice. |
El Colegio, sin embargo, puede emanar disposiciones legislativas sólo en
caso de necesidad y urgencia y con eficacia limitada a la duración de la
vacancia, salvo que ellas sean posteriormente confirmadas por el Sumo
Pontífice. |
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Articolo 4 Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio
come stabilito dal Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929. |
Artículo 4 El Estado ejerce la soberanía y todo poder consiguiente sobre el
territorio como está establecido por el Tratado de Letrán del 11 de febrero
de 1929. |
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I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che
sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano
istituzioni dello Stato o della Santa Sede, in cui vigono le garanzie e le
immunità previste dal diritto internazionale. |
Sus órganos ejercen igualmente los poderes que les son atribuidos más
allá del territorio del Estado, en los inmuebles y en las áreas en las que
operan instituciones del Estado o de la Santa Sede, en los cuales tienen
vigencia las garantías e inmunidades previstas por el derecho internacional. |
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Articolo 5 Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti,
ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente
il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede. |
Artículo 5 Hacen parte de la comunidad del Estado los ciudadanos, los residentes y
cuantos, a diverso título y con diversas funciones y responsabilidades,
desempeñan establemente su servicio, con espíritu eclesial, al Estado y a la
Santa Sede. |
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Art. 2 La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli
altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per
la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita
per mezzo della Segreteria di Stato. Art. 6 Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la
Segreteria di Stato.
|
Articolo 6 La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con
gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni
diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Sommo
Pontefice che le esercita mediante la Segreteria di Stato. |
Artículo 6 La representación del Estado de la Ciudad del Vaticano en sus relaciones
con los Estados y con otros sujetos de derecho internacional, en las
relaciones diplomáticas y para la conclusión de tratados, está reservada al
Sumo Pontífice quien la ejercita mediante la Secretaría de Estado. |
|
Art. 8 1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della
Commissione rappresenta lo Stato. 2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per
l’ordinaria attività amministrativa.
|
Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del
Governatorato. |
En los demás casos la representación es ejercida por el Presidente del
Gobernatorado. |
|
|
Il Governatorato partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la
Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato. |
El Gobernatorado participa en las Instituciones internacionales de las
cuales la Santa Sede es miembro en nombre y a cuenta del Estado. |
|
|
Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene
rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per
assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi
pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense. |
El Gobernatorado, atento a la condición de enclave del Estado, mantiene
relaciones y, con organismos y entes extranjeros, suscribe actos necesarios
para asegurar los aprovisionamientos, los enlaces, las dotaciones y los
servicios públicos, teniendo como referencia el art. 6 del Tratado de Letrán. |
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Titolo II Funzione Legislativa |
Título II Función Legislativa |
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Art. 3 (3.)1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione
composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio.
|
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato
della Città del Vaticano. |
Artículo 7 La función legislativa, salvo los casos que el Sumo Pontífice desee
reservar para Sí mismo, es ejercida por la Pontificia Comisión para el Estado
de la Ciudad del Vaticano. |
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Articolo 8 La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente,
e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. |
Artículo 8 La Pontificia Comisión está compuesta por Cardenales, entre ellos el
Presidente, y por otros miembros, designados por el Sumo Pontífice para un
quinquenio. |
|
(3)2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione
è presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
|
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia
Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore
anzianità di nomina e poi di età. |
En caso de ausencia o de impedimento del Presidente, la Pontificia
Comisión es presidida por el primero de los Cardenales Miembros con mayor
antigüedad de nombramiento y luego de edad. |
|
Art. 4 (4)1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge
sulle fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate ed il
proprio Regolamento.
|
Articolo 9 La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in
conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative. |
Artículo 9 La Pontificia Comisión ejerce los poderes que le son atribuidos de
conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas. |
|
(3)3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal
Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed
il Vice Segretario Generale.
|
Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal
Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il
Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati
componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o
altri esperti. |
Las reuniones de la Pontificia Comisión son convocadas y presididas por
el Presidente. Participan, con funciones consultivas, el Secretario General y
el Vicesecretario General del Gobernatorado. Pueden ser consultados
componentes de organismos del Estado, de Instituciones de la Curia Romana u
otros expertos. |
|
|
La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il
proprio funzionamento. |
La Pontificia Comisión reglamenta, con su proprio reglamento, su proprio
funcionamiento. |
|
(4)2. Per l’elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale
della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché
degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne
interessati. |
Articolo 10 La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni
normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della
collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del
Governatorato o di altri esperti. |
Artículo 10 La Pontificia Comisión aprueba las leyes y las otras disposiciones
normativas. Para la elaboración de los relativos proyectos, se vale de la
colaboración de los Consejeros del Estado, de la Oficina Jurídica del
Gobernatorado o de otros expertos. |
|
(4)3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite
della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.
|
Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia
Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice. |
Antes de la promulgación, las leyes aprobadas por la Pontificia Comisión
son sometidas a la consideración directa del Sumo Pontífice. |
|
|
L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla
Pontificia Commissione. |
La interpretación auténtica de las leyes del Estado está reservada a la
Pontificia Comisión. |
|
(7)3. I1 potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla
Commissione.
|
La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che
non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la
legge rinvia a regolamenti fissandone i principi. |
La Pontificia Comisión emana reglamentos generales en las materias que
están reservadas a la ley o para disciplinar materias para las cuales la ley
remite a reglamentos fijándoles sus principios. |
|
Art. 7 (7)1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze, in
attuazione di norme legislative e regolamentari.
|
Articolo 11 Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti
e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari. |
Artículo 11 El Presidente de la Pontificia Comisión puede producir ordenanzas,
decretos y otras disposiciones en actuación de normas legislativas o
reglamentarias. |
|
(7)2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi
forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate
dalla Commissione entro novanta giorni.
|
In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi
forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in
legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione. |
En casos de urgente necesidad, el Presidente puede emanar decretos con
fuerza de ley los cuales, sin embargo, pierden eficacia si no son convertidos
en ley por la Pontificia Comisión dentro de los noventa días a partir de su
publicación. |
|
Art. 13 (13)1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza
nell’elaborazione delle Leggi e in altre materie di particolare importanza. (13)2. I Consiglieri possono essere
consultati sia singolarmente che collegialmente.
|
Articolo 12 Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono,
anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi,
degli altri atti normativi e funzioni esecutive. |
Artículo 12 El Consejero General y los Consejeros del Estado son nombrados por el
Sumo Pontífice para un quinquenio y constituyen un Colegio. Desempeñan,
incluso individualmente, funciones consultivas en la elaboración de las
leyes, de los demás actos normativos y funciones ejecutivas. |
|
(13)3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri;
esercita altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato,
secondo le indicazioni del Presidente della Commissione.
|
Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del
Collegio dei Consiglieri dello Stato. |
El Consejero General organiza la actividad y preside las reuniones del
Colegio de Consejeros del Estado. |
|
|
Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche
su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un
dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali
pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative. |
Al Colegio puede ser sometida por el Presidente del Gobernatorado, aún a
instancias de una institución de la Santa Sede, la solicitud de un parecer
sobre una duda de derecho, pero que no requiera de una interpretación
auténtica. Tales pareceres pueden asumir la forma de declaraciones o de notas
explicativas. |
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Art. 12 I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da
parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite
della Segreteria di Stato.
|
Articolo 13 La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità,
delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo
e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone
questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice. |
Artículo 13 La Pontificia Comisión, de conformidad con las reglas de contabilidad,
delibera anualmente, con actos con fuerza de ley, el presupuesto y el balance
final; además considera el plan financiero trienal. Somete estos actos
directamente a la aprobación del Sumo Pontífice. |
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Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si
ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza. |
El presupuesto y el balance aseguran el equilibrio entre ingresos y
egresos y se inspiran en los principios de claridad, trasparencia y
exactitud. |
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In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti
di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e
tenendo conto della sostenibilità nel tempo. |
En caso de necesidad, el Presidente puede disponer mediante decreto
transferencias de recursos entre los capítulos del presupuesto y del balance,
manteniendo el equilibrio de los saldos y teniendo en cuenta la
sostenibilidad a través del tiempo. |
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Articolo 14 Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un
Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia
Commissione, alla quale riferisce. |
Artúculo 14 El balance final está sometido al control y a la verificación contable de
un Colegio, compuesto por tres miembros, nombrados por un trienio por la
Pontificia Comisión, a la cual remite. |
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Titolo III Funzione Esecutiva |
Título III Función Ejecutiva |
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Art. 5 (5)1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione,
in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative
vigenti.
|
Articolo 15 Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del
Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e
alle altre disposizioni normative. |
Artículo 15 El Presidente de la Pontificia Comisión es el Presidente del
Gobernatorado y ejerce la función ejecutiva de conformidad con las leyes y
las demás disposiciones normativas. |
|
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Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e
organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che
si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4. |
El Presidente hace uso del Gobernatorado, cuyos órganos de gobierno y
organismos contribuyen al ejercicio de la función ejecutiva del Estado, que
se ejerce en los ámbitos previstos por el art. 4. |
|
(5)3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente
all'esame della Commissione.
|
Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a
seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all’esame della Pontificia
Commissione. |
Las cuestiones de mayor importancia son sometidas por el Presidente,
según su importancia, al Sumo Pontífice o al examen de la Pontificia
Comisión. |
|
(5)2. Nell’esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal
Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
|
Articolo 16 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni. |
Artículo 16 El Secretario General ayuda al Presidente en el ejercicio de sus
funciones. |
|
(9)2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della
Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.
|
In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per
quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e
l’adozione di altri atti normativi. |
En caso de ausencia o de impedimento sustituye al Presidente, excepto en
lo que se refiere a la producción de disposiciones con fuerza de ley y a la
adopción de otros actos normativos. |
|
Art. 9 (9)1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente
della Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le
direttive del Presidente della Commissione, egli: a) sovraintende all’applicazione delle
Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni
e delle direttive del Presidente della Commissione; b) sovraintende all’attività
amministrativa del Governatorato e coordina le funzioni delle varie
Direzioni.
|
Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o
regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle
leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive
del Presidente. |
El Secretario General representa al Estado según lo prevén las leyes, los
reglamentos o la delegación del Presidente. Supervisa la ejecución de las
leyes y la adopción de otros actos normativos y lleva a cabo las decisiones y
las directivas del Presidente. |
|
Art. 10 1. Il Vice Segretario Generale, d’intesa con il Segretario Generale,
sovraintende all’attività di preparazione e redazione degli atti e della
corrispondenza e svolge le altre funzioni a lui attribuite. 2. Egli sostituisce il Segretario
Generale in caso di sua assenza o impedimento.
|
Articolo 17 Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario
Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla
preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce
il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega
dello stesso. |
Artículo 17 El Vice Secretario General colabora al Presidente y al Secretario
General, desempeña las demás funciones que le sean atribuidas, supervisa la
preparación y la redacción de los actas y de la correspondencia. Sustituye al
Secretario General en caso de ausencia suya o de impedimento o por delegación
de este. |
|
|
Articolo 18 È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le
infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del
Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede. |
Artículo 18 Es competencia propia y exclusiva del Estado asegurar las dotaciones, las
infraestructuras, los servicios y los suministros, teniendo como referencia
el artículo 6 del Tratado de Letrán, para las necesidades propias y de la
Santa Sede. |
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|
Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed
erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede. |
El Gobernatorado provee a su adquisición, distribución y entrega entre
las instituciones del Estado y de la Santa Sede. |
|
|
Articolo 19 L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla
Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o
dal suo Presidente. |
Artículo 19 La organización y las funciones del Gobernatorado son disciplinadas por
la Ley sobre el Gobierno y por reglamentos adoptados por la Pontificia
Comisión o por su Presidente. |
|
|
Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come
compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile; b) alla
tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e
dell’ecologia; c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e
doganali; d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività
edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e
manutenzione; e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del
complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni
dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico; f) ad
ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative. |
El Gobernatorado, con su propia estructura administrativa, provee, como
tarea propia y exclusiva que ejerce en los ámbitos previstos por el art. 4º:
a) a la seguridad, al orden público y a la protección civil; b) al cuidado de
la salud, de la sanidad, de la higiene pública, del ambiente y de la
ecología; c) a las actividades económicas, a los servicios postales,
filatélicos y aduaneros; d) a toda infraestructura de conectividad en red, a
la actividad constructiva, a los sistemas técnicos, hidráulicos, eléctricos y
a su vigilancia y mantenimiento; e) a la conservación, valorización y uso del
complejo artístico de los Museos Vaticanos, así como a la superintendencia
sobre los bienes de todo el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y
etnográfico; f) a toda otra función prevista por la ley o por otras
disposiciones normativas. |
|
Art. 14 Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di
Vigilanza, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere
l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
|
Articolo 20 Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della
Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere
l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia. |
Artículo 20 El Presidente del Gobernatorado, además de valerse del Cuerpo de la
Gendarmería, con vistas a la seguridad y la policía, puede requerir la ayuda
de la Guardia Suiza Pontificia. |
|
|
Titolo IV Funzione Giudiziaria |
Título IV Función Judicial |
|
Art. 15 1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli
organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. 2. La competenza dei singoli organi è
regolata dalla legge. 3. Gli atti giurisdizionali debbono
essere compiuti entro il territorio dello Stato. |
Articolo 21 La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli
organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a
cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie. |
Artículo 21 La función judicial es ejercida, en nombre del Sumo Pontífice, por los órganos
constituidos de acuerdo con el ordenamiento judicial y por otros órganos a
los que la ley confiere la competencia para materias específicas.
|
|
Art. 17 1. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo seguente, chiunque ritenga
leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può
proporre ricorso gerarchico ovvero adire l’autorità giudiziaria competente. 2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l’azione
giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l’autorizzi nel singolo caso. Art. 18 1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello
Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della
Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto. 2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti
dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di
Appello, secondo le norme proprie. |
|
|
|
Art. 16 In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima,
il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una
particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con
esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.
|
Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi
stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una
particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame. |
El Sumo Pontífice, en cualquier causa civil o penal y en cualquier estado
de la misma, puede encargar la instrucción y la decisión a una instancia
particular con exclusión de cualquier otra carga. |
|
|
Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità,
opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra
le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione
della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino
dell’ordine giuridico violato. |
En la aplicación de la ley, el juez se inspira en el principio de
equidad, actúa por el restablecimiento de la justicia y favorece la
reconciliación entre las partes. En las causas penales, además, el juez
conmina la pena en función de la rehabilitación del culpable, de su
reinserción y del restablecimiento del orden jurídico violado. |
|
|
In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di
difesa e il contraddittorio tra le parti. |
En todo proceso se garantiza la imparcialidad del juez, el derecho de
defensa y el contradictorio judicial entre las partes. |
|
Art. 19 La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata
al Sommo Pontefice.
|
Articolo 22 È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia,
l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene. |
Artículo 22 Se reserva al Sumo Pontífice la facultad de conceder la amnistía, el
indulto, el perdón, la gracia y de conmutar las penas. |
|
|
Titolo V Disposizioni finali |
Título V Disposiciones finales |
|
Art. 20 (20)1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da
due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro
bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il
modello, che forma l’allegato A della presente Legge.
|
Articolo 23 La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due
campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e
porta in quest’ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che
forma l’allegato A della presente Legge. |
Artículo 23 La bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano está constituida por dos
campos divididos verticalmente, uno amarillo, pegado al asta, y el otro
blanco, y lleva en este último la tiara con las llaves, todo según el modelo
que se proporciona en el anexo A de la presente Ley. |
|
(20)2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il
modello che forma l’allegato B della presente Legge.
|
Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi secondo il modello che
forma l’allegato B della presente Legge. |
El escudo está constituido por la tiara con las llaves, de acuerdo con el
modelo que se proporciona en el anexo B de la presente Ley. |
|
(29)3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi ed
intorno le parole "Stato della Città del Vaticano", secondo il
modello che forma l’allegato C della presente Legge.
|
Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno
le parole “Stato della Città del Vaticano” secondo il modello che forma
l’allegato C della presente Legge. |
El sello del Estado lleva en el centro la tiara con las llaves y
alrededor las palabras “Estado de la Ciudad del Vaticano”, según el modelo
que se proporciona en el anexo C de la presente Ley. |
|
La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge
fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I.
|
Articolo 24 La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano
sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000. |
Artículo 24 La presente Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano
sustituye integralmente a la precedente del 26 de noviembre de 2000. |
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Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto
con la presente Legge. |
Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le
consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con
la presente Legge. |
De la misma manera son abrogadas todas las leyes, las disposiciones, los
privilegios y las costumbres, inclusive dignas de especial y singular
mención, que sean contrarias a la presente Ley. |
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Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San
Pietro Apostolo.
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Essa entra in vigore il 7 giugno 2023. |
Esta entra en vigor el 7 de junio de 2023. |
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Comandiamo che l’originale della presente Legge, munito del sigillo dello
Stato, sia depositato nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del
Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli
Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
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Comando che l’originale della presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sia depositata nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del
Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano
L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta
Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare. |
Ordeno que el original de la presente Ley, provista del sello del Estado,
sea depositada en el Archivo de las leyes del Estado de la Ciudad del
Vaticano y que el texto correspondiente sea publicado en primer lugar en el
diario L’Osservatore Romano, y luego en el Suplemento de las Acta
Apostolicae Sedis, mandándose a cuantos corresponda respetarla y hacerla
respetar. |
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Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre duemila,
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, anno XXIII del
Nostro Pontificato. |
Dal Vaticano, 13 maggio 2023, Festa della Beata Maria Vergine di Fatima,
XI del Nostro Pontificato. |
Desde el Vaticano,
el 13 de mayo de 2023, Fiesta de la Piadosa Virgen María de Fátima, XI de
Nuestro Pontificado. |
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IOANNES PAULUS PP. II |
FRANCESCO |
Francisco |
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Anexos
de 2000 |
ALLEGATI |
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Anexo A Bandera oficial del Estado de la
Ciudad del Vaticano: Cortina dividida en amarillo y blanco,
con el blanco cargado en el centro con Llaves cruzadas (decusadas) coronadas
por la tiara. Anexo B Escudo oficial del Estado de la Ciudad
del Vaticano: Llaves decusadas coronadas por la
tiara en campo rojo. Anexo C Sello oficial del Estado de la Ciudad
del Vaticano: Redondo: Campo central con las Llaves
decusadas y coronado por la tiara, enmarcado por cuatro círculos
concéntricos, cuyo exterior está adornado de dos en dos, encerrando el
epígrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con el principio y el final en la
parte inferior, separados por una estrella de ocho puntas centrada. |
ALLEGATO A BANDIERA UFFICIALE DELLO STATO DELLA
CITTÀ DEL VATICANO Drappo partito di giallo e bianco, col
bianco caricato al centro delle Chiavi incrociate (decussate) sormontate del
Triregno. ALLEGATO B STEMMA UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ
DEL VATICANO Chiavi decussate sormontate del Triregno
in campo rosso. ALLEGATO C SIGILLO UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ
DEL VATICANO Tondo: Campo
centrale con le Chiavi decussate e sormontate del Triregno, corniciato di
quattro giri concentrici, di cui l’esterno perlato, a due a due, racchiudenti
l’epigrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con l’inizio a la fine al basso,
disgiunti da stella centrata a otto punte. |
Apostilla
NdE
"Qui potest capere, capiat" (Mt 19,12d). Observo en el texto revisado y más reciente sobre la materia la delicadeza del S. P. Francisco con la que quiso actuar, trasladándole su genio propio y su programa pastoral pero empleando en él, sin ambages ni esguinces, la tradicional expresión "munus pretrino", expresión técnica, si se quiere, pero cargada de teología, de historia y de derecho, con la que reiteró la razón principal y esencial de esa intervención suya, con la que tácitamente evoca los nunca renunciados derechos de la Santa Sede - en la más pura tradición civilista - pero reafirma, al mismo tiempo, la índole ministerial del territorio vaticano - en la mejor expresión canónica -.
Hecho que también, a mi entender, se refleja en una circunstancia posterior - llamémosla providencial: https://www.youtube.com/watch?v=gQlHlZ-ePE8 - como ha sido su viaje a Marsella, Francia, anunciado el 29 de julio y efectuado los días 22 y 23 de septiembre de 2023. Profundamente respetuoso de la índole que actualmente el pueblo francés ha querido imprimirle a su Constitución y a su propio clima relacional interno y hacia el exterior, incluso en lo que toca a las relaciones entre Iglesia y Estado, quiso el Santo Padre resaltar y enfatizar el "interés" concreto que los anima a él y a la Santa Sede y la preocupación pastoral de su visita, dedicada toda ella a llamar la atención de Europa y de todos los Países del mundo sobre un problema tan grave, complejo y delicado que, aunque a todos atañe, son pocos los que realmente y de manera efectiva, dentro de sus posibilidades y aún más, hacen en favor de los Migrantes, uno de los grupos humanos más necesitados. La atención afable de la diplomacia francesa, por su parte, quedó también de manifiesto durante la recepción, los encuentros protocolares, y la despedida. Puede verse la video grabación de la visita en:
b.
Perfiles institucionales revisados (Leyes
orgánicas) del Estado de la Ciudad del Vaticano
1.
Ley sobre las fuentes del derecho
· La primera provenía de la “Ley sobre las fuentes del
derecho” del 7 de junio de 1929, n. II. Fue revisada por el S. P. Benedicto XVI
el 1º de octubre de 2008[9] (Ley LXXI). Puede
verse en la referencia un estudio pormenorizado de la norma[10]. Trascribimos el
art. 1 por su importancia, que reitera el S. P. Francisco en la introducción de
su Ley fundamental, y de los otros arts. colocamos sólo el número y el
tema.
“Art. 1
(Fonti principali del diritto)
1. L'ordinamento giuridico vaticano
riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio
di riferimento interpretativo.
2. Sono fonti principali del diritto
la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del
Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità
alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
3. Quanto disposto circa le leggi
riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa
legittimamente emanati.
4. L'ordinamento giuridico vaticano
si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti
da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto
prescritto al n. 1.”
Traducción castellana:
“Art. 1
(Fuentes principales del derecho)
1.
El ordenamiento jurídico vaticano
reconoce en el ordenamiento canónico la primera fuente normativa y el primer
criterio de referencia interpretativo.
2.
Son fuentes principales del derecho
la ley fundamental y las leyes promulgadas para el Estado de la Ciudad del
Vaticano por el Sumo Pontífice, por la Pontificia Comisión o por otras
autoridades a las cuales Él hubiera conferido el ejercicio del poder legislativo.
3.
Cuando es dispuesto acerca de las
leyes se refiere también a los decretos, a los reglamentos y a toda otra
disposición normativa legítimamente determinada.
4.
El ordenamiento jurídico vaticano
se adecúa a las normas de derecho internacional general y a aquellas derivadas
de los tratados y de otros acuerdos en los cuales la Santa Sede hace parte,
salvo cuanto está prescrito en el n. 1”.
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Art. 2 |
(Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione) (*) |
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Art. 3 |
(Recezione della legislazione italiana) |
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Art. 4 |
(Norme civili) |
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Art. 5 |
(Norme di procedura civile) |
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Art. 6 |
(Poteri del giudice in materia civile) |
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Art. 7 |
(Norme penali) |
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Art. 8 |
(Norme di procedura penale) |
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Art. 9 |
(Poteri del giudice in materia penale) |
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Art. 10 |
(Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio) |
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Art. 11 |
(Istruzione scolastica) |
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Art. 12 |
(Norme amministrative) |
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Art. 13 |
(Abrogazione ed entrata in vigore) |
(*) Mediante Decreto del S. P. Francisco, del 16 de enero de 2024, el Papa ha determinado que, para evitar equívocos y uniformar el modo de proceder, la fecha de publicación de todas las determinaciones será en adelante aquella del "momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano" ("el momento de su fijación en el Patio de San Dámaso, en la puerta de la Oficina Postal y del Palacio del Gobernatorado y en el sitio institucional del Estado de la Ciudad del Vaticano"). Puede verse el texto en:
2.
Ley sobre el Gobierno del Estado
· La primera fue expedida en la misma fecha que la de
los dos textos anteriores, pero fue reformada mediante una nueva, del 24 junio
de 1969, Ley n. LI; esta, a su vez, fue actualizada mediante otra Ley por S. S.
(Juan Pablo II 2002). Dejaron de estar vigentes por decisión del S. P.
Francisco que así lo ordenó mediante la Ley CCLXXIV del 25 de noviembre de 2018
aprobada con m. p. y promulgada con su publicación en el diario L’Osservatore
Romano del día 7 de diciembre de 2018[11],
a fin de que entrara en vigor el día 7 de junio de 2019 (vacatio legis).
El siguiente es el esquema de esta Ley vigente n. CCLXXIV (n°. 274) sobre el Gobierno
del Estado de la Ciudad del Vaticano:
"TITOLO I. Governo dello Stato della Città del Vaticano
CAPO
I. Governatorato
Art. 1. (Il Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano)
CAPO
II. Organi di governo
Art. 2. (Il Cardinale Presidente)
Art. 3. (Il Segretario Generale)
Art. 4. (Il Vice Segretario Generale)
CAPO
III. Segreteria Generale
Art. 5. (La Segreteria Generale)
TITOLO II. Organismi consultivi del Governatorato
Art.
6. (Il Consiglio dei Direttori)
TITOLO III. Organismi operativi del Governatorato
Art. 7. (Le Direzioni)
Art. 8. (Gli Uffici Centrali)
TITOLO IV. Attribuzioni degli Organismi operativi
CAPO
I. Direzioni
Art. 9. (La Direzione delle Infrastrutture e
Servizi)
Art. 10. (La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici)
Art. 11. (La Direzione dell’Economia)
Art. 12. (La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile)
Art. 13. (La Direzione di Sanità e Igiene)
Art. 14. (La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali)
Art. 15. (La Direzione delle Ville Pontificie)
Art. 16. (Le Segreterie di Direzione)
CAPO II. Uffici Centrali
Art. 17. (L’Ufficio Giuridico)
Art. 18. (L’Ufficio del Personale)
TITOLO V. Organismi scientifici
Art. 19. (La Specola Vaticana)
TITOLO VI. Organismi ausiliari
Art. 20. (Commissioni
e Comitati)
TITOLO VII. Funzionamento degli Organismi e Personale
Art.
21. (Comunità di lavoro)
CAPO I. Funzionamento
degli Organismi
Art. 22. (Funzionamento)
Art. 23. (Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi)
CAPO II. Personale degli Organismi
Art. 24. (Direttori)
Art. 25. (Vice Direttori)
Art. 26. (Capi degli Uffici Centrali)
CAPO III. Attività giuridiche ed economico-contabili
Art. 28. (Negozi giuridici e contratti)
Art. 29. (Procedure economico-contabili)
TITOLO VIII. Controversie amministrative
Art. 30. (Impugnazione degli atti amministrativi)
Art. 31. (Ricorso gerarchico)
Art. 32. (Risarcimento del danno)
Art. 33. (Assistenza legale)
TITOLO IX. Norme finali
Art. 34. (Disposizioni transitorie)
Art. 35. (Disposizioni finali e entrata in vigore)"
Un comentario oficial, del Cardenal
Presidente, sobre esta Ley, se encuentra en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/12/06/0908/01978.html
3.
Ley sobre el ordenamiento judicial
a) Carta Apostólica en forma de «motu proprio» del Sumo Pontífice Francisco por la que se reforman la Ley del Poder Judicial, la Ley de Dignidad Profesional y Remuneración de los Jueces Ordinarios de la Corte y del Promotor de Justicia y el Reglamento General de la Caja de Pensiones: 27 de marzo de 2024
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20240327-motu-proprio.html
L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in materia di amministrazione della giustizia ha fatto avvertire l’esigenza di una serie di interventi relativi all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e, da ultimo, alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia. Al fine di integrare e specificare ulteriormente la relativa disciplina, nonché di introdurre modifiche al Regolamento Generale del Fondo Pensioni che, in un’ottica di equità e giustizia, appaiono necessarie al fine di garantire il diritto al trattamento di quiescenza in tutte le sue componenti e comunque denominato, stabilisco quanto segue:
Art.1
L’articolo 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(Cessazione dall’ufficio)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. Al momento della cessazione, i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini, nonché tutti i diritti previsti per i dipendenti in servizio.
Art. 2
L’articolo 11 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Inquadramento retributivo, trattamento di quiescenza, responsabilità civile)
1. L’inquadramento retributivo e il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari è disciplinato dalla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI.
2. Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento determinato dal presidente del tribunale tenendo conto dell’attività effettivamente svolta.
3. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali L’azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa.
4. L’azione di cui al comma precedente può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui l’azione è esperibile.
5. Il Presidente del Governatorato può esercitare, a pena di decadenza entro sei mesi dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Salvi i fatti commessi con dolo, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di un’annualità dello stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.
Art. 3
L’articolo 17 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 17
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 4
L’articolo 22 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 22
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I Cardinali giudici a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono l’ottantesimo anno di età cessano dall’ufficio e, conseguentemente, dalla carica e dal servizio.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio dei Cardinali giudici oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 5
Nell’articolo 5 della Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, il comma unico è sostituito dal seguente:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 6 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio è riconosciuto un trattamento di quiescenza consistente in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico, i quali, in quanto derivanti dalle attività prestate in favore dello Stato della Città del Vaticano, sono dovuti e corrisposti per l’intero ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio indipendentemente da ogni eventuale erogazione di analoga natura, comunque denominata, maturata o percepita all’estero.
Art. 6
Sono abrogati l’art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e tutte le disposizioni, di qualsiasi rango e natura che ad esso rinviano o fanno riferimento.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano ed entri in vigore il giorno successivo, venendo successivamente inserita nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 27 marzo 2024, dodicesimo di Pontificato
FRANCESCO"
- "Art. 4: "Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI:
- All’art. 1, l’unico comma è sostituito dal seguente:
«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia.»."
- "ART. 3: Dopo l’art. 357 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 357 bis. – Quando ritiene che ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale ai sensi dell’art. 26 del codice penale, o che il fatto, nei casi previsti dall’art. 1 della l. 14 dicembre 1984, n. CCXXVII, possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato, nonché per le eventuali condotte riparatorie poste in essere dall’imputato, il promotore di giustizia, se non si oppongono l’imputato o la persona offesa, può presentare al tribunale richiesta di sentenza di non luogo a procedere.
Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, il tribunale pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo e adottando, se del caso, ogni ulteriore provvedimento di legge, anche ai sensi dell’art. 26 del codice penale.
Il tribunale, sentite le parti, pronuncia altresì sentenza inappellabile di proscioglimento se l’azione penale non doveva essere iniziata, non deve essere proseguita o se il reato è estinto, quando per l’accertamento delle suddette condizioni non è necessario procedere al dibattimento.»."
· El S. P. Francisco, a fin de adecuarse al actual
contexto histórico e institucional que requiere una mayor eficiencia en el
desempeño del sistema judicial del Estado, promulgó el 13 de marzo de 2020 –
dada a conocer el 16 de marzo sucesivo – la Ley CCCLI sobre el
Ordenamiento Judicial[12] que
rige, precisamente, para la Ciudad del Vaticano.
Esta Ley vino a actualizar las
precedentes leyes CXIX del 21 de noviembre de 1987, y LXVII del 24 de junio de
2008 del S. P. Juan Pablo II, sobre todo en lo que toca a la respuesta del
Estado, de acuerdo con las normas canónicas vigentes y ante las nuevas
cuestiones económico-financieras y penales que, en el contexto
internacional y de los convenios suscritos, se suscitan hoy en día.
De acuerdo con la nota de prensa de
la fecha:
"1.- Prevé a garantizar mejor
la independencia de los órganos judiciales y de los magistrados que dependen
únicamente del Sumo Pontífice que los nombra y están sujetos a la ley,
ejerciendo sus funciones con imparcialidad y disponiendo directamente de la
policía judicial.
2.-Exige requisitos específicos
para el nombramiento de los magistrados que se eligen entre profesores
universitarios y, en todo caso, entre juristas de clara reputación, con
experiencia probada, judicial o forense, en materia civil, penal o administrativa.
3.-Prevé una simplificación del
sistema judicial y, al mismo tiempo, un refuerzo del personal del Tribunal, que
se incrementa en una unidad, previendo además un régimen de dedicación
exclusiva y a tiempo completo para al menos uno de los jueces.
4-Cuenta con un jefe autónomo para
la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal.
5.- Prevé una tipificación, hasta
ahora ausente, de las posibles medidas disciplinarias contra los abogados
inscritos en el Colegio".
El
esquema de la Ley es el siguiente:
Preámbulo
Título I.
Disposiciones generales
(artículos
1: El poder judicial; 2: Magistrados; 3: Policía Judicial. Autonomía de los
gastos; 4. Ciudadanía vaticana; 5. Juramento)
Título
II. De los órganos judiciales de primer grado:
· Capítulo I. Del Tribunal (artículos: 6:
Composición y funcionamiento; 7: Funciones del Presidente);
· Capítulo II. Del nombramiento y remuneración de los
Magistrados (arts. 8: Nombramiento; 9: Impedimentos; 10: Cesación del oficio;
11: Remuneración económica).
· Capítulo III. Del oficio del Promotor de Justicia
(art. 12: Composición, funcionamiento y remuneración; 13: Funciones del
Promotor).
Título
III: De la Corte de Apelación
(art. 14:
Composición y funcionamiento; 15: Promotor de Justicia; 16. Impedimento; 17:
Cesación del oficio; 18: Remuneración económica).
Título
IV: De la Corte de Casación
(art. 19:
Composición y funcionamiento; 20: Promotor de Justicia; 21: Impedimiento; 22:
Cesación del oficio; 23: Remuneración económica; 24: Reserva de competencia
-sobre Cardenales y Obispos-).
Título V:
Del personal administrativo
(art. 25:
Composición orgánica y funciones).
Título
VI: De los Abogados
(art. 26:
Requisitos de inscripción en el Registro; 27: Defensa de las administraciones;
28: Medidas disciplinares)
Título
VII: Disposiciones finales
(art. 29:
Año judicial; 30: Abrogación de la Ley CXIX "sull’ordinamento
giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 1987";
31: Entrada en vigencia).
El texto completo de la Ley CCCLI se puede ver en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
d) M. p. Iurisdizione degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in Materia Penale (11 de Julio de 2013)
· M. p. Iurisdizione degli Organi Giudiziari
dello Stato della Città del Vaticano in Materia Penale del 11 de Julio
de 2013, ley mediante la cual se actualiza el Ordenamiento
judicial de modo que se regule también “la Jurisdicción de los Órganos
Judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal”;
promulgada por el Papa Francisco (Francisco 2013); asimila a todos los
dependientes de la Santa Sede, a efectos penales (incluidos los actos cometidos
por fuera del Estado), con los dependientes del Estado de la Ciudad del
Vaticano (art. 1); y normas y sanciones administrativas, generales y
particulares (véase su desarrollo resolutivo un poco más abajo): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html.
NdE
Además de estas leyes centrales de todo el
ordenamiento vaticano existen otras que dependen de ellas para regular diversas
actividades, a las cuales nos referimos a continuación. El S. P. Juan Pablo II
actualizó en su momento (1993) diversas leyes, las cuales fueron compendiadas
en un “Suplemento a las Leyes y Disposiciones del Estado de
la Ciudad del Vaticano”. Ellas
y las posteriores conservan su vigencia sólo si no son reemplazadas
por otras, y, especialmente, en la medida que las antiguas no contradigan al Tratado,
a la Ley fundamental promulgada por el Papa Francisco (2023), y a las tres Leyes
recién expuestas, a saber, “sobre las fuentes del derecho”, “sobre el Gobierno
del Estado” y “sobre el ordenamiento judicial”.
c.
Comentario sobre los Órganos que
ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado de la Ciudad
del Vaticano
Sobre los Órganos del poder legislativo y ejecutivo del Estado, se
pueden enunciar sus principios de funcionamiento con la siguiente nota:
"Las disposiciones
legislativas pueden ser dictadas por el Sumo Pontífice o, en su nombre, por la
Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, la cual promulga
también los reglamentos generales. Tanto las disposiciones como los reglamentos
se publican en un suplemento especial de las Acta Apostolicae Sedis,
Boletín Oficial de la Santa Sede.
El poder ejecutivo está en manos de
la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y, dependiendo
de ella, el Delegado especial de dicha Comisión; de ambos dependen las
Direcciones Generales y las Direcciones del Governatorato con sus respectivas
Oficinas y Servicios. El ejercicio del poder ejecutivo compete, por lo
tanto, al Cardenal Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la
Ciudad del Vaticano, quien, en virtud de este encargo, asume el nombre de
“Presidente del Governatorato”. Colaboradores inmediatos del Presidente
son: el Secretario y el Vicesecretario Generales. Las Direcciones y
Oficinas centrales, en las que el Governatorato está organizado, dependen del
Presidente. En la elaboración de leyes y otras materias de importancia
particular, la Comisión Pontificia y el Presidente del Governatorato se avalan
de la colaboración del Consejero General y de los Consejeros de Estado." (http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/organi-dello-stato/organi-del-potere-legislativo-ed-esecutivo.html
En cuanto al poder
judicial, la misma nota señala:
"Según la ley del 21 de
noviembre de 1987, n. CXIX, el poder judicial cuenta con los siguientes
órganos: un Juez único, un Tribunal, una Corte de apelación y una Corte de
casación, que ejercen sus respectivas tareas en nombre del Sumo Pontífice. Las
diversas competencias están reguladas por los Códigos de procedimiento civil y
penal vigentes en el Estado." En: http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/organi-dello-stato/organi-del-potere-giudiziario.html
Acerca de la importancia
y vigencia de este marco legal del Estado, sobre todo en lo que se refiere
a lo penal, en su momento de publicación se expresó el portavoz de la
Santa Sede, Padre Federico Lombardi S. J., en los siguientes términos:
"En los últimos años el
Vaticano ha mejorado su sistema jurídico y penal haciéndolo más completo y
adecuándolo a las exigencias actuales de lucha contra la ilegalidad en diversos
ámbitos. No se pueden declarar intenciones y establecer normas y no ser
coherentes a la hora de aplicarlas persiguiendo a los que no cumplan las leyes”
El S. P.
Francisco, a fin de adecuarse al actual contexto histórico e institucional que
requiere una mayor eficiencia en el desempeño del sistema judicial del Estado,
promulgó el 13 de marzo de 2020 - dada a conocer el 16 de marzo sucesivo -
la Ley CCCLI sobre el Ordenamiento Judicial que rige,
precisamente, para la Ciudad del Vaticano.
Esta Ley
vino a actualizar las precedentes leyes CXIX del 21 de noviembre de 1987, y
LXVII del 24 de junio de 2008, sobre todo en lo que toca a la respuesta del
Estado, de acuerdo con las normas canónicas vigentes y ante las nuevas
cuestiones económico-financieras y penales que, en el contexto
internacional y de los convenios suscritos, se suscitan hoy en día. De acuerdo
con la nota de prensa de la fecha:
"1.- Prevé a garantizar mejor
la independencia de los órganos judiciales y de los magistrados que dependen
únicamente del Sumo Pontífice que los nombra y están sujetos a la ley,
ejerciendo sus funciones con imparcialidad y disponiendo directamente de la
policía judicial.
2.-Exige requisitos específicos
para el nombramiento de los magistrados que se eligen entre profesores
universitarios y, en todo caso, entre juristas de clara reputación, con
experiencia probada, judicial o forense, en materia civil, penal o administrativa.
3.-Prevé una simplificación del
sistema judicial y, al mismo tiempo, un refuerzo del personal del Tribunal, que
se incrementa en una unidad, previendo además un régimen de dedicación
exclusiva y a tiempo completo para al menos uno de los jueces.
4-Cuenta con un jefe autónomo para
la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal.
5.- Prevé una tipificación, hasta
ahora ausente, de las posibles medidas disciplinarias contra los abogados
inscritos en el Colegio".
· El esquema de la Ley es el siguiente:
“Preámbulo
Título I.
Disposiciones generales
(artículos
1: El poder judicial; 2: Magistrados; 3: Policía Judicial. Autonomía de los
gastos; 4. Ciudadanía vaticana; 5. Juramento)
Título
II. De los órganos judiciales de primer grado:
· Capítulo I. Del Tribunal (artículos: 6:
Composición y funcionamiento; 7: Funciones del Presidente);
· Capítulo II. Del nombramiento y remuneración de los
Magistrados (arts. 8: Nombramiento; 9: Impedimentos; 10: Cesación del oficio;
11: Remuneración económica).
· Capítulo III. Del oficio del Promotor de Justicia
(art. 12: Composición, funcionamiento y remuneración; 13: Funciones del
Promotor).
Título
III: De la Corte de Apelación
(art. 14:
Composición y funcionamiento; 15: Promotor de Justicia; 16. Impedimento; 17:
Cesación del oficio; 18: Remuneración económica).
Título
IV: De la Corte de Casación
(art. 19:
Composición y funcionamiento; 20: Promotor de Justicia; 21: Impedimiento; 22:
Cesación del oficio; 23: Remuneración económica; 24: Reserva de competencia
-sobre Cardenales y Obispos-).
Título V:
Del personal administrativo
(art. 25:
Composición orgánica y funciones).
Título
VI: De los Abogados
(art. 26:
Requisitos de inscripción en el Registro; 27: Defensa de las administraciones;
28: Medidas disciplinares)
Título
VII: Disposiciones finales
(art. 29: Año judicial; 30: Abrogación de la Ley
CXIX "sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano
del 21 novembre 1987"; 31: Entrada en vigencia).”
El texto completo de la Ley
CCCLI se puede ver en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
1.
Algunos Institutos de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de administración y vigilancia
económica y financiera
2020
· El S. P. Francisco ha considerado necesario liberar a
la Secretaría de Estado de funciones que más directamente corresponden a otras
instituciones de la Santa Sede. Véase la nota de prensa correspondiente, del 5
de noviembre de 2020, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/11/05/dec.html
· Y lo correspondiente a la Curia Romana, en
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html
·
Protocolo
de entendimiento entre la Secretaría de Economía de la Santa Sede y la
Auditoría General sobre la lucha contra la corrupción: "Las dos
Autoridades de la Santa Sede -dice el comunicado del 18 de septiembre de 2020-
colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de
corrupción y en la aplicación efectiva de las normas recientemente aprobadas
sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos
de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano". Véase en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-09/vaticano-nuevo-memorandum-de-entendimiento-lucha-corrupcion.html
· Intervención del Presidente de la Autoridad de
Información Financiera (AIF ) Dr. Carmelo Barbagallo con motivo de la
presentación de su Informe Anual, el 3 de julio de 2020. Versó sobre
los siguientes puntos:
I)
asegurar la operatividad en el frente de la cooperación internacional;
II)
consolidar las relaciones con las demás Autoridades de la Santa Sede (SS) y del
Estado de la Ciudad del Vaticano (SCV) para perseguir mejor los objetivos
institucionales;
III)
intensificar las actividades de vigilancia prudencial;
IV)
fortalecer los mecanismos de gestión de la Autoridad y reforzar su
personal;
V)
reorganizar la Autoridad.
Se informa que próximamente comenzará a llamarse, de acuerdo con las dos
funciones fundacionales que cumple, Autoridad de Supervisión y de
Información Financiera (ASIF).
Véase
el texto completo en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/03/otras.html
2018
· El Estado de la Ciudad del Vaticano/- Santa Sede
se incorpora al Área Única de Pagos en Euros (SEPA)
o “La Junta del Consejo Europeo de Pagos (EPC) aprobó la
semana pasada la extensión del ámbito geográfico de la Zona Única de Pagos en
Euros (SEPA) a la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Está previsto que, a
partir del 1 de marzo de 2019, los esquemas de la SEPA estén abiertos a las
instituciones financieras del Estado de la Ciudad del Vaticano / Santa Sede,
una vez que se hayan incorporado.
o “La SEPA armoniza la forma en que se realizan los
pagos electrónicos en euros en toda Europa. Permite a los consumidores,
empresas y administraciones públicas europeos realizar y recibir transferencias
de crédito y débito directo en las mismas condiciones básicas y hace que todos
los pagos transfronterizos en euros sean tan fáciles como los pagos nacionales.
o “A partir del 1 de marzo de 2019, el alcance
geográfico de los esquemas de la SEPA consistirá en los siguientes 36 países:
los veintiocho estados miembros de la UE más Islandia, Noruega, Liechtenstein,
Suiza, Mónaco, San Marino, el Principado de Andorra y el Estado de la Ciudad
del Vaticano / Santa Sede.
o "El éxito de la solicitud a la SEPA es una señal
muy positiva", ha afirmado René Bruelhart, Presidente de la AIF (Autoridad
di Información Financiera). “Contribuye a facilitar los pagos y armoniza dichos
servicios. Además, demuestra los esfuerzos de la Santa Sede para mejorar la
transparencia financiera". Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, 30.11.2018:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/11/30/com.html
· "La Autoridad de Información Financiera es
la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano
para la vigilancia y la inteligencia financiera en la prevención y la lucha
contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como para la
supervisión cautelar" (cf. supra).
o Instituida por el Papa Benedicto XVI con la carta
apostólica en forma de motu proprio de 30 de diciembre de
2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales de coordinación y
vigilancia sobre la base de la nueva constitución promulgada por el Papa
Francisco con el motu proprio de 15 de noviembre de 2013 y la Ley N °
XVIII de 8 de octubre de 2013.
o La AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las
Autoridades de Vigilancia y Unidades de Información Financiera (UIF) de
Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Eslovenia,
España, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Ghana, Gibraltar,
Guernsey, Hungría. India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San
Marino, Sudáfrica, Suiza, Taiwán (República de China). La AIF es miembro del
Grupo Egmont desde 2013". Véase:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/04/27/aif.html
2016
La Santa Sede, también en nombre de la Ciudad del Vaticano, se adhiere a la Convención de Mérida (diciembre de 2004) de las Naciones Unidas contra la corrupción, acordada mediante la Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003, y cuyo transcurso fue dirigido en gran parte por el colombiano Héctor Charry Samper. El texto del documento se puede ver en:https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf).
2.
La personalidad peculiar de los
Organismos de la Ciudad del Vaticano
Actualizando la información, nuevamente el Santo Padre Francisco ha insistido en la necesidad de que, en ejercicio de la personalidad peculiar que tienen y deben tener los diversos organismos de la Santa Sede en general, y de la Ciudad del Vaticano en particular, también el alto Tribunal del Estado exprese cada día mejor en su proceder (juzgar) su acercamiento permanente al Evangelio y el ejercicio de la legalidad y de los valores éticos, incluidos en ellos la transparencia y la vigilancia del cumplimiento de los pactos internacionales a los cuales la Santa Sede ha adherido. Véase el discurso completo, del 15 de febrero de 2020, con ocasión de la Apertura del 91° Año Judicial del Tribunal, en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200215_apertura-annogiudiziario.html
3.
La
importancia cultural de los edificios y obras de arte vinculados con la Santa
Sede y la Ciudad del Vaticano
Son
innumerables los hechos de orden artístico, arquitectural, etc., sucedidos a lo
largo de los siglos por medio de los cuales no sólo los Romanos Pontífices
quisieron expresar y plasmar su fe en Dios y el culto que le es debido. Tal
ocurre con la sede del Santo Padre como Obispo de la diócesis de Roma. A fin de
dar nuevo vigor y realce a este templo de san Juan de Letrán y a los edificios
anexos, y para incluirlos entre las obras de arte universal que merecen ser
salvaguardados y protegidos de modo especial, el S. P. Francisco ha expedido
una directriz dirigida a su Vicario para la diócesis romana, el 20 de febrero
de 2021, y redactada en los siguientes términos:
Carta
del Santo Padre al Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma para la valorización
cultural del Palacio de Letrán, 16.03.2021
Carta del Santo Padre
Al venerable hermano
Cardenal Angelo DE DONATIS vicario de la diócesis de Roma
La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha trabajado para promover lo que
es fruto del genio y la maestría de los artistas, a menudo testimonio de
experiencias de fe y como instrumentos para dar honor a Dios. Esto no sólo por
amor al arte, sino también para salvaguardar el patrimonio cultural frente a
los desafíos y peligros que lo habrían privado de su función y valor.
Esa responsabilidad especial, acompañada de una atenta solicitud a la hora de
considerar los lugares, edificios y obras como expresiones del espíritu humano
y parte integrante de la cultura de la humanidad, ha permitido a mis
predecesores transmitirlos a las distintas generaciones y actuar para
conservarlos y ponerlos a disposición de los visitantes y estudiosos. Es una
tarea que también atañe hoy al Obispo de Roma para el disfrute de la belleza y
el relieve de los bienes y el patrimonio artístico confiados a su protección.
Motivado por estas razones, destino también a este fin los edificios anexos a
la basílica papal de San Juan de Letrán, sede de mi cátedra episcopal, bien
consciente de la naturaleza que el curso y los acontecimientos de la historia
atribuyen a dicho complejo, junto con las disposiciones del Tratado de Letrán
(cf. Art. 13 y Anexo II, 1).
Confío a Vuestra Eminencia, mi vicario para la diócesis de Roma, la tarea de
realizar, en el complejo de lo que se conoce desde hace siglos como
Patriarcchio lateranense actividades museísticas y culturales en las diversas
formas y contenidos, dando la ordenación que sea necesaria, apoyándose
"con seguridad en las nobles tradiciones artísticas de que se precia la
Iglesia católica" (Tratado de Letrán, art. 16).
En este cometido, actuará Usted valiéndose de la colaboración de los Órganos de
Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y, en su caso, de los Órganos
Operativos del Governatorato, considerando las disposiciones vigentes para las
zonas extraterritoriales en el ámbito de su condición jurídica específica (cf.
Ley sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, nº CCLXXIV, de 6 de
diciembre de 2018, art. 1).
Al agradecer a Su Eminencia su servicio cotidiano y riguroso, invoco sobre
Usted y sobre toda la comunidad del Vicariato de Roma toda bendición celestial.
Roma, en San Juan de Letrán, 20 de febrero de 2021
FRANCISCO
d.
Legislación relacionada con materias
organizativas económicas y financieras y asociadas con los bienes culturales:
2024
- Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco con la que se modifican e integran los Motu Proprio "sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano", de 19 de mayo de 2020, con el correspondiente “Reglamento” y “Tutela jurisdiccional”: 16 de enero de 2024:
- Si bien el tema se refiere a todos los bienes eclesiásticos, también se incluyen en estos los relacionados con el Estado de la Ciudad del Vaticano: Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco sobre los límites y métodos de la administración ordinaria: 16 de enero de 2024:
- Procedimiento en materia de informes de conformidad con el art. 7 del Estatuto de la Oficina del Revisor General ("Procedura in materia di segnalazioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale") del 24 de enero de 2024.
- Premessa
- Scopo del documento
- I soggetti segnalanti
- L’oggetto delle segnalazioni
- Elementi e caratteristiche della segnalazione
- Tutela del soggetto segnalante
- Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni
- Disposizioni finali
- Rescripto "ex audientia" del S. P. Francisco al Prefecto de la Secretaría de Economía, Maximino Caballero Ledo (del 13 de febrero de 2023), por medio del cual se derogan "todas las disposiciones que permiten el uso gratuito o en condiciones especialmente favorables de los bienes inmuebles propiedad de las Instituciones Curiales y de las Instituciones que se refieren a la Santa Sede, incluida las Domus" ("hasta el vencimiento natural" de su actual contrato). Tiene como fin hacer que en estos tiempos de "necesidad 'todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario'". La noticia de prensa fue divulgada por Vatican News el primero de marzo de 2023. Puede verse en:
· Carta apostólica en forma de m. p. del Sumo Pontífice
Francisco "sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano", del 19 de mayo de 2020, con sus
normas sustantivas y procedimentales, en: (http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/06/01/carta.html;
los textos completos se han incluido en el comentario al Libro V,
en:
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/l_28.html).
·
M. p. I beni temporali “circa alcune competenze
in materia economica-finanziaria” (Francisco 2016);
· Ley sobre la tutela de bienes culturales
(Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano 2001);
· Ley monetaria (Juan
Pablo II 2001).
e.
Legislación preventiva, iniciativas
y acciones en la lucha contra actividades ilegales en el campo financiero y
monetario
· Decisiones del Tribunal del Estado de la Ciudad del
Vaticano en relación con la implementación de la legislación contra el lavado
del dinero hasta 2021. Pueden verse algunas de ellas en:
https://documentosmoralsocial.blogspot.com/2021/01/estado-de-la-ciudad-del-vaticano.html
· Decreto-Ley N. CCCLXXII del 9 de octubre de 2020
del Presidente del Gobernatorado en relación con modificaciones a la Ley N.
XVIII en Materia de Transparencia, Vigilancia e Información Financiera
del 8 de octubre de 2013, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/10/0518/01190.html
- · Ordinanza n. CCCLXIV del Presidente del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano relativa agli obblighi di prevenzione e
contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell’autoriciclaggio,
del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di
distruzione di massa, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, con
riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle persone giuridiche canoniche
e civili iscritte nei rispettivi registri (19 agosto 2020) en: Diritto e
Religioni XV/2 2020 468.
· Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» para la
prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva (8 de agosto de 2013)
(Francisco 2013):
- · Decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (9 ottobre 2020) en: Diritto e Religioni XV/2 2020 470.
·
Carta ap. en forma de m. p. del S. P. Benedicto XVI para
la Prevención y la Lucha contra las Actividades ilegales en el Campo financiero
y monetario, del 30 de diciembre de 2010, por medio de la cual se
desarrolla la Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del
Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009 mediante la Legge
concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di
attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010,
que ha sido promulgada este mismo 30 de diciembre de 2010, en:
f.
Legislación sancionatoria y procesal
administrativa
· La Ley num. X sobre " Normas generales en tema de
sanciones administrativas", en: http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20N.%20X%20-%20Norme%20generali%20in%20materia%20di%20Sanzioni%20Amministrative.pdf.
g. Legislación penal
1.
Código Penal y Código de
Procedimiento Penal
a)
Enmiendas
al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal
· La Ley num. IX, titulada "Enmiendas al Código
Penal y al Código de Procedimiento Penal", en: http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20IX%20-%20Norme%20recanti%20modifiche%20al%20codice%20penale%20e%20al%20codice%20di%20procedura%20penale.pdf;
b)
Reglas
complementarias en materia penal
En la misma fecha antes señalada (11 de julio de 2013)
la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano (a cargo del
Cardenal Giuseppe Bertello, Presidente) aprobó varias leyes (véase la
información más completa en: http://panoramacatolico.info/articulo/reforma-penal-en-el-vaticano),
entre ellas la siguiente:
· La Ley num. VIII, titulada "Reglas
complementarias en materia penal":
Titolo I: Delitti contro la persona:
Articolo 1 (Discriminazione razziale)
Articolo 2 (Tratta di persone)
Articolo 3 (Tortura)
Titolo II: Delitti contro i minori:
Articolo 4 (Definizioni)
Articolo 5 (Vendita di minore)
Articolo 6 (Prostituzione minorile)
Articolo 7 (Violenza sessuale su minori)
Articolo 8 (Atti sessuali con minori)
Articolo 9 (Ignoranza dell'età della persona offesa)
Articolo 10 (Pedopornografia)
Articolo 11 (Detenzione di materiale pedopornografico)
Articolo 12 (Arruolamento di minori)
Titolo III: Delitti contro l’umanità:
Articolo 13 (Definizioni)
Articolo 14 (Genocidio)
Articolo 15 (Altri delitti contro l’umanità)
Titolo IV: Crimini di guerra:
Articolo 16 (Definizioni)
Articolo 17 (Crimini di guerra)
Titolo V: Delitti in materia di terrorismo o di
eversione:
Articolo 18 (Definizioni)
Articolo 19 (Associazione con finalità di terrorismo o di
eversione)
Articolo 20 (Assistenza agli associati)
Articolo 21 (Arruolamento e addestramento con finalità di
terrorismo o di eversione)
Articolo 22 (Attentati con finalità di terrorismo o di
eversione)
Articolo 23 (Finanziamento del terrorismo)
Articolo 24 (Presa d’ostaggi con finalità di terrorismo o
di eversione)
Titolo V: Delitti mediante ordigni esplosivi o
concernenti materiale nucleare:
Articolo 25 (Definizioni)
Articolo 26 (Atti di terrorismo o di eversione con
ordigno esplosivo)
Articolo 27 (Uso di un ordigno esplosivo)
Articolo 28 (Maneggio di materiale nucleare)
Articolo 29 (Appropriazione illecita di materiale
nucleare)
Articolo 30 (Minaccia mediante materiale nucleare)
Titolo VII: Delitti contro la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme
fisse:
Articolo 31 (Definizioni)
Articolo 32 (Delitti contro la sicurezza della
navigazione marittima o aerea)
Articolo 33 (Delitti contro la sicurezza degli aeroporti)
Articolo 34 (Delitti contro la sicurezza delle
piattaforme fisse)
Articolo 35 (Norme comuni)
Articolo 36 (Pirateria)
Articolo 37 (Responsabilità criminale del capitano)
Titolo VIII: Delitti contro le persone che godono di
protezione internazionale:
Articolo 38 (Definizioni)
Articolo 39 (Delitti)
Articolo 40 (Delitti commessi all’estero)
Titolo IX: Delitti in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope:
Articolo 41 (Individuazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope)
Articolo 42 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Articolo 43 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Articolo 44 (Aggravanti e confisca)
Articolo 45 (Prescrizioni abusive)
Titolo X: Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche derivante da reato:
Articolo 46 (Responsabilità della persona giuridica)
Articolo 47 (Tipologia di sanzioni amministrative)
Articolo 48 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)
Articolo 49 (Applicazione di sanzioni interdittive)
Articolo 50 (Norme processuali)
Articolo 51 (Norme generali)
Titolo XI: Disposizione finali
Articolo 52 (Estradizione)
Articolo 53 (Assistenza alle vittime)
Articolo 54 (Abrogazioni)
Articolo 55 (Entrata in vigore)
2.
Legislación sobre menores y personas
vulnerables
a)
Prevención de delitos y protección
de menores y personas vulnerables
· Carta Apostólica en forma de m. p. del Sumo Pontífice
Francisco "sobre la protección de los menores y de las personas
vulnerables", del 26 de marzo de 2019, en la Curia Romana y en el
Estado de la Ciudad del Vaticano, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00527.html
· Ley CCXCVII del 26 de marzo de 2019 sobre la
protección de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad
del Vaticano (Francisco, 2019):
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00528.html
b)
Legislación penal para delitos
contra menores y personas vulnerables
Véase arriba,
en el Título II de La Ley num. VIII, titulada
"Reglas complementarias en materia penal".
3.
Legislación penal relacionada con materias
económicas y financieras
4.
Legislación penal relacionada con materias
administrativas
Apostilla
NdE
Para quien estuviera interesado en conocer la legislación penal actualizada del Estado de la Ciudad del Vaticano, me permito sugerirle consultar las entrevistas a S. E. Juan Ignacio Arrieta, quien tuvo a su cargo la preparación del texto oficioso, en:
y en la página 6 de:
https://media.osservatoreromano.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2020/12/QUO_2020_281_0512.pdf
III.
Tipo peculiar de “leyes” son los
“estatutos” (cf. c. 94),
que regulan diversas instituciones
del Derecho canónico y, en el caso de la Santa Sede, aquellas particulares
a quienes concierne el Reglamento General de la Curia Romana (véase
sobre la Curia Romana:
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html)
a.
En materia administrativa laboral y
de las pensiones
1.
Estatuto Definitivo de la Oficina
del Trabajo de la Sede Apostólica
· Ley del Papa Juan Pablo II con la que promulga “El
Estatuto Definitivo de la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica” (Juan
Pablo II 1994);
2. Fondo de Pensiones (Pensioni)
- M. p. Il Fondo Pensioni “sulla revisione dello statuto del fondo pensioni vaticano” (Francisco 2015).
- Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco que contiene modificaciones a la Ley sobre el sistema judicial, a la Ley que contiene disposiciones para la dignidad profesional y el trato económico de los magistrados ordinarios del Tribunal y de la Oficina del Promotor de Justicia y al Reglamento General del Fondo de Pensiones, 19.04.2024:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/19/0313/00662.html
b.
En materia administrativa económica
3.
El estatuto del Consejo para la
Economía (Francisco 2015);
4.
El estatuto de la Secretaría para
la Economía (Francisco 2015);
5.
El estatuto de la Oficina del
Revisor Fiscal (Francisco 2015);
c.
En materia del funcionamiento de
las comunicaciones
6.
El estatuto de la Secretaría para
la Comunicación (Francisco 2015).
IV.
La cuestión de los bienes
“extraterritoriales” de la Santa Sede
Un asunto delicado y complejo, y según los expertos "de confines
inciertos", tiene que ver con la condición bajo la cual diversas
actividades e inclusive las edificaciones en las cuales tales actividades se
desarrollan - actividades y edificaciones relacionadas con las Santa Sede:
entes canónicos - son consideradas de diversa manera por parte del Estado
Italiano. Nos referimos especialmente a aquellas que gozan de
"extraterritorialidad" según el Pacto Lateranense (y, según cierta
usanza, se las denomina "Vaticanas" para distinguirlas de las de la
propia "Santa Sede": a mi juicio, en estos momentos y, sobre todo
canónicamente, tal empleo suscita más confusión que aporta claridad).
Siguiendo el estudio del apreciado Profesor y amigo, Dr. Settimio
Carmignani Caridi citado en la bibliografía específica, he preparado el
siguiente cuadro-resumen, invitando a examinar el problema en todos sus
intríngulis:
|
Entes, oficios y actividades que, por estar ubicados en el
territorio de la Ciudad del Vaticano, no han suscitado problema en sus
relaciones con el Estado Italiano |
Entes ubicados en el territorio de la CdV que han suscitado
problema |
Entes y oficios que, por estar ubicados por fuera del
territorio de la Ciudad del Vaticano, han suscitado algunos problemas en sus
relaciones con el Estado Italiano |
|||||||||
|
Entes
Públicos Vaticanos, sea que se encuentren dentro de los límites vaticanos, o
no. |
Entes
y oficios que, por estar ubicados en el territorio de la Ciudad del Vaticano,
no suscitan problema en sus relaciones con el Estado Italiano |
||||||||||
|
Actores de sujetos
jurídicos que persiguen fines de apostolado, de caridad o de piedad de
acuerdo con la normatividad canónica y vinculados con la Santa Sede
(considerados Entes centrales de la Iglesia Católica) |
Empleada
de la Pontificia Obra de Asistencia (POA: 1947-1959) ubicada
por fuera del territorio vaticano |
Presentadora
de noticias en ruso de la Radio Vaticano (RV) (1982) |
Las
Basílicas de San Juan de Letrán (1989), de Santa
María la Mayor (1990) y la Obra Romana de Peregrinaciones (2005) |
Cocinera
de la Hospedería Santa Marta (1993) |
El Instituto
para las Obras de Religión (IOR: 1987) (“personalidad jurídica
autónoma”: 1942); (Art. 1 § 1. L’Istituto per le Opere di Religione ha personalità
giuridica canonica pubblica: 2019). |
Una
enfermera y un médico del Hospital Niño Jesús (1985) (1992)
(2002) |
Un
empleado de la tipografía y otro de la biblioteca de la Pontificia
Universidad Gregoriana (1991) (2007); eliminación de residuos de la
PUG (2012) |
Un
contador del Colegio Americano del Norte (2011) |
Tres
imputados de Radio Vaticana (2003) (2011) en relación con la
emisión de ondas electromagnéticas |
||
|
Decisión del Tribunal
(Supremo) Italiano |
El
Estado Italiano (Cortes) estima que los jueces carecen de jurisdicción por la
finalidad primaria de la POA y por ser actividad inherente a ella; El Estado
Italiano (Cortes) estima que carece de jurisdicción sobre los asuntos
laborales |
El
Estado Italiano (Cortes) estima que los jueces carecen de jurisdicción por la
finalidad publicista de la RV; El Estado Italiano (Cortes) estima que carece
de jurisdicción sobre los asuntos laborales |
No
están sometidos a tasas e impuestos los bienes dedicados al culto |
El
Estado Italiano (Cortes) estima que carece de jurisdicción sobre el asunto
por tratarse de un Estado soberano; El Estado Italiano (Cortes) estima que
carece de jurisdicción sobre los asuntos laborales |
Así
no forme parte de la Curia Romana, y su sede sea la CdV, “por cuanto posee
una personalidad jurídica; una autonomía patrimonial; competencia funcional y
universal, es decir, extendida a todo el ordenamiento, para el logro del fin
que connaturalmente le es esencial: colocado en el centro territorialmente
propio de la universalidad”: se le aplica el art. 11 del Tratado, por tanto,
el Estado Italiano no goza de jurisdicción penal |
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que apenas disfruta la Santa Sede pero no desempeña una tarea estatal
primaria del Estado Vaticano |
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que tiene que ver con fines de religión y culto de la Santa Sede, pero
son actividades laborales realizadas en territorio italiano |
La
inmunidad garantizada por el art. 11 del Tratado no es invocable por la PUG
porque la misma no queda comprendida dentro de los Entes centrales de la
Iglesia Católica, por lo cual la plenaria de la Corte considera que no se ha
de apartar de lo establecido en las dos sentencias precedentes. |
En
materia fiscal, la PUG debe someterse al impuesto que se causa por concepto
de eliminación de sus residuos |
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que no tiene que ver con los Entes centrales de la Iglesia y son
actividades laborales realizadas en territorio italiano |
La
Corte de Casación había colocado la inmunidad de sujetos internacionales
extranjeros, en materia penal, el límite de las gravísimas violaciones de los
derechos humanos y de los crímenes internacionales: la Corte Internacional de
Justicia de La Haya condenó al Estado Italiano por tal decisión, a riesgo de
su aislamiento. |
El elenco de las "zonas" que forman parte del Estado de la Ciudad del Vaticano y gozan de "extraterritorialidad" dentro de Roma y de Italia son las siguientes, de acuerdo con la información que proporcionó Niccolò Del Re (curador): Mondo Vaticano - Passato e Presente Libreria Editrice Vaticana 1995, y que publicó la Sala de Prensa de la Santa Sede (actualizada al 3 de abril de 2001: https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/extraterritoriale_it.html):
"Además del propio territorio del Estado, la jurisdicción del Vaticano incluye algunos otros edificios en Roma y fuera de Roma, que gozan del derecho de extraterritorialidad y que en conjunto ocupan una superficie de aproximadamente 700 mil metros cuadrados. Estas propiedades gozan del privilegio de extraterritorialidad y están exentas de expropiación e impuestos.Teniendo también en cuenta los distintos acuerdos firmados posteriormente al respecto entre la Santa Sede e Italia en diferentes fechas, los bienes extraterritoriales de la Santa Sede en Roma son actualmente:1. el complejo de San Juan de Letrán (Basílica, Palacio Apostólico de Letrán con los edificios anexos y la Escalera Santa);2. la Basílica de Santa María la Mayor con los edificios anexos;3. la Basílica de S. Paolo Fuori le Mura con los edificios anexos;4. el Palacio de la Cancelería;5. el Palacio de Propaganda Fide, sede de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos;6. el Palacio de San Calixto en Trastevere;7. el Palacio del Santo Oficio y sus alrededores, sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe (llamada Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio hasta 1965);8. el Palacio dei Convertendi, sede de la Congregación para las Iglesias Orientales;9. Palacio Maffei o Vicariato (antigua sede de la Curia diocesana de Roma, que aún conserva allí algunas oficinas);10. el Palacio de las Congregaciones en los Propileos;11. el Palacio Pío, declarado extraterritorial en 1979 (con exclusión, sin embargo, de las salas que actualmente albergan el Auditorio) en sustitución del Palacio de la Dataria, que ya no es propiedad de la Santa Sede;12. el Pontificio Seminario Menor Romano;13. las propiedades sobre el Janícolo (Pontificio Colegio Rumano Pío, Pontificio Colegio Ucraniano de San Josafat, Pontificio Colegio Norteamericano, Hospital del Niño Jesús, Iglesia y Convento de San Onofrio, Pontificia Universidad Urbaniana, Área de Servicios Técnicos de la Santa Sede, Colegio Internacional S. Monica, Curia General de la Compañía de Jesús, Instituto Maria Bambina, Iglesia de Ss Michele y Magno, Edificio de las Hermanas Calasanzianas, Casa de las Hermanas de la Addolorata, Propiedades en Borgo Santo Spirito, adyacente a la Curia jesuita).Como toda la Ciudad del Vaticano, todos los bienes extraterritoriales de la Santa Sede en Roma (a excepción del Seminario Menor Romano) también están incluidos en la lista del patrimonio mundial, tanto por su valor individual como por formar parte del centro histórico de Urbe, en virtud de la adhesión de la Santa Sede (1982) a la Convención de 16 de noviembre de 1972 sobre la protección del patrimonio cultural y natural mundial.Los bienes con privilegio de extraterritorialidad fuera de Roma son:
- el Palacio Pontificio, la Villa Cybo y la Villa Barberini en Castelgandolfo, residencia de verano del Sumo Pontífice, que cubren una superficie total de 400 mil metros cuadrados;
- a los que se suma el centro de transmisión de radio de Santa Maria de Galeria, construido cerca de Cesano, a 18 km de distancia de Roma, tras el acuerdo entre la Santa Sede e Italia del 8 de octubre de 1951."
V.
Actualizaciones varias
1.
Jueces y abogados ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano: la
garantía de un proceso serio
Nota
del P. Federico Lombardi, 07 de diciembre de 2015
"En las últimas semanas, desde el comienzo del proceso por la divulgación
de documentos confidenciales, comúnmente conocido como "Vatileaks 2",
mucho se ha escrito y se hablado sobre la evaluación del sistema judicial
del Estado de la Ciudad del Vaticano y en particular sobre el
Tribunal en el que dicho proceso está incardinado y los procedimientos que
sigue. Debido a que muchos de estos comentarios son inapropiados - o, a veces
totalmente injustificados – es oportuno presentar algunos datos para tener una visión
más clara y poder evaluar correctamente este aspecto fundamental del caso.
En
primer lugar, aunque debería ser evidente, cabe recordar que en el Estado de la
Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente
autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para
los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en material de
derecho penal y procesal.
Dicho sistema cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas
jurídicos contemporáneos más avanzados. De hecho, están previstos y cumplidos
plenamente todos los principios fundamentales, tales como la preconstitución
por derecho del juez natural, la presunción de inocencia, la necesidad de una
defensa técnica ( a través de abogados de confianza o de turno de oficio), la
libertad de los jueces de llegar a una convicción basada en las pruebas, en una
audiencia pública y en el debate entre la acusación y la defensa, hasta la
emisión de una sentencia que debe ser motivada y que puede ser impugnada sea
con la apelación o posteriormente con el recurso de casación. Por último,
recientemente se introdujo también expresamente en el ordenamiento jurídico
vaticano el derecho al justo proceso y en un plazo razonable (art.
35 Ley N ° IX, 11 de julio de 2013).
Todas
las personas interesadas por la función judicial, tanto instructores como
jueces, se seleccionan por cooptación, ya que no pueden designarse a través de
públicas oposiciones entre los ciudadanos del Estado, como sucede en otros
estados. Por tanto, son seleccionados entre los profesionales de alto nivel,
que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio (como atestigua el
curriculum de cada uno de ellos, que se encuentra fácilmente en Internet).
Todos son profesores universitarios en las universidades italianas.
Por
cuanto respecta a los abogados, se ha hablado de una hipotética violación del
derecho de defensa de los imputados, a los cuales no se habría permitido ser
defendidos por los abogados de confianza de su elección. En este sentido hay
que evitar un malentendido fundamental: la normativa vigente en el Vaticano,
aplicada por los tribunales, es absolutamente conforme con la de la mayoría de
las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los
tribunales requiere una habilitación específica para el ejercicio de la
profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos
por cada ordenamiento. No es de extrañar, pues, que un abogado habilitado en
Italia no pueda por esa sola razón ejercer su patrocinio en el Estado de la
Ciudad del Vaticano, así como tampoco podría hacerlo en Alemania, Francia, etc.
El argumento contrario implicaría que un imputado extranjero pretendiera que lo
defendiera en Italia un abogado también extranjero, solo porque es de su
confianza, lo cual no está permitido. Por lo tanto, estas condiciones no
constituyen un límite del ordenamiento vaticano sino una confirmación más de su
autonomía e integridad.
Todos
los abogados están inscritos en un Colegio profesional, que se puede consultar
fácilmente, de profesionales autorizados al patrocinio ante el Tribunal del
Estado de la Ciudad del Vaticano, entre los cuales se selecciona a los abogados
de turno de oficio o se eligen los abogados de confianza.
Se
trata de abogados calificados no sólo en los tribunales de la Iglesia y de la
Santa Sede, sino también en los tribunales italianos y todos están inscritos en
los respectivos Colegios de abogados italianos. Además, todos ellos tienen un
segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de
tres años más otorgado por el Tribunal de la Rota Romana. Se trata, pues de
profesionales, que junto con la titulación requerida para el patrocinio en
Italia, cuentan también con conocimientos adicionales que los hacen adecuados
para la práctica en una jurisdicción en la que es necesario conocer el derecho
canónico.
Se
dan, pues, todas las premisas para tener plena confianza en la profesionalidad
y la competencia de aquellos que deben garantizar el correcto desarrollo de un
proceso que, por diversas razones, atrae la atención de muchos."
[
02161-ES.01]
[Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/12/07/0967/02161.html#lombes
2.
La personalidad peculiar de los Organismos de la Ciudad del Vaticano
Actualizando la información,
nuevamente el Santo Padre Francisco ha insistido en la necesidad de que, en
ejercicio de la personalidad peculiar que tienen y deben tener los diversos
organismos de la Santa Sede en general, y de la Ciudad del Vaticano en particular,
también el alto Tribunal del Estado exprese cada día mejor en su
proceder (juzgar) su acercamiento permanente al Evangelio y el ejercicio de la
legalidad y de los valores éticos, incluidos en ellos la transparencia y la
vigilancia del cumplimiento de los pactos internacionales a los cuales la
Santa Sede ha adherido. Véase el discurso completo, del 15 de febrero
de 2020, con ocasión de la Apertura del 91° Año Judicial del Tribunal, en:
3.
El Instituto para las Obras de Religión (IOR)
Por
diferentes motivos, esta institución, de considerable antigüedad, muy altos
propósitos y, hoy por hoy – sea ella misma, o una diferente que cumpla su papel
instrumental – indispensable para el desempeño de múltiples y concretas
actividades de la Iglesia en cuanto sociedad, ha estado en boca de muchos, y no
siempre por buenas razones. Por eso los asuntos relacionados con el Instituto
suelen ser “noticia”.
Alguna
de las cuestiones “problemáticas” ha surgido a raíz de que el domicilio de la
institución se ubica en territorio de la Ciudad del Vaticano, es decir, por
fuera de la jurisdicción italiana, y ello tiene implicaciones en orden al
ejercicio de la jurisdicción penal de este Estado en relación con delitos que
se pudieran cometer en el propio territorio vaticano, o por fuera de él (cf. (IOR: 1987) (“personalidad jurídica autónoma”: 1942);
(Art. 1 § 1. L’Istituto per le
Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica: 2019).
Así no forme parte de la Curia Romana, y
su sede sea la CdV, “por cuanto posee una personalidad jurídica; una autonomía
patrimonial; competencia funcional y universal, es decir, extendida a todo el
ordenamiento, para el logro del fin que connaturalmente le es esencial:
colocado en el centro territorialmente propio de la universalidad”: se le
aplica el art. 11 del Tratado de Letrán, por tanto, el Estado Italiano no goza
de jurisdicción penal).
De
acuerdo con el quirógrafo del S. P. Pío XII, del 27 de junio de 1942 (https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/letters/documents/hf_p-xii_lett_19420627_chirografo-ior.html),
esta institución remonta sus orígenes a un acto del Papa León XIII en 1887
cuando creó una “Comisión (de Cardenales) para las Causas Pías” y la dotó de
reglamento propio. Ya conocemos la noción de “causa pía” (“http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/l_28.html).
El Papa san Pío X, el 10 de agosto de 1904, reformó, a su vez, dicho
reglamento. En tiempos más recientes el Papa Pío XII, con el citado documento del
27 de junio de 1942, al tiempo que cambió su denominación - precisamente, la
actual - y lo erigió en persona jurídica con cometidos más precisos y
organización más técnica, le asignó aquellas antiguas funciones.
El
S. P. Francisco, en nuestro momento, mirando las experiencias exitosas en otros
lugares y consultando a expertos, ha tomado una decisión similar, y, así, ha
decidido dotar al Instituto con un nuevo Estatuto, el 30 de enero de
2023, fijando “competencias” y “responsabilidades” aún más precisas y técnicas,
y unificando la dirección general (cf. https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2023/documents/20230130-chirografo-ior.html;
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/03/07/0183/00394.html
).
NdE
El Informe de gestión (y Balance) correspondiente al
año 2022 señala que "La calificación de Moneyval la sitúa 'entre las
instituciones mejor clasificadas del mundo'".
Se ha de recordar que este organismo, perteneciente al Consejo de Europa, es mejor conocido por su nombre que por el de "Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism".
La clasificación de esa institución, por lo tanto, es
muy honrosa, por cuanto reconoce que en el IOR "se mantiene el compromiso
de cumplir 'los estándares éticos y normativos internacionales más
exigentes'". (Véase más ampliamente la información de prensa
correspondiente al 6 de junio de 2023, en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-06/balance-ior-2022-beneficio-neto-de-29-millones.html).
NdE
El Informe de gestión correspondiente al año fiscal de 2023 ha sido dado a conocer por el IOR y ha sido publicado por Vatican News de la Oficina de Prensa de la Santa Sede (https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2024-06/el-ior-da-a-conocer-su-estado-financiero-2023-30-millones-utilid.html). Es el siguiente:"El IOR da a conocer su Estado Financiero 2023: 30,6 millones de utilidades
El Instituto para las Obras de Religión se encuentra entre las instituciones más sólidas en términos de capitalización y liquidez, y es un punto de referencia para inversiones coherentes con la ética católica. 13,6 millones han sido destinados a obras religiosas y caritativas.
«Por duodécimo año consecutivo, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) publica su Informe Anual que contiene el Estado Financiero 2023 elaborado de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad IAS-IFRS». Así se afirma en un comunicado de prensa que acompaña a la publicación del balance.
«Estos estados financieros obtuvieron un informe “sin reservas” de la sociedad de auditoría Mazars Italia S.p.A. y, el 30 de abril de 2024, fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Superintendencia del Instituto y, según el Estatuto, remitido a la Comisión de Cardenales para sus evaluaciones».
«Coherente con los objetivos del plan estratégico – continúa el comunicado – y cumpliendo su función primordial de servir a las Obras de Religión de Su Santidad el Papa Francisco y a la Iglesia en el mundo, en 2023 el Instituto logró los siguientes resultados: 30,6 millones de euros de beneficio neto; +23% margen de interés, +49% margen de intermediación, +31% margen de comisión; la recaudación total de clientes +4% hasta 5.400 millones de euros; Relación TIER 1 igual al 60% y relación costo/ingreso igual al 48%».
El IOR informa que «la Comisión de Cardenales, dada la solidez de los datos financieros de las cuentas de 2023 y teniendo en cuenta las necesidades de capitalización del Instituto, ha decidido distribuir 13,6 millones de euros para obras de religión y caridad. También en 2023, el crecimiento del beneficio neto se obtuvo con la contribución positiva del margen de intereses, el margen de intermediación y el margen de comisiones. El control de costos ha sido el principal compromiso de la dirección a pesar de la implementación de inversiones encaminadas a mejorar el servicio al cliente y la digitalización».
Finalmente, «en lo que respecta a los servicios de gestión de activos, el Instituto se compromete firmemente a respetar los principios coherentes con la fe católica (Inversiones coherentes con la ética católica). La calidad de los productos de gestión de activos del IOR atestigua el trabajo realizado a lo largo de los años, que ha permitido al Instituto convertirse en un punto de referencia mundial en inversiones éticas. La solidez de la relación TIER 1, así como los coeficientes de liquidez, posicionan al Instituto entre las instituciones financieras más sólidas del mundo en términos de capitalización y liquidez»."
4. Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”
· Chirografo del Santo Padre per l’erezione in persona
giuridica canonica e vaticana della Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del
Papa” (17 novembre 2020) en revista Diritto e Religioni XV/2 2020 486.
· Statuto della Fondazione vaticana “Rete Mondiale di
Preghiera del Papa” (17 novembre 2020) en revista Diritto e Religioni XV/2
2020 487.
VI.
Otras providencias y jurisprudencia
de autoridades del Estado de la Ciudad del Vaticano diferentes al Santo Padre
a.
Del Presidente del Gobernatorado
b. Del Tribunal del Estado
Por su novedad - para mí - aporto una decisión del Tribunal de Apelación del Vaticano dada a conocer el 24 de enero de 2024 a través del órgano informativo Vatican News: "Juicio del Preseminario Pío X: El padre Martinelli condenado por corrupción de menores":
"El Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el obispo Alejandro Arellano Cedillo, ha declarado hoy al padre Gabriele Martinelli, de 31 años, antiguo alumno del Preseminario San Pío X, culpable del delito de corrupción de menores por hechos ocurridos en el Preseminario entre el 9 de agosto de 2008 y el 19 de marzo de 2009. Y le condenó a dos años y seis meses de prisión y a mil euros de multa, pero declaró inadmisible la demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada por el demandante civil. El sacerdote de Como, como en la sentencia de primera instancia, fue en cambio declarado no punible por los hechos impugnados hasta el 2 de agosto de 2008, por ser menor de 16 años, y de la acusación de violación y actos de lascivia sobre un compañero siete meses menor, L.G., que se había presentado como demandante civil, por insuficiencia de pruebas. El recurso contra la sentencia de primera instancia había sido interpuesto por el promotor de justicia Roberto Zannotti y la parte civil, representada por la abogada Laura Sgrò. En primera instancia, el 6 de octubre de 2021, tras casi un año de juicio, Martinelli había sido absuelto de todos los cargos por el Tribunal Vaticano, debido a la insuficiencia de pruebas. También fue absuelto el ex rector del Preseminario, que estuvo en el Vaticano hasta 2021, el padre Enrico Radice, de 73 años, acusado de complicidad. Ambos sacerdotes están incardinados en la diócesis de Como, que gestionaba el instituto a través de la Opera don Folci."
El texto está tomado de: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2024-01/juicio-preseminario-pio-x-padre-martinelli-condenado-abuso-menor.html
VII.
El Estado de la Ciudad del Vaticano
forma parte de las siguientes organizaciones internacionales
intergubernamentales
· UPU
Unión Postal Universal, Berna, Miembro
· UIT
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, Miembro
· IGC/CIC
Consejo Internacional de Cereales, Londres, Miembro
· ITSO
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Washington D.C.,
Miembro
· EUTELSAT IGO
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite, París, Miembro
· CEPT
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones,
Copenhague, Miembro
· IISA
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Bruselas, Miembro.
- UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
VIII.
Cuestiones relacionadas con la
Administración de los bienes de la Santa Sede y la Ciudad del Estado del
Vaticano
1°)
Informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA)
correspondiente al 24 de julio de 2021:
El
informe es detallado y extenso. La Administración categoriza sus actividades en
tres ámbitos: 1°) el de la administración de los bienes inmuebles que son
propiedad de la Santa Sede (muchos de los cuales deben pagar impuestos al
Estado Italiano, por no ser exceptuados en razón del Pacto de Letrán); 2°) el
de la administración de los bienes muebles o fondos de inversión que son
propiedad de la Santa Sede; y 3°) el de los servicios de consultoría que ofrece
la Administración a la Curia Romana: todos ellos son servicios en los que no se
cobra por su realización. Puede verse completo en: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-07/apsa-pubblicazione-bilancio-2020-documento.html.
Un
resumen en castellano se encuentra en: https://es-us.noticias.yahoo.com/vaticano-revela-patrimonio-inmobiliario-campa%C3%B1a-133112919.html
|
Bienes de la Santa Sede 2020 |
Actividades relacionadas |
||||
|
Sector Inmobiliario[1] |
Fondos |
||||
|
En
el sector adyacente a la Ciudad del Vaticano y en la Provincia de Roma |
Resto de la Provincia del Lacio |
En
Italia fuera del Lacio |
En el extranjero |
Títulos
internacionales a tasa fija |
Sostenimiento
de actividades de la Curia Romana y Servicios prestados a la misma |
|
3727 |
81 |
243 |
1200 |
20’000.000
Euros |
|
|
5251 |
|
||||
|
Impuestos pagados al Estado Italiano |
|
||||
|
8’830.000
Euros |
|
||||
Nota
[1] La mayor parte se
encuentra en arriendo.
2°)
Informe del Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede (agosto
de 2022)
Muy detallado, fue presentado en agosto de 2022 sobre
la gestión realizada y consolidada de 2021. El R. P. Juan Antonio Guerrero
Alves SJ, Prefecto de la Secretaría para la Economía, hizo público el Balance
de 2021, con toda la información y los gráficos correspondientes. Puede verse
en:https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2022-08/guerrero-estados-financieros-de-la-santa-sede-pasos-adelante.html
En la actualidad, en orden a establecer de la mejor
manera la situación económica de la Santa Sede, están siendo supervisados los
bienes de 92 entes, sin incluir en ellos ni el Gobernatorato ni el IOR.
Anteriormente sólo se ejercía esa supervisión sobre los entes directamente
dependientes de la Curia Romana. Se observa que algunos de los fondos allí
establecidos tienen su propia y exclusiva finalidad, por lo cual no se pueden
emplear sus rendimientos ni sus capitales a sufragar otras actividades que, en
el presente, son deficitarias. En cuanto a las pensiones que cubren al personal
tanto de la Santa Sede, como del Gobernatorato y del Vicariato de Roma, por el
momento están cubiertas, pero, considerando el futuro,
"Es innegable - afirmó - que
no estamos dotando suficientemente el Fondo de pensiones para permitirle
respetar las obligaciones futuras o que estamos prometiendo más de cuanto, en
realidad, podemos permitirnos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo
para introducir medidas correctoras, no traumáticas, pero debemos hacerlo
pronto".
Y agregó:
"Hemos dado muchos pasos en
este tiempo en la justa dirección de la trasparencia, de la tutela económica de
la Santa Sede y de la sostenibilidad. Los dicasterios y las instituciones
curiales están implementando procedimientos y dando pasos adelante en la justa
dirección. Recientemente hemos publicado las cuentas del Óbolo de San Pedro, lo
que hemos recibido y cómo lo hemos utilizado; también hemos puesto en marcha el
proyecto de centralización de las inversiones financieras pedido por el Papa
años atrás, hemos aprobado una política de inversiones y se ha nombrado un
Comité para las inversiones."
IX.
Sanidad católica
Capítulo aparte merecen
las instituciones de lo que se ha dado en llamar la "sanidad
católica", que, en particular, en el territorio de la diócesis de Roma,
aunque no sólo en él, desempeñan en sus diversas obras, algunas de ellas varias
veces seculares, actividades de indudable valor.
Nos referimos, entre
otras, al Hospital Universitario Agostino Gemelli y al Hospital San Giovanni
Calibita-Fatebenefratelli de la Isla Tiberina.
El sostenimiento
orgánico, adecuado y suficiente de estas obras ha conducido a una
reorganización de su administración y economía, como hacemos constar en otro
lugar de este Curso (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html).
Sobre la segunda de estas obras, véase el comunicado del 21 de octubre de 2021
en: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/10/21/comun.html.
De la misma manera, de
acuerdo con el informe presentado por el Prefecto de la Secretaría para la
Economía sobre los Estados financieros de la Santa Sede durante el año 2021, P.
Juan Antonio Guerrero Alves SJ (cf. documento y entrevista de agosto de 2022,
en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2022-08/guerrero-estados-financieros-de-la-santa-sede-pasos-adelante.html),
se han de incluir dos instituciones más: el Hospital Bambino Gesù y la
Fundación Casa Sollievo della Sofferenza, el primero de los cuales posee un
presupuesto mayor que el de la misma Curia Romana pero financieramente se
encuentra sano y estable; mientras que el segundo es deficitario.
Se ha de recordar que es
misión del Hospital Niño Jesús "la investigación y la asistencia en
relación con niños y jóvenes provenientes de toda Italia y de todas partes del
mundo".
NdE
Acerca de las medidas
tomadas en relación con la sanidad al interior del Estado a causa de la
presencia del COVID-19, puede verse:
· "Elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi
in materia di emergenza Covid-19 nello Stato della Città del Vaticano e nelle
zone extra-territoriali (18 febbraio-31 aprile 2021)": Diritto e
Religioni Anno XVI – n. 1 (31) 2021 744.
NdE
· Se
informa (27 de marzo de 2023) por parte de la Santa Sede el nombramiento del
nuevo director del Hospital Niño Jesús, así como de los importantes proyectos
que se llevan a cabo en él en el momento presente. Véase la información
en:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/03/27/0232/00499.html
Apostilla
NdE
Para quien estuviera interesado en profundizar en el tema proporciono la siguiente información, que habrá de actualizarse eventualmente en el futuro:
Scuola di alta formazione in Diritto canonico ecclesiastico e vaticano
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN VATICAN LAW
The Summer School in Vatican Law aims to train specialists in essential, scientific and professional knowledge of the Vatican's legal system.
The Summer School aims to help you obtain basic knowledge of the Vatican's legal system, paying detailed attention to the major theoretical and practical profiles of the various branches of the Vatican's juridical knowledge.
The Summer School is open to scholars of international law, EU law, canon law and State law on religion.
The Summer School will also appeal to those who work in public and private, international and national institutions, that have relationships with institutions of the Holy See and of Vatican City, and all those who have an interest in deepening their knowledge of the Vatican City State's legal system.
locandinaSUMMER SCHOOLvatican law2017.pdf
brochureSUMMER SCHOOL vatican law2017.pdf
Ofrece también:
https://consociatio2.files.wordpress.com/2019/10/brochure-2019-2020_scuola-alta-formazione-in-diritto-vaticano.pdf
Di seguito il link alla pagina web della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano fondata dal Prof. Giuseppe Dalla Torre e attualmente diretta dal Prof. Paolo Papanti Pelletier: https://www.lumsa.it/didattica_altaform_diritto
Per l’a.a. 2021/2022 sono stati attivati i seguenti corsi:
- Corso intensivo in Diritto vaticano (40 ore; aperto anche ai diplomati ed ai laureandi);
- Corso di perfezionamento in Diritto penale vaticano vaticano (40 ore; è in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma )
- Corso di perfezionamento in Diritto vaticano del lavoro (40 ore; è in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma )
- Corso di perfezionamento in Diritto canonico dei minori (40 ore; è in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma).
Apéndices
A. Discursos del S. P. con motivo de la Apertura de los Años Judiciales del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y Normas que rigen la disciplina de las Basílicas de San Pedro, Santa María la Mayor, a sus Capítulos y a sus Fábricas
Apéndice
1
"Apertura
del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
12.03.2022
Questa mattina, nell’Aula della Benedizione, il Santo Padre Francesco ha
presieduto l’inaugurazione del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano, alla presenza del Presidente del Tribunale, degli
Officiali, degli Avvocati, dei Collaboratori del Tribunale e Rappresentanti
degli Organi giurisdizionali dello Stato Italiano.
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti:
Discorso del Santo Padre:
"Illustri Signore e Signori,
Sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 93º anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
Saluto il Cardinale Mamberti, Presidente della Corte di Cassazione, e i Cardinali giudici della medesima Corte. Saluto Mons. Arellano Cedillo e i giudici della Corte d’Appello. Ringrazio, in particolare, il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano, i magistrati dei rispettivi uffici e i loro collaboratori, per la dedizione con la quale si impegnano nel delicato servizio dell’amministrazione della giustizia. Sono lieto e grato anche della presenza di diversi rappresentanti dei più alti organi giurisdizionali dello Stato italiano. A tutti formulo i migliori auguri per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo.
La vostra presenza qualificata e numerosa sottolinea l’importanza che riconosciamo a questa ricorrenza, occasione di incontro e di dialogo fra persone impegnate nel mondo delle istituzioni e in particolare della giustizia. Infatti, in un momento così critico per l’umanità, in cui l’idea del bene comune – che è molto più della somma dei beni individuali – è messa alla prova, si tratta di un impegno gravoso e carico di responsabilità. Esso infatti riguarda i valori fondamentali per la nostra convivenza e si realizza in un ambito che rappresenta un terreno privilegiato di convergenza e collaborazione fra credenti e non credenti.
La prima riflessione che desidero condividere nasce dal percorso sinodale che stiamo vivendo. Questo percorso, infatti, come ho ricordato in una recente occasione (cfr Discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana), interpella anche l’ambito giudiziario.
La sinodalità implica anzitutto il camminare insieme. Nelle vicende giudiziarie ciò significa che tutti i partecipanti al processo, pur nella necessaria diversità dei ruoli e degli interessi, sono chiamati a concorrere all’accertamento della verità tramite il contraddittorio, il confronto degli argomenti e l’accurato esame delle prove.
Questo camminare insieme richiede quindi un esercizio di ascolto, che, come sappiamo, appartiene alla natura stessa di un giusto processo. Nell’attività giudiziale è richiesto ai magistrati un esercizio costante di ascolto onesto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti, senza pregiudizi o precomprensioni nei loro confronti. Con la stessa disponibilità all’ascolto, che richiede tempo e pazienza, ogni membro del collegio giudicante deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri, per arrivare a un giudizio ponderato e condiviso. Ascoltare tutti.
Un serio e paziente lavoro di discernimento rimane pertanto imprescindibile per arrivare all’esito di una sentenza giusta e realizzare così la natura e la finalità proprie del processo, che dev’essere attuazione di giustizia rispetto alle persone coinvolte e, insieme, riparazione dell’armonia sociale che guarda al futuro e aiuta a ricominciare.
A tal fine, le esigenze di giustizia implicano una valutazione comparata di posizioni e interessi contrapposti ed esigono una riparazione. Inoltre, nei processi penali, la giustizia va sempre coniugata con le istanze di misericordia, che in ultima analisi invitano alla conversione e al perdono. Fra questi due poli sussiste una complementarità e si deve cercare un bilanciamento, nella consapevolezza che, se è vero che una misericordia senza giustizia porta alla dissoluzione dell’ordine sociale, è pur vero che «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311).
In questa prospettiva, è prezioso il ricorso all’equità, sapientemente definita come la giustizia del caso singolo. Essa, pur restando fermo il precetto legislativo, nel momento di applicazione della legge generale induce a tener conto delle esigenze del caso concreto, di particolari situazioni di fatto meritevoli di specifica considerazione. Il ricorso all’equità non costituisce una prerogativa esclusiva del diritto canonico, ma indubbiamente trova in esso particolare riconoscimento e valorizzazione, ponendosi in stretta relazione con il precetto della carità evangelica, vero principio ispiratore di tutto l’agire della Chiesa.
Il diritto canonico, come è noto, in considerazione della particolare natura dello Stato della Città del Vaticano, viene riconosciuto nell’ordinamento vaticano come «la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo» (art. 1 Legge sulle fonti N. LXXI del 1º ottobre 2008).
Occorre peraltro ricordare che nelle materie alle quali non provvedono il diritto della Chiesa e le altre “fonti principali” del diritto (indicate nell’articolo 1 della Legge sulle fonti) si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano, purché non risultino contrari ai precetti di diritto proprio, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi (cfr. art. 3 Legge sulle fonti cit.).
Rispetto a un quadro normativo così articolato, risulta evidente la ratio della disciplina circa la nomina dei magistrati, contenuta nella legge sull’ordinamento giudiziario di recente novellata (art. 8). Essa stabilisce che i magistrati del Tribunale devono essere – cito – «scelti preferibilmente tra professori universitari […] e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo», e «in ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico» (art. 8). Una tale previsione mira opportunamente a garantire, in seno al Collegio giudicante e all’Ufficio del Promotore di giustizia, la presenza di competenze che aiutino ad assicurare la migliore conoscenza di un sistema delle fonti peculiare e complesso come quello vaticano e la possibilità di decisioni autorevoli e affidabili.
In tale prospettiva, il lavoro che i magistrati svolgono per garantire l’esercizio della giustizia offre un contributo necessario e pienamente legittimato per la soluzione dei problemi di carattere civile e penale, ulteriori e diversi rispetto a quelli di competenza dei Tribunali Apostolici e canonici. Si tratta di un lavoro destinato ad aumentare in una stagione di riforme come quella da qualche tempo avviata, che è proseguita anche nel corso dell’ultimo anno, con alcune rilevanti novità sia in ambito economico e finanziario, sia nel settore della giustizia. Riforme che intendono corrispondere, da un lato, ai parametri sviluppati dalla comunità internazionale in diversi ambiti, come quello economico, e, dall’altro, all’esigenza propria della Chiesa di adeguare tutte le sue strutture a uno stile sempre più evangelico.
Riguardo al primo versante, sono state introdotte disposizioni per favorire il processo di contenimento della spesa,[1] reso purtroppo ancora più urgente dalle difficoltà causate dalla pandemia, e per rafforzare ulteriormente la trasparenza nella gestione della finanza pubblica,[2] che, in una realtà quale la Chiesa, dev’essere esemplare e irreprensibile, soprattutto da parte dei soggetti che ricoprono importanti ruoli di responsabilità.
Riguardo al settore della giustizia, si è voluto rispondere, mediante mirate modifiche e integrazioni, ad alcune esigenze di aggiornamento del quadro normativo che richiedevano il superamento di assetti ormai inadeguati. La ricerca della giustizia reclama anche riforme strutturali che permettano la sua giusta applicazione. Fra le novità più rilevanti desidero sottolineare, ai fini di una sempre più piena e condivisa attuazione, in particolare quelle che, modificando la legge sull’ordinamento giudiziario, hanno stabilito che l’ufficio del Promotore di giustizia eserciti il proprio ruolo nei tre gradi di giudizio.[3] In tal modo si è inteso rispondere alla prioritaria esigenza che nel sistema processuale vigente emerga l’uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nella aedificatio Ecclesiae.[4]
Ulteriori esigenze di aggiornamento della normativa vaticana, soprattutto nell’ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale, potranno trovare risposta in interventi mirati di riforma che già sono allo studio, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati e di rispondere alla crescente domanda di giustizia che si registra anche nel nostro Stato.
Al riguardo, si può ricordare che nel corso dell’ultimo anno sono giunte a decisione alcune complesse vicende giudiziarie, relative a reati in ambito finanziario ovvero a reati contro i buoni costumi, che hanno fatto emergere sia comportamenti delittuosi puntualmente sanzionati, sia condotte inappropriate che hanno sollecitato l’intervento dell’autorità ecclesiastica competente.
Lo svolgimento della dinamica processuale deve consentire di ristabilire l’ordine infranto e perseguire la via della giustizia, via che conduce a una fraternità sempre più piena ed effettiva, in cui tutti sono tutelati, specie i più deboli e fragili. La legge e il giudizio devono infatti essere sempre a servizio della verità e della giustizia, oltre che della virtù evangelica della carità. Come affermato da San Giovanni Paolo II nel discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, nel servire la causa della giustizia il diritto dovrà sempre ispirarsi alla legge-comandamento della carità.
In quest’ottica, che esclude ogni visione autoreferenziale della legge, la giustizia proposta da Gesù Cristo non è tanto un insieme di regole da applicare con perizia tecnica, ma piuttosto una disposizione della vita che guida chi ha responsabilità e che esige anzitutto un impegno di conversione personale. Chiede una disposizione del cuore da implorare e alimentare nella preghiera e grazie alla quale possiamo adempiere i nostri doveri coniugando la correttezza delle leggi con la misericordia, che non è la sospensione della giustizia, ma il suo compimento (cfr Rm 13, 8-10).
Carissimi, vi auguro di custodire sempre questa consapevolezza nell’esercizio delle vostre importanti responsabilità a servizio della giustizia. Con viva riconoscenza per il vostro impegno generoso, vi benedico e vi assicuro la mia preghiera. E anche voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!"
[1] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” circa il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati (23 marzo 2021).
[2] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica (26 aprile 2021).
[3] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” Modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano (30 aprile 2021), art. 3.
[4] Cfr Discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale SCV, 27 marzo 2021."
Tomado de: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/12/0169/00361.html
Apéndice
2
Apertura
del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
25.02.2023
"Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha
presieduto l’inaugurazione del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano.
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti:
Discorso
del Santo Padre:
Illustri Signore e Signori!
Sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 94º anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e rivolgo a tutti voi il mio saluto cordiale.
Ringrazio per la loro presenza il Sig. Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Saluto il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, insieme ai Magistrati dei rispettivi uffici. Vi ringrazio per l’impegno generoso e competente posto nell’amministrazione della giustizia, che nel corso dell’ultimo anno è risultato particolarmente gravoso. Ringrazio per questo anche i vostri collaboratori e il personale del Corpo della Gendarmeria, sempre disponibili a fornire il supporto necessario all’esercizio delle vostre delicate responsabilità.
Mi rallegro per la presenza di diversi rappresentanti dei più alti organi giurisdizionali dello Stato italiano, che saluto e ringrazio, auspicando che questa occasione possa aiutare la conoscenza e il dialogo fra persone impegnate nel mondo delle istituzioni e in particolare della giustizia.
Il tempo trascorso dal nostro ultimo incontro è stato purtroppo segnato da eventi gravi e imprevisti, che hanno determinato profonde lacerazioni.
Dopo la terribile prova della pandemia, con il suo seguito pesante di lutti e di crisi, abbiamo sperato in una pronta ripresa, alimentata e sostenuta da un diffuso spirito di solidarietà. Abbiamo auspicato e operato affinché si mettessero da parte gli egoismi e la sete di profitto per cercare di ripartire insieme, a livello nazionale e sovranazionale, dimostrando senso di responsabilità e capacità di collaborazione.
Grazie a Dio, in molte parti del pianeta e in molte iniziative questa speranza e questo auspicio hanno trovato concreta realizzazione, con l’impegno fianco a fianco di credenti e non credenti.
Purtroppo, proprio mentre si cercava di progredire in questo percorso di graduale ripresa, lo scoppio del conflitto in Ucraina e la sua tragica evoluzione hanno fatto ripiombare il mondo intero in una crisi profonda, aggravata dai molteplici focolai di guerra che continuano a divampare anche in altre nazioni. In effetti, ci sono guerre che a volte toccano più da vicino, ma la realtà è che i conflitti nel mondo sono tanti, e sono una sorta di autodistruzione (cfr Conferenza-stampa nel volo di ritorno dal Sud Sudan, 5 febbraio 2023).
Di fronte a questi scenari, cresce in noi l’anelito alla pace e alla giustizia. Si rafforza nella nostra coscienza, fino a diventare imperativo, il bisogno di dare testimonianza per aiutare a costruire la pace e la giustizia.
Come ho ricordato nel recente viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, «in un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: Pace, pace a voi!(cfr Gv20,19.21); e noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio insperato e profetico del Signore, annuncio di pace. […] Sì, i cristiani, mandati da Cristo, sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace del mondo» (Omelia della Messa a Kinshasa, 1° febbraio 2023).
Ogni impegno per la pace implica e richiede l’impegno per la giustizia. La pace senza giustizia non è una vera pace, non ha solide fondamenta né possibilità di futuro. E la giustizia non è un’astrazione o un’utopia. Nella Bibbia, essa è l’adempimento onesto e fedele di ogni dovere verso Dio, è compiere la sua volontà. Non è solo il frutto di un insieme di regole da applicare con perizia tecnica, ma è la virtù per cui diamo a ciascuno ciò che gli spetta, indispensabile per il corretto funzionamento di ogni ambito della vita comune e perché ognuno possa condurre una vita serena. Una virtù da coltivare mediante l’impegno di conversione personale e da esercitare insieme alle altre virtù cardinali della prudenza, della fortezza e della temperanza[1].
Questa virtù è affidata in modo eminente alla responsabilità di quanti sono impegnati nell’ambito giudiziario, per consentire il ristabilimento della pace violata fra i diversi soggetti della comunità in contesa fra loro e in seno alla comunità.
In tale prospettiva operano i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, che svolgono a vantaggio della Santa Sede un ruolo prezioso quando si tratta di dirimere contese di natura civile o penale. Sono controversie che, per loro natura, esulano dall’ambito di competenza dei Tribunali della Santa Sede e dei tribunali canonici e devono essere giudicate in base a un complesso intreccio di fonti canoniche e civili, qual è quello previsto dall’ordinamento vaticano, la cui applicazione richiede specifiche competenze.
Negli ultimi anni queste controversie giuridiche e i relativi processi sono aumentati, come pure è aumentata, in non pochi casi, la gravità delle condotte che vengono in rilievo, soprattutto nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria. Qui bisogna essere chiari ed evitare il rischio di “confondere il dito con la luna”: il problema non sono i processi, ma i fatti e i comportamenti che li determinano e li rendono dolorosamente necessari. Infatti, tali comportamenti, da parte di membri della Chiesa, nuocciono gravemente alla sua efficacia nel riflettere la luce divina. Grazie a Dio, però, «non vengono meno […] né il desiderio profondo di questa luce né la disponibilità della Chiesa ad accoglierla e condividerla»[2], perché i discepoli di Cristo sono «chiamati ad essere “luce del mondo” (Mt 5,14). Questo è il modo con cui la Chiesa riflette l’amore salvifico di Cristo che è la Luce del mondo (cfr Gv 8,12)»[3].
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa «adempie il suo mandato soprattutto quando testimonia, in parole e opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha ricevuto»[4]. «Com’è bella questa realtà della fede per la nostra vita: la misericordiadi Dio! Un amore così grande, così profondo quello di Dio verso di noi, un amore che non viene meno, sempre afferra la nostra mano e ci sorregge, ci rialza, ci guida»[5].Un amore che si fa vicino, misericordioso e tenero.
Con questo atteggiamento di misericordia e di vicinanza siamo chiamati a guardare i fratelli e le sorelle, soprattutto quando sono in difficoltà, quando sbagliano, quando sono sottoposti alla prova del giudizio. Una prova che a volte è necessaria, quando si tratta di accertare condotte che offuscano il volto della Chiesa e destano scandalo nella comunità dei fedeli. È di aiuto a tal fine l’esercizio di un rigoroso discernimento, che «impedisce di sviluppare una morale fredda da scrivania nel trattare i temi più delicati»[6]; come pure il prudente ricorso al canone dell’equità, che può favorire la ricerca del necessario equilibrio fra giustizia e misericordia. Misericordia e giustizia non sono alternative ma camminano insieme, procedono in equilibrio verso lo stesso fine, perché la misericordia non è la sospensione della giustizia, ma il suo compimento (cfr Rm13,8-10).
Cari Magistrati, la via della giustizia rende possibile una fraternità in cui tutti sono tutelati, specialmente i più deboli. Auguro a tutti voi di operare mantenendo sempre viva questa consapevolezza e la tensione verso la verità. Vi benedico e vi assicuro la mia preghiera. Anche voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
[1] Discorso ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, 9
febbraio 2019.
[2] Cost. Ap. In Ecclesiarum communione (6 gennaio 2023), 4.
[3] Cost. Ap. Praedicate Evangelium (19 marzo 2022), 2.
[4] Ibid., 1.
[5] Omelia per l’insediamento sulla “Cathedra romana”, 7 aprile 2013.
[6] Esort. Ap. postsin. Amoris
laetitia, 312.
Apéndice 3A
Nueva normativa relacionada con la Basílica de San Pedro, a su Capítulo y a su Fábrica
- CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO CIRCA LO STATUTO E IL REGOLAMENTO DEL CAPITOLO DELLA BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO (https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2024/documents/20240629-chirografo-capitolo-sanpietro.html)
- RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01119.html)
- Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01125.html)
- Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01126.html)
- Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01127.html)
- Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01128.html)
- Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/06/29/0544/01129.html)
Apéndice 3B
Nueva normativa relacionada con la Basílica de Santa María la Mayor, a su Capítulo y a su Fábrica
- Chirografo di Sua Santità Francesco per l’approvazione dello Statuto e del Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore [B0234]:
- https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00501.html
- RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI [B0234]
- https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/20/0234/00500.html
- Statuto del Capitolo e dei Canonici della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore [B0234]
- Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore [B0234]
B. Otros documentos que actualizan o complementan las normas del Tratado de Letrán
Apéndice 1
I Concordato firmado entre la Santa Sede e Italia (11 de febrero de 1929)CONCORDATO FRA
LA SANTA SEDE E L'ITALIA
__________
IN NOME DELLA
SANTISSIMA TRINITÀ
Premesso:
Che fin
dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la «
questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a
detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un
Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in
Italia;
Che è stato
concluso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione
romana »;
Sua Santità il
Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno
risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi
Plenipotenziarii, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di
Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri,
Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor
Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali,
scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno
convenuto negli Articoli seguenti:
Art. 1
L’Italia, ai
sensi dell’art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero
esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto,
nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle
norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli
atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.
In
considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo
Pontefice, centro del mondo cattolico e méta di pellegrinaggi, il Governo
italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto
col detto carattere.
Art. 2
La Santa Sede
comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il
mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.
Parimenti, per
tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e
corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.
Tanto la Santa
Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere
nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici
del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini
diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che
crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed
affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo
spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.
Le dette
pubblicazioni, per quanto riguarda la Santa Sede, possono essere fatte in
qualunque lingua; quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina;
ma, accanto al testo italiano, l’autorità ecclesiastica può aggiungere la
traduzione in altre lingue.
Le autorità
ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire
collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro
proprietà.
Art. 3
Gli studenti
di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati
al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta,
rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l’adempimento
degli obblighi del servizio militare.
I chierici
ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti,
sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In
tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro
conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro
ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi
dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai
servizi sanitari.
Tuttavia,
anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal
presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali
gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti
stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.
Art. 4
Gli
ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall’ufficio di giurato.
Art. 5
Nessun
ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello
Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta
dell’Ordinario diocesano.
La revoca del
nulla osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare
l’impiego o l’ufficio assunto.
In ogni caso i
sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né
conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano
a contatto immediato col pubblico.
Art. 6
Gli stipendi e
gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio,
sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e
gli assegni degl’impiegati dello Stato.
Art. 7
Gli
ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a
dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per
ragione del sacro ministero.
Art. 8
Nel caso di
deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per
delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l’Ordinario della
diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente
trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo,
la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.
In caso di
arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo
stato ed al suo grado gerarchico.
Nel caso di
condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata
possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che
l’Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
Art. 9
Di regola, gli
edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.
Occorrendo per
gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che
procede all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’Ordinario, a
meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi,
l’autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.
Salvo i casi
di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle
sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso
all’autorità ecclesiastica.
Art. 10
Non si potrà
per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se
non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica.
Art. 11
Lo Stato
riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
Tutte le
domeniche;
Il primo giorno dell’anno;
Il giorno dell’Epifania (6 gennaio);
Il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
Il giorno dell’Ascensione;
Il giorno del Corpus Domini;
Il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
Il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria ( 15 agosto);
Il giorno di Ognissanti (1° novembre);
Il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
Il giorno di Natale (25 dicembre).
Art. 12
Nelle
domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo,
il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra
liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato
italiano.
Art. 13
Il Governo
italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale
ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell’assistenza spirituale presso le
forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.
La
designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l’alta direzione del servizio
di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta
confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo
italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà
comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.
L’Ordinario
militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.
La nomina dei
cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su
designazione dell’Ordinario militare.
Art. 14
Le truppe
italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi,
dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.
I cappellani
militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi
esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell’Ordinario militare,
assistito dalla propria Curia.
L’Ordinario
militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile,
addetto agli ospedali militari.
Art. 15
L’Arcivescovo
ordinario militare è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma,
costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta
Basilica.
Tale clero è
autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma,
che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla
Reale Casa.
La Santa Sede
consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la
dignità di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di
ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione
da parte di Sua Maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione del
presentando.
La S. Sede si
riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.
Art. 16
Le Alte Parti
contraenti procederanno d’accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una
revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla
possibilmente rispondente a quella delle province dello Stato.
Resta inteso
che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio
soggetto alla sovranità del Regno d’Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede
si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna
diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di
altro Stato.
Lo stesso
principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in
territori vicini ai confini dello Stato.
Le
modificazioni che, dopo l’assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire
arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede
previi accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su
espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle
anime.
Art. 17
La riduzione
delle diocesi che risulterà dall’applicazione dell’articolo precedente, sarà
attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.
Resta inteso
che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi né dei
capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i
capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province.
Le riduzioni
suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e
degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni
ora corrisposti dallo Stato italiano.
Art. 18
Dovendosi, per
disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o
definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno
o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato
manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.
Art. 19
La scelta
degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.
Prima di
procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un
coadiutore cum iure successionis, la Santa Sede comunicherà il nome
della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non
abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.
Le pratiche
relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni
riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta,
finché non avvenga la nomina della medesima.
Art. 20
I Vescovi,
prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo
dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:
«Davanti a Dio
e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo,
fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far
rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi
costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad
alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato
italiano ed all’ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili
partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano,
cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».
Art. 21
La provvista
dei benefìci ecclesiastici appartiene all’autorità ecclesiastica.
Le nomine
degl’investiti dei benefìci parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica
competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere
corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.
In questo
termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può
manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il
dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.
Sopraggiungendo
gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un
determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali
ragioni all’Ordinario, che d’accordo col Governo prenderà entro tre mesi le
misure appropriate. In caso di divergenza tra l’Ordinario ed il Governo, la
Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua
scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una
decisione definitiva.
Art. 22
Non possono
essere investiti di benefìci esistenti in Italia ecclesiastici che non siano
cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre
parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati
coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parlino anche la lingua
localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa nella lingua
dei fedeli secondo le regole della Chiesa.
Art. 23
Le
disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le
diocesi suburbicarie.
Resta anche
inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette
diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato
italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.
Art. 24
Sono aboliti
l’exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o
regia in materia di provvista di benefìci od uffici ecclesiastici in tutta
Italia, salve le eccezioni stabilite nell’art. 29 lettera g).
Art. 25
Lo Stato
italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefìci
maggiori e minori.
È abolita la
regalia sui benefìci maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile
nelle province dell’ex-regno delle due Sicilie.
Gli oneri
relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.
Art. 26
La nomina
degl’investiti dei benefìci maggiori e minori e di chi rappresenta
temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della
provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo.
L’amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, è
disciplinata dalle norme del diritto canonico.
In caso di
cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l’autorità
ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio,
devolvendone il reddito netto a favore dell’investito, o, in sua mancanza, a
vantaggio del beneficio.
Art. 27
Le basiliche
della Santa Casa in Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in
Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere
meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione
spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza
dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla
Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni
caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.
Relativamente
ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a
mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle
dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.
Per gli altri
Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera
gestione dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei
beni a norma del precedente capoverso.
Art. 28
Per
tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti
coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio
ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.
A tale scopo
la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni.
Art. 29
Lo Stato
italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia
ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia
colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed
il presente Concordato.
Resta fin da
ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:
a) Ferma
restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie,
ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al
culto, che già non l’abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti
ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della
rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.
Salvo quanto è
disposto nel precedente art. 27, i consigli di amministrazione, dovunque
esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o
in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la
nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’autorità ecclesiastica.
b) Sarà
riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza
voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel
Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che
abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà
riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle province religiose
italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle
associazioni aventi la sede principale all’estero, quando concorrano le stesse
condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case,
quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime
la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità
giuridica alla Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose,
anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la
personalità giuridica, la conserveranno.
Gli atti
relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in
possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da
ogni tributo.
c) Le
confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad
ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall’autorità ecclesiastica, per
quanto riguarda il funzionamento e l’amministrazione.
d) Sono
ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che
rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun
onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle
fondazioni già esistenti di fatto.
e) Nelle
amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi
eversive i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri
designati dall’autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di
religione delle nuove province.
f) Gli atti
compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza delle
leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano,
su domanda dell’Ordinario da presentarsi entro tre anni dall’entrata in vigore
del presente Concordato.
g) Lo Stato
italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del
clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della
Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle
annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando
tutte le nomine e provviste di benefìci ed uffici sotto le norme degli articoli
precedenti. Un’apposita commissione provvederà all’assegnazione ad ogni
basilica o chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per
i beni dei santuari nell’art. 27.
h) Ferme
restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti
ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di
religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e
di istruzione.
È abolita la
tassa straordinaria del trenta per cento imposta con l’articolo 18 della legge
15 agosto 1867 n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della
legge 7 luglio 1866 n. 3036 e 20 della legge 15 agosto 1867 n. 3848; nonché la
tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefìci
ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall’art. 1° del R. D. 30 dicembre 1923
n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi
tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai
ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle
professioni e la tassa di patente, istituite con il R. D. 18 novembre 1923 n.
2538 in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi
altro tributo del genere.
i) L’uso
dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di
ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento
definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine
essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle
stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l’uso abusivo della
divisa militare.
Art. 30
La gestione
ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto
ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il
controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da
parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i
beni immobili.
Lo Stato
italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose
la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili
concernenti gli acquisti dai corpi morali.
Lo Stato
italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà
a supplire alle deficienze dei redditi dei benefìci ecclesiastici con assegni
da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita
dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione
patrimoniale di detti benefìci, per quanto concerne gli atti e contratti
eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello
Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla
presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.
Non sono
soggetti all’intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie
ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi.
Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei redditi, che su dette
mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una
dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo
suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.
Art. 31
L’erezione di
nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall’autorità
ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento
agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.
Art. 32
I
riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente
Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi
civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato
medesimo e del Trattato.
Art. 33
È riservata
alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e
delle altre parti del territorio del Regno con l’onere conseguente della
custodia, della manutenzione e della conservazione.
Essa può
quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali
diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei
corpi santi.
Art. 34
Lo Stato
italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della
famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce
al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti
civili.
Le
pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella
chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la
celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio,
dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i
doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque
giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei
registri dello stato civile.
Le cause
concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non
consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri
ecclesiastici.
I
provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno
portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano
state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del
giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle
parti.
I detti
provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale
della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente
per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li
renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei
registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.
Quanto alle
cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate
dall’autorità giudiziaria civile.
Art. 35
Per le scuole
di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo
l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati
di istituti governativi e candidati di dette scuole.
Art. 36
L’Italia
considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento
della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.
E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole
pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo
programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
Tale
insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi,
approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e
professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità
da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano.
La revoca del
certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della
capacità di insegnare.
Pel detto
insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri
di testo approvati dall’autorità ecclesiastica.
Art. 37
I dirigenti
delle associazioni statali per l’educazione fisica, per l’istruzione
premilitare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile
l’istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno
gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto
l’adempimento dei doveri religiosi.
Altrettanto
disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli
alunni nei detti giorni festivi.
Art. 38
Le nomine dei
Professori dell’Università Cattolica del S. Cuore e del dipendente Istituto di
Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa
Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di
vista morale e religioso.
Art. 39
Le Università,
i Seminari maggiori e minori, sia diocesani sia interdiocesani sia regionali,
le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la
cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa
Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.
Art. 40
Le lauree in
sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno
riconosciute dallo Stato italiano.
Saranno
parimenti riconosciuti i diplomi che si conseguono nelle scuole di paleografia,
archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e
l’archivio nella Città del Vaticano.
Art. 41
L’Italia
autorizza l’uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche
pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su
presentazione del breve stesso e domanda scritta dell’interessato.
Art. 42
L’Italia
ammetterà il riconoscimento, mediante Decreto Reale, dei titoli nobiliari
conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno
conferiti in avvenire.
Saranno
stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al
pagamento di tassa.
Art. 43
Lo Stato
italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana,
in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al
di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della
gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principî cattolici.
La Santa Sede
prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a
tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e
militare in qualsiasi partito politico.
Art. 44
Se in avvenire
sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la
Santa Sede e l’Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole
soluzione.
Art. 45
Il presente
Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente
al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione
romana ».
Con l’entrata
in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le
disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-stati italiani. Le leggi
austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato
italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni
del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del
medesimo.
Per
predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la
firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le
Alte Parti.
Roma, undici
febbraio millenovecentoventinove.
Firmato:
PIETRO Cardinale GASPARRI
BENITO MUSSOLINI
I
sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere allo
scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice e di Sua Maestà il Re
d’Italia relative ai seguenti Atti stipulati fra la Santa Sede e l’Italia l’11
Febbraio 1929:
a) TRATTATO
con quattro allegati : (1. Territorio dello Stato della Città del Vaticano. 2.
Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da
espropriazioni e da tributi. 3. Immobili esenti da espropriazioni e da tributi.
4. Convenzione finanziaria);
b) CONCORDATO.
Gli
istrumenti di queste Ratifiche essendo stati trovati esatti e concordanti, lo
scambio è stato eseguito.
Le
Alte Parti contraenti, nell’atto di procedere allo scambio delle Ratifiche dei
patti lateranensi, hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente,
nella parola e nello spirito, non solo il Trattato, negli irrevocabili
reciproci riconoscimenti di sovranità, e nella definitiva eliminazione della
questione romana, ma anche il Concordato, nelle sue alte finalità tendenti a
regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia.
In
fede di che, i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e vi
hanno apposto il loro sigillo.
Fatto
in doppio originale, nel Palazzo Apostolico Vaticano il sette Giugno
millenovecentoventinove.
PIETRO Cardinale GASPARRI
BENITO MUSSOLINI
*A.A.S.,
vol. XXI (1929), n. 6, pp. 209-295
Apéndice 2
II Concordato ("Acuerdo" revisado) entre la Santa Sede y la República Italiana (18 de febrero de 1984 con Protocolo)
ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO
LATERANENSE
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
ART. 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
ART. 2
1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
ART. 3
1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
ART. 4
1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
ART. 5
1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
ART. 6
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti.
ART. 7
1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
4. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
5. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
6. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
7. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
ART. 8
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.
ART. 9
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della, scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
ART. 10
1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
ART. 11
1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
ART. 12
1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
ART. 13
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
ART. 14
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI | B. CRAXI |
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'Art. 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'Art. 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'Art. 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'Art. 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'Art . 9
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'Art. 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'Art. 13 n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI | B. CRAXI | |
| L. S. | L. S. |
PROTOCOLLO
DI APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 7 N. 6 DELL'ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE
Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e
il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,
esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,
preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,
considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,
tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli arti-coli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,
convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue :
ART. 1
Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato 1.
ART. 2
Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
ART. 3
Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984.
ART. 4
Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.
ART. 5
Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.
Roma, 15 novembre 1984.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI | B. CRAXI | |
| L. S. | L. S. |
ALLEGATO
SCAMBIO DI LETTERE TRA SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL SIGNOR CARDINALE AGOSTINO CASAROLI, SEGRETARIO DI STATO, PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, E SUA ECCELLENZA L'ONOREVOLE SIGNORE BΕΤΤIΝΟ CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
| CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA |
| IL PREFETTO |
N. 7126/84 Dal Vaticano, 15 novembre 1984
Signor Presidente del Consiglio,
La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto st. a., a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede – attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana – ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volontà delle Alte Parti.
I. Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:
1) Art. 46, comma 1:
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana».
2) Art. 47, comma 1:
«Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».
3) Art. 50.
«I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lο stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5% rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di L. 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'art. 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività dell'Istituto di cui all'art. 21, comma terzo.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».
4) Art. 51, commi 1 e 2:
«Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre» .
II. Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
III. Data la natura del tutto «sui generis» della personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione.
Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo Italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
AGOSTINO CARD. CASAROLI
ALLEGATO
«La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.
La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.
Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile».
____________________
A Sua Eccellenza
l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana
ROMA
(con allegato)
IL PRESIDENTE |
Roma, 15 novembre 1984
Eminenza Reverendissima,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell' E . V . in data odierna n. 7126/84.
Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.
Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17 comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.
In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.
Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia più alta considerazione.
B. CRAXI
____________________
Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTÀ DEL VATICAΝΟ
ROMA
PROCESSO-VERBALE
I sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II e del Signor Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini relative ai seguenti Atti stipulati tra la Santa Sede e l'Italia:
a) ACCORDO che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b) PROTOCOLLO di approvazione delle norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, firmato a Roma il 15 novembre 1984.
Gli strumenti di queste Ratifiche essendo stati trovati esatti e concordanti, lo scambio è stato eseguito.
Le Alte Parti contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle Ratifiche, dei predetti Atti, hanno riaffermato la loro volontà, di osservare lealmente oltre al Trattato lateranense che, ha posto fine alla Questione Romana – le nuove disposizioni che apportano modificazioni al Concordato lateranense, impegnandosi a procedere sempre, nell'interpretazione ed applicazione nei rispettivi ordinamenti di tutte le norme concordate, non solo nel doveroso rispetto della lettera e dello spirito degli accordi, ma anche secondo quella volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i loro reciproci rapporti.
In fede di che, i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto in doppio originale, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il tre giugno millenovecentottantacinque.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI | B. CRAXI | |
| L. S. | L. S. |
NORME CIRCA GLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E CIRCA LA REVISIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DELLO STATO ITALIANO E DEGLI INTERVENTI DEL MEDESIMO NELLA GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
DECRETO
IL CARDINALE AGOSTINO CASAROLI
SEGRETARIO DI STATO
PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA
Premesso che con lo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto in data odierna in Vaticano, sono entrati in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ed il Protocollo del 18 novembre 1984, relativo alla materia di cui all'art. 7 n. 6 di detto Accordo;
Atteso quanto stabilito nel citato Protocollo, art. 5;
Allo scopo di dare ad esso piena ed intera esecuzione in conformità a quanto convenuto nell'art. 4 del medesimo Protocollo;
In virtù degli speciali poteri conferitigli a tal fine da Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, emana, per quanto attiene all'ordinamento canonico, le seguenti Norme:
TITOLO I
ENTI ECCLESIASTICI
CIVILMENTE RICONOSCIUTI
ART. 1
Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
ART. 2
Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.
ART. 3
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
ART. 4
Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
ART. 5
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
ART. 6
Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
ART. 7
Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.
Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.
ART. 8
Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.
ART. 9
Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
ART. 10
Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la lοrο attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.
ART. 11
Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la ufficiatura.
ART. 12
Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
ART. 13
La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.
ART. 14
Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
ART. 15
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.
ART. 16
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
ART. 17
Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
ART. 18
Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.
ART. 19
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
ART. 20
La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
TITOLO II
BENI ECCLESIASTICI
E SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ART. 21
In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.
ART. 22
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
ART. 23
Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.
ART. 24
Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.
ART. 25
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 26
Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.
ART. 27
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
ART. 28
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.
ART. 29
Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
ART. 30
Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l'autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
ART. 31
Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.
ART. 32
Le liberalità disposte con atto anteriore al luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima della estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.
ART. 33
I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.
ART . 34
L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dęll'Istituto. Tali procedure devono assicurare una adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
ART. 35
Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.
ART. 36
Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.
ART. 37
L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, Comune, Università degli Studi, Regione, Provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.
Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
ART. 38
Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.
ART. 39
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.
ART. 40
Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.
ART. 41
La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.
ART. 42
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
ART. 43
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
ART. 44
Ira Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.
ART. 45
Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.
ART. 46
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
ART. 47
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031. e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991, e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.
ART. 48
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
ART. 49
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
ART. 50
I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventarlo degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di. cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riunite ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
ART. 51
Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.
L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell' articolo 24.
Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.
ART. 52
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.
ART. 53
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
TITOLO III
FONDO EDIFICI DI CULTO
ART. 54
Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
ART. 55
Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
ART. 56
Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
ART. 57
L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.
ART. 58
I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.
ART. 59
Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.
ART. 60
Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
ART. 61
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
ART. 62
I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e del Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.
ART. 63
L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.
ART. 64
I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.
ART. 65
Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 66
Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di S. Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.
ART. 67
Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.
ART. 68
Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.
ART. 69
I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.
ART. 70
Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.
ART. 71
Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.
ART. 72
Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929 n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
ART. 73
Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.
ART. 74
Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
ART. 75
Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apοstolicae Sedis.
L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.
Dal Vaticano, 3 giugno 1985.
AGOSTINO CARD. CASAROLI
L. S.
| ACHILLE SILVESTRINI |
| Arcivescovo tit. di Novaliciana |
| Segretario del Consiglio |
| per gli Affari Pubblici della Chiesa" |
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Notas de pie de página
·
Libro V sobre los
bienes temporales de la Iglesia: Capítulo I Advertencias previas: nf i:
"3. Los bienes eclesiásticos y su legislación durante el período de los
Reinos Germánicos (siglos VII a XII): a) Los comienzos de los Estados
Pontificios"; y "4. Los bienes eclesiásticos y su legislación a
partir de la baja Edad Media, durante la Edad Moderna y hasta el Concilio de
Trento (siglos XII a XVI). Los beneficios eclesiásticos". En: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/libro-v-de-los-bienes-temporales-de-la.html
·
Libro VI sobre las
sanciones en la Iglesia: Apéndice 1 Evolución histórica del ejercicio de la
potestad coactiva en la Iglesia en sus elementos más fundamentales: el delito y
la pena: "IV. Del siglo XIV al Concilio Vaticano II: 2. Anotación sobre el
derecho penal canónico y sobre los delitos y penas, en particular sobre la pena
de muerte, durante este período". En: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/08/l_93.html
·
Libro VII sobre
los procesos:
o
Cuestiones
preliminares: I. Sobre el derecho procesal en general: 3. Evolución en seis
períodos: "d. Cuarto período: siglos XVI a XX: algunas innovaciones":
en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2021/01/l-vii-de-los-procesos-preambulo.html;
o
Título II. De los distintos
grados y clases de tribunales: "III. Características del tribunal: 2)
Grados" con nf iv: en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2021/01/l-vii-p-i-s-ii-grados-y-clases-de.html;
o
Capítulo III. De
los tribunales de la Sede Apostólica: I. La (Sagrada) Rota Romana: "b.
Nota histórica"; II. El Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica:
"A. Origen y evolución histórica": en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2021/01/l-vii-p-i-s-ii-t-ii-cont-tribunales-de.html;
o
Parte V.
Procedimiento en los recursos administrativos: Sección I. El recurso contra los
decretos administrativos: Capítulo I Del acto administrativo: "1. La
potestad administrativa: a. Noción": nt 3: en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2021/02/l_8.html.
[2] Emplearemos materiales
de diversas procedencias, que indicaremos oportunamente, y, en especial del
texto elaborado por
[3] Los textos
siguientes están tomados de la traducción al español de la recolección de
artículos elaborados por Edmond Dublanchy SJ y publicados en la revista Revue
Thomiste entre los años 1918 y 1919 bajo el título “La voix de Pierre pour l’indépendance du Pape” recogidos en un solo volumen en 1929. El texto castellano se encuentra en
“En el curso de nuestro
pontificado", escribía León XIII, "siempre hemos reclamado, para el
pontífice romano, una soberanía efectiva, no por ambición ni con el
propósito de la grandeza terrena, sino como una verdadera y efectiva protección
de su independencia y de su libertad" (Carta al Cardenal Rampolla
del 15 de junio de 1887).
"Para ser verdaderamente libre
e independiente, al menos en el orden actual de la Providencia, el Papa debe
tener una soberanía real", decía a unos clérigos italianos en su
peregrinación ad limina, el 27 de septiembre de 1888.
"La plena libertad necesaria para la sublime función de cabeza visible de la Iglesia católica, exige que el Vicario de Jesucristo sea, en su casa, verdadero soberano, independiente de toda soberanía humana", escribió a los Cardenales franceses el 3 de mayo de 1892.
“No puede haber una verdadera independencia para el Papa sin jurisdicción territorial", reiteró el 8 de octubre de 1895 a su Secretario de Estado.
[4] “Ed ora, Venerabili Fratelli, al termine di questa lettera, il Nostro cuore torna spontaneo colà, donde volemmo prendere le mosse. È la parola di pace che Ci ritorna sul labbro; per questo con voti fervidi ed insistenti invochiamo di nuovo, per il bene tanto della società che della Chiesa, la fine dell’attuale disastrosissima guerra. Per il bene della società, affinché, ottenuta che sia la pace, progredisca veramente in ogni ramo del progresso; per il bene della Chiesa di Gesù Cristo, affinché, non trattenuta da ulteriori impedimenti, continui fin nelle più remote contrade della terra ad apportare agli uomini conforto e salute. Purtroppo da lungo tempo la Chiesa non gode di quella libertà di cui avrebbe bisogno; e cioè da quando il suo capo, il Sommo Pontefice, incominciò a mancare di quel presidio che, per disposizione della divina Provvidenza, aveva ottenuto nel volgere dei secoli a tutela della sua libertà. La mancanza di tale presidio è venuta a cagionare, cosa d’altronde inevitabile, un non lieve turbamento in mezzo ai cattolici: coloro difatti che si professano figli del Romano Pontefice, tutti, così i vicini come i lontani, hanno diritto d’essere assicurati che il loro Padre comune nell’esercizio dell’apostolico ministero sia veramente libero da ogni umano potere, e libero assolutamente risulti”.
[5] “Facciamo dunque Nostre, Venerabili Fratelli, le parole che Benedetto XV, di f. m., pronunciava nell’ultima sua allocuzione tenuta nel Concistoro del 21 novembre dell’anno andato, a proposito dei patti chiesti ed offerti dai diversi Stati: «Non consentiremo mai che in questi Concordati si insinui alcunché di contrario alla dignità e alla libertà della Chiesa, poiché importa altamente alla stessa prosperità del civile consorzio, specialmente ai giorni nostri, che tali libertà e dignità rimangano salve e intatte ».
Appena occorre dire a questo proposito, con quanta pena all’amichevole convegno di tanti Stati vediamo mancare l’Italia, la carissima patria Nostra, il paese nel quale la mano di Dio, che regge il corso della storia, poneva e fissava la sede del suo Vicario in terra, in questa Roma, che da capitale del meraviglioso ma pur ristretto romano impero, veniva fatta da Lui la capitale del mondo intero, perché sede di una sovranità divina che, sorpassando ogni confine di Nazioni e di Stati, tutti gli uomini e tutti i popoli abbraccia. Richiedono però l’origine e la natura divina di tale sovranità, richiede l’inviolabile diritto delle coscienze di milioni di fedeli di tutto il mondo, che questa stessa sovranità sacra sia ed appaia manifestamente indipendente e libera da ogni umana autorità o legge, sia pure una legge che annunci guarentigie.
La guarentigia di libertà onde la Provvidenza divina, governatrice e arbitra delle umane vicende, senza danno, anzi con inestimabili benefìci per l’Italia stessa, aveva presidiato la sovranità del Vicario di Cristo in terra; quella guarentigia che per tanti secoli aveva opportunamente corrisposto al disegno divino di tutelare la libertà del Pontefice stesso, e al cui posto né la Provvidenza divina ha finora indicato, né i consigli degli uomini hanno finora trovato altro mezzo consimile, che convenientemente la compensi, quella guarentigia venne e rimane tuttora violata; onde si è creata una condizione di cose anormale, con grave e permanente turbamento della coscienza dei cattolici in Italia e nel mondo intero.
Noi dunque, eredi e depositari del pensiero e dei doveri dei Nostri venerati Antecessori, com’essi investiti dell’unica autorità competente nella gravissima materia e responsabili davanti a Dio, Noi protestiamo, com’essi hanno protestato, contro una tale condizione di cose, a difesa dei diritti e della dignità dell’Apostolica Sede, non già per vana e terrena ambizione, della quale arrossiremmo, ma per puro debito di coscienza, memori di dover morire e del severissimo conto che dovremo rendere al divino Giudice.
Del resto l’Italia nulla ha o avrà da temere dalla Santa Sede: il Papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: «Ho pensieri di pace, non di afflizione [58]: pensieri di pace vera, e perciò stesso non disgiunta da giustizia, sicché possa dirsi: la giustizia e la pace si sono baciate » [59]. A Dio spetta addurre quest’ora e farla suonare; agli uomini savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano: essa sarà tra le ore più solenni e feconde per la restaurazione del Regno di Cristo e per la pacificazione d’Italia e del mondo.”
[7] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20001126_legge-fondamentale-scv.html
[8] Traduzco
“Governatorato” por “Gobernatorado”, siguiendo la ortografía castellana de “gobernar”
y de “gobierno” (cf. https://dle.rae.es/gobernar#JHSRe0Y) y su
significado en las acepciones segunda y quinta, a sabiendas de que el término
(neologismo) no existe en el DLE (https://dle.rae.es/Gobernatorado). Otros
autores emplean a la italiana “Governatorado” o aún “Governatorato”, que
tampoco se encuentran en el DLE.
[9] (Benedicto XVI, 2016)
[10]
(Landete, 2016)
[11]
(Francisco, 2018)
[12] (Francisco, 2016)
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