L. V
C. III
T. III y IV
Continuación 4ª y última
Tabla de contenido
Título III. De los contratos y principalmente de la enajenación
Introducción
Título IV. De las pías voluntades en general y de las pías fundaciones
Apéndice 1.
B. Protección jurisdiccional en materia de transparencia, control y competencia de contratos públicos para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano fechado el 27 de noviembre de 2023 y publicado el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html).
Título III. De los contratos y principalmente de la enajenación
Introducción
Como resultado de este trabajo el número de cc. sobre la materia se redujo notablemente. Desaparecieron cc. tales como el 1538*, 1541*, 1542*, 1543*, por cuanto sus cuestiones fueron asumidas en el principio general del c. 1295, o bien, porque algunas fueron trasladadas a otros lugares del CIC, como en el caso de los cc. 1535*, 1536* y 1537*.
1.
Canonización de la ley
civil en relación con los contratos
a.
Noción de contrato
b.
División de los contratos
c.
Elementos esenciales de un
contrato
d.
Observaciones al c.
1) La importancia del c.
2) Dos excepciones a la regla general
3) Disposiciones canónicas
2.
Enajenación de los bienes
eclesiásticos
a.
Anotaciones previas
1) Índole propia de la enajenación
2) La enajenación en la historia de la Iglesia.
3) Importancia del asunto
b.
Sobre la noción de
enajenación
c.
Objeto de la enajenación
1) Legislación anterior
2) El concepto de “patrimonio estable” de la nueva legislación
3) Bienes que pertenecen al patrimonio estable
4) Asignación legítima
5) Determinación del valor
d.
La solemnidad particular
que requiere la enajenación de bienes
3.
Autoridad competente para
otorgar la licencia para enajenación
a.
El proceso de redacción del
c.
b.
Comentario del c.
1) Principio fundamental
2) La suma intermedia
3) Suma que excede la máxima
4) El caso de los exvotos y de las cosas preciosas
La Santa Sede, y, en particular, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, juntamente con el Pontificio Consejo de la Cultura, ha considerado necesaria la realización de una Conferencia Internacional bajo el título de "Carisma e creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata”, a celebrarse en Roma entre los días 4 y 5 de mayo de 2022.
5) La suma mínima
6) Los Institutos religiosos
7) Las personas jurídicas privadas
8) La prescripción sobre los bienes divisibles
9) Responsabilidad de quienes deben dar su consentimiento
c.
Notas complementarias
4.
Otras cautelas o reservas
en relación con la enajenación
5.
Sobre los negocios
jurídicos que se equiparan a la alienación
6.
La alienación canónicamente
inválida, pero civilmente válida
7.
Normas sobre el contrato de
arrendamiento de bienes eclesiásticos
Título IV. De las pías voluntades en general y de las pías fundaciones
1.
Las pías voluntades en
general
a.
Nociones
1) Pía voluntad
2) Causa pía
3) Formas de causas pías
4) Elementos de las pías voluntades
5) Formas de las pías voluntades
6) La competencia de la Iglesia en esta materia
b.
Capacidad de disponer en
las causas pías
1) Por derecho natural
2) Por derecho canónico
3) Cuestiones
c.
Forma de las últimas
voluntades
1) Origen de la doctrina
2) Razón de la norma
3) En beneficio de la Iglesia
4) Forma de las donaciones entre vivos y las solemnidades civiles
1) Obligación de cumplir las pías voluntades
2) El “ejecutor nato”
3) Ejecución de una fiducia
2.
Las pías fundaciones
a.
Especies de pías
fundaciones
1) Autónomas
2) No autónomas
b.
Licencia del Ordinario
c.
Otras normas
d.
Reducción de cargas de
misas
Se exige también que la reducción se haga teniendo en cuenta el estipendio vigente en la diócesis. Y, finalmente, que no haya nadie que esté obligado, y a quien se le pueda exigir con eficacia, a que aumente la limosna.
e.
Traslado en cosas
accesorias
f.
Otras pías fundaciones
NdE
La diligencia del buen padre de familia es un principio general y de máximo respeto, en base al cual todos los administradores están obligados a cumplir con sus funciones. El derecho canónico lo exige explícitamente en relación con los bienes eclesiásticos (c. 1284 § 1 CIC), pero en general es aplicable a cualquier otro administrador.
La economía mundial y una creciente interdependencia han dado lugar a la posibilidad de obtener considerables ahorros como resultado de la operatividad de múltiples oferentes de bienes y servicios. Estas posibilidades deben utilizarse sobre todo en la gestión de los bienes públicos, donde es aún más sentida y urgente la necesidad de una administración fiel y honesta, dado que en este ámbito el administrador está llamado a asumir la responsabilidad de los intereses de una comunidad, que van mucho más allá de los individuales o de los que se derivan de intereses particulares.
Esta necesidad también ha fomentado una reglamentación específica y coherente en el seno de la comunidad internacional, que ya cuenta con principios y normas que inspiran la conducta y muestran la experiencia de los distintos Estados. Es útil referirse a este patrimonio normativo, con sus "buenas prácticas" asociadas, si bien teniendo en cuenta los principios fundamentales y las finalidades propias del orden canónico y la peculiaridad del que atañe al Estado de la Ciudad del Vaticano.
Para permitir una gestión más eficaz de los recursos, he decidido, por tanto, aprobar un conjunto de normas destinadas a favorecer la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con ellas quiero fijar los principios generales y delinear un procedimiento único en la materia, mediante un corpus normativo válido para los diversos entes de la Curia Romana, para las instituciones vinculadas administrativamente a la Santa Sede, para la Gobernación del Estado, así como para las demás personas jurídicas públicas canónicas específicamente individuadas.
Al mismo tiempo, a pesar de su unidad y homogeneidad, esta disciplina contempla aquellas diferencias necesarias entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano que son bien conocidas por el derecho y consideradas universalmente por la praxis jurídica, incluida la internacional, así como las finalidades propias de cada Entidad que, por razón de su único servicio eclesial, está llamada a aplicarlas.
La promoción de una aportación concurrente y leal de los operadores económicos, junto con la transparencia y el control de los procedimientos de adjudicación de contratos, permitirá una mejor gestión de los recursos que la Santa Sede administra para alcanzar los fines propios de la Iglesia (cf. c. 1254 CIC), garantizando a los mismos operadores la paridad de tratamiento y la posibilidad de participar a través de un Registro especial de los operadores económicos y de los procedimientos específicos.
La operatividad de todo el sistema constituirá, además, un obstáculo para los acuerdos restrictivos y permitirá reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta normativa, de carácter sustancial, va acompañada de una normativa procesal destinada a garantizar el recurso a la tutela jurisdiccional en caso de controversias sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, o relacionadas con los procesos de inscripción o de cancelación del Registro de los operadores económicos.
La especificidad de la materia y el tecnicismo de la normativa sustancial justifican la ampliación de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, a los que se atribuye la competencia para conocer las eventuales controversias, aunque se refieran a los entes de la Curia Romana, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica en caso de conflicto de atribución.
Ahora, pues, habiendo puesto a punto la redacción final de las normas mencionadas, después de haberme consultado y considerado debidamente el conjunto, delibero Motu proprio, cierta ciencia y autoridad soberana, aprobar las normativas contenidas en los textos adjuntos a la presente acta, que se consideran partes integrantes de la misma, que deben observarse en todas sus partes, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de mención particular.
Dispongo que el original de este Motu proprio sea promulgado mediante su publicación en el sitio Internet de L'Osservatore Romano, entrando en vigor treinta días después, y luego publicado en los Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 19 de mayo de 2020, el octavo del Pontificado.
FRANCISCO
***********
El siguiente es el texto de las Normas en italiano:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e finalità
§1. La presente normativa disciplina le procedure relative ai contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del successivo art. 2.
§2. La presente normativa, conformemente alla Dottrina Sociale della Chiesa e ai principi fondamentali del sistema giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, persegue i seguenti fini:
a) l’impiego sostenibile dei fondi interni;
b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente normativa si intende per:
a) «Enti pubblici» o «Enti», i Dicasteri e gli altri organismi o uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l’Economia;
b) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
c) «beni e servizi singolari», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da un solo Ente;
d) «beni e servizi comuni», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti in maniera ricorrente da almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;
e) «contratto quadro», contratti che l’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) o il Governatorato intendono concludere con uno o più operatori economici, da identificare con procedure selettive, allo scopo di individuare le categorie di beni e servizi, le condizioni e i corrispettivi prestabiliti e la quantità degli ordinativi. Sulla base del contratto quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti definendo le clausole non previste dal contratto quadro, come per esempio la durata del rapporto negoziale;
f) «Committente» o «acquirente», APSA ed Enti, da una parte, e Governatorato e sue articolazioni amministrative, dall’altro, che, per quanto di competenza, si occupano della organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento.
g) «beneficiario», l’Ente che ha chiesto e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dall’APSA o dal Governatorato;
h) «Organismi di vigilanza e di controllo», così come individuati dai rispettivi statuti e regolamentazioni, tra i quali: il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato e la Revisione Interna presso la Direzione dell’Economia, nonché l’Ufficio del Revisore Generale e l’Autorità di informazione finanziaria secondo le proprie competenze;
i) «fornitore» o «offerente», l’operatore economico che abbia ottenuto, in base alla presente normativa, l’iscrizione all’Albo unico degli operatori economici della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con l’APSA o con il Governatorato.
j) «incaricati professionali temporanei», di cui agli artt. 11 del Regolamento generale della Curia Romana, 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
k) «Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano» o «Albo», il luogo informatico dove sono pubblicati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici;
l) «catalogo informatico», una lista di beni, di servizi, opere e lavori, appartenenti a una o più categorie merceologiche offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria di specializzazione mediante pubblicazione nell’Albo informatico ad un prezzo determinato.
m) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
n) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
o) contratto pubblico, contratti stipulati dagli Enti agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a).
Articolo 3
Ambito di applicazione soggettivo
La presente normativa si applica:
a) agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a);
b) agli operatori economici che partecipano alle procedure di cui alla presente normativa;
c) ad altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, nelle procedure della presente normativa.
Articolo 4
Ambito di applicazione oggettivo
§1. La presente normativa si applica a tutti i contratti pubblici ad esclusione:
a) dei contratti di lavoro subordinato, anche a termine, che continuano ad essere regolati dalle rilevanti disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre norme di settore tempo per tempo vigenti;
b) del rapporto con i Consultori di cui all’art. 8 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” e successive modifiche ed integrazioni che resta regolato dall’atto di nomina e dal Regolamento interno di ciascun Ente;
c) delle convenzioni e degli atti con i quali un Ente acquisisce un bene o un servizio da un altro Ente, purché l’Ente cedente abbia acquistato il bene o il servizio mediante una delle procedure stabilite dalla presente normativa. Restano fermi i casi in cui l’Ente cedente è obbligato dalla legge vigente ad offrire il servizio gratuitamente;
d) dei contratti stipulati direttamente dalla Segreteria di Stato e dal Governatorato, per quanto di competenza, e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
i. siano necessari per adempiere gli obblighi internazionali, qualora lo stesso strumento detti direttamente le regole per aggiudicare gli appalti;
ii. siano in tutto o in parte finanziati da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale e le Parti contraenti si siano accordate sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
iii. attengano a materie coperte dal vincolo di segretezza di cui all’art. 39 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”;
iv. attengano all’Ufficio e alla sicurezza del Romano Pontefice, della Santa Sede e della Chiesa Universale ovvero siano necessari o funzionali ad assicurare la missione della Chiesa nel mondo e garantire la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.
e) delle operazioni relative alle attività di impresa in concorrenza sul mercato svolte direttamente dal Governatorato o dagli Enti, ivi incluse le attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, se svolta come attività di impresa, salvo il caso siano oggetto di concessione ai sensi dell’art. 59.
§2. Un Comitato di controllo nominato dalla Superiore Autorità vigila sui Contratti di cui al precedente paragrafo 1 lettera d).
Articolo 5
Principi fondamentali
§1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 §3 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, la presente normativa si informa ai seguenti principi fondamentali:
a) eticità nell’orientamento delle scelte economiche e degli interlocutori su parametri di rispetto della Dottrina sociale della Chiesa;
b) autonomia amministrativa e sussidiarietà nelle scelte gestionali dell’Ente;
c) leale collaborazione tra gli Enti e le diverse Direzioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
d) segregazione delle funzioni interne all’Ente, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello cui compete l’adozione del provvedimento finale;
e) economicità, efficacia ed efficienza;
f) programmazione e razionalizzazione della spesa che deve essere adeguatamente pianificata sulla base di atti di indirizzo generale di medio e lungo periodo;
g) evitare operazioni non necessarie.
§2. Nell’aggiudicazione dei contratti pubblici si osservano i seguenti principi procedurali e in particolare:
a) la procedura di aggiudicazione deve essere trasparente, oggettiva e imparziale;
b) sono adottate misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
c) sono assicurate la parità di trattamento degli operatori economici in tutte le fasi della procedura;
d) è tutelato il carattere confidenziale dei dati degli offerenti;
e) è garantita l’integrità della documentazione e, pertanto, gli atti amministrativi e giuridici costituenti la procedura di acquisto, una volta adottati, devono essere protetti dalla modificazione, alterazione, distruzione, sottrazione o sostituzione.
Articolo 6
Computo dei termini
§1. Nel calcolo dei termini, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e il termine spira nell’ultimo istante del giorno finale.
§2. Se il termine scade in giorno festivo nello Stato della Città del Vaticano, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
CAPO II
Conflitto d’interesse, diritto d’accesso, riservatezza e segretezza ed obbligo di motivazione
Articolo 7
Conflitto di interesse
§1. Gli Enti prevedono, per quanto di loro competenza, misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
§2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un Ente o un prestatore di servizi che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere identificato come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
§3. Non possono partecipare alle procedure i dipendenti di ruolo degli Enti o soggetti giuridici ad essi riferibili.
§4. Il personale che versa nelle ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione all’Ente e dall’astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
§5. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Articolo 8
Accesso agli atti
§1. È concesso ai soggetti che abbiano un interesse attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.
§2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.
§3. Nell’ambito delle procedure di gara e selettive e in qualunque altro caso in cui l’accesso possa alterare gli esiti della procedura, l’accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa.
Articolo 9
Segretezza
§1. Qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Segreteria di Stato un’istanza per l’apposizione di un vincolo di riservatezza sulla medesima procedura, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
§2. La Segreteria di Stato provvede al riguardo avendo cura di contemperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa.
Articolo 10
Obbligo di emanare atti e obbligo di motivazione
§1. Ove l’operatore economico presenti un’istanza, ovvero una determinata procedura debba iniziare d’ufficio, gli Enti devono concluderla mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
§2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
§3. Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’Ente, se protratto per un periodo superiore a trenta giorni, equivale a provvedimento di rigetto dell’istanza, fatto salvo quanto diversamente disposto nella presente normativa.
§4. In ogni caso, tutti i procedimenti contenuti nella presente normativa devono concludersi nel termine di 90 giorni, salvo la previsione di termini inferiori stabiliti nei regolamenti attuativi o nei bandi di gara.
§5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza se il procedimento è a iniziativa di parte.
§6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO III
Regole generali applicabili agli operatori economici
Articolo 11
Operatore economico
§1. È ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’operatore economico, se:
a) le autorità pubbliche dello Stato in cui è stabilito hanno rilasciato all’operatore economico tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta dalla procedura indetta dall’Ente;
b) lo Stato in cui è stabilito aderisce alle convenzioni internazionali contro la corruzione.
§2. Qualora l’operatore economico sia una persona giuridica si deve indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
§3. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara o di iscriversi all’Albo in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario unitamente ad altri operatori economici.
Articolo 12
Motivi di esclusione
§1. Gli Enti devono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura o dall’iscrizione all’Albo qualora abbiano accertato che l’operatore economico, nel caso di persona fisica, o un soggetto con poteri di rappresentanza o un membro del consiglio di amministrazione o soci di maggioranza dell’operatore economico, nel caso di persona giuridica, sia sottoposto ad indagini, a misura di prevenzione o sia stato condannato con sentenza di primo grado per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale;
b) corruzione;
c) frode;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
f) sfruttamento del lavoro minorile, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani;
g) reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
§2. Per la definizione dei reati di cui al paragrafo precedente si fa riferimento alla normativa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e alle Convenzioni internazionali di cui la Santa Sede è parte.
Articolo 13
Ulteriori cause di esclusione
§1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d’appalto:
a) se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo la normativa del Paese in cui è stabilito;
b) se è costituito in forma di società fiduciaria, oppure sia partecipato o rappresentato, direttamente o indirettamente, da enti o soggetti fiduciari;
c) se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati secondo quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della Segreteria per l’Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente da soggetti residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori;
d) se, nell’ipotesi di enti quotati, non è soggetto a forme di vigilanza di natura economica e finanziaria, nei paesi nei quali sono stabiliti;
e) se l’operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
f) nel caso in cui, se professionista, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali accertati dall’organismo competente nello Stato in cui è iscritto;
g) se esiste un conflitto di interessi con il Committente o i suoi dipendenti o rappresentanti;
h) se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza;
i) se l’operatore economico ha mostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico;
j) se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari richiesti;
k) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali in grado di conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione oppure ha fornito informazioni false per influenzare le decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
l) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale.
Articolo 14
Requisiti di onorabilità
§1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia richiesta:
a) la Segreteria di Stato, ove abbia avuto, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche della Santa Sede o le Chiese locali, notizia di condotte tenute dagli operatori economici o dai loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, rientranti tra quelle previste dall’ all’art. 3 §2 dello Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
b) l’Autorità di informazione finanziaria, qualora, anche a mezzo dello scambio di informazioni di cui all’art. 69 lettera b) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, venga a conoscenza delcoinvolgimento di un fornitore nell’attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa.
§2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di aggregazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dalle imprese partecipanti ed operano anche con riferimento alle partecipazioni, ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai soci di maggioranza o di società di persone, anche qualora, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, sia intervenuta la cessazione dalla carica o le partecipazioni siano state cedute e non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione o dalla cessione.
TITOLO II
CENTRALIZZAZIONE – PROGRAMMAZIONE
ELENCO DEI DIPENDENTI – ALBO INFORMATICO
CAPO I
Centralizzazione degli acquisti
Articolo 15
Centralizzazione
§1. Salvo i casi stabiliti dalla presente normativa, tutti i beni e i servizi, sotto pena di nullità del relativo contratto, sono ordinariamente acquisiti dagli Enti in modo centralizzato.
§2. Le autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l’APSA relativamente ai Dicasteri della Curia Romana e alle Istituzioni a strutture amministrative collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, e, dall’altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.
Articolo 16
Deroghe alla centralizzazione
§1. Gli Enti che non intendano procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di beni e servizi per il tramite dell’APSA o del Governatorato devono predisporre e presentare alla Segreteria per l’Economia, per l’approvazione:
a) una procedura interna conforme ai principi fondamentali di cui alla presente normativa;
b) una relazione di accompagnamento che illustri:
i. le ragioni della richiesta di deroga;
ii. l’organizzazione dell’ufficio che gestirà le procedure di acquisto con particolare riferimento alle specifiche competenze tecniche e professionali dei dipendenti e consulenti preposti alle procedure di appalto e ai programmi di formazione che si intendono attuare con riferimento agli stessi;
iii. gli uffici che saranno preposti alla stipula e al controllo sull’esecuzione del contratto;
iv. i costi sostenuti nel triennio precedente per l’acquisizione di beni e servizi e una illustrazione delle politiche volte al contenimento degli stessi che si intendono perseguire tramite le procedure proposte;
v. un piano previsionale dei costi e la relativa copertura finanziaria.
§2. Più Enti possono adottare una procedura unica che preveda lo svolgimento in comune di tutte o parte delle fasi delle procedure.
Articolo 17
Acquisti degli Organismi di vigilanza e di controllo
§1. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 15 gli Organismi di vigilanza e di controllo, nei soli limiti in cui ciò sia strettamente necessario a garantire la separazione, l’autonomia e l’indipendenza tra detti Organismi e gli Enti controllati e vigilati.
§2. Gli Organismi di vigilanza e di controllo dei Dicasteri, degli altri organismi o uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede presentano al Consiglio per l’Economia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente normativa, disposizioni proprie sugli appalti conformi ai principi di cui alla presente normativa.
Articolo 18
Prezzi e corrispettivi di riferimento
§1. La Segreteria per l’Economia, sentita l’APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato, pubblica e aggiorna semestralmente l’elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento per i beni e servizi richiesti o effettivamente acquistati dagli Enti, nonché del costo del lavoro e dei professionisti nei settori indicati nell’Albo.
§2. I prezzi e corrispettivi di riferimento sono stabiliti prendendo in considerazione i prezzi e corrispettivi nei mercati in cui avviene in maniera prevalente o significativa l’approvvigionamento da parte degli Enti.
§3. I prezzi e corrispettivi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti costituiscono parametro esclusivo di riferimento:
a) sotto pena di invalidità dell’intera procedura e del relativo contratto, per la determinazione del valore delle procedure, ivi inclusa la determinazione dei valori da porsi a base d’asta nelle procedure selettive;
b) sotto pena di invalidità della relativa pattuizione, per la revisione dei prezzi contrattuali, nei limiti in cui tale revisione sia consentita dalla presente normativa;
c) in ogni altra circostanza nella quale in sede di sua attuazione o di esecuzione dei contratti, si renda necessario o utile stabilire il valore di un bene o di un servizio non altrimenti determinato.
§4. Qualora, ai fini del precedente paragrafo 3, sorga la necessità urgente di stabilire il prezzo o il corrispettivo di mercato di beni e servizi non inclusi nel provvedimento di cui al paragrafo 1 ovvero il costo del lavoro in un settore non rilevato nel medesimo atto, i committenti vi provvedono autonomamente, dando conto dei criteri oggettivi utilizzati nella determinazione del prezzo o del corrispettivo e delle fonti consultate. Le rilevazioni così effettuate devono essere trasmesse, rispettivamente, alla Segreteria per l’Economia, che ne informa l’APSA, e al Governatorato ai fini dell’aggiornamento dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§5. Per le rilevazioni di cui al presente articolo, la Segreteria per l’Economia, previo nulla osta della Segreteria di Stato ovvero per il tramite di questa, può stipulare accordi con organismi pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante degli operatori economici inseriti nell’Albo informatico e che svolgano attività di rilevazione dei prezzi di mercato, per acquisire i dati e i prezzi e corrispettivi ivi rilevati.
CAPO II
Programmazione
Articolo 19
Piano singolare degli acquisti
§1. Non oltre il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno, gli Enti, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, predispongono un Piano singolare degli acquisti contenente una descrizione dei beni, dei servizi e dei lavori per i quali richiedono uno stanziamento.
§2. Il Piano singolare predisposto dall’APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi e i lavori relativi all’espletamento delle proprie funzioni.
§3. Il Piano singolare deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe merceologica di ciascuna tipologia di beni, servizi e lavori;
b) quantitativo complessivo stimato dei beni, dei servizi e dei lavori per ciascuna tipologia o classe merceologica e la natura annuale o pluriennale della fornitura;
c) la spesa stimata per ogni bene, servizio o lavoro in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento e la relativa copertura finanziaria.
§4. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano singolare condizioni speciali, quali:
a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori;
b) tempistiche nella ricezione dei beni e dei servizi e nell’esecuzione dei lavori;
c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovante i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;
d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l’inerenza dei beni, dei servizi o dei lavori al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.
§5. Il Piano singolare è trasmesso all’APSA o al Governatorato, per quanto di competenza, per l’elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l’Economia ai fini dell’approvazione del Bilancio preventivo.
§6. Gli Enti che non abbiano presentato il Piano singolare non possono procedere agli acquisti e all’indizione di gare.
§7. In ogni caso, l’APSA o il Governatorato dà comunicazione della mancata presentazione del Piano singolare alla Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
Articolo 20
Piani generali degli acquisti
§1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano generale degli acquisti, l’APSA e il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni, dei servizi e dei lavori di tutti gli Enti e le Direzioni di cui ai Piani singolari, raggruppandoli nelle seguenti categorie:
a) beni e servizi comuni;
b) beni e servizi singolari;
c) appalti d’opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possono essere convogliati in un’unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali e quelli che richiedono un’autonoma procedura;
d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell’art. 54.
§2. Il Piano generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall’art. 33.
§3. All’esito della definizione del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono, con il consenso dell’Ente, demandargli la predisposizione della documentazione di gara. L’Ente così delegato procede secondo la presente normativa. L’APSA o il Governatorato non possono delegare ad altro Ente le competenze e le funzioni del Responsabile della gestione del comparto dell’Albo di propria competenza.
§4. Nel Piano generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, salvo che:
a) le procedure particolari da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;
b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite APSA, a determinati acquisti.
§5. L’APSA e il Governatorato possono stipulare protocolli d’intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse della Santa Sede e dello Stato. Il protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un’unica procedura è previamente sottoposto alla Segreteria per l’Economia.
§6. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli acquisti coincide con il Bilancio Preventivo dello Stato che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge Fondamentale e nell’art. 29 della Legge CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 21
Calendario degli acquisti
Entro il 10 gennaio di ogni anno l’APSA e il Governatorato, ciascuno per il comparto di propria competenza, pubblicano nell’Albo informatico un Calendario delle singole procedure di acquisto da eseguirsi nell’anno in corso fino alla pubblicazione del nuovo calendario.
CAPO III
Soggetti abilitati ad assumere un mandato amministrativo nelle procedure di affidamento
Articolo 22
Elenco dei soggetti abilitati
§1. È istituito presso la Segreteria per l’Economia l’Elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere le funzioni di:
a) progettista e perito;
b) membro di commissione giudicatrice.
§2. La nomina nelle suddette funzioni costituisce mandato amministrativo ai sensi dell’art. 207 del Codice Penale.
§3. Nell’espletamento del mandato nella commissione giudicatrice, i dipendenti incaricati operano liberi da ogni vincolo di subordinazione gerarchica.
Articolo 23
Iscrizione nell’Elenco
§1. La Segreteria per l’Economia iscrive nell’Elenco i dipendenti e gli incaricati professionali, dopo aver accertato accuratamente l’effettiva competenza e l’attitudine a svolgere incarichi di progettazione o di valutazione delle offerte.
§2. L’Elenco è suddiviso in sezioni in base alle competenze tecniche e alle specializzazioni professionali.
§3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 §2, sono iscritti di diritto nell’Elenco, purché dotati di necessario titolo di studio e in ragione della specializzazione di ciascuno, i dipendenti appartenenti agli uffici tecnici dell’APSA e del Governatorato.
Articolo 24
Incompatibilità
§1. Sono incompatibili con l’iscrizione nell’Elenco:
a) i dipendenti e gli incaricati professionali temporanei degli Organismi di vigilanza e di controllo;
b) il Responsabile dell’Albo e i dipendenti e incaricati professionali e temporanei dell’APSA o del Governatorato che abbiano accesso allo stesso per curarne la gestione;
c) i membri ordinari e supplenti dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Ancorché iscritto nell’Elenco, è incompatibile con l’assunzione di uno degli incarichi di cui all’art. 22 §1, in una singola procedura, il dipendente e l’incaricato professionale temporaneo ovvero il professionista esterno che:
a) abbia presentato un’offerta anche in associazione con altro operatore economico o abbia qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurargli un profitto, un vantaggio o altre utilità;
b) sia parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile ad un operatore economico che abbia presentato offerta;
c) abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero sia o sia stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari;
d) sia socio o sia stato nei cinque anni precedenti socio di un operatore economico che abbia presentato offerta;
e) svolga la funzione di Responsabile del procedimento.
§3. Il dipendente, l’incaricato e il professionista, all’atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato o professionista che ne faccia richiesta è consentita la visione della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico all’atto dell’iscrizione nell’Albo.
§4. Il progettista non può fare parte della commissione giudicatrice.
Articolo 25
Responsabile del procedimento
§1. L’Ente designa per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento scelto tra i propri dipendenti.
§2. Il Responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione dell’Ente, svolge compiti istruttori e non è competente all’adozione di provvedimenti definitivi.
§3. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.
§4. Il Responsabile dell’Albo provvede a rilasciare al Responsabile o ai Responsabili del Procedimento le relative credenziali di accesso.
CAPO IV
Albo Informatico
Articolo 26
Istituzione dell’Albo informatico
§1. È istituito l’Albo informatico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Albo è esclusivamente informatico ed è realizzato su una piattaforma unica.
§2. La piattaforma è divisa in tre comparti ed è gestita:
a) dall’APSA, per il comparto relativo agli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;
b) dal Consiglio per l’Economia, per il comparto relativo agli operatori economici degli Organismi di vigilanza e di controllo;
c) dal competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il comparto relativo agli operatori economici del Governatorato medesimo, in conformità alle disposizioni proprie allegate alla presente normativa e alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.
§3. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono responsabili della gestione amministrativa del comparto di propria competenza.
§4. L’Albo è gestito a livello informatico e ogni comparto è diviso in due sezioni:
a) la Sezione degli annunci legali;
b) la Sezione degli operatori economici abilitati.
§5. Il Responsabile dell’Albo è individuato nel responsabile di cui all’art. 33, §1 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima” (https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050321_cura-vigilantissima.html).
§6. Per la gestione dell’Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
Articolo 27
Consultazione dell’Albo
§1. La consultazione dell’Albo è consentita:
a) agli Enti per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;
b) a tutti gli operatori economici interessati riguardo alla sezione degli Annunci legali pubblici.
c) agli operatori economici iscritti all’Albo, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alle categorie di specializzazione in cui sono iscritti;
d) agli Organismi di vigilanza e di controllo;
e) alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede nei limiti di quanto necessario all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 28
Effetti della pubblicazione
§1. La pubblicazione nella Sezione degli annunci legali è lo strumento di comunicazione tra l’APSA e gli Enti, nonché il Governatorato, da un lato, e gli operatori economici, dall’altro lato.
§2. Con la pubblicazione nell’Albo, gli atti e i provvedimenti si danno per conosciuti ad ogni effetto di legge da parte di tutti coloro che hanno accesso all’Albo medesimo. È onere degli operatori economici che abbiano titolo e interesse a partecipare alle singole procedure consultare l’Albo.
§3. Dalla data di pubblicazione nell’Albo decorrono tutti i termini procedurali, salvo diversa indicazione disposta negli atti pubblicati.
Articolo 29
Sottosezioni degli annunci legali
§1. La sezione degli annunci legali è divisa in tre sottosezioni:
a) la sottosezione per le procedure di gara ed affidamento;
b) la sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida;
c) la sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Nella sottosezione per le procedure di gara ed affidamento deve pubblicarsi sotto pena di invalidità della relativa procedura tutta la documentazione di gara e ogni atto e documento che debba essere tenuto in considerazione dagli operatori economici ai fini della partecipazione ad una singola procedura, ivi incluse le istanze e i chiarimenti di qualunque genere, eventualmente presentati dagli altri offerenti e le relative risposte.
§3. Nella sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida sono pubblicati la presente normativa e i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida.
§4. Nella sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sono pubblicati gli atti dei procedimenti e le decisioni. Per gli atti difensivi e i documenti prodotti dalle parti, l’accesso agli stessi è limitato alle sole parti del procedimento.
Articolo 30
Pubblicità dell’Albo
§1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, è data ampia visibilità sui siti istituzionali della Santa Sede e della Stato della Città del Vaticano dell’esistenza dell’Albo stesso.
§2. È compito dell’APSA e del Governatorato attuare tutte le ulteriori iniziative di pubblicità al fine di permettere all’operatore economico interessato di essere informato sull’esistenza dell’Albo e sulle modalità di presentazione della richiesta d’iscrizione all’Albo, nonché della presentazione delle offerte.
§3. Nell’Albo informatico è presente una area pubblica liberamente consultabile dove verranno pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo, le modalità di presentazione delle offerte e il Calendario degli acquisti.
§4. Nella stessa sezione verranno comunque indicati il titolo delle procedure in atto e quelle chiuse negli ultimi 5 anni.
Articolo 31
Iscrizione dell’operatore economico
§1. La Segreteria per l’Economia, con apposito provvedimento, predispone un modello informatico di richiesta d’iscrizione all’Albo, indicando altresì la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione.
§2. La Segreteria per l’Economia, verificato che la richiesta di iscrizione e la relativa documentazione rispetti la presente normativa, autorizza l’iscrizione all’Albo e la comunica al Responsabile dell’Albo che provvede all’iscrizione.
§3. L’autorizzazione all’iscrizione all’Albo ha una durata di tre anni.
§4. L’iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla richiesta se presentata su istanza di parte per l’iscrizione all’Albo, oppure (ii) immediatamente, all’aggiudicazione della gara, nell’ipotesi di procedura pubblica. In caso di silenzio, l’iscrizione si intenderà rifiutata.
§5. Contro il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo o il silenzio rifiuto è ammesso ricorso dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
Articolo 32
Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione alla Sezione per gli operatori economici è titolo necessario:
a) per la consultazione della Sezione degli annunci legali;
b) per stipulare i contratti nelle gare pubbliche.
Articolo 33
Categorie di specializzazione
§1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all’Albo per una o più categorie di specializzazione, tenuto conto:
a) dell’oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;
b) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, abilitanti ad operare in determinati settori economici;
c) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti.
d) di ogni altro elemento che consenta di accertare la presenza effettiva del fornitore in un determinato mercato di specializzazione.
§2. Le categorie di specializzazione e il modo di documentarne l’appartenenza sono determinate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l’Economia sulla base delle necessità espresse dall’APSA e dal Governatorato nei rispettivi Piani generali degli acquisti.
§3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l’iscrizione in più categorie di specializzazione.
§4. Qualora per una o più categorie di specializzazione, non vi siano fornitori iscritti all’Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l’APSA e il Governatorato, all’atto della pubblicazione del calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all’Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.
Articolo 34
Cancellazione dall’Albo
§1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, gli operatori economici sono cancellati dall’Albo, qualora ricorra una delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 13 e ss., con provvedimento della Segreteria per l’Economia.
§2. Il provvedimento di cancellazione non può essere disposto se non previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dall’operatore economico.
§3. Il suddetto provvedimento di cancellazione è altresì impugnabile dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore Generale, anche nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un’adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull’autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.
§5. La Segreteria per l’Economia, l’APSA e il Governatorato, possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.
Articolo 35
Procedura semplificata
Con atto di indirizzo di cui all’art. 2 del proprio statuto, il Consiglio per l’Economia, su proposta della Segreteria per l’Economia, può prevedere forme semplificate di iscrizione all’Albo per quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, sono già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla presente Sezione.
TITOLO III
PROCEDURA - AGGIUDICAZIONE - DEROGHE – CONCESSIONI
- ESECUZIONE DEL CONTRATTO - OPERAZIONI NEL SETTORE IMMOBILIARE
CAPO I
Procedura
Articolo 57
Lavori di somma urgenza
§1. In casi di necessità ed urgenza, se esiste un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità, l’Ente responsabile può disporre la immediata esecuzione di lavori entro il limite di Euro 100.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.
§2. L’affidamento è accompagnato dalla redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
§3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il Committente può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 10 per cento.
§4. L’Ente che ha affidato i lavori compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’APSA o al Governatorato, che provvedono alla copertura della spesa. La perizia è trasmessa altresì alla Segreteria per l’Economia per l’approvazione dei lavori.
§5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
§6. In via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a rimuovere lo stato di pericolo, l’affidamento diretto può essere autorizzato dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, oltre che per i lavori altresì per acquisti di beni e servizi. Analogamente la Segreteria per l’Economia o il Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, può autorizzare lavori per un valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 da effettuare in un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.
Articolo 58
Acquisti di modico valore
Gli acquisti di modico valore sono ammessi nei limiti previsti da apposita voce di spesa del Piano singolare degli acquisti di cui al precedente art. 19.
CAPO III
Concessioni
Articolo 59
Oggetto e ambito di applicazione
§1. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili e non diversamente regolamentato dagli articoli seguenti, le disposizioni relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione, alle modalità di esecuzione.
§2. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo.
Articolo 60
Durata della concessione
§1. La durata delle concessioni è limitata ed è stimata dall’Ente in funzione dei lavori o servizi richiesti all’operatore economico.
§2. Le concessioni ultra-quinquennali, devono essere autorizzate dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di competenza, e la durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici. Ai fini del calcolo, gli investimenti presi in considerazione comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
Articolo 61
Bandi di gara
§1. Gli Enti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di gara e ne chiedono la pubblicazione nell’Albo di cui gli artt. 26 e ss..
CAPO IV
Disciplina ed esecuzione dei contratti
Articolo 62
Responsabilità dell’esecuzione del contratto
§1. Gli Enti che risultino beneficiari, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto sono responsabili della regolare esecuzione e di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in base alla natura della prestazione stessa.
§2. Il Responsabile del procedimento dell’Ente beneficiario svolge le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto, ferma la facoltà di ciascun Ente Beneficiario, in base al proprio Regolamento interno, di nominare in tale funzione o per singoli appalti, uno o più Officiali che, nell’assolvimento del proprio compito, rispondono al Responsabile del procedimento.
Articolo 63
Certificato di regolare esecuzione
§1. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto emette un certificato attestante l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
§2. Il certificato di regolare esecuzione può essere emesso anche parzialmente per stato avanzamento lavori, qualora il contratto preveda il pagamento di acconti a stato di avanzamento o in ipotesi similari. Il certificato in tali ipotesi fa riferimento solo alle prestazioni effettivamente eseguite al momento del suo rilascio.
§3. Il certificato deve essere allegato alla fattura o ad altro documento con il quale richiede il pagamento del corrispettivo pattuito.
§4. Il pagamento dei corrispettivi in assenza di certificato di regolare esecuzione costituisce danno al patrimonio dell’Ente.
§5. L’emissione del certificato non libera l’operatore economico dal risarcimento danni per la scoperta di vizi occulti dell’opera.
§6. I soggetti che hanno ricevuto la prestazione inviano una valutazione dell’operatore economico alla Segreteria per l’Economia sulla base dei modelli predisposti da quest’ultima.
Articolo 64
Durata del contratto
§1. I contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni. Termini superiori comunque non eccedenti i cinque anni devono essere motivati ed autorizzati dalla Segreteria per l’Economia, in considerazione della tipologia di bene o servizio, del ciclo di vita dei beni oggetto dell’appalto e della variabilità dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Il rinnovo dei contratti può avvenire solo attraverso procedura selettiva pubblica.
§3. Le clausole di rinnovo tacito e i rinnovi eventualmente accordati in violazione dei paragrafi precedenti sono nulli. Il pagamento di corrispettivi in base a contratti scaduti e non rinnovabili costituisce danno al patrimonio della Santa Sede.
§4. I contratti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono indicare i termini perentori entro i quali le prestazioni devono essere eseguite.
Articolo 65
Modifica dei contratti e varianti in corso d’opera
§1. Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d’opera, devono essere autorizzate congiuntamente dall’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, e dalla Segreteria per l’Economia, sulle base dei parametri oggettivi individuati con regolamento dalla Segreteria per l’Economia.
§2. Le modifiche e variazioni dovranno essere pubblicate nell’Albo informatico.
Articolo 66
Revisione prezzi
§1. Il bando di gara può prevedere la revisione dei prezzi.
§2. La revisione può essere prevista solo sulla base di criteri oggettivi, su clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto pubblicato nella documentazione di gara.
§3. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la variazione è rilevata o è stato richiesto di rilevarla.
§4. Qualora la variazione sia superiore al 10 per cento, la parte che subisce l’effetto economico sfavorevole della variazione ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto.
§5. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l’impegno dell’operatore economico a tenere ferma la propria proposta, sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta.
Articolo 67
Recesso
In caso di recesso del Committente si esegue il pagamento dei lavori o delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite a titolo di indennizzo.
CAPO V
Operazioni nel settore immobiliare
Articolo 68
Immobili ad uso istituzionale
§1. Gli Enti che intendono acquisire in proprietà o prendere in godimento a titolo oneroso un bene immobile per le proprie finalità istituzionali devono farne preventiva richiesta scritta agli altri Enti proprietari di immobili.
§2. Ove non risulti la disponibilità di immobili di proprietà di altri Enti è possibile ricorrere al mercato esterno secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 69
Acquisti o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere all’acquisto in proprietà di beni immobili o prenderli in godimento da soggetti esterni, devono farne indicazione nel proprio Piano singolare, indicando:
a) il limite massimo di spesa;
b) le caratteristiche dimensionali e qualitative del bene;
c) la localizzazione;
d) i rendimenti attesi qualora all’acquisto si proceda a fini di investimento;
e) ogni altro elemento che ritengano utile e necessario segnalare per dimostrare l’opportunità dell’operazione per il soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali o di investimento.
§2. Il Piano generale provvede alla razionalizzazione delle esigenze al fine di orientare l’acquisto verso interi fabbricati e così contenere i costi amministrativi, di ristrutturazione, di manutenzione, di efficienza e di gestione.
§3. Ove sia possibile procedere in maniera congiunta, sulla base del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, aperto il fascicolo della procedura, provvede ad eseguire le opportune ricerche di mercato e a sottoporre agli Enti le opportunità individuate, con un piano di ripartizione dei diritti di godimento o di proprietà e delle spese ordinarie e straordinarie.
§4. Alla stipula del contratto si procede previa perizia di cui all’art. 71 e previa verifica dei requisiti del venditore o del locatore.
Articolo 70
Cessioni o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere alla vendita di immobili in proprietà o cederli in godimento a soggetti esterni, devono programmare l’operazione nel proprio Piano singolare.
§2. Per le locazioni di immobili a soggetti terzi si procederà sulla base di un regolamento predisposto dagli Enti proprietari che dovrà tener conto dei principi generali di cui alla presente normativa e della modalità con cui procedono alla definizione dei canoni di locazione.
Articolo 71
Perizia di stima
§1. Ogni operazione immobiliare deve essere preceduta da perizia di stima dell’immobile, cui provvede l’APSA o il Governatorato attraverso il proprio personale tecnico.
§2. La perizia ha l’obiettivo di individuare l’effettivo valore commerciale dell’immobile stesso, lo stato di manutenzione e l’assenza di cause ostative all’operazione.
§3. La perizia deve dare conto di tutte le informazioni utili a definire l’effettivo valore dell’immobile sulla base degli standard utilizzati dai tecnici del Paese dove l’immobile è situato e deve menzionare la presenza delle certificazioni richieste in tali Paesi.
§4. Il soggetto che firma la perizia si assume la piena responsabilità delle informazioni ivi contenute.
Articolo 72
Verifica della controparte e controlli
§1. I soggetti terzi che intervengono nelle procedure immobiliari di cui al presente Capo devono possedere i requisiti di onorabilità ed eticità, conformemente alla presente normativa.
§2. L’APSA e il Governatorato devono acquisire la documentazione utile a comprovare detti requisiti e depositarla nel fascicolo della procedura.
§3. Di ogni operazione di acquisto o cessione di immobili sono previamente informati gli organismi di controllo che nell’ambito della propria competenza possono svolgere le opportune verifiche.
TITOLO IV
IMPUGNAZIONI E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE –
MONITORAGGIO E CONTROLLO -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Impugnazioni e tentativo di conciliazione
Articolo 73
Impugnabilità degli atti
Tutte le controversie aventi ad oggetto, gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla presente normativa, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all’iscrizione all’Albo o di esclusione, nonché provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni, nonché tutti provvedimenti degli Organismi di vigilanza e di controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura, sono soggetti al sistema di impugnativa e di appello dinanzi agli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 74
Tentativo di conciliazione delle controversie
§1. L’operatore economico e gli Enti qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all’articolo che precede o inerenti all’esecuzione del contratto potrà preventivamente esperire un tentativo di conciliazione d’innanzi ad una Camera Arbitrale.
§2. Il tentativo di conciliazione dovrà essere promosso comunque entro 15 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare.
§3. La Camera Arbitrale è composta da tre membri, uno scelto dall’operatore economico, uno nominato dal Governatorato o dall’APSA ed il terzo nominato dal Presidente dell’Autorità Giudiziaria competente.
§4. Il tentativo di conciliazione viene promosso da una delle parti con comunicazione da inviarsi all’altra.
§5. Se entrambe le parti aderiscono si chiede la nomina di un componente da parte dell’Autorità Giudiziaria.
§6. L’espletamento del tentativo di conciliazione sospende i termini di impugnativa fino all’espletamento della procedura.
§7. Il tentativo di conciliazione si dovrà concludere nei successivi 15 giorni dal suo promovimento, in difetto si procederà come se avesse avuto esito negativo.
§8. Le parti congiuntamente possono anche deferire alla Camera Arbitrale l’intera controversia perché venga decisa secondo equità.
CAPO II
Monitoraggio e controllo
Articolo 75
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
La Segreteria per l’Economia, sentito l’Ufficio del Revisore Generale, anche nel rispetto della normativa internazionale applicabile alla Santa Sede o di cui essa è parte, può adottare specifiche misure di indirizzo per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza e la parità di trattamento.
Articolo 76
Controlli e obbligo di segnalazione
§1. Il Responsabile del procedimento prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, prima della stipula del contratto o dell’esecuzione dell’investimento, deve eseguire un controllo formale, senza sindacato sul merito, volto a verificare che le condizioni oggettive e soggettive e finanziare per l’aggiudicazione sia state rispettate.
§2. Il Responsabile del procedimento all’atto di sottoporre alla firma il provvedimento di aggiudicazione definitiva o il contratto attesta sotto la propria responsabilità l’esito del controllo.
§3. L’attestazione è condizione necessaria per procedere al pagamento medesimo. I pagamenti eseguiti in assenza dell’attestazione o in presenza di attestazione falsa o mendace costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 77
Flussi informativi
§1. Salvo diversamente disposto, tutti i dati e i documenti pubblicati nell’Albo informatico e comunque inseriti nel fascicolo di ogni procedura sono resi disponibili e sono consultabili su base permanente dalla Segreteria per l’Economia.
§2. L’accesso al fascicolo avviene senza necessità di preventiva richiesta e i suddetti uffici sono dotati di credenziali di accesso ai fascicoli informatici.
§3. Fermo quanto previsto dai rispettivi statuti, gli Organismi di vigilanza e di controllo possono richiedere agli Enti ulteriori informazioni e documenti, ancorché non inclusi nel fascicolo della procedura.
§4. L’Autorità di informazione finanziaria ha accesso alla documentazione di cui al paragrafo 1 nei limiti di quanto necessario alla propria attività istituzionale.
Articolo 78
Monitoraggio e controllo di gestione
§1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 8 del proprio Statuto, la Segreteria per l’Economia e la Direzione dell’Economia per il Governatorato, ai sensi della Legge N. CCLXXIV provvedono alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici.
§2. Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale.
§3. La relazione è trasmessa in conoscenza alla Segreteria di Stato e al Presidente del Governatorato, se di competenza, e all’Ufficio del Revisore Generale.
Articolo 79
Prevenzione e contrasto degli illeciti
§1. L’Ufficio del Revisore Generale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo precedente, delle eventuali segnalazioni, delle revisioni eventualmente effettuate e delle migliori prassi adottate a livello internazionale, elabora un’analisi valutativa delle condotte degli Enti di cui all’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, anche con riferimento specifico alle procedure di acquisto.
§2. La valutazione di cui al paragrafo precedente è coperta da segreto d’ufficio.
§3. Qualora, nell’ambito delle valutazioni di cui al paragrafo precedente emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Ufficio del Revisore Generale invierà un rapporto all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o all’Autorità di informazione finanziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore sulla base dell’analisi valutativa e delle revisioni effettuate, può proporre alla Segreteria per l’Economia od all’Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato, l’adozione di linee guida, indirizzi, modelli e procedure e prassi ovvero la modifica di quelle esistenti.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 80
Termini per la deroga alla centralizzazione
§1. Gli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16 presentano per l’approvazione le proprie norme speciali entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente normativa.
§2. In mancanza sono ricondotti al sistema centralizzato.
Articolo 81
Legge applicabile e giurisdizione
§1. Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto canonico. Il riferimento alla legge civile di cui al canone 1290 CIC si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Per le tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico.
§2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, una volta stipulato, è competente in via esclusiva il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Nei contratti devono essere inserite clausole volte ad assicurare l’esclusività della giurisdizione.
Articolo 82
Disposizione per la conclusione di contratti e negozi giuridici
§1. L’approvazione ed i poteri di firma dei contratti e dei negozi giuridici sono regolati dalle norme sulle competenze ed attribuzioni di poteri di ciascun Ente.
§2. In particolare, per gli Enti afferenti allo Stato della Città del Vaticano si fa riferimento alle norme attuative dell’art. 28 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018. Tutti i contratti ed i negozi giuridici devono essere registrati e dovranno pervenire alla Direzione dell’Economia e all’Ufficio Giuridico non appena stipulati.
§3. Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 83
Norme applicabili al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
§1. In considerazione del particolare status giuridico dello Stato della Città del Vaticano, il Governatorato opera sulla base di un proprio regolamento di attuazione conforme alla presente normativa da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
§2. Le disposizioni speciali devono essere approvate e modificate con il procedimento di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.
§3. Nella individuazione delle funzioni e gli uffici di cui alla presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni organizzative proprie del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni, specializzazione, rotazione e non predeterminazione.
Articolo 84
Implementazione informatica
§1. La piattaforma informatica dell’Albo informatico e ogni altro strumento informatico necessario all’esecuzione della presente normativa è realizzata secondo un progetto predisposto a cura della Segreteria per l’Economia di concerto con la Commissione “Tecnologia dell’Informazione e Comunicazione” (ICT).
§2. I beni e i servizi necessari al suddetto progetto sono acquisiti conformandosi alle disposizioni della presente normativa in quanto immediatamente applicabili. La gara è gestita dall’APSA, la quale è altresì competente ad individuare gli operatori economici da invitare alla gara.
§3. La procedura di appalto è perfezionata entro sei mesi dall’approvazione della presente normativa da parte della Superiore Autorità.
§4. La mancata messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo informatico, non pregiudica l’entrata in vigore della presente normativa.
§5. Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che la piattaforma informatica dell’Albo informatico sia stata messa in opera, la Segreteria per l’Economia è legittimata ad adottare procedure e modelli suppletivi e provvisori che diano immediata attuazione alla presente normativa anche mediante l’utilizzo di documenti cartacei.
Articolo 85
Lingua
Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei contratti pubblici disciplinate dalla presente normativa saranno redatti in lingua italiana.
Articolo 86
Norme attuative
§1. La Segreteria dell’Economia, sentiti i singoli Enti della Santa Sede, adotta un regolamento di attuazione della presente normativa.
§2. Si intendono abrogati tutti i documenti normativi e regolamentari relativi alla materia dei Contratti pubblici preesistenti.
[00705-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Estas Normas se encuentran en la siguiente dirección:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/01/0315/00705.html
El siguiente es el texto de las normas procedimentales en italiano:
TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA
Articolo 1
Giurisdizione e competenza
Estas Normas se encuentran en la siguiente dirección:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/01/0315/00704.html
Bibliografía
voluntades: 571-572; Asociaciones: 296-297; Institutos religiosos: 229-234; Personales y remuneración de clérigos: 185-188; Personales de religiosos: 248.
[1] Se refiere a la definición en sentido estricto: “Del lat. contractus. 1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato.” (https://dle.rae.es/contrato)
Las siguientes fueron las ponencias y sus autores:
[10] De acuerdo con el DLE se trata de la “acción y efecto de enajenar o enajenarse”. Y “enajenar”, en su primera acepción, significa “1. tr. Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos” (https://dle.rae.es/enajenar).
[33] De acuerdo con el Código Civil Colombiano, artículo 1895, al tratar del “Saneamiento por evicción”: “Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial”. El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario. (Véase el comentario en Gerencie.com, de Mayo 6 de 2020: “Saneamiento por evicción – Qué es y cuándo se da”, consulta del 11 de mayo de 2020, en: https://www.gerencie.com/que-es-saneamiento-por-eviccion-y-en-que-caso-se-da.html).
Para el 16 de enero de 1973, el Papa recibió a la primera ministra Golda Meir, en calidad de Jefe del Gobierno, quien le solicitó pronunciarse sobre el terrorismo, mientras el Papa, por su parte, se refirió a los refugiados palestinos, a los Lugares Santos, y al estatus internacional de Jerusalén y denunció el uso de la violencia contra los árabes.
(Miguélez Domínguez, Lorenzo - Alonso Morán, O.P.,
Sabino - Cabreros de Anta, C.M.F., Marcelino, pág. 558) en el comentario que
hacían a estos cc. anotaron:
1. Canonización
de la ley civil en relación con los contratos
a. Noción
de contrato
b. División
de los contratos
c. Elementos
esenciales de un contrato
d. Observaciones
al c.
2. Enajenación
de los bienes eclesiásticos
a. Anotaciones
previas
b. Sobre
la noción de enajenación
c. Objeto
de la enajenación
d. La
solemnidad particular que requiere la enajenación de bienes
3. Autoridad
competente para otorgar la licencia para enajenación
a. El
proceso de redacción del c.
b. Comentario
del c.
c. Notas
complementarias
4. Otras
cautelas o reservas en relación con la enajenación
5. Sobre
los negocios jurídicos que se equiparan a la alienación
6. La
alienación canónicamente inválida, pero civilmente válida
7. Normas
sobre el contrato de arrendamiento de bienes eclesiásticos
8. ¿A
quiénes no se deben ni vender ni alquilar las cosas eclesiásticas?
1. Las
pías voluntades en general
a. Nociones
b. Capacidad
de disponer en las causas pías
c. Forma
de las últimas voluntades
d. Ejecución
de las pías voluntades
2. Las
pías fundaciones
a. Especies
de pías fundaciones
b. Licencia
del Ordinario
c. Otras
normas
d. Reducción
de cargas de misas
e. Traslado
en cosas accesorias
f. Otras
pías fundaciones
Apéndice 1.
Motu proprio del S. P. Francisco (del 19 de mayo de 2020) sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Apéndice 2.
A. Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco con la que se modifican e integran los Motu Proprio "sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano", de 19 de mayo de 2020, y el correspondiente “Reglamento” y “Tutela jurisdiccional”: fechado el 27 de noviembre de 2023 y publicado el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html)
Bibliografía
Notas de pie de página
Notas finales
Cann. 1290 – 1298
TÍTULO III. DE LOS CONTRATOS, ESPECIALMENTE DE LA ENAJENACIÓN
TITULUS III. DE CONTRACTIBUS AC PRAESERTIM DE
ALIENATIONE
Texto oficial
|
Traducción castellana
|
Can. 1290 — Quae ius civile in
territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de
solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae
subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint
aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo
praescripto can. 1547.
|
1290 Lo que en cada territorio establece el
derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y
sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho
canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo
que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra
cosa, quedando a salvo el ⇒ c. 1547.
|
Can. 1291 — Ad valide alienanda bona,
quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile
constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur
licentia auctoritatis ad normam iuris competentis.
|
1291 Para enajenar válidamente bienes que por
asignación legítima constituyen el patrimonio estable de una persona jurídica
pública y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho, se
requiere licencia de la autoridad competente conforme a derecho.
|
Can. 1292 — § 1. Salvo praescripto
can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur
intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua
cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis
iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis
secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a
rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest.
Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis
alienanda.
§ 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam
maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis
artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper
licentia Sanctae Sedis.
§ 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda
licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus
licentia irrita est.
§ 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu
partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte
fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona
alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis.
|
1292 § 1. Quedando a salvo lo
prescrito en el ⇒ c. 638 § 3,
cuando el valor de los bienes cuya enajenación se propone, se halla dentro de
los límites mínimo y máximo que fije cada Conferencia Episcopal para su
respectiva región, la autoridad competente se determina por los propios
estatutos, si se trata de personas jurídicas no sujetas al Obispo diocesano;
pero, si le están sometidas, es competente el Obispo diocesano, con el
consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores
así como el de los interesados. El Obispo diocesano necesita también el
consentimiento de los mismos para enajenar bienes de la diócesis.
§ 2. Si se trata, en cambio, de
bienes cuyo valor es superior a la cantidad máxima, o de exvotos donados a la
Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas, se
requiere para la validez de la enajenación también la licencia de la Santa
Sede.
§ 3. Si la cosa que se va a
enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben
especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario, es
inválida la licencia.
§ 4. Quienes deben intervenir
en la enajenación de bienes con su consejo o su consentimiento, no han de
darlos si antes no se les informó exactamente, tanto de la situación
económica de la persona jurídica cuyos bienes se desea enajenar, como de las
enajenaciones realizadas con anterioridad.
|
Can. 1293 — § 1. Ad alienanda bona,
quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1° iusta
causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis
alia ratio pastoralis; 2° aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta.
§ 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate
praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur.
|
1293 § 1. Para la enajenación de
bienes, cuyo valor excede la cantidad mínima determinada, se requiere además:
1 causa justa, como es una necesidad urgente, una
evidente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón pastoral grave; 2
tasación de la cosa que se va a enajenar, hecha por peritos y por escrito.
§ 2. Para evitar un daño a la
Iglesia deben observarse también aquellas otras cautelas prescritas por la
legítima autoridad.
|
Can. 1294 — § 1. Res alienari minore
pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur.
§ 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum
Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur.
|
1294 § 1. Ordinariamente una
cosa no debe enajenarse por un precio menor al indicado en la tasación.
§ 2. El dinero cobrado por la
enajenación debe colocarse con cautela en beneficio de la Iglesia, o gastarse
prudentemente conforme a los fines de dicha enajenación.
|
Can. 1295 — Requisita ad normam cann.
1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt,
servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo
condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit.
|
1295 Los requisitos establecidos en los ⇒ cc.
1291-1294, a los que también se han de acomodar los estatutos de las personas
jurídicas, deben observarse no sólo en las enajenaciones, sino también en
cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación
patrimonial de la persona jurídica.
|
Can. 1296 — Si quando bona
ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint,
sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere,
omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis,
a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda.
|
1296 Si se enajenaron bienes eclesiásticos sin las
debidas solemnidades canónicas, pero la enajenación resultó civilmente
válida, corresponde a la autoridad competente, después de sopesar todo
debidamente, determinar si debe o no entablarse acción, y de qué tipo, es
decir, si personal o real, y por quién y contra quién, para reivindicar los
derechos de la Iglesia.
|
Can. 1297 — Conferentiae Episcoporum
est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis,
praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda.
|
1297 Teniendo en cuenta las circunstancias de los
lugares, corresponde a la Conferencia Episcopal establecer normas sobre el arrendamiento
de bienes de la Iglesia, y principalmente la licencia que se ha de obtener de
la autoridad eclesiástica competente.
|
Can. 1298 — Nisi res sit minimi
momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis
usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda
aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data.
|
1298 Salvo que la cosa tenga muy poco valor, no
deben venderse o arrendarse bienes eclesiásticos a los propios
administradores o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
de afinidad, sin licencia especial de la autoridad eclesiástica competente
dada por escrito.
|
Introducción
La rúbrica del Título expresa bien lo que éste contiene, pues, fuera
del primer c., 1290, que trata sobre la canonización de la ley civil en
relación con los contratos, todos los demás se refieren a la enajenación, tanto
en sentido amplio, como en sentido estricto. Resumidamente digamos:
· En el c. 1291 se afirma el principio general sobre la necesidad de la licencia, y ello para la validez, para enajenar los bienes eclesiásticos, cuando se dan ciertas condiciones;· En el c. 1292 se determinan los casos de enajenación cuando se requiere licencia de la autoridad superior y se establece también cuál sea esa autoridad;· En el c. 1293 se establecen otros requisitos, que no son, sin embargo, para la validez del negocio;· En el c. 1294 se fijan posteriores determinaciones sobre la enajenación;· En el c. 1295 se establecen requisitos de la enajenación bajo el principio “en cualquier negocio, en el que la condición patrimonial de la persona jurídica puede llegar a ser peor”;· El c. 1296 indica qué se ha de hacer cuando los bienes eclesiásticos fueron canónicamente inválidamente enajenados, pero no civilmente;· El c. 1297 proporciona una norma especial acerca del alquiler de los bienes eclesiásticos; y, finalmente,· El c. 1298 prohíbe que los bienes eclesiásticos sean vendidos o alquilados a consanguíneos y afines.
En el CIC17 esta materia se encontraba en el Título XXIX “De
contractibus”, entre los cc. 1529* y 1543*[i].
Durante el proceso de revisión del CIC estos cc. fueron examinados, espulgados
y reformados durante las Sesiones V (13 al 17 de mayo de 1968); VI (20 al 25 de enero de 1969); VIII (15 al 19
de diciembre de 1969); IX (20 al 22 de abril de 1970); y en la segunda época de
la Comisión (“Series Altera”), durante la Sesión II (c. 44, etc.: 12 al 16 de
noviembre de 1979).
Así, el tratado sobre la
enajenación ha obtenido un tratamiento nuevo y más breve.
1.
Canonización de la ley
civil en relación con los contratos
C. 1290
a.
Noción de contrato
El contrato[1] puede entenderse en un
sentido amplio y en un sentido estricto.
En sentido lato o amplio significa un pacto, el “consentimiento
de dos o más en una misma cosa”, o, como definía (Vromant) [2]
“el consentimiento y convenio de dos personas”. En este sentido, aún una
donación es un contrato, aunque no implique obligación ninguna en una de las
partes.
En sentido estricto el contrato “comprende solamente aquellos
convenios que engendran obligación tanto para una parte como para la otra, y,
aún más, exigen tal obligación mutua a ambos contrayentes” (ibíd.)
En el presente Título se entenderá el contrato en sentido amplio.
b.
División de los contratos
Un contrato puede ser considerado:
a) Según su forma: consensuales y reales;
b)
Según su designación: con
nombres propios (“nominados”): venta, compra, etc.; o sin nombre propio
(“innominados”): “do ut des, do ut facias, facio ut facias”;
c) Según el consentimiento en la obligación: bilateral y
unilateral.
c.
Elementos esenciales de un
contrato
a) Habilidad de las personas: por derecho natural, por derecho
positivo canónico o civil;
b)
Materia: posible,
existente, propia, determinada, honesta;
c)
Consentimiento: verdadero,
externo, mutuo, intimado al otro, deliberado;
d) Causa: es el fin por el cual alguien se obliga a sí mismo. No
deben entenderse en sentido subjetivo, ya que la causa debe ser intrínseca al
contrato.
d.
Observaciones al c.
1) La importancia del c.
Dadas las implicaciones que tiene este c., es necesario tenerlo muy en
cuenta: se trata de la canonización de la ley civil de la que anteriormente se
ha hablado.
En primer término, la disposición del c.
“debe ser comprendida en relación con cualquier tipo de negocio, «tanto en general como en particular; e, incluso, de negocios unilaterales como bilaterales, y, entre estos, a su vez, unilaterales, sinalagmáticos[3], consensuales y reales, nominados e innominados (do ut des, facio ut facias, do ut facias, facio ut des» (Del Giudice)[4]. El principio es válido con respecto a todas las clases de contratos y también para sus soluciones (liquidación o disolución) («la prestación natural de aquello que es debido»)”[5].
2) Dos excepciones a la regla general
A la canonización de la ley civil se ponen dos excepciones:
·
“nisi iuri divino contraria
sint aut (salvo que sea contrario al derecho divino)
·
Aliud iure canonico
caveatur” (o que el derecho canónico prescriba otra cosa)
Todas las disposiciones que se establezcan contra el derecho divino
evidentemente carecen de valor.
El derecho canónico se funda en este mismo
derecho divino, de la misma manera cualquier derecho debería tener ese mismo
fundamento. Pero las leyes civiles generalmente prescinden de él, y en algunos
casos tienen determinaciones que son contrarias del mismo.
3) Disposiciones canónicas
En lo que se refiere a la materia por parte del derecho canónico, se
deben tener en cuenta estos criterios:
·
En general se puede afirmar
que “cualquier disposición canónica, general o particular, presente o futura,
que no pueda ser conciliada con el derecho civil, por razones de conciencia
(“in foro conscientiae”), deberá ser aplicada”[6].
·
Sin embargo, esta
disposición se comprende más bien como una excepción:
“[…] por lo tanto, debe ser interpretada restrictivamente, en el sentido de que la norma canónica, derogante o invalidante del derecho secular territorial acerca de un determinado negocio, que se ha de considerar vigente, debe quedar claro que, en esa materia, traduce las exigencias del derecho divino o las establecidas por la autoridad de la Iglesia, aunque tal seguridad no esté explícita en lo establecido positivamente”[7].
En particular hay que decir acerca de las prescripciones canónicas, y
con mayor razón cuando se trata de normas de derecho divino, que el siguiente
principio es válido (cf. c. 1259), principalmente cuando se trata de la
capacidad para adquirir bienes:
“Se oponen a los derechos de la Iglesia todas aquellas leyes civiles por las cuales se coarta su libre facultad de adquirir bienes temporales, por sí misma o por cuerpos morales erigidos según derecho eclesiástico”[8].Y la S. Rota Romana[9] fijó en célebre sentencia:
“nec potest Ecclesia pati quod persona moralis, ab ipsa legitime constituta, privetur per legem civilem capacitate iuridica".
También es necesario que se tengan en cuenta los criterios que
suministran los cc. siguientes:
·
198: la buena fe en la
prescripción, con más determinaciones en el c. 199, aunque ellas no se refieran
per se a los contratos
·
1299 § 1: habilidad de
las personas en relación con las disposiciones en causas pías
·
1299 § 2:
solemnidades en las disposiciones mortis causa
·
1301: ejecución de
pías voluntades
·
1547: expresamente citado:
las pruebas por testigos en cualquier causa. Se lo cita para evitar dudas que
tenían diversos autores acerca de esta materia
·
1291-1298: sobre la
enajenación, en la que se legisla con leyes canónicas propias. En el CIC17 eran
más frecuentes los casos en los cuales se establecían normas canónicas propias.
2.
Enajenación de los bienes
eclesiásticos
C. 1291
a.
Anotaciones previas
1) Índole propia de la enajenación
La enajenación[10]
se distingue netamente de los actos de adquisición, retención y administración
de los bienes, de acuerdo con los cc. 1254 § 1 y 1255. Más aún,
la enajenación no es considerada en el nuevo CIC ni siquiera como un acto de
administración extraordinaria. Es, pues, un acto típico, con nombre propio, con
leyes propias, de muy diversa manera a como procedía el CIC17[11].
Y así lo explicó la Comisión cuando se juzgó necesario introducir el término en
el c. 1254[12].
A pesar de ello, permanece la dificultad de cómo la enajenación no es
un acto que excede la administración ordinaria y que no pueda ser considerado
un acto de administración extraordinaria. El legislador se ve que no quiso
imaginarlo así, sino que se colocase la atención sólo en el acto de la
enajenación, y precisamente porque quiso regularlo de modo diverso. Y, en
efecto, en un acto de administración extraordinaria los bienes del patrimonio
eclesiástico quedan intactos, mientras que en el acto de enajenación se dispone
del mismo patrimonio.
2) La enajenación en la historia de la Iglesia.
Ya desde los primeros siglos la Iglesia cuidó de
regular la enajenación de los bienes eclesiásticos. En un primer momento no
existieron normas peculiares al respecto, por lo cual la enajenación de esos
bienes era permitida, y se hacía con relativa frecuencia. Pero, cuando
comenzaron a presentarse abusos en esta materia, empezaron a darse las normas
correspondientes, entre las cuales, las primeras, que para enajenar bienes
eclesiásticos se requería una causa grave y que la misma debía ser discernida
por el Metropolita y los Obispos de la provincia eclesiástica. De acuerdo con
Georg Phillips[13], dos sínodos, el XIX de
Cartago (409) y el Romano (del 502), se pronunciaron sobre este punto, de modo
que el Papa León IV (847-855) llegó a citar el texto del segundo de ellos[14].
En efecto, en el de Cartago se lee (c. 51):
“Placuit, ut presbyteri non vendant rem ecclesiae, ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis, quomodo nec episcopis liceat vendere praedia ecclesiae inconsulto concilio vel cuncto presbiterio sine ulla necessitate”.
Y del sínodo de Roma (c. 18):
“Monemus et irrefragabiliter affirmamus, ut nullus episcoporum vel sacerdotum rem tituli sui usurpare praesumat, sed neque salarium a chirstianis sanctis locis oblatum causa amicitiae, vel timoris aut muneris pertendet auferre, ne ecclesia Dei ad nihilum redigatur. Quod qui facere praesumpserit episcopus vel sacerdos, canonicam sine dubio subeat ultionem, et quod ecclesiae injuste ablatum est reddere compellatur, ita ut deinceps nullas vires pro his ad litigandum vel possidendum habere possit”.
Con el paso del tiempo la disciplina se
hizo aún más estricta, de modo que el Papa Pablo II (1417-1471), mediante la
const. Ambitiosae del 1 de marzo de 1468[15],
no sólo reiteró las prescripciones más antiguas sino que las precisó y, sobre
todo, las dotó con penas. Para refrenar la codicia de quienes intentaran
usurpar o desviar a usos profanos los bienes inmuebles o muebles preciosos,
prohibió la enajenación de los bienes eclesiásticos, así como los contratos por
medio de los cuales se transfirieran estos bienes o los derechos sobre éstos, a
excepción de la enfiteusis[16],
y de aquellos bienes que “servando servari non possunt” (“no se pueden
preservar manteniéndolos”). Para la enajenación requería la licencia del Sumo
Pontífice, y, cuando era hecha sin la causa y sin las solemnidades requeridas
por el derecho, la declaraba inválida.
Esta doctrina se recibió sustancialmente idéntica en el CIC17,
dotándola de mayor perfección jurídica y con algunas innovaciones menores. Los
cambios de mayor importancia se produjeron en la legislación actual.
3) Importancia del asunto
La legislación sobre la materia, que mejor que sobre la enajenación
podría denominarse sobre “la inalienabilidad”) de los bienes eclesiásticos,
está dirigida a hacer más evidente el significado de los mismos, a expresar
nítidamente sus fines. La legislación pretende que estas finalidades se
observen bajo la vigilancia de la autoridad competente. La prohibición de la
enajenación no es intrínseca a los bienes eclesiásticos, sino, más bien, una
medida de prudencia a fin de evitar poner en peligro tales finalidades, y que
se introduzcan abusos.
Además, la índole sacra de los bienes eclesiásticos no permite que sean
tratados simplemente como capitales de negocios en los que se atienda sólo o
primordialmente al lucro[17].
Pero no se debe olvidar el cambio que se está dando en el momento
presente, si se lo compara con los tiempos pasados. Algunas razones y prohibiciones
en relación con la inalienabilidad de los bienes eclesiásticos hoy ya no tienen
fuerza vinculante.
b.
Sobre la noción de
enajenación
La enajenación puede entenderse de dos maneras: en sentido estricto, y
en sentido amplio o lato:
“En sentido estricto, sólo se considera el acto por el cual se transfiere a otro el dominio directo de una cosa; en sentido amplio la enajenación se considera no sólo el acto mencionado sino todo aquel que conceda a otro un derecho sobre la cosa, de modo que el dominio directo disminuye. En esta materia, el término se toma en un sentido amplísimo del c. 1533*”[18].
La siguiente definición es más concisa:
“Bajo el nombre de enajenación se entiende en este lugar toda traslación del derecho sobre una cosa, hecha de modo gratuito u oneroso, acerca de cosas eclesiásticas, exceptuando, hasta cierto punto, el dinero”[19].
Esta doble noción se mantiene en la legislación actual, de modo que en
el c. 1291 se trata de la enajenación en sentido estricto, mientras que
en el c. 1295 se habla de la enajenación en sentido amplio, por cuanto
se asimila a aquella cualquier negocio por el cual la condición patrimonial de
las personas jurídicas puede llegar a hacerse peor.
c.
Objeto de la enajenación
1) Legislación anterior
El c. 1530* prohibía enajenar “bienes eclesiásticos inmuebles o muebles
que se puedan conservar («servando servari possunt»)”, es decir, quedaban
afectados todos los bienes destinándolos a su conservación y no al consumo ni a
la cesión. Ello dependía, ciertamente, de la naturaleza de las mismas cosas, o
del mismo derecho. Pero tal modo de hablar podía ser el adecuado para unos
tiempos en los que la economía era prevalentemente agrícola…
2) El concepto de “patrimonio estable” de la nueva legislación
El c. 1291 implementó otra expresión, que, como se vio, se
encontraba en el c. 1285 del cual se trató antes: se habla de
“patrimonio estable”.
Las discusiones al interior de la Comisión “sobre
los bienes temporales”, primero, y “sobre el patrimonio eclesiástico”, después,
fueron amplias[ii]:
“Algunos criticaron la expresión «patrimonio estable» al considerarla más adecuada para las condiciones de tiempos pretéritos (¡sic!), pero no para nuestros tiempos en los que una economía moderna se caracteriza por la movilidad y por la fluidez. Los Consultores sin embargo concuerdan en la necesidad de poner algún límite… que no puede efectuarse sino tomando alguna noción convencional, a la cual alude precisamente la expresión indicada «patrimonio estable»”[20].
Se debe decir que las discusiones no parecieron ser muy sutiles especialmente
desde una óptica de historia económica[iii].
Pero así fue introducida.
“(Por patrimonio estable se indican) los bienes que… están destinados a formar la dote permanente del ente, la cual, directa o indirectamente, consiente al ente mismo alcanzar sus propios fines”[21].
Y (López Alarcón) lo explicó de esta manera:
“Por patrimonio estable habrá que entender el integrado por bienes que constituyen la base económica mínima y segura para que pueda subsistir la persona jurídica de modo autónomo y atender los fines y servicios que le son propios; pero, no hay reglas absolutas para fijar la noción de estabilidad de un patrimonio, ya que está en función, no solamente de la naturaleza y cantidad de los bienes, sino de las exigencias económicas que son necesarias para el cumplimiento de los fines, así como de la situación estacionaria o expansiva de la entidad en el ejercicio de su misión”.[22]
3) Bienes que pertenecen al patrimonio estable
El c. 1295 no menciona los bienes en particular. De acuerdo con
el c. 1285, recordemos, se habla de “bienes muebles que no pertenecen al
patrimonio estable”, por lo cual se podría deducir que no todos ellos
pertenecen al mismo. Y cabría la posibilidad de preguntar si todos los bienes
inmuebles pertenecen a dicho patrimonio (o al capital[23]).
No parece que sea así, de acuerdo con la historia, pero sí se los ha de
considerar, al menos por regla general. Las excepciones provienen de que a
veces los bienes inmuebles pueden equipararse a los bienes muebles, por ejemplo
cuando se los usa para hacer un pago en lugar de dinero, o cuando el donante
dispuso que se usaran para realizar obras o gastos[24].
4) Asignación legítima
Pero la sola noción de patrimonio estable no permite tener una idea
práctica y precisa sobre la materia. El c. 1291 aporta un elemento
adicional: para que un bien pertenezca al patrimonio estable se requiere “una
asignación legítima”, es decir, que sea asignado a dicho patrimonio de acuerdo
con el derecho particular o propio o según los estatutos.
En este caso, como en el de la administración extraordinaria,
encontramos un elemento teórico, y uno práctico, determinado por el derecho.
Por ello, el CIC ya no habla de bienes muebles e inmuebles para
constituir un patrimonio estable. En efecto, aunque de hecho los bienes
inmuebles se consideren más adecuados para constituirlo, sin embargo, en la
actual estructura económica, parece que tal distinción no tiene mayor
importancia. El criterio último decisivo es, en cambio, la legítima asignación.
Puede ocurrir que la presunción se dirija a que los bienes inmuebles
constituyan el patrimonio estable, pero también se puede afirmar que la
asignación de un bien al patrimonio estable es un acto de administración
extraordinaria.
5) Determinación del valor
Un último elemento a determinar en el c. del que tratamos consiste en
el objeto que cae bajo la legislación sobre la enajenación: el “valor” que
excede una suma máxima determinada por el derecho. No es, en consecuencia,
cualquier valor, sino uno previamente determinado.
Concluyendo, para que se tenga un objeto susceptible de enajenación se
requiere que los bienes a enajenar pertenezcan al patrimonio estable por
legítima asignación, sea que estos bienes sean muebles o inmuebles, y que
superen un determinado valor.
d.
La solemnidad particular
que requiere la enajenación de bienes
Para que la enajenación de bienes se pueda efectuar válidamente la
norma canónica requiere la licencia de la autoridad competente estipulada. Cuál
es esta autoridad, lo dice el c. 1292.
3.
Autoridad competente para
otorgar la licencia para enajenación
C. 1292
a.
El proceso de redacción del
c.
El c. reordenó la materia contenida en los cuatro §§ del c. 1532* del
CIC17 que, en su momento, habían sido absorbidos en la propuesta de revisión
del c. 1530*[iv]. Se trató de una
elaboración muy laboriosa en la que la Comisión quiso aplicar de manera
especial el “principio de subsidiariedad”.
El c. provisional 37** del esquema de 1977 preveía la competencia del
Ordinario del lugar en relación con las personas jurídicas públicas de derecho
diocesano; pero establecía que los actos de enajenación que superaran una suma
máxima definida para la región por la Conferencia de los Obispos, debían
obtener antes la confirmación de una comisión especial de la Conferencia
establecida con ese fin. Y, si se trataba de exvotos[25]
donados a la Iglesia, o de cosas preciosas, o de cosas cuyo valor doblaba la
suma definida por la Conferencia, se necesitaba también la licencia de la Santa
Sede.
Varias objeciones se presentaron al texto tan arduamente elaborado, en
especial en relación con (cf. § 2) la competencia otorgada a la Conferencia de
los Obispos, a la que algunos consideraron una intromisión indebida en el
gobierno de las diócesis. Se añadía a esto que, para examinar estas cuestiones
tan delicadas, se debía organizar una comisión “idónea” que otorgara la
licencia. Primó entonces la oposición al § 2, que fue suprimido, pero, a cambio
del mismo, se propuso se confiara, más bien, a las Conferencias la facultad de
establecer una suma mínima, por debajo de la cual no se necesitara una licencia
para para las enajenaciones, o una suma máxima, más allá de la cual se
requiriera la licencia por parte de la Santa Sede.[26]
Con estas observaciones se redactó el c. 37** (pasó como el c. 1243***
en el esquema de 1980), sustancialmente el mismo aprobado en 1983 como c. 1292,
con algunas novedades significativas, como veremos a continuación.
b.
Comentario del c.
1) Principio fundamental
El § 1 establece que cada Conferencia de los Obispos debe
determinar la suma mínima bajo la cual nada dispone el derecho, y la suma
máxima, más allá de la cual hay que recurrir a la Sede Apostólica. Se
mantiene, pues, una suma intermedia entre la mínima y la máxima.
2) La suma intermedia
Si se trata de una suma intermedia, en lo que concierne a la
autoridad competente para dar la licencia para la enajenación, y ello para la
validez, se deben hacer estas distinciones:
· Entre personas jurídicas no sometidas al Obispo diocesano:o Los estatutos propios deben determinar la autoridad competente;· Entre otras personas jurídicas sometidas al Obispo diocesano:o La autoridad competente es el Obispo diocesano “con el consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores, así como de los interesados”;· Cuando es el mismo Obispo diocesano quien desea enajenar bienes de la diócesis, se requiere el “consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores, así como de los interesados”.
Es de notar que, para dar mayor claridad al asunto, era necesario crear
este último caso – no aparecía así en la última revisión –, ya que los bienes
de la diócesis no cabían ni dentro del grupo de las personas jurídicas sujetas
al Obispo diocesano, pero tampoco dentro de las no sujetas a él. Y este
proceder muestra, de paso, que la enajenación no puede considerarse un acto de
administración extraordinaria, al cual se refiere el c. 1277 cuando es
puesto por el Obispo diocesano.
3) Suma que excede la máxima
En este caso, para la validez se requiere “insuper” (además de
las condiciones señaladas en el § 1), la licencia de la Santa Sede: el
adverbio es preciso y claro. Por tanto, en los términos señalados, se debe
contar con los consentimientos correspondientes y en forma previa a la
solicitud de licencia a la Santa Sede, de lo contrario esta licencia no sería
válida.
4) El caso de los exvotos y de las cosas preciosas
El § 2 también señala que cuando se trata de enajenar “cosas
donadas a la Iglesia por un voto, así como cosas preciosas por razones
artísticas o históricas” se requiere, además, la licencia de la Santa Sede. Lo
mismo se debe decir de la enajenación de reliquias insignes o de imágenes “que
en alguna iglesia son honradas con gran veneración del pueblo”, como indica el
c. 1190 §§ 2-3 (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/03/l.html).
El § 1 no se refiere a estos bienes, como se puede ver; pero el §
2 contiene el mencionado adverbio “insuper”: ¿se requiere, entonces, para
la enajenación de estos bienes, proceder aplicando también las exigencias
mencionadas en el § 1? La respuesta, sin duda, debe ser afirmativa. Este
tipo de bienes ciertamente son equiparados a las cosas cuyo valor excede la
suma máxima. Y, por lo tanto, la manera de proceder en estos casos es la
indicada como “intermedia” por el § 1; pero, en este caso, además, se
requiere la licencia de la Santa Sede.
Diversas fueron las razones que condujeron a la realización de esta actividad. La presentación de la Conferencia, así como algunas de las intervenciones durante la misma, pueden verse en:
5) La suma mínima
El derecho universal no establece nada en particular sobre ésta, pero
los estatutos y el derecho propio por supuesto pueden establecer normas
peculiares, como formalidades o solemnidades adicionales, a las que será
necesario atenerse.
6) Los Institutos religiosos
Se debe obrar de acuerdo con la norma del c. 638 § 3 (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2019/02/l_28.html).
Con todo, no todos los autores están de acuerdo al interpretar en ese §
3 la expresión: “Si tamen agatur de
negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam
superet”, por cuanto en el § 1 del c. que comentamos (1292)
se señala: “continetur intra summam
minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque
regione definiendas”.
¿Cuál sería, entonces, la suma definida por la Santa Sede? Algunos
comentaristas las identifican sin más.
Se ha de observar, sin embargo, que, si fueran una y otra sumas la
misma, la establecida por la Conferencia de los Obispos, el c. 638 § 3 debería
haber hecho remisión al c. 1292, pero no la hace. Pero sí ocurre lo
contrario: en el 1292 se remite al c. 638 § 3. Por lo tanto, en el c. 1292
se quieren excluir (“salvo praescripto”) los bienes pertenecientes a los
Institutos religiosos.
Otra razón que se ha de tener en cuenta consiste en que las decisiones
“definidas” o determinadas por la Conferencia de Obispos debe ser “aprobada” o
“revisada” por la Santa Sede (cf. c. 456: “ab eadem recognosci possint”: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/11/l_23.html),
como es costumbre. En cambio, cuando se trata de la determinación del c. 638 §
3 se habla de “definida”, y no solamente “aprobada”, por la Santa Sede, lo cual
no es lo mismo ni tiene el mismo efecto canónico.
Pero, sobre todo, una razón de peso podría ser que la suma que
definiera la Conferencia de Obispos no siempre fuera apta para los Institutos
religiosos, y ello en consideración de su modo propio de vida, el cual se rige
por otros criterios.
Por eso, en ausencia de una norma expresa al respecto dada por la Santa
Sede para cada región, la suma establecida por las Conferencias de los Obispos
permanece como criterio supletivo.
7) Las personas jurídicas privadas
El c. es válido sólo para los bienes temporales de las personas
jurídicas públicas. Las enajenaciones de los bienes de las personas jurídicas
privadas se rigen por sus propios estatutos (cf. c. 1257 § 2).
8) La prescripción sobre los bienes divisibles
De acuerdo con el § 3, que es también para la validez del acto:
“Si la cosa que se va a enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario, es inválida la licencia”.
9) Responsabilidad de quienes deben dar su consentimiento
Todos los que han de dar su consentimiento para una enajenación tienen
responsabilidad en el acto o negocio jurídico.
De allí la necesidad de que, según el § 4,
“no han de darlos si antes no se les informó exactamente, tanto de la situación económica de la persona jurídica cuyos bienes se desea enajenar, como de las enajenaciones realizadas con anterioridad”.
Por eso, el consentimiento – o, en algún caso, el consejo – debe darse
según el juicio hecho personalmente, y no simplemente por darle un voto de
confianza al superior o al representante de la persona jurídica.
c.
Notas complementarias
·
Las cosas que se consumen
con el mismo uso o están destinadas al uso cotidiano, incluso extraordinario, o
las que no aportan ninguna utilidad, no están sujetas a las normas sobre la
enajenación, pues no pertenecen al patrimonio estable por legítima asignación.
·
Tampoco pertenece a éste el
dinero, a no ser que haya sido colocado, convertido en títulos o pasado al
capital[27],
o cuando ha sido destinado legítimamente para comprar cosas inmuebles o muebles
preciosas, o si tiene aneja una carga de misas.
·
Las cosas inmuebles no se
considera que jurídicamente se pueden conservar o pertenecer al patrimonio
estable:
1°) Si representan sólo dinero[28]
para uso cotidiano;
2°) si representan una inversión fructífera del dinero (cuentas de
ahorro).
·
Hay muchos actos que aun
cuando tienen aspecto de enajenación, sin embargo no lo son el sentido
jurídico.
·
Según algunos autores no
existe propiamente una enajenación canónica cuando se otorga una licencia
mediante la cual se transfiere el dominio de una persona jurídica canónica a
otra persona jurídica canónica, porque, en tal caso, los bienes permanecen
eclesiásticos.
NdE
La Conferencia Episcopal de Colombia[29]
en la Asamblea realizada en 1986 estableció en su Decreto n. 8 (sobre los cc.
1292; 1277; 1281; 1295 y 1207):
“La Conferencia Episcopal de Colombia
decreta:
Art. I: Las sumas máxima y mínima de
las que trata el Canon 1292 se fijan así:
·
La cantidad máxima es, en pesos colombianos, la
equivalente a U.S.$ 300.000;
·
La mínima es también en pesos colombianos la
equivalente a U.S.$ 10.000;
en ambos casos cotizados éstos en el
mercado oficial el día anterior a aquel en que se pide la licencia.
Art. II: Además de los casos
señalados en los Cánones 1277; 1292 §§ 1 y 2; 1281 § 2; y 1295, son actos de
administración extraordinaria la enajenación de bienes inmuebles, cualesquiera
sea su valor, y los actos que causen deudas o riesgos en cantidades superiores
a la mínima dentro de los cuales deben considerarse las inversiones, los
depósitos a término y las operaciones bursátiles. Para estos últimos actos se requiere
al menos la autorización habitual de los Consejos competentes.
Art. III: Se requiere licencia
previa del Obispo Diocesano:
Para realizar contratos de
arrendamiento de bienes eclesiásticos (Canon 1297).
Para los actos de carácter económico
en cantidades inferiores a la mínima que causen deudas o riesgos, como son los enumerados
en el artículo II del presente Decreto.”
4.
Otras cautelas o reservas
en relación con la enajenación
Cc. 1293-1294
Las cautelas que se indican en estos cc. no son para la validez de la
enajenación, ni se enumeran de manera exhaustiva, sino a manera de ejemplo.
También las causas que se indican en el c. 1293 § 1, 1° son
ejemplares. Nótese la última de ellas: “otra grave razón pastoral”.
En relación con los peritos indicados en el c. 1293 § 1, 2° se
afirma que la pericia debe ser hecha al menos por dos de ellos. Comparado este
numeral con el antiguo CIC17, se nota que se quitó la expresión “periti probi”,
pero no porque no se requiera su honradez, sino sobre todo para insistir en su
pericia.
En el c. 1294 § 1 el adverbio “ordinarie” (ordinariamente) en su
momento fue objeto de diversas críticas: algunos opinaban que debilitaba la
norma. Los Consultores, sin embargo, lo encontraron oportuno, pues la
enajenación no depende sólo del precio, sino también de otras circunstancias[30].
Si, p. ej., al poner en venta un inmueble aparecen dos posibles compradores,
uno que ofrece el precio mayor, pero usará la casa para propósitos ilícitos, y
otro que ofrece un precio menor, pero que la usará para un fin benéfico, se ha
de preferir a este último.
En relación con el § 2, cuando el dinero percibido de una
enajenación se coloca en beneficio de la Iglesia, se produce una substitución
de capital. En otras épocas se recomendaba colocarlo en bienes inmuebles, como
más “seguros”, pero de esta seguridad se puede dudar en el presente[v].
5.
Sobre los negocios
jurídicos que se equiparan a la alienación
C. 1295
Como se dijo en su momento, se entiende la
enajenación también en sentido amplio. Las normas que se dan entonces en los
cc. 1291-1295 para la enajenación en sentido estricto, son válidas
también “para cualquier negocio jurídico en el que la condición patrimonial de
la persona jurídica pueda empeorar”.
Se trata de todos los negocios en los que se afecta
el patrimonio mismo de la persona jurídica de tal manera que ella ya no tenga
la plena posibilidad de disponer del patrimonio, porque los derechos reales
acerca del mismo se han cedido a otros. Tal es el caso de gravámenes tales como
el usufructo, la hipoteca, una servidumbre (M. p. "Pastorale munus", por el que se
conceden a los Obispos ciertas facultades y privilegios, pág. n. 22) , pero también el
negocio jurídico en el que se contraen deudas más allá de una suma determinada.
Pero la condición patrimonial de la persona jurídica
puede empeorar no sólo por la cantidad de los bienes sino por la cualidad de
los mismos, como ocurre cuando sobre ellos se establece cualquier transacción o
un compromiso, como lo advierte el c. 1715[31]. (Véase el apéndice 1 al final de este comentario al Título III).
6.
La alienación canónicamente
inválida, pero civilmente válida
C. 1296
Debido a que en no pocos casos el derecho canónico no es reconocido por
el derecho civil, el legislador desea que en los estatutos de las personas
jurídicas se introduzcan normas sobre la alienación de los bienes eclesiásticos
de tal manera que ellas tengan eficacia jurídica aún en el foro civil en cuanto
ello sea posible, de modo que “negocios que son inválidos por razón del derecho
canónico, también sean civilmente inválidos por la inobservancia de las debidas
solemnidades”[32] [vi]. La
autoridad competente que menciona el c. es la que tiene jurisdicción sobre la
persona jurídica que enajenó inválidamente los bienes. A veces la acción
resulta fructuosa, como en el caso de una acción entablada por la Santa Sede
contra el Estado de Israel.
Sin embargo, muy a menudo no cabe más recurso sino la sanación[33],
de la cual el CIC no hace mención.
7.
Normas sobre el contrato de
arrendamiento de bienes eclesiásticos
C. 1297
Se puede preguntar si acaso el arrendamiento es un empeoramiento de la
condición patrimonial. En las actuales circunstancias ello puede ocurrir.
Esto depende de la región o nación en la que se de cada caso. Las
Conferencias de Obispos pueden dar normas al respecto.
Como ocurre, el CIC da normas universales, pero cada diócesis y persona
jurídica puede dar sus normas al respecto.
8. ¿A quiénes no se deben ni vender ni alquilar las cosas eclesiásticas?
C. 1298
Se trata de una medida de precaución para el responsable y para el
administrador de los bienes eclesiásticos:
·
Al propio administrador
·
A sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad
·
A no ser que se obtenga del
superior un permiso escrito.
Cann. 1299 – 1310
TÍTULO IV. DE LA PÍAS VOLUNTADES EN GENERAL Y DE LAS FUNDACIONES PÍAS
TITULUS IV. DE PIIS VOLUNTATIBUS IN GENERE ET
DE PIIS FUNDATIONIBUS
Texto oficial
|
Traducción castellana
|
Can. 1299 — § 1. Qui ex iure naturae
et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive
per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere.
§ 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae
serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae
fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi
testatoris voluntatem.
|
1299 § 1. Quien, por el derecho
natural y canónico, es capaz de disponer libremente de sus bienes, puede
dejarlos a causas pías, tanto por acto inter vivos como mortis causa.
§ 2. Para las disposiciones
mortis causa en beneficio de la Iglesia, obsérvense, si es posible, las
solemnidades prescritas por el ordenamiento civil; si éstas se hubieran
omitido, se ha de amonestar a los herederos sobre la obligación que tienen de
cumplir la voluntad del testador.
|
Can. 1300 — Voluntates fidelium
facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum
inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime
impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo
praescripto can. 1301, § 3.
|
1300 Deben cumplirse con suma diligencia, una vez
aceptadas, las voluntades de los fieles que donan o dejan sus bienes para
causas pías por actos inter vivos o mortis causa, aun en cuanto al modo de
administrar e invertir los bienes, salvo lo que prescribe el ⇒ c. 1301 § 3.
|
Can. 1301 — § 1. Ordinarius omnium
piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est.
§ 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet,
etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri
exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur.
§ 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis
voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur.
|
1301 § 1. El Ordinario es
ejecutor de todas las pías voluntades, tanto mortis causa como inter vivos.
§ 2. En virtud de este derecho
el Ordinario puede y debe vigilar, también mediante visita, que se cumplan
las pías voluntades; y los demás ejecutores deben rendirle cuentas, una vez
cumplida su función.
§ 3. Las cláusulas contenidas
en las últimas voluntades que sean contrarias a este derecho del Ordinario,
se tendrán por no puestas.
|
Can. 1302 — § 1. Qui bona ad pias
causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit,
debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi
bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator
id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet.
§ 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in
tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam
can. 1301.
§ 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti
religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint
attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis,
Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior
maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus
vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius
in aliis institutis religiosis.
|
1302 § 1. Quien adquirió como
fiduciario unos bienes destinados a causas pías, sea por acto inter vivos sea
por testamento, debe informar de su fiducia al Ordinario, dándole cuenta de
todos aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles, y de las cargas anejas,
pero si el donante hubiera prohibido esto, expresa y totalmente, no deberá
aceptar la fiducia.
§ 2. El Ordinario debe exigir
que los bienes entregados en fiducia se coloquen de manera segura, y vigilar
la ejecución de la pía voluntad conforme al ⇒ c. 1301.
§ 3. Cuando unos bienes han
sido entregados en fiducia a un miembro de un instituto religioso, o de una
sociedad de vida apostólica, si están destinados a un lugar o diócesis, o a
sus habitantes o para ayudar a causas pías, el Ordinario a que se refieren los
§ § 1 y 2 es el del lugar; en caso contrario, es el Superior mayor en el
instituto clerical de derecho pontificio y en las sociedades clericales de
vida apostólica de derecho pontificio, o bien el Ordinario propio del mismo
miembro en los demás institutos religiosos.
|
Can. 1303 — § 1. Nomine piarum
fundationum in iure veniunt:
1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates
rerum ad fines de quibus in can. 114, §2 destinatae et a competenti
auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae;
2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona
temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in
diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas
celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut
fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi.
§ 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita
fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad
institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit
fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae
cedunt.
|
1303 § 1. Bajo el nombre de
fundaciones pías se comprenden en el derecho:
1 las fundaciones pías autónomas, es decir, los
conjuntos de cosas destinados a los fines de que se trata en el ⇒ c. 114 § 2 y
erigidos como personas jurídicas por la autoridad eclesiástica competente; 2
las fundaciones pías no autónomas, es decir, los bienes temporales, dados de
cualquier modo a una persona jurídica pública con la carga de celebrar Misas
y cumplir otras funciones eclesiásticas determinadas con las rentas anuales,
durante un largo período de tiempo, que habrá de determinar el derecho particular,
o de perseguir de otra manera los fines indicados en el ⇒ c. 114 § 2.
§ 2. Una vez vencido el plazo,
los bienes de una fundación pía no autónoma, si hubiesen sido confiados a una
persona jurídica sujeta al Obispo diocesano, deben destinarse al instituto de
que trata el ⇒ c. 1274 § 1,
a no ser que fuera otra la voluntad del fundador expresamente manifestada; en
otro caso, revierten a la misma persona jurídica.
|
Can. 1304 — § 1. Ut fundatio a persona
iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis
data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam
tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque
caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque
loci vel regionis morem.
§ 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et
acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur.
|
1304 § 1. Para que una persona
jurídica pueda aceptar válidamente una fundación se requiere licencia escrita
del Ordinario; licencia que no concederá sin haber comprobado legítimamente
que la persona jurídica puede cumplir tanto la nueva carga como las
anteriormente aceptadas; y debe cuidar sobre todo de que las rentas cubran
totalmente las cargas anejas, según los usos del lugar o de la región.
§ 2. El derecho particular
determinará condiciones más específicas para la constitución y aceptación de
fundaciones.
|
Can. 1305 — Pecunia et bona mobilia,
dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando
deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium
custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem
Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus
oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum
expressa et individua mentione oneris.
|
1305 El dinero y los bienes muebles asignados como
dote, han de depositarse inmediatamente en un lugar seguro aprobado por el
Ordinario, a fin de conservar ese dinero o el precio de los bienes muebles, y
colocarlo cuanto antes, cauta y útilmente, en beneficio de la fundación, con
mención expresa y detallada de las cargas, según el prudente juicio del
Ordinario, oídos los interesados y su propio consejo de asuntos económicos.
|
Can. 1306 — § 1. Fundationes, etiam
viva voce factae, scripto consignentur.
§ 2. Alterum tabularum exemplar in curiae archivo,
alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto
asserventur.
|
1306 § 1. Las fundaciones, aun las
hechas de viva voz, se han de consignar por escrito.
§ 2. Se conservará de manera
segura una copia de la escritura de fundación en el archivo de la curia, y
otra en el archivo de la persona jurídica interesada.
|
Can. 1307 — § 1. Servatis praescriptis
cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella
conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in
oblivionem cadant.
§ 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter
liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera
eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur.
|
1307 § 1. En observancia de las
prescripciones de los cc. ⇒ 1300-1302
y ⇒ 1287, ha de
hacerse una tabla de las cargas de las fundaciones pías, y colocarla en un
lugar visible, de modo que las obligaciones que hayan de cumplirse no caigan
en el olvido.
§ 2. Además del libro al que se
refiere el ⇒ c. 958 § 1,
el párroco o el rector ha de llevar y conservar otro en el que se anoten cada
una de las obligaciones, su cumplimiento y las limosnas.
|
Can. 1308 — Ha sido reformado. Véase más adelante.
|
1308
|
Can. 1309 — Iisdem auctoritatibus, de
quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de
causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae
in fundationibus sunt statuta.
|
1309 Compete también a las autoridades mencionadas
en el ⇒ c. 1308 la
potestad de trasladar, por causa proporcionada, las cargas de Misas a días,
iglesias o altares distintos de aquellos que fueron determinados en la
fundación.
|
Can. 1310 —Ha sido reformado. Véase más adelante.
|
1310
|
1.
Las pías voluntades en
general
La materia que se encuentra en el presente Título se encontraba en el
anterior pero separada: en los cc. 1544*-1551*[vii]
se trataba de las pías fundaciones, mientras que sobre las pías
voluntades se trataba en el Título XXVII “De bonis ecclesiasticis
acquirendis” a partir del c. 1513*[viii].
Sin embargo, en el mismo CIC17 se encontraban normas en los cc.
1489*-1494*[ix] “de
aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus”, en los que se regulaban
asuntos pertenecientes a esta misma materia.
Como se verá, el nuevo orden sistemático es mucho mejor.
a.
Nociones
1) Pía voluntad
De acuerdo con (Vromant) [34],
se entiende por una pía voluntad
“toda disposición, ya sea por acto mortis causa, ya sea incluso entre vivos, en relación con una causa pía”.
La causa pía, en este c. se entiende globalmente como los “fines de la
Iglesia”.
2) Causa pía
La expresión tiene históricamente varios significados, conectados ellos
entre sí:
·
Todo fin sobrenatural
por causa del cual se hace cierta obra de piedad o de religión: es la razón,
piadosa, por la cual se hace algo;
o
Ya sea en forma permanente
(una institución, una fundación),
·
Todo lugar o institución
en donde se ejerce una obra de piedad o de religión por un fin sobrenatural,
para honra de Dios y salvación de las almas.
3) Formas de causas pías
Desde el punto de vista del derecho canónico (cf. cc. 113-123: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/09/l.html)
las causas pías pueden revestir tres formas:
·
Persona jurídica pública
·
Persona jurídica privada
·
Anexión a personas
jurídicas preexistentes (fundación no autónoma).
Pero no todas las causas pías, sin embargo, se pueden reducir a estas
tres formas.
4) Elementos de las pías voluntades
Tres elementos constituyen una pía voluntad:
·
La causa pía, conforme se
vio;
o
Moral: es la relación entre
el sujeto y Dios, que se resuelve en el ámbito de la conciencia, y que no
siempre podemos conocer;
o
Jurídica: es la relación del
actor o del agente que especifica un acto externo ante la sociedad. Se trata de
actos externos que ya tienen por parte del derecho una especificidad jurídica y
están sometidos, por lo tanto, a la autoridad eclesiástica o civil. La distinción
entre esta jurídica y la moral en algunos casos puede ser difícil: la
beneficencia[36], v. gr., puede ser
natural o teologal, y tanto las instituciones eclesiásticas como las civiles
pueden ser sus destinatarias. El que una voluntad sea pía dependerá tanto del
elemento objetivo externo como de la intención sujetiva teologal del agente.
Pero puede ocurrir que se trate del objeto de la acción en sí mismo
indiferente, caso en el cual se ha de averiguar la intención del sujeto al
realizar esa acción.
·
La piedad de la persona que
lo otorga: muchos se han preguntado cómo calificar la acción de alguien que,
como en el caso de un ateo, dispone de sus bienes para una causa pía: ¿es
suficiente que la donación se haga para una causa pía para que la donación sea
pía? Hay, por lo menos, tres tendencias en la respuesta:
o
Algunos piensan que es
suficiente que la obra o la intención sean piadosas para que constituya una
voluntad pía.
o
(Vromant) [37]
era de la opinión de que se considera como voluntad pía lo que se dé o se legue
a un instituto pío, aun por parte de un incrédulo y sin un motivo sobrenatural,
o lo que se dé o se legue a un instituto no pío, pero con la obligación de usar
los bienes para una obra pía (v. gr. para celebrar misas):
“Por el contrario, hoy, a causa de la secularización de los hospicios y de la predicación de cierto altruismo meramente natural, no se considera que se da a una pía causa lo que se entrega por humana filantropía a institutos laicos, lo cual nada tiene en común con la caridad verdaderamente cristiana”[38].
·
(Regatillo SJ) admitía que un incrédulo, según su
deseo, libremente podía disponer de sus bienes en favor de quien quisiera:
pero, ¿cómo puede admitirse que en el caso haya una causa pía o una voluntad
pía? Afirmaba que si faltara en él una intención sobrenatural, sólo habría en
tal donación una causa filantrópica, no una causa pía. En cambio, si expresa o
tácitamente lo hiciera en favor de una institución erigida por la Iglesia, o
aprobada por ella, se la considera jurídicamente pía (por lo tanto lo son la
voluntad como la causa: el hecho vence a la presunción), y, por tanto caería
bajo la potestad de la Iglesia.
5) Formas de las pías voluntades
Las pías voluntades pueden expresarse mediante actos “entre vivos” o
por actos mortis causa. Las “últimas voluntades” revisten formas
distintas: donación mortis causa, testamento, legado, fideicomiso, etc.[xii]
6) La competencia de la Iglesia en esta materia
Acerca de las pías voluntades la Iglesia ejerce – como se verá en
detalle en los párrafos siguientes – su competencia exclusiva tanto en relación
con la capacidad o habilidad de las personas, como en relación con la forma al
proceder en ellas, y como en relación con la ejecución de las mismas.
b.
Capacidad de disponer en
las causas pías
C. 1299 § 1
Esta capacidad se rige sólo por el derecho natural y por el derecho
canónico. Al respecto no se canoniza el derecho civil.
1) Por derecho natural
Basta que el sujeto sea capaz de realizar actos humanos: se requiere el
consentimiento libre efectuado por parte de la facultad intelectiva y de la
facultad volitiva.
2) Por derecho canónico
En el derecho vigente existen algunos cc. que limitan esta capacidad,
v. gr. c. 668 (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2019/03/l.html).
3) Cuestiones
Algunos asuntos quedan para resolver en relación con este tema:
·
¿Vale lo prescrito en
relación con los infieles? Cf. la propuesta de (Onclin) .
·
¿Pueden los menores
disponer de sus bienes en favor de una causa pía? Sí, si no se lo prohíbe la
norma canónica. Cf. (Regatillo S.J.)
·
¿Qué decir de las
disposiciones inoficiosas? Son las que no cumplen con el oficio del otorgante.
V. gr., un padre de familia que dejara todos sus bienes a una causa pía, y no
al menos algo a sus herederos, actuaría contra la ley civil. Pero ésta, en este
punto, no tiene valor en el foro canónico. San Agustín, por su parte, decía que
una herencia gravada con deudas no podía ser recibida por la Iglesia. San
Alfonso refería el caso a la moral: si los herederos ya son ricos, no tienen
necesidad de la herencia, por tanto, están obligados en conciencia a entregarla
a la Iglesia.
c.
Forma de las últimas
voluntades
C. 1299 § 2
1) Origen de la doctrina
La doctrina acerca de los testamentos proviene de dos cartas del papa
Alejandro III (1159-1181) a los jueces de Ostia y de Veletri, más tarde
incorporadas entre las Decretales:
“In ore duorum vel trium testium stet omne verbum”.
La afirmación fue recibida en toda la Iglesia, aceptada como norma
general, y fue empleada por la Curia Romana en su praxis. El cardenal Giuseppe
D’Annibale (1815-1892)[39]
tenía al respecto su propia posición en relación con ese valor universal
alcanzado, pero la prescripción pasó al CIC17 y luego al actualmente vigente.
2) Razón de la norma
Aunque no se requiere ninguna formalidad para su validez, es
conveniente que, para evitar litigios – tan frecuentes en esas circunstancias
–, cuando se trate de las disposiciones mortis causa se observen las
solemnidades requeridas por el derecho civil. La omisión de ellas, sin embargo,
no invalida esa donación. En tal caso, los herederos deben ser amonestados
sobre su obligación de cumplir la voluntad del testador.
En el CIC17, c. 1513 § 2*, se hablaba sólo de la amonestación que había
de hacerse. La discusión se hacía sobre el valor de la misma. Hasta cuando la
Comisión Intérprete respondió que el término “moneatur” tenía fuerza
preceptiva. La obligación, sin embargo, se urgía teniendo en cuenta las
consideraciones pastorales. En el esquema de 1977, para quitar las dudas, se
había añadido la expresión “ex justitia”, pero fue suprimida en la
redacción definitiva. Pero, la mente del texto es, de todos modos, muy clara.
3) En beneficio de la Iglesia
No parece que el término “Iglesia” en este c. deba entenderse en el
sentido del c. 1258 sino en sentido muy general: “para fines
eclesiales”.
En el esquema de 1977 se había colocado “para causas pías”; pero en la
redacción definitiva de nuevo se colocó “in bonum Ecclesiae”, con lo
cual se volvió a la redacción original sin que se haya dado clara o expresa
razón del por qué del cambio[40].
4) Forma de las donaciones entre vivos y las solemnidades civiles
El § 1 del c. 1299 se refiere sólo a la habilidad
canónica de las personas para dejar sus bienes a causas pías por razones de
derecho natural y por razones de derecho canónico. Nada se dice de la forma o
de la solemnidad para hacerlo.
En el § 2 sólo se habla de las solemnidades en las disposiciones
mortis causa. ¿Qué habría que decir, entonces, sobre las donaciones inter
vivos?
CIC17
|
CIC83
|
Can. 1529*. Quae ius civile in territorio statuit de
contractibus tam in genere, quam in specie, sive nominatis sive innominatis,
et de solutionibus, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum
effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico
caveatur.
|
Can. 1290 — Quae ius civile in
territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de
solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae
subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint
aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo
praescripto can. 1547.
|
Can. 1536*. §1. Nisi contrarium probetur, praesumendum
ea quae donantur rectoribus ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae
donata. §2. Donatio facta ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari
nequit sine licentia Ordinarii. §3. Repudiata illegitime donatione, ob damna
quae inde obvenerint actio datur restitutionis in integrum vel indemnitatis.
§4. Donatio ecclesiae facta et ab eadem legitime acceptata, propter ingratum
Praelati vel rectoris animum revocari nequit.
|
Can. 1267 — § 1. Nisi contrarium
constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis
personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae
iuridicae factae.
§ 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt
nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si
agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut
acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto
can. 1295.
§ 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae,
nonnisi ad eundem finem destinari possunt.
|
Bajo el CIC17 había discusión entre los autores, como explicaba (Vromant, pág. n. 162) . La sentencia más
común era que el c. 1529* canonizaba la ley civil en relación con los
contratos, y la donación entre vivos es considerada por el CIC una especie de
ellos, luego las diversas especies de donación entre vivos implícitamente ya
quedaban contempladas por el CIC (de acuerdo, también, con el c. 1536*), y como
en la ley civil se especificaba lo relacionado con las solemnidades, también en
el ámbito canónico eran inválidas las donaciones que no se hicieran de acuerdo
con dichas solemnidades.
La mente de la norma se mantuvo en el CIC83, por lo cual se ha de
considerar que la interpretación de la norma también.
Otras cuestiones al respecto no revisten importancia práctica.
d. Ejecución de las pías voluntades
Cc. 1300 a 1302
1) Obligación de cumplir las pías voluntades
C. 1300
Cuando una persona quiere dejar algo y lo deja efectivamente mortis
causa, sus disposiciones deben seguirse, incluso si se refieren a la forma
concreta como han de administrarse tales bienes.
2) El “ejecutor nato”
C. 1301
Es el Ordinario (del lugar o el propio) el ejecutor “nato” de las pías
voluntades[41], pues tiene la
responsabilidad en esta materia. La cláusula de la disposición que lo excluyera
ha de tenerse por no puesta.
3) Ejecución de una fiducia
C. 1302
En este punto es menester precisar la noción de fiducia, término que ya
se encontraba en el CIC17 (c. 1516*, etc.) y que, de nuevo, encontramos en el
actualmente vigente[xiii].
El concepto de fiducia corresponde con un acto de confianza, cuando una
persona (1ª) entrega unos bienes a otra persona (2ª) con carácter fiduciario,
es decir, con el fin de que sean administrados posteriormente[42]
(en favor de una causa pía (3ª): sea persona jurídica pública, o persona
jurídica privada, o anexión a personas jurídicas preexistentes como fundación
no autónoma). El fiduciario (en cualquier forma que lo sea: persona natural o
jurídica: incluso heredero o legatario: fiduciario) no es, pues, el
destinatario final de los bienes sino el aceptador y ejecutor (cumple) de la voluntad
del donante.
Tres personajes intervienen, pues, en el c.: uno es el donante o
testador (hace el testamento) (1ª); otro, quien (“qui”) recibe la
fiducia, sea por acto entre vivos, sea por testamento (2ª); el Ordinario
(representante de la causa pía) que ha de ser informado de la fiducia (3ª).
Ahora bien: el c. prevé que “todo fiduciario”, sea clérigo o laico,
debe participar al Ordinario que recibió una fiducia, especificándole las
condiciones de la misma, esto es, su naturaleza y cargas, por cuanto el
Ordinario, como se ha dicho, es el ejecutor nato de las pías voluntades. Más
aún: si acaso el donante prohibiera o hubiera prohibido que el Ordinario se
enterara de la fiducia, el fiduciario no ha de aceptar recibir la fiducia.
Por lo general, el Ordinario es el del lugar; pero, si el fiduciario
fuera miembro de un Instituto religioso, habría entonces que distinguir:
a) Si los bienes son atribuidos al lugar o diócesis, o destinados a
ayudar a sus habitantes o a sus causas pías, el Ordinario es el del lugar;
b)
Si ello no es así,
entonces, el Ordinario es el propio:
·
El superior mayor en el
caso del miembro de un Instituto clerical de derecho pontificio
·
De las sociedades
clericales de vida apostólica de derecho pontificio
·
De los demás Institutos
religiosos (cf. cc. 103 y 107: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/09/libro-i-titulo-vi-de-las-personas.html).
2.
Las pías fundaciones
a.
Especies de pías
fundaciones
C. 1303
1) Autónomas
El c. distingue, en primer término, las pías fundaciones autónomas,
es decir, aquellas que se erigen en personas jurídicas y revisten el carácter
de universitates rerum, acorde con el c. 114 § 2 (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/09/l.html).
No se prevé la existencia de este tipo de personas por parte de una
prescripción del derecho, es necesario que haya un decreto formal de la
autoridad que las constituya.
2) No autónomas
En segundo término existen las pías fundaciones no autónomas,
que son aquellas que se anexan o agregan a una persona jurídica pública ya
existente.
Estas fundaciones deben ser creadas para un tiempo relativamente largo,
cuya duración debe determinarse en el derecho particular.
La norma del c. señala que los bienes pueden ser dados “quoquo modo”,
de cualquier modo, es decir, pías fundaciones autónomas o no autónomas, con
masa separada o anexa.
El CIC no admite ya las fundaciones “a perpetuidad” como en los
antiguos cc. 826 §1* y 1549 § 2*. Con el tiempo se convertían en demasiado
onerosas. Al terminarse una obligación, recordemos, los bienes han de pasarse
al instituto diocesano para la sustentación del clero (c. 1274 § 5),
cuando la persona jurídica está sujeta al Obispo; de lo contrario, pasan a la
misma persona jurídica.
b.
Licencia del Ordinario
C. 1304
Una fundación no autónoma no puede ser aceptada sin licencia dada por
escrito por el Ordinario, y ello para la validez de su constitución. El
Ordinario debe estar debidamente informado del cumplimiento de ciertas
condiciones. El derecho particular puede y debe establecer determinaciones
ulteriores a las mismas.
c.
Otras normas
Cc. 1305-1307
El derecho universal proporciona algunas de estas especificaciones, y
ratifica el ámbito legítimo, en esta materia, del derecho particular, de los
estatutos y de las voluntades de los fundadores.
d.
Reducción de cargas de
misas
|
Texto del CIC83 |
M. p. Assegnare
alcune competenze (2022) |
Traducción no oficial |
|
Can.
1308 — §
1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda,
reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. § 2.
Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos
reditus onera Missarum reducere valet. § 3.
Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum,
quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime
vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se
stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad
eleemosynae augmentum faciendum. § 4.
Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia
institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem
proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. § 5.
Iisdem potestatibus, de quibus in § § 3 et 4, gaudet supremus Moderator
instituti religiosi clericalis iuris pontificii. |
Can.
1308 § 1: La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa
giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo
di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica
clericali. § 2. Il
Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei
redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati che sono
autonomi, secondo l’elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non
vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere
all’aumento dell’elemosina. § 3. Al
medesimo compete la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che
gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti
a conseguire convenientemente le finalità proprie dell’istituto ecclesiastico
stesso. § 4. Ha
le stesse facoltà di cui ai §§ 2 e 3 il Moderatore supremo di un istituto di
vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali. |
CIC: c.
1308 § 1. La reducción de las cargas de las Misas, que sólo puede hacerse por
una causa justa y necesaria, está reservada al Obispo diocesano y al
Moderador supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de
vida apostólica clerical. § 2. El
Obispo diocesano tiene la facultad de reducir, en razón de la disminución de
los réditos y en tanto tal causa perdure, las Misas de los legados autónomos,
de acuerdo con la limosna que legítimamente se encuentre vigente en la
diócesis, con tal de que no haya una persona que esté obligada y que pueda
ser efectivamente apremiada a proveer el aumento de la limosna. § 3. Al
mismo corresponde la facultad de reducir las cargas o legados de Misas que
gravan sobre instituciones eclesiásticas, si los réditos han llegado a ser
insuficientes para conseguir de manera adecuada las finalidades propias de la
institución eclesiástica misma. § 4.
Tiene las mismas facultades de las que tratan los §§ 2 y 3 el Moderador
supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida
apostólica clerical. |
C. 1308
Cuando la “carga” (onus/onera) de una pía fundación se refiere a
misas, la legislación es sumamente estricta (cf. cc. 947-950; 956-957: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2019/10/l_23.html).
No se prevé la extinción de esta carga sino sólo la reducción de la
misma, y esta estaba reservada a la Santa Sede. Sin embargo, a partir de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo
Pontífice Francisco Assegnare alcune competenze (“Asignar algunas
competencias”, 11 de febrero de 2022) con la cual fueron substituidas algunas normas del Código de
Derecho Canónico y del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales se lee en el
"Art. 9. Los cc. 1308 del CIC y 1052 del CCEO sobre la reducción de las cargas de las Misas modifican la competencia".Por lo tanto, "está reservada al Obispo diocesano y al Moderador supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica clerical".
Para ello se requiere una causa “justa y necesaria”, y que no sea
posible recurrir a otra vía para resolver el caso.
NdE
Sobre esta materia se hizo pública una Notificación por parte de la Penitenciaría Apostólica el día 15 de marzo de 2022. El texto, que se refiere al ámbito estrictamente del sacramento de la penitencia, dice:
"Notificazione della Penitenzieria Apostolica, 15.03.2022
[B0176]
Il Motu Proprio “Assegnare alcune competenze”, in vigore dal 15 febbraio 2022, al proposito delle intenzioni delle Sante Messe così dispone: «La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica clericali».
A seguito di alcune richieste in merito, si precisa che Papa Francesco, nell’Udienza concessa al Cardinale Penitenziere Maggiore e al Reggente il 3 marzo 2022, ha confermato la prassi vigente per il foro interno, ovvero che se un sacerdote ha ricevuto un certo numero di intenzioni per Sante Messe e si trova impossibilitato a celebrarle, può, per mezzo del proprio Confessore, ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, che dopo aver valutato il ricorso sulla base delle informazioni ricevute, agirà di conseguenza. Di tutti i casi di eventuale riduzione di oneri di Sante Messe, il Penitenziere Maggiore informerà il Santo Padre in Udienza privata.
Il Sommo Pontefice Francesco, in data 3 marzo 2022, ha ordinato la pubblicazione di tale notifica.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 marzo 2022.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente"
En: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/15/0176/00373.html
Pero la solemnidad del principio general (§ 1) admite otras
posibilidades, que se exponen en los §§ 2 a 4.
La indicación del § 2 sería conveniente ponerla en práctica en
el momento de asumir toda la carga, es decir, que en la escritura de fundación
se prevea la posibilidad de que el Ordinario reduzca la carga de misas si
disminuyen las rentas. El § habla explícitamente del Obispo diocesano, atribuyéndole una
competencia restringida: nótese que no se trata de las anteriormente llamadas
“misas manuales”, de las cuales no se prevé reducción, sino de misas “legadas o
fundadas”.
Además, los legados deben ser “válidos por sí mismos”, esto es, que no
graven la persona jurídica.
Se exige también que la reducción se haga teniendo en cuenta el estipendio vigente en la diócesis. Y, finalmente, que no haya nadie que esté obligado, y a quien se le pueda exigir con eficacia, a que aumente la limosna.
El § 3 encomienda también al Obispo la reducción de las cargas
de misas cuando las rentas han disminuido de tal manera que se pone en peligro
el fin del instituto.
Y el § 4 extiende las facultades de los §§ 2 y 3 a los
Superiores generales de un Instituto religioso clerical de derecho pontificio.
Apostilla
NdE
Cuando la materia correspondiente a este c. se refiera a la
o a las parroquias, es necesario tener en cuenta en su aplicación la Instrucción
“La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia” de la Congregación para el Clero del 29 de
junio de 2020, cuyo texto se puede consultar en: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/inst.html
El comentario canónico sobre la parroquia puede verse en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2019/01/l.html
e.
Traslado en cosas
accesorias
C. 1309
En el c. se señala que basta una “causa proporcionada”. Se trata del
traslado necesario o conveniente de las cargas de misas “a días, iglesias o
altares distintos de aquellos que fueron determinados en la fundación”.
Las autoridades son las mismas señaladas en el c. anterior.
f.
Otras pías fundaciones
|
Texto del CIC83 |
M. p. Assegnare
alcune competenze (2022) |
Traducción no oficial |
|
Can. 1310 — § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis
reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario
expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria
causa. § 2. Si exsecutio onerum
impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum
culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et
proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest
modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta
Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. § 3. In ceteris casibus
recurrendum est ad Sedem Apostolicam.
|
Can. 1310 - § 1: La riduzione,
il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie
possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall’Ordinario,
uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici e
rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore. § 2. Nei rimanenti casi si
deve ricorrere alla Sede Apostolica.
|
c. 1310 § 1: La reducción, la
moderación y la permuta de la voluntad de los fieles en favor de causas pías
pueden ser efectuadas sólo por causa justa y necesaria por parte del
Ordinario, habiendo oído a los interesados y al propio consejo para los
asuntos económicos, y respetada del mejor modo posible la voluntad del
fundador. § 2. En los demás casos se debe
recurrir a la Sede Apostólica.
|
C. 1310
Con respecto a otras acciones distintas de la misa, el Código da mayor
libertad.
Existe un cambio importante en la norma a partir de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del
Sumo Pontífice Francisco Assegnare alcune competenze (“Asignar algunas
competencias”, 11 de febrero de 2022) con la cual son substituidas algunas normas del Código de
Derecho Canónico y del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Anteriormente a esta, se preveía que el Ordinario tenía la posibilidad de reducir, moderar o
conmutar la voluntad pía de los fieles cuando el fundador de la causa así la había concedido, o por una “causa justa y necesaria”. La nueva norma del c. quedó formulada como se indica arriba, de acuerdo con el art. 10:
"Art. 10. El c. 1310 del CIC y el c. 1054 del CCEO sobre las cargas anexas a las causas pías y a las pías fundaciones modifican la competencia".
En el anterior § 2 se establecía que, fuera de la disposición del fundador, la
única posibilidad de reducción, moderación o conmutación de la misma es que el
cumplimiento de la pía voluntad se haga imposible por la disminución de las
rentas, con tal de que el administrador no haya tenido la culpa, pues “nadie
debe sacar provecho de su propio crimen”[43]. La norma ya no existe en este lugar, pero sí en el Libro VI, al tratar del uso inadecuado y/o malintencionado de estos bienes, de modo que de ninguna manera quedan saneados por esta disposición. El § 3, actual § 2, deja todos los demás casos a la decisión de la Santa
Sede.
Fin de las notas del Curso sobre el Libro V.
NdE
La Universidad Pontificia Comillas ofrece un programa de Especialista en Administración de Bienes eclesiásticos. Puede verse la información respectiva en:
Apéndice 1
Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 01.06.2020
Hoy se publica el Motu proprio sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El texto será promulgado mediante su publicación en L'Osservatore Romano y entrará en vigor dentro de treinta días. El documento es el fruto de un trabajo sinérgico coordinado por la Secretaría de Estado, entre los diversos entes de la Curia Romana, entre los cuales el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Se trata de un código único, que va más allá de las reglamentaciones vigentes en algunas entidades individuales y que ahora se aplica a todos los entes referidos a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano.
La normativa se inscribe en la legislación internacional más avanzada en la materia. El principio inspirador del nuevo texto es la diligencia del buen padre de familia, que desea una gestión eficaz y ética de sus propios recursos, que a la vez favorezca la transparencia, el control y un trato equitativo de la concurrencia real entre quienes desean establecer una relación económica con los entes interesados.
Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" del Sumo Pontífice Francisco sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de Adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, dada a conocer el 1° de junio de 2020
CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE MOTU PROPRIO
del Sumo Pontífice
FRANCISCO
Sobre la transparencia, el control y la concurrencia
en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano
La diligencia del buen padre de familia es un principio general y de máximo respeto, en base al cual todos los administradores están obligados a cumplir con sus funciones. El derecho canónico lo exige explícitamente en relación con los bienes eclesiásticos (c. 1284 § 1 CIC), pero en general es aplicable a cualquier otro administrador.
La economía mundial y una creciente interdependencia han dado lugar a la posibilidad de obtener considerables ahorros como resultado de la operatividad de múltiples oferentes de bienes y servicios. Estas posibilidades deben utilizarse sobre todo en la gestión de los bienes públicos, donde es aún más sentida y urgente la necesidad de una administración fiel y honesta, dado que en este ámbito el administrador está llamado a asumir la responsabilidad de los intereses de una comunidad, que van mucho más allá de los individuales o de los que se derivan de intereses particulares.
Esta necesidad también ha fomentado una reglamentación específica y coherente en el seno de la comunidad internacional, que ya cuenta con principios y normas que inspiran la conducta y muestran la experiencia de los distintos Estados. Es útil referirse a este patrimonio normativo, con sus "buenas prácticas" asociadas, si bien teniendo en cuenta los principios fundamentales y las finalidades propias del orden canónico y la peculiaridad del que atañe al Estado de la Ciudad del Vaticano.
Para permitir una gestión más eficaz de los recursos, he decidido, por tanto, aprobar un conjunto de normas destinadas a favorecer la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con ellas quiero fijar los principios generales y delinear un procedimiento único en la materia, mediante un corpus normativo válido para los diversos entes de la Curia Romana, para las instituciones vinculadas administrativamente a la Santa Sede, para la Gobernación del Estado, así como para las demás personas jurídicas públicas canónicas específicamente individuadas.
Al mismo tiempo, a pesar de su unidad y homogeneidad, esta disciplina contempla aquellas diferencias necesarias entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano que son bien conocidas por el derecho y consideradas universalmente por la praxis jurídica, incluida la internacional, así como las finalidades propias de cada Entidad que, por razón de su único servicio eclesial, está llamada a aplicarlas.
La promoción de una aportación concurrente y leal de los operadores económicos, junto con la transparencia y el control de los procedimientos de adjudicación de contratos, permitirá una mejor gestión de los recursos que la Santa Sede administra para alcanzar los fines propios de la Iglesia (cf. c. 1254 CIC), garantizando a los mismos operadores la paridad de tratamiento y la posibilidad de participar a través de un Registro especial de los operadores económicos y de los procedimientos específicos.
La operatividad de todo el sistema constituirá, además, un obstáculo para los acuerdos restrictivos y permitirá reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta normativa, de carácter sustancial, va acompañada de una normativa procesal destinada a garantizar el recurso a la tutela jurisdiccional en caso de controversias sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, o relacionadas con los procesos de inscripción o de cancelación del Registro de los operadores económicos.
La especificidad de la materia y el tecnicismo de la normativa sustancial justifican la ampliación de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, a los que se atribuye la competencia para conocer las eventuales controversias, aunque se refieran a los entes de la Curia Romana, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica en caso de conflicto de atribución.
Ahora, pues, habiendo puesto a punto la redacción final de las normas mencionadas, después de haberme consultado y considerado debidamente el conjunto, delibero Motu proprio, cierta ciencia y autoridad soberana, aprobar las normativas contenidas en los textos adjuntos a la presente acta, que se consideran partes integrantes de la misma, que deben observarse en todas sus partes, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de mención particular.
Dispongo que el original de este Motu proprio sea promulgado mediante su publicación en el sitio Internet de L'Osservatore Romano, entrando en vigor treinta días después, y luego publicado en los Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 19 de mayo de 2020, el octavo del Pontificado.
FRANCISCO
***********
El siguiente es el texto de las Normas en italiano:
NORME
SULLA TRASPARENZA, IL CONTROLLO E LA CONCORRENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
DELLA SANTA SEDE E
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e finalità
§1. La presente normativa disciplina le procedure relative ai contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del successivo art. 2.
§2. La presente normativa, conformemente alla Dottrina Sociale della Chiesa e ai principi fondamentali del sistema giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, persegue i seguenti fini:
a) l’impiego sostenibile dei fondi interni;
b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente normativa si intende per:
a) «Enti pubblici» o «Enti», i Dicasteri e gli altri organismi o uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l’Economia;
b) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
c) «beni e servizi singolari», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da un solo Ente;
d) «beni e servizi comuni», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti in maniera ricorrente da almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;
e) «contratto quadro», contratti che l’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) o il Governatorato intendono concludere con uno o più operatori economici, da identificare con procedure selettive, allo scopo di individuare le categorie di beni e servizi, le condizioni e i corrispettivi prestabiliti e la quantità degli ordinativi. Sulla base del contratto quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti definendo le clausole non previste dal contratto quadro, come per esempio la durata del rapporto negoziale;
f) «Committente» o «acquirente», APSA ed Enti, da una parte, e Governatorato e sue articolazioni amministrative, dall’altro, che, per quanto di competenza, si occupano della organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento.
g) «beneficiario», l’Ente che ha chiesto e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dall’APSA o dal Governatorato;
h) «Organismi di vigilanza e di controllo», così come individuati dai rispettivi statuti e regolamentazioni, tra i quali: il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato e la Revisione Interna presso la Direzione dell’Economia, nonché l’Ufficio del Revisore Generale e l’Autorità di informazione finanziaria secondo le proprie competenze;
i) «fornitore» o «offerente», l’operatore economico che abbia ottenuto, in base alla presente normativa, l’iscrizione all’Albo unico degli operatori economici della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con l’APSA o con il Governatorato.
j) «incaricati professionali temporanei», di cui agli artt. 11 del Regolamento generale della Curia Romana, 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
k) «Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano» o «Albo», il luogo informatico dove sono pubblicati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici;
l) «catalogo informatico», una lista di beni, di servizi, opere e lavori, appartenenti a una o più categorie merceologiche offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria di specializzazione mediante pubblicazione nell’Albo informatico ad un prezzo determinato.
m) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
n) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
o) contratto pubblico, contratti stipulati dagli Enti agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a).
Articolo 3
Ambito di applicazione soggettivo
La presente normativa si applica:
a) agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a);
b) agli operatori economici che partecipano alle procedure di cui alla presente normativa;
c) ad altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, nelle procedure della presente normativa.
Articolo 4
Ambito di applicazione oggettivo
§1. La presente normativa si applica a tutti i contratti pubblici ad esclusione:
a) dei contratti di lavoro subordinato, anche a termine, che continuano ad essere regolati dalle rilevanti disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre norme di settore tempo per tempo vigenti;
b) del rapporto con i Consultori di cui all’art. 8 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” e successive modifiche ed integrazioni che resta regolato dall’atto di nomina e dal Regolamento interno di ciascun Ente;
c) delle convenzioni e degli atti con i quali un Ente acquisisce un bene o un servizio da un altro Ente, purché l’Ente cedente abbia acquistato il bene o il servizio mediante una delle procedure stabilite dalla presente normativa. Restano fermi i casi in cui l’Ente cedente è obbligato dalla legge vigente ad offrire il servizio gratuitamente;
d) dei contratti stipulati direttamente dalla Segreteria di Stato e dal Governatorato, per quanto di competenza, e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
i. siano necessari per adempiere gli obblighi internazionali, qualora lo stesso strumento detti direttamente le regole per aggiudicare gli appalti;
ii. siano in tutto o in parte finanziati da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale e le Parti contraenti si siano accordate sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
iii. attengano a materie coperte dal vincolo di segretezza di cui all’art. 39 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”;
iv. attengano all’Ufficio e alla sicurezza del Romano Pontefice, della Santa Sede e della Chiesa Universale ovvero siano necessari o funzionali ad assicurare la missione della Chiesa nel mondo e garantire la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.
e) delle operazioni relative alle attività di impresa in concorrenza sul mercato svolte direttamente dal Governatorato o dagli Enti, ivi incluse le attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, se svolta come attività di impresa, salvo il caso siano oggetto di concessione ai sensi dell’art. 59.
§2. Un Comitato di controllo nominato dalla Superiore Autorità vigila sui Contratti di cui al precedente paragrafo 1 lettera d).
Articolo 5
Principi fondamentali
§1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 §3 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, la presente normativa si informa ai seguenti principi fondamentali:
a) eticità nell’orientamento delle scelte economiche e degli interlocutori su parametri di rispetto della Dottrina sociale della Chiesa;
b) autonomia amministrativa e sussidiarietà nelle scelte gestionali dell’Ente;
c) leale collaborazione tra gli Enti e le diverse Direzioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
d) segregazione delle funzioni interne all’Ente, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello cui compete l’adozione del provvedimento finale;
e) economicità, efficacia ed efficienza;
f) programmazione e razionalizzazione della spesa che deve essere adeguatamente pianificata sulla base di atti di indirizzo generale di medio e lungo periodo;
g) evitare operazioni non necessarie.
§2. Nell’aggiudicazione dei contratti pubblici si osservano i seguenti principi procedurali e in particolare:
a) la procedura di aggiudicazione deve essere trasparente, oggettiva e imparziale;
b) sono adottate misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
c) sono assicurate la parità di trattamento degli operatori economici in tutte le fasi della procedura;
d) è tutelato il carattere confidenziale dei dati degli offerenti;
e) è garantita l’integrità della documentazione e, pertanto, gli atti amministrativi e giuridici costituenti la procedura di acquisto, una volta adottati, devono essere protetti dalla modificazione, alterazione, distruzione, sottrazione o sostituzione.
Articolo 6
Computo dei termini
§1. Nel calcolo dei termini, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e il termine spira nell’ultimo istante del giorno finale.
§2. Se il termine scade in giorno festivo nello Stato della Città del Vaticano, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
CAPO II
Conflitto d’interesse, diritto d’accesso, riservatezza e segretezza ed obbligo di motivazione
Articolo 7
Conflitto di interesse
§1. Gli Enti prevedono, per quanto di loro competenza, misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
§2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un Ente o un prestatore di servizi che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere identificato come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
§3. Non possono partecipare alle procedure i dipendenti di ruolo degli Enti o soggetti giuridici ad essi riferibili.
§4. Il personale che versa nelle ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione all’Ente e dall’astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
§5. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Articolo 8
Accesso agli atti
§1. È concesso ai soggetti che abbiano un interesse attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.
§2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.
§3. Nell’ambito delle procedure di gara e selettive e in qualunque altro caso in cui l’accesso possa alterare gli esiti della procedura, l’accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa.
Articolo 9
Segretezza
§1. Qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Segreteria di Stato un’istanza per l’apposizione di un vincolo di riservatezza sulla medesima procedura, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
§2. La Segreteria di Stato provvede al riguardo avendo cura di contemperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa.
Articolo 10
Obbligo di emanare atti e obbligo di motivazione
§1. Ove l’operatore economico presenti un’istanza, ovvero una determinata procedura debba iniziare d’ufficio, gli Enti devono concluderla mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
§2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
§3. Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’Ente, se protratto per un periodo superiore a trenta giorni, equivale a provvedimento di rigetto dell’istanza, fatto salvo quanto diversamente disposto nella presente normativa.
§4. In ogni caso, tutti i procedimenti contenuti nella presente normativa devono concludersi nel termine di 90 giorni, salvo la previsione di termini inferiori stabiliti nei regolamenti attuativi o nei bandi di gara.
§5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza se il procedimento è a iniziativa di parte.
§6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO III
Regole generali applicabili agli operatori economici
Articolo 11
Operatore economico
§1. È ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’operatore economico, se:
a) le autorità pubbliche dello Stato in cui è stabilito hanno rilasciato all’operatore economico tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta dalla procedura indetta dall’Ente;
b) lo Stato in cui è stabilito aderisce alle convenzioni internazionali contro la corruzione.
§2. Qualora l’operatore economico sia una persona giuridica si deve indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
§3. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara o di iscriversi all’Albo in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario unitamente ad altri operatori economici.
Articolo 12
Motivi di esclusione
§1. Gli Enti devono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura o dall’iscrizione all’Albo qualora abbiano accertato che l’operatore economico, nel caso di persona fisica, o un soggetto con poteri di rappresentanza o un membro del consiglio di amministrazione o soci di maggioranza dell’operatore economico, nel caso di persona giuridica, sia sottoposto ad indagini, a misura di prevenzione o sia stato condannato con sentenza di primo grado per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale;
b) corruzione;
c) frode;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
f) sfruttamento del lavoro minorile, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani;
g) reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
§2. Per la definizione dei reati di cui al paragrafo precedente si fa riferimento alla normativa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e alle Convenzioni internazionali di cui la Santa Sede è parte.
Articolo 13
Ulteriori cause di esclusione
§1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d’appalto:
a) se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo la normativa del Paese in cui è stabilito;
b) se è costituito in forma di società fiduciaria, oppure sia partecipato o rappresentato, direttamente o indirettamente, da enti o soggetti fiduciari;
c) se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati secondo quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della Segreteria per l’Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente da soggetti residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori;
d) se, nell’ipotesi di enti quotati, non è soggetto a forme di vigilanza di natura economica e finanziaria, nei paesi nei quali sono stabiliti;
e) se l’operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
f) nel caso in cui, se professionista, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali accertati dall’organismo competente nello Stato in cui è iscritto;
g) se esiste un conflitto di interessi con il Committente o i suoi dipendenti o rappresentanti;
h) se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza;
i) se l’operatore economico ha mostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico;
j) se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari richiesti;
k) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali in grado di conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione oppure ha fornito informazioni false per influenzare le decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
l) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale.
Articolo 14
Requisiti di onorabilità
§1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia richiesta:
a) la Segreteria di Stato, ove abbia avuto, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche della Santa Sede o le Chiese locali, notizia di condotte tenute dagli operatori economici o dai loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, rientranti tra quelle previste dall’ all’art. 3 §2 dello Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
b) l’Autorità di informazione finanziaria, qualora, anche a mezzo dello scambio di informazioni di cui all’art. 69 lettera b) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, venga a conoscenza delcoinvolgimento di un fornitore nell’attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa.
§2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di aggregazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dalle imprese partecipanti ed operano anche con riferimento alle partecipazioni, ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai soci di maggioranza o di società di persone, anche qualora, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, sia intervenuta la cessazione dalla carica o le partecipazioni siano state cedute e non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione o dalla cessione.
TITOLO II
CENTRALIZZAZIONE – PROGRAMMAZIONE
ELENCO DEI DIPENDENTI – ALBO INFORMATICO
CAPO I
Centralizzazione degli acquisti
Articolo 15
Centralizzazione
§1. Salvo i casi stabiliti dalla presente normativa, tutti i beni e i servizi, sotto pena di nullità del relativo contratto, sono ordinariamente acquisiti dagli Enti in modo centralizzato.
§2. Le autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l’APSA relativamente ai Dicasteri della Curia Romana e alle Istituzioni a strutture amministrative collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, e, dall’altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.
Articolo 16
Deroghe alla centralizzazione
§1. Gli Enti che non intendano procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di beni e servizi per il tramite dell’APSA o del Governatorato devono predisporre e presentare alla Segreteria per l’Economia, per l’approvazione:
a) una procedura interna conforme ai principi fondamentali di cui alla presente normativa;
b) una relazione di accompagnamento che illustri:
i. le ragioni della richiesta di deroga;
ii. l’organizzazione dell’ufficio che gestirà le procedure di acquisto con particolare riferimento alle specifiche competenze tecniche e professionali dei dipendenti e consulenti preposti alle procedure di appalto e ai programmi di formazione che si intendono attuare con riferimento agli stessi;
iii. gli uffici che saranno preposti alla stipula e al controllo sull’esecuzione del contratto;
iv. i costi sostenuti nel triennio precedente per l’acquisizione di beni e servizi e una illustrazione delle politiche volte al contenimento degli stessi che si intendono perseguire tramite le procedure proposte;
v. un piano previsionale dei costi e la relativa copertura finanziaria.
§2. Più Enti possono adottare una procedura unica che preveda lo svolgimento in comune di tutte o parte delle fasi delle procedure.
Articolo 17
Acquisti degli Organismi di vigilanza e di controllo
§1. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 15 gli Organismi di vigilanza e di controllo, nei soli limiti in cui ciò sia strettamente necessario a garantire la separazione, l’autonomia e l’indipendenza tra detti Organismi e gli Enti controllati e vigilati.
§2. Gli Organismi di vigilanza e di controllo dei Dicasteri, degli altri organismi o uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede presentano al Consiglio per l’Economia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente normativa, disposizioni proprie sugli appalti conformi ai principi di cui alla presente normativa.
Articolo 18
Prezzi e corrispettivi di riferimento
§1. La Segreteria per l’Economia, sentita l’APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato, pubblica e aggiorna semestralmente l’elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento per i beni e servizi richiesti o effettivamente acquistati dagli Enti, nonché del costo del lavoro e dei professionisti nei settori indicati nell’Albo.
§2. I prezzi e corrispettivi di riferimento sono stabiliti prendendo in considerazione i prezzi e corrispettivi nei mercati in cui avviene in maniera prevalente o significativa l’approvvigionamento da parte degli Enti.
§3. I prezzi e corrispettivi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti costituiscono parametro esclusivo di riferimento:
a) sotto pena di invalidità dell’intera procedura e del relativo contratto, per la determinazione del valore delle procedure, ivi inclusa la determinazione dei valori da porsi a base d’asta nelle procedure selettive;
b) sotto pena di invalidità della relativa pattuizione, per la revisione dei prezzi contrattuali, nei limiti in cui tale revisione sia consentita dalla presente normativa;
c) in ogni altra circostanza nella quale in sede di sua attuazione o di esecuzione dei contratti, si renda necessario o utile stabilire il valore di un bene o di un servizio non altrimenti determinato.
§4. Qualora, ai fini del precedente paragrafo 3, sorga la necessità urgente di stabilire il prezzo o il corrispettivo di mercato di beni e servizi non inclusi nel provvedimento di cui al paragrafo 1 ovvero il costo del lavoro in un settore non rilevato nel medesimo atto, i committenti vi provvedono autonomamente, dando conto dei criteri oggettivi utilizzati nella determinazione del prezzo o del corrispettivo e delle fonti consultate. Le rilevazioni così effettuate devono essere trasmesse, rispettivamente, alla Segreteria per l’Economia, che ne informa l’APSA, e al Governatorato ai fini dell’aggiornamento dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§5. Per le rilevazioni di cui al presente articolo, la Segreteria per l’Economia, previo nulla osta della Segreteria di Stato ovvero per il tramite di questa, può stipulare accordi con organismi pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante degli operatori economici inseriti nell’Albo informatico e che svolgano attività di rilevazione dei prezzi di mercato, per acquisire i dati e i prezzi e corrispettivi ivi rilevati.
CAPO II
Programmazione
Articolo 19
Piano singolare degli acquisti
§1. Non oltre il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno, gli Enti, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, predispongono un Piano singolare degli acquisti contenente una descrizione dei beni, dei servizi e dei lavori per i quali richiedono uno stanziamento.
§2. Il Piano singolare predisposto dall’APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi e i lavori relativi all’espletamento delle proprie funzioni.
§3. Il Piano singolare deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe merceologica di ciascuna tipologia di beni, servizi e lavori;
b) quantitativo complessivo stimato dei beni, dei servizi e dei lavori per ciascuna tipologia o classe merceologica e la natura annuale o pluriennale della fornitura;
c) la spesa stimata per ogni bene, servizio o lavoro in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento e la relativa copertura finanziaria.
§4. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano singolare condizioni speciali, quali:
a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori;
b) tempistiche nella ricezione dei beni e dei servizi e nell’esecuzione dei lavori;
c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovante i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;
d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l’inerenza dei beni, dei servizi o dei lavori al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.
§5. Il Piano singolare è trasmesso all’APSA o al Governatorato, per quanto di competenza, per l’elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l’Economia ai fini dell’approvazione del Bilancio preventivo.
§6. Gli Enti che non abbiano presentato il Piano singolare non possono procedere agli acquisti e all’indizione di gare.
§7. In ogni caso, l’APSA o il Governatorato dà comunicazione della mancata presentazione del Piano singolare alla Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
Articolo 20
Piani generali degli acquisti
§1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano generale degli acquisti, l’APSA e il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni, dei servizi e dei lavori di tutti gli Enti e le Direzioni di cui ai Piani singolari, raggruppandoli nelle seguenti categorie:
a) beni e servizi comuni;
b) beni e servizi singolari;
c) appalti d’opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possono essere convogliati in un’unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali e quelli che richiedono un’autonoma procedura;
d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell’art. 54.
§2. Il Piano generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall’art. 33.
§3. All’esito della definizione del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono, con il consenso dell’Ente, demandargli la predisposizione della documentazione di gara. L’Ente così delegato procede secondo la presente normativa. L’APSA o il Governatorato non possono delegare ad altro Ente le competenze e le funzioni del Responsabile della gestione del comparto dell’Albo di propria competenza.
§4. Nel Piano generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, salvo che:
a) le procedure particolari da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;
b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite APSA, a determinati acquisti.
§5. L’APSA e il Governatorato possono stipulare protocolli d’intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse della Santa Sede e dello Stato. Il protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un’unica procedura è previamente sottoposto alla Segreteria per l’Economia.
§6. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli acquisti coincide con il Bilancio Preventivo dello Stato che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge Fondamentale e nell’art. 29 della Legge CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 21
Calendario degli acquisti
Entro il 10 gennaio di ogni anno l’APSA e il Governatorato, ciascuno per il comparto di propria competenza, pubblicano nell’Albo informatico un Calendario delle singole procedure di acquisto da eseguirsi nell’anno in corso fino alla pubblicazione del nuovo calendario.
CAPO III
Soggetti abilitati ad assumere un mandato amministrativo nelle procedure di affidamento
Articolo 22
Elenco dei soggetti abilitati
§1. È istituito presso la Segreteria per l’Economia l’Elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere le funzioni di:
a) progettista e perito;
b) membro di commissione giudicatrice.
§2. La nomina nelle suddette funzioni costituisce mandato amministrativo ai sensi dell’art. 207 del Codice Penale.
§3. Nell’espletamento del mandato nella commissione giudicatrice, i dipendenti incaricati operano liberi da ogni vincolo di subordinazione gerarchica.
Articolo 23
Iscrizione nell’Elenco
§1. La Segreteria per l’Economia iscrive nell’Elenco i dipendenti e gli incaricati professionali, dopo aver accertato accuratamente l’effettiva competenza e l’attitudine a svolgere incarichi di progettazione o di valutazione delle offerte.
§2. L’Elenco è suddiviso in sezioni in base alle competenze tecniche e alle specializzazioni professionali.
§3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 §2, sono iscritti di diritto nell’Elenco, purché dotati di necessario titolo di studio e in ragione della specializzazione di ciascuno, i dipendenti appartenenti agli uffici tecnici dell’APSA e del Governatorato.
Articolo 24
Incompatibilità
§1. Sono incompatibili con l’iscrizione nell’Elenco:
a) i dipendenti e gli incaricati professionali temporanei degli Organismi di vigilanza e di controllo;
b) il Responsabile dell’Albo e i dipendenti e incaricati professionali e temporanei dell’APSA o del Governatorato che abbiano accesso allo stesso per curarne la gestione;
c) i membri ordinari e supplenti dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Ancorché iscritto nell’Elenco, è incompatibile con l’assunzione di uno degli incarichi di cui all’art. 22 §1, in una singola procedura, il dipendente e l’incaricato professionale temporaneo ovvero il professionista esterno che:
a) abbia presentato un’offerta anche in associazione con altro operatore economico o abbia qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurargli un profitto, un vantaggio o altre utilità;
b) sia parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile ad un operatore economico che abbia presentato offerta;
c) abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero sia o sia stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari;
d) sia socio o sia stato nei cinque anni precedenti socio di un operatore economico che abbia presentato offerta;
e) svolga la funzione di Responsabile del procedimento.
§3. Il dipendente, l’incaricato e il professionista, all’atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato o professionista che ne faccia richiesta è consentita la visione della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico all’atto dell’iscrizione nell’Albo.
§4. Il progettista non può fare parte della commissione giudicatrice.
Articolo 25
Responsabile del procedimento
§1. L’Ente designa per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento scelto tra i propri dipendenti.
§2. Il Responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione dell’Ente, svolge compiti istruttori e non è competente all’adozione di provvedimenti definitivi.
§3. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.
§4. Il Responsabile dell’Albo provvede a rilasciare al Responsabile o ai Responsabili del Procedimento le relative credenziali di accesso.
CAPO IV
Albo Informatico
Articolo 26
Istituzione dell’Albo informatico
§1. È istituito l’Albo informatico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Albo è esclusivamente informatico ed è realizzato su una piattaforma unica.
§2. La piattaforma è divisa in tre comparti ed è gestita:
a) dall’APSA, per il comparto relativo agli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;
b) dal Consiglio per l’Economia, per il comparto relativo agli operatori economici degli Organismi di vigilanza e di controllo;
c) dal competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il comparto relativo agli operatori economici del Governatorato medesimo, in conformità alle disposizioni proprie allegate alla presente normativa e alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.
§3. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono responsabili della gestione amministrativa del comparto di propria competenza.
§4. L’Albo è gestito a livello informatico e ogni comparto è diviso in due sezioni:
a) la Sezione degli annunci legali;
b) la Sezione degli operatori economici abilitati.
§5. Il Responsabile dell’Albo è individuato nel responsabile di cui all’art. 33, §1 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima” (https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050321_cura-vigilantissima.html).
§6. Per la gestione dell’Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
Articolo 27
Consultazione dell’Albo
§1. La consultazione dell’Albo è consentita:
a) agli Enti per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;
b) a tutti gli operatori economici interessati riguardo alla sezione degli Annunci legali pubblici.
c) agli operatori economici iscritti all’Albo, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alle categorie di specializzazione in cui sono iscritti;
d) agli Organismi di vigilanza e di controllo;
e) alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede nei limiti di quanto necessario all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 28
Effetti della pubblicazione
§1. La pubblicazione nella Sezione degli annunci legali è lo strumento di comunicazione tra l’APSA e gli Enti, nonché il Governatorato, da un lato, e gli operatori economici, dall’altro lato.
§2. Con la pubblicazione nell’Albo, gli atti e i provvedimenti si danno per conosciuti ad ogni effetto di legge da parte di tutti coloro che hanno accesso all’Albo medesimo. È onere degli operatori economici che abbiano titolo e interesse a partecipare alle singole procedure consultare l’Albo.
§3. Dalla data di pubblicazione nell’Albo decorrono tutti i termini procedurali, salvo diversa indicazione disposta negli atti pubblicati.
Articolo 29
Sottosezioni degli annunci legali
§1. La sezione degli annunci legali è divisa in tre sottosezioni:
a) la sottosezione per le procedure di gara ed affidamento;
b) la sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida;
c) la sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Nella sottosezione per le procedure di gara ed affidamento deve pubblicarsi sotto pena di invalidità della relativa procedura tutta la documentazione di gara e ogni atto e documento che debba essere tenuto in considerazione dagli operatori economici ai fini della partecipazione ad una singola procedura, ivi incluse le istanze e i chiarimenti di qualunque genere, eventualmente presentati dagli altri offerenti e le relative risposte.
§3. Nella sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida sono pubblicati la presente normativa e i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida.
§4. Nella sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sono pubblicati gli atti dei procedimenti e le decisioni. Per gli atti difensivi e i documenti prodotti dalle parti, l’accesso agli stessi è limitato alle sole parti del procedimento.
Articolo 30
Pubblicità dell’Albo
§1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, è data ampia visibilità sui siti istituzionali della Santa Sede e della Stato della Città del Vaticano dell’esistenza dell’Albo stesso.
§2. È compito dell’APSA e del Governatorato attuare tutte le ulteriori iniziative di pubblicità al fine di permettere all’operatore economico interessato di essere informato sull’esistenza dell’Albo e sulle modalità di presentazione della richiesta d’iscrizione all’Albo, nonché della presentazione delle offerte.
§3. Nell’Albo informatico è presente una area pubblica liberamente consultabile dove verranno pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo, le modalità di presentazione delle offerte e il Calendario degli acquisti.
§4. Nella stessa sezione verranno comunque indicati il titolo delle procedure in atto e quelle chiuse negli ultimi 5 anni.
Articolo 31
Iscrizione dell’operatore economico
§1. La Segreteria per l’Economia, con apposito provvedimento, predispone un modello informatico di richiesta d’iscrizione all’Albo, indicando altresì la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione.
§2. La Segreteria per l’Economia, verificato che la richiesta di iscrizione e la relativa documentazione rispetti la presente normativa, autorizza l’iscrizione all’Albo e la comunica al Responsabile dell’Albo che provvede all’iscrizione.
§3. L’autorizzazione all’iscrizione all’Albo ha una durata di tre anni.
§4. L’iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla richiesta se presentata su istanza di parte per l’iscrizione all’Albo, oppure (ii) immediatamente, all’aggiudicazione della gara, nell’ipotesi di procedura pubblica. In caso di silenzio, l’iscrizione si intenderà rifiutata.
§5. Contro il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo o il silenzio rifiuto è ammesso ricorso dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
Articolo 32
Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione alla Sezione per gli operatori economici è titolo necessario:
a) per la consultazione della Sezione degli annunci legali;
b) per stipulare i contratti nelle gare pubbliche.
Articolo 33
Categorie di specializzazione
§1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all’Albo per una o più categorie di specializzazione, tenuto conto:
a) dell’oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;
b) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, abilitanti ad operare in determinati settori economici;
c) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti.
d) di ogni altro elemento che consenta di accertare la presenza effettiva del fornitore in un determinato mercato di specializzazione.
§2. Le categorie di specializzazione e il modo di documentarne l’appartenenza sono determinate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l’Economia sulla base delle necessità espresse dall’APSA e dal Governatorato nei rispettivi Piani generali degli acquisti.
§3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l’iscrizione in più categorie di specializzazione.
§4. Qualora per una o più categorie di specializzazione, non vi siano fornitori iscritti all’Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l’APSA e il Governatorato, all’atto della pubblicazione del calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all’Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.
Articolo 34
Cancellazione dall’Albo
§1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, gli operatori economici sono cancellati dall’Albo, qualora ricorra una delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 13 e ss., con provvedimento della Segreteria per l’Economia.
§2. Il provvedimento di cancellazione non può essere disposto se non previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dall’operatore economico.
§3. Il suddetto provvedimento di cancellazione è altresì impugnabile dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore Generale, anche nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un’adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull’autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.
§5. La Segreteria per l’Economia, l’APSA e il Governatorato, possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.
Articolo 35
Procedura semplificata
Con atto di indirizzo di cui all’art. 2 del proprio statuto, il Consiglio per l’Economia, su proposta della Segreteria per l’Economia, può prevedere forme semplificate di iscrizione all’Albo per quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, sono già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla presente Sezione.
TITOLO III
PROCEDURA - AGGIUDICAZIONE - DEROGHE – CONCESSIONI
- ESECUZIONE DEL CONTRATTO - OPERAZIONI NEL SETTORE IMMOBILIARE
CAPO I
Procedura
Articolo 36
Tipi di procedura
§1. Tutti i contratti sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva
§2. I contratti sono aggiudicati mediante:
a) Procedura selettiva pubblica;
b) Procedura selettiva mediante Albo informatico;
c) Gara al massimo ribasso mediante Albo informatico;
d) Acquisto diretto mediante catalogo informatico;
e) Affidamento diretto.
Articolo 37
Procedura selettiva pubblica
§1. Si accede alla procedura selettiva pubblica quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di cui all’art. 36 §2, come descritte negli articoli che seguono.
§2. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all’Albo, può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla sezione pubblica dell’Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni di urgenza debitamente motivate.
§3. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.
§4. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate nei documenti di gara pubblicati nella sezione pubblica dell’Albo.
Articolo 38
Procedura selettiva mediante Albo informatico
§1. La procedura selettiva mediante Albo informatico si effettua con le stesse modalità della procedura selettiva pubblica, ma è aperta solo agli operatori economici iscritti all’Albo nella corrispondente categoria di specializzazione, i quali possono presentare un’offerta in risposta a un avviso di gara.
§2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara. Il termine può essere ridotto fino al minimo di 15 giorni per motivate ragioni di urgenza.
§3. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.
Articolo 39
Documentazione di gara
§1. La documentazione di gara si compone:
a) del bando di gara;
b) del disciplinare di gara;
c) del capitolato;
d) dello schema del contratto;
e) delle istruzioni e dei modelli per la compilazione delle offerte tecniche ed economiche.
§2. Al fine di agevolare l’attività degli Enti, uniformandone le condotte, i bandi di gara sono redatti in conformità a modelli-tipo predisposti dalla Segreteria per l’Economia.
§3. Gli Enti possono sempre derogare ai modelli, motivando espressamente la deroga con comunicazione da inviare alla Segreteria per l’Economia.
§4. Fino alla pubblicazione, la documentazione di gara e i relativi documenti preparatori sono coperti da segreto d’ufficio.
Articolo 40
Progettazione
Devono essere precedute da adeguata progettazione le gare aventi ad oggetto:
a) opere o lavori;
b) la realizzazione di infrastrutture informatiche complesse;
c) gli appalti misti di beni e servizi, inclusi i lavori, ovvero di beni o servizi non appartenenti alla medesima classe merceologica;
d) attività istituzionali di medio o lungo periodo comportanti oneri per più di un esercizio ovvero appalti comunque connessi a tali attività.
Articolo 41
Nomina del progettista
§1. Il Committente è responsabile della progettazione e individua uno o, se necessario in relazione alla complessità del progetto, più progettisti preferibilmente tra i propri dipendenti, purché iscritti nell’elenco di cui all’art. 22. Gli Enti possono incaricare della progettazione gli uffici tecnici dell’APSA o del Governatorato, per quanto di rispettiva competenza.
§2. Tutti i documenti progettuali devono essere approvati per iscritto dall’Ente secondo le disposizioni del Regolamento interno di ciascuno.
§3. Si può ricorrere a progettisti esterni, selezionati in base alle procedure di cui alla presente normativa, solo se sussistono ragioni oggettive e documentabili.
Articolo 42
Sopralluoghi
§1. Nei documenti di gara è pubblicato il calendario dei giorni e degli orari in cui gli operatori economici possono effettuare i sopralluoghi qualora questi siano necessari ad elaborare le offerte.
§2. L’avviso potrà indicare anche l’eventuale obbligatorietà del sopralluogo ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.
§3. Ove necessario, possono compiersi diverse sedute, assicurando a tutti gli operatori economici di effettuare i sopralluoghi.
§4. Delle operazioni compiute e delle osservazioni dei tecnici degli operatori economici intervenuti è redatto processo verbale.
Articolo 43
Affidamento diretto
§1. Si procede ad affidamento diretto:
a) per procedure di importo inferiore agli Euro 40.000,00, nelle quali il Committente può procedere con affidamento diretto a un operatore economico iscritto all’Albo con criterio rotativo automatico nel rispetto delle categorie richieste e in funzione della loro idoneità professionale;
b) quando i lavori, i servizi o i beni possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i) l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;
ii) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
iii) tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
§2. Le eccezioni di cui alla lettera b) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.
§3. Le procedure di affidamento diretto di cui alla lettera a) dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento e dell’ambito programmazione dei Piani presentati.
Articolo 44
Subappalto
§1. L’operatore economico che intende eseguire alcune prestazioni affidandole in subappalto deve farne richiesta in sede di presentazione delle offerte, indicando il nominativo del subappaltatore e, in dettaglio, le prestazioni affidate in subappalto nonché fornire la bozza del relativo contratto.
§2. L’autorizzazione al subappalto avviene con l’aggiudicazione dell’offerta.
§3. Fuori dalle ipotesi di cui al presente articolo, il subappalto anche parziale è vietato e, se eseguito, costituisce grave inadempimento con risoluzione del contratto e perdita del diritto al compenso.
Articolo 45
Procedura per acquisti non previsti nei Piani singolari
Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano singolare, l’Ente, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia che verifica il rispetto dei documenti contabili e la necessaria copertura finanziaria, può inoltrare all’APSA e al Governatorato, per quanto di competenza, la richiesta di indizione di una gara o l’autorizzazione all’acquisto tramite catalogo.
Articolo 46
Modalità di selezione nelle procedure selettive
La selezione deve tener conto dei requisiti soggettivi degli offerenti e dei requisiti dell’offerta secondo criteri predeterminati nei documenti di gara o comunque prestabiliti in documenti regolamentari o modelli tipo precedenti alla gara.
Articolo 47
Criteri soggettivi di Selezione
Il metodo di valutazione degli operatori economici deve utilizzare sistemi oggettivi e automatici predeterminati nei documenti di gara o in regolamenti attuativi che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti al fornitore in relazione a valutazioni che tengano conto:
a) della capacità economica e finanziaria;
b) della capacità tecnica.
Articolo 48
Criteri di selezione delle offerte
§1. La selezione avviene in base alla comparazione ponderata delle offerte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo altresì un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.
§2. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il loro peso nell’attribuzione dei punteggi sono specificati nei documenti di gara in accordo con le esigenze manifestate dagli Enti nei progetti o nei Piani degli acquisti.
§3. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico.
Articolo 49
Presentazione delle offerte
§1. Nel bando di gara sono indicati il giorno e l’orario entro il quale, a pena di decadenza e senza eccezioni, tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono far pervenire le proprie offerte.
§2. Tra la pubblicazione della documentazione di gara e il giorno stabilito per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno trenta giorni.
§3. Il giorno in cui le offerte devono essere presentate, una volta stabilito, non può essere anticipato, ma può essere posticipato dandone avviso pubblicato nell’Albo almeno quarantotto ore prima.
§4. Le offerte devono essere presentate, sotto pena di esclusione, mediante scambio di documenti per via telematica attraverso la piattaforma informatica dell’Albo.
Articolo 50
Nomina e composizione della Commissione giudicatrice
§1. La Commissione giudicatrice, a pena di invalidità dell’intera procedura di acquisto, deve essere nominata dopo lo spirare del termine per la presentazione delle offerte ed è composta in via ordinaria da tre membri iscritti nell’Elenco di cui al Capo III del Titolo I, tramite estrazione.
§2. Il numero dei componenti della Commissione giudicatrice può essere esteso a cinque, nelle gare di valore superiore a Euro 300.000,00.
§3. Gli atti di nomina sono pubblicati nell’Albo Informatico.
§4. La Commissione così costituita nomina un proprio Presidente il quale, sentiti gli altri componenti, stabilisce il calendario delle sedute della stessa e acquisisce dal responsabile dell’Albo le credenziali di accesso e quanto necessario alla consultazione, da parte dei componenti, delle offerte. Il Calendario delle sedute è pubblicato nell’Albo.
§5. Il Presidente deve richiedere al progettista, se nominato, di presentare la dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 24 §4. La dichiarazione è pubblicata nell’Albo informatico.
Articolo 51
Apertura delle offerte
§1. Nella prima seduta la Commissione:
a) verifica la completezza della documentazione presentata dagli operatori economici;
b) valuta i casi comportanti l’esclusione;
c) verifica l’integrità delle offerte o eventuali anomalie o irregolarità nella loro presentazione.
§2. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Articolo 52
Valutazione delle offerte
§1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute riservate secondo il Calendario stabilito dal suo Presidente, sentiti gli altri Commissari. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione.
§2. La Commissione procede nel seguente ordine vincolante:
a) ad attribuire un punteggio ai criteri soggettivi;
b) ad attribuire il punteggio all’offerta tecnica;
c) ad attribuire un punteggio all’offerta economica e all’applicazione dei coefficienti di raccordo con l’offerta tecnica;
d) alla valutazione delle offerte anormalmente basse.
§3. Ogni Commissario attribuisce in maniera autonoma i relativi punteggi ad ogni singola offerta secondo quanto definito dal bando di gara compilando una propria scheda di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo attribuito per ogni autonomo elemento di valutazione è la risultante della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.
§4. I Commissari procedono congiuntamente al calcolo dei punteggi attribuiti e stilano una graduatoria del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta valida.
§5. Ai fini di quanto previsto dal §2 lettera d) qualora l’offerta che risulti prima in graduatoria abbia contemporaneamente ottenuto, sia sotto il profilo tecnico e funzionale che sotto il profilo economico, un punteggio superiore alle soglie determinate con provvedimento della Segreteria per l’Economia, la Commissione richiede al fornitore chiarimenti in ordine alla sostenibilità dell’offerta, tenuto conto dei prezzi e corrispettivi di riferimento, dei particolari processi produttivi del fornitore, della sua struttura, dei costi e dei ricavi risultanti dagli ultimi bilanci approvati e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
§6. I lavori della Commissione sono conclusi con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria il quale dispone anche l’eventuale esclusione degli operatori economici.
§7. La Commissione può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l’offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto delle soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nel Piano generale degli acquisti, nel disciplinare di gara o nel progetto definitivo.
§8. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è pubblicato contestualmente alla sua adozione, unitamente alla graduatoria e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Articolo 53
Acquisizione delle offerte al massimo ribasso dall’informatico
§1. Per le gare sotto gli Euro 150.000,00 è possibile pubblicare nell’Albo un invito agli operatori economici iscritti a procedere ad un’asta a ribassi successivi pubblici, indicando il termine ultimo di chiusura dell’asta.
§2. La procedura selettiva di cui al presente articolo è valida solo in presenza di tre offerte valide.
§3. La fornitura è aggiudicata al massimo ribasso alla data e all’ora di chiusura dell’asta, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta che dovrà essere effettuata dal responsabile dell’Ente prima dell’aggiudicazione definitiva.
Articolo 54
Acquisti diretti mediante catalogo informatico
§1. Con il Piano generale degli acquisti, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono consentire l’acquisto di beni e servizi offerti dagli operatori economici ad un prezzo o corrispettivo determinato mediante pubblicazione nell’Albo di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo o corrispettivo a cui sono offerti. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Gli acquisti al massimo ribasso possono essere consentiti solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
b) servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
§3. Nel solo caso di acquisto di beni, se consentiti ai sensi dei paragrafi precedenti, gli Enti possono anche rivolgersi direttamente a operatori economici i quali, benché non iscritti all’Albo, offrono pubblicamente i propri beni sul mercato elettronico a prezzi più bassi rispetto a quelli offerti nei cataloghi o, comunque, ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche, sono stabilite dall’APSA o dal Governatorato, ciascuno per la propria sezione di competenza, nell’ambito delle categorie di specializzazione.
§5. Le condizioni di fornitura sono stabilite dall’APSA e Governatorato mediante un contratto quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.
§6. Possono pubblicare un proprio catalogo tutti gli operatori economici iscritti all’Albo nella categoria di specializzazione corrispondente.
§7. Il catalogo è trasmesso dall’operatore all’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, che procedono agli adempimenti per la pubblicazione, previa verifica della rispondenza dei beni e servizi ivi inclusi a quanto richiesto.
§8. Il provvedimento di esclusione dalla pubblicazione è immediatamente impugnabile dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
§9. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.
§10. La procedura di acquisto mediante catalogo può essere avviata solo in presenza di almeno tre cataloghi validamente pubblicati.
§11. Gli Enti, attraverso l’Albo informatico e nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare la quantità necessaria di un singolo bene o servizio compreso nei cataloghi mediante ordine diretto di acquisto all’operatore economico che in quel momento lo offra al prezzo più basso, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta.
Articolo 55
Provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle gare
All’esito della verifica sulla regolarità dell’intera procedura di gara, ma non prima di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, i Committenti adottano il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene pubblicato nell’Albo.
Articolo 56
Stipula del contratto
§1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dall’offerta o dal bando e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati.
§2. Negli acquisti di beni e servizi singolari il contratto prima di essere stipulato dall’APSA o dal Governatorato deve essere sottoposto all’approvazione dell’Ente richiedente.
§3. I pagamenti effettuati in forza di clausole invalide costituisce danno al patrimonio della Santa Sede o per il Governatorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§4. Il contratto può essere stipulato solo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine viene proposta impugnazione il contratto non può essere stipulato senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
§5. Il contratto deve essere pubblicato nell’Albo entro quindici giorni dalla sottoscrizione.
§6. La pubblicazione e la registrazione presso l’apposito registro del Governatorato sono condizioni di efficacia del contratto.
CAPO II
Deroghe
Tipi di procedura
§1. Tutti i contratti sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva
§2. I contratti sono aggiudicati mediante:
a) Procedura selettiva pubblica;
b) Procedura selettiva mediante Albo informatico;
c) Gara al massimo ribasso mediante Albo informatico;
d) Acquisto diretto mediante catalogo informatico;
e) Affidamento diretto.
Articolo 37
Procedura selettiva pubblica
§1. Si accede alla procedura selettiva pubblica quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di cui all’art. 36 §2, come descritte negli articoli che seguono.
§2. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all’Albo, può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla sezione pubblica dell’Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni di urgenza debitamente motivate.
§3. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.
§4. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate nei documenti di gara pubblicati nella sezione pubblica dell’Albo.
Articolo 38
Procedura selettiva mediante Albo informatico
§1. La procedura selettiva mediante Albo informatico si effettua con le stesse modalità della procedura selettiva pubblica, ma è aperta solo agli operatori economici iscritti all’Albo nella corrispondente categoria di specializzazione, i quali possono presentare un’offerta in risposta a un avviso di gara.
§2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara. Il termine può essere ridotto fino al minimo di 15 giorni per motivate ragioni di urgenza.
§3. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.
Articolo 39
Documentazione di gara
§1. La documentazione di gara si compone:
a) del bando di gara;
b) del disciplinare di gara;
c) del capitolato;
d) dello schema del contratto;
e) delle istruzioni e dei modelli per la compilazione delle offerte tecniche ed economiche.
§2. Al fine di agevolare l’attività degli Enti, uniformandone le condotte, i bandi di gara sono redatti in conformità a modelli-tipo predisposti dalla Segreteria per l’Economia.
§3. Gli Enti possono sempre derogare ai modelli, motivando espressamente la deroga con comunicazione da inviare alla Segreteria per l’Economia.
§4. Fino alla pubblicazione, la documentazione di gara e i relativi documenti preparatori sono coperti da segreto d’ufficio.
Articolo 40
Progettazione
Devono essere precedute da adeguata progettazione le gare aventi ad oggetto:
a) opere o lavori;
b) la realizzazione di infrastrutture informatiche complesse;
c) gli appalti misti di beni e servizi, inclusi i lavori, ovvero di beni o servizi non appartenenti alla medesima classe merceologica;
d) attività istituzionali di medio o lungo periodo comportanti oneri per più di un esercizio ovvero appalti comunque connessi a tali attività.
Articolo 41
Nomina del progettista
§1. Il Committente è responsabile della progettazione e individua uno o, se necessario in relazione alla complessità del progetto, più progettisti preferibilmente tra i propri dipendenti, purché iscritti nell’elenco di cui all’art. 22. Gli Enti possono incaricare della progettazione gli uffici tecnici dell’APSA o del Governatorato, per quanto di rispettiva competenza.
§2. Tutti i documenti progettuali devono essere approvati per iscritto dall’Ente secondo le disposizioni del Regolamento interno di ciascuno.
§3. Si può ricorrere a progettisti esterni, selezionati in base alle procedure di cui alla presente normativa, solo se sussistono ragioni oggettive e documentabili.
Articolo 42
Sopralluoghi
§1. Nei documenti di gara è pubblicato il calendario dei giorni e degli orari in cui gli operatori economici possono effettuare i sopralluoghi qualora questi siano necessari ad elaborare le offerte.
§2. L’avviso potrà indicare anche l’eventuale obbligatorietà del sopralluogo ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.
§3. Ove necessario, possono compiersi diverse sedute, assicurando a tutti gli operatori economici di effettuare i sopralluoghi.
§4. Delle operazioni compiute e delle osservazioni dei tecnici degli operatori economici intervenuti è redatto processo verbale.
Articolo 43
Affidamento diretto
§1. Si procede ad affidamento diretto:
a) per procedure di importo inferiore agli Euro 40.000,00, nelle quali il Committente può procedere con affidamento diretto a un operatore economico iscritto all’Albo con criterio rotativo automatico nel rispetto delle categorie richieste e in funzione della loro idoneità professionale;
b) quando i lavori, i servizi o i beni possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i) l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;
ii) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
iii) tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
§2. Le eccezioni di cui alla lettera b) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.
§3. Le procedure di affidamento diretto di cui alla lettera a) dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento e dell’ambito programmazione dei Piani presentati.
Articolo 44
Subappalto
§1. L’operatore economico che intende eseguire alcune prestazioni affidandole in subappalto deve farne richiesta in sede di presentazione delle offerte, indicando il nominativo del subappaltatore e, in dettaglio, le prestazioni affidate in subappalto nonché fornire la bozza del relativo contratto.
§2. L’autorizzazione al subappalto avviene con l’aggiudicazione dell’offerta.
§3. Fuori dalle ipotesi di cui al presente articolo, il subappalto anche parziale è vietato e, se eseguito, costituisce grave inadempimento con risoluzione del contratto e perdita del diritto al compenso.
Articolo 45
Procedura per acquisti non previsti nei Piani singolari
Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano singolare, l’Ente, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia che verifica il rispetto dei documenti contabili e la necessaria copertura finanziaria, può inoltrare all’APSA e al Governatorato, per quanto di competenza, la richiesta di indizione di una gara o l’autorizzazione all’acquisto tramite catalogo.
Articolo 46
Modalità di selezione nelle procedure selettive
La selezione deve tener conto dei requisiti soggettivi degli offerenti e dei requisiti dell’offerta secondo criteri predeterminati nei documenti di gara o comunque prestabiliti in documenti regolamentari o modelli tipo precedenti alla gara.
Articolo 47
Criteri soggettivi di Selezione
Il metodo di valutazione degli operatori economici deve utilizzare sistemi oggettivi e automatici predeterminati nei documenti di gara o in regolamenti attuativi che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti al fornitore in relazione a valutazioni che tengano conto:
a) della capacità economica e finanziaria;
b) della capacità tecnica.
Articolo 48
Criteri di selezione delle offerte
§1. La selezione avviene in base alla comparazione ponderata delle offerte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo altresì un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.
§2. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il loro peso nell’attribuzione dei punteggi sono specificati nei documenti di gara in accordo con le esigenze manifestate dagli Enti nei progetti o nei Piani degli acquisti.
§3. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico.
Articolo 49
Presentazione delle offerte
§1. Nel bando di gara sono indicati il giorno e l’orario entro il quale, a pena di decadenza e senza eccezioni, tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono far pervenire le proprie offerte.
§2. Tra la pubblicazione della documentazione di gara e il giorno stabilito per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno trenta giorni.
§3. Il giorno in cui le offerte devono essere presentate, una volta stabilito, non può essere anticipato, ma può essere posticipato dandone avviso pubblicato nell’Albo almeno quarantotto ore prima.
§4. Le offerte devono essere presentate, sotto pena di esclusione, mediante scambio di documenti per via telematica attraverso la piattaforma informatica dell’Albo.
Articolo 50
Nomina e composizione della Commissione giudicatrice
§1. La Commissione giudicatrice, a pena di invalidità dell’intera procedura di acquisto, deve essere nominata dopo lo spirare del termine per la presentazione delle offerte ed è composta in via ordinaria da tre membri iscritti nell’Elenco di cui al Capo III del Titolo I, tramite estrazione.
§2. Il numero dei componenti della Commissione giudicatrice può essere esteso a cinque, nelle gare di valore superiore a Euro 300.000,00.
§3. Gli atti di nomina sono pubblicati nell’Albo Informatico.
§4. La Commissione così costituita nomina un proprio Presidente il quale, sentiti gli altri componenti, stabilisce il calendario delle sedute della stessa e acquisisce dal responsabile dell’Albo le credenziali di accesso e quanto necessario alla consultazione, da parte dei componenti, delle offerte. Il Calendario delle sedute è pubblicato nell’Albo.
§5. Il Presidente deve richiedere al progettista, se nominato, di presentare la dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 24 §4. La dichiarazione è pubblicata nell’Albo informatico.
Articolo 51
Apertura delle offerte
§1. Nella prima seduta la Commissione:
a) verifica la completezza della documentazione presentata dagli operatori economici;
b) valuta i casi comportanti l’esclusione;
c) verifica l’integrità delle offerte o eventuali anomalie o irregolarità nella loro presentazione.
§2. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Articolo 52
Valutazione delle offerte
§1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute riservate secondo il Calendario stabilito dal suo Presidente, sentiti gli altri Commissari. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione.
§2. La Commissione procede nel seguente ordine vincolante:
a) ad attribuire un punteggio ai criteri soggettivi;
b) ad attribuire il punteggio all’offerta tecnica;
c) ad attribuire un punteggio all’offerta economica e all’applicazione dei coefficienti di raccordo con l’offerta tecnica;
d) alla valutazione delle offerte anormalmente basse.
§3. Ogni Commissario attribuisce in maniera autonoma i relativi punteggi ad ogni singola offerta secondo quanto definito dal bando di gara compilando una propria scheda di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo attribuito per ogni autonomo elemento di valutazione è la risultante della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.
§4. I Commissari procedono congiuntamente al calcolo dei punteggi attribuiti e stilano una graduatoria del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta valida.
§5. Ai fini di quanto previsto dal §2 lettera d) qualora l’offerta che risulti prima in graduatoria abbia contemporaneamente ottenuto, sia sotto il profilo tecnico e funzionale che sotto il profilo economico, un punteggio superiore alle soglie determinate con provvedimento della Segreteria per l’Economia, la Commissione richiede al fornitore chiarimenti in ordine alla sostenibilità dell’offerta, tenuto conto dei prezzi e corrispettivi di riferimento, dei particolari processi produttivi del fornitore, della sua struttura, dei costi e dei ricavi risultanti dagli ultimi bilanci approvati e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
§6. I lavori della Commissione sono conclusi con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria il quale dispone anche l’eventuale esclusione degli operatori economici.
§7. La Commissione può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l’offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto delle soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nel Piano generale degli acquisti, nel disciplinare di gara o nel progetto definitivo.
§8. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è pubblicato contestualmente alla sua adozione, unitamente alla graduatoria e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Articolo 53
Acquisizione delle offerte al massimo ribasso dall’informatico
§1. Per le gare sotto gli Euro 150.000,00 è possibile pubblicare nell’Albo un invito agli operatori economici iscritti a procedere ad un’asta a ribassi successivi pubblici, indicando il termine ultimo di chiusura dell’asta.
§2. La procedura selettiva di cui al presente articolo è valida solo in presenza di tre offerte valide.
§3. La fornitura è aggiudicata al massimo ribasso alla data e all’ora di chiusura dell’asta, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta che dovrà essere effettuata dal responsabile dell’Ente prima dell’aggiudicazione definitiva.
Articolo 54
Acquisti diretti mediante catalogo informatico
§1. Con il Piano generale degli acquisti, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono consentire l’acquisto di beni e servizi offerti dagli operatori economici ad un prezzo o corrispettivo determinato mediante pubblicazione nell’Albo di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo o corrispettivo a cui sono offerti. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Gli acquisti al massimo ribasso possono essere consentiti solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
b) servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
§3. Nel solo caso di acquisto di beni, se consentiti ai sensi dei paragrafi precedenti, gli Enti possono anche rivolgersi direttamente a operatori economici i quali, benché non iscritti all’Albo, offrono pubblicamente i propri beni sul mercato elettronico a prezzi più bassi rispetto a quelli offerti nei cataloghi o, comunque, ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche, sono stabilite dall’APSA o dal Governatorato, ciascuno per la propria sezione di competenza, nell’ambito delle categorie di specializzazione.
§5. Le condizioni di fornitura sono stabilite dall’APSA e Governatorato mediante un contratto quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.
§6. Possono pubblicare un proprio catalogo tutti gli operatori economici iscritti all’Albo nella categoria di specializzazione corrispondente.
§7. Il catalogo è trasmesso dall’operatore all’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, che procedono agli adempimenti per la pubblicazione, previa verifica della rispondenza dei beni e servizi ivi inclusi a quanto richiesto.
§8. Il provvedimento di esclusione dalla pubblicazione è immediatamente impugnabile dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
§9. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.
§10. La procedura di acquisto mediante catalogo può essere avviata solo in presenza di almeno tre cataloghi validamente pubblicati.
§11. Gli Enti, attraverso l’Albo informatico e nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare la quantità necessaria di un singolo bene o servizio compreso nei cataloghi mediante ordine diretto di acquisto all’operatore economico che in quel momento lo offra al prezzo più basso, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta.
Articolo 55
Provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle gare
All’esito della verifica sulla regolarità dell’intera procedura di gara, ma non prima di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, i Committenti adottano il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene pubblicato nell’Albo.
Articolo 56
Stipula del contratto
§1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dall’offerta o dal bando e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati.
§2. Negli acquisti di beni e servizi singolari il contratto prima di essere stipulato dall’APSA o dal Governatorato deve essere sottoposto all’approvazione dell’Ente richiedente.
§3. I pagamenti effettuati in forza di clausole invalide costituisce danno al patrimonio della Santa Sede o per il Governatorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§4. Il contratto può essere stipulato solo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine viene proposta impugnazione il contratto non può essere stipulato senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
§5. Il contratto deve essere pubblicato nell’Albo entro quindici giorni dalla sottoscrizione.
§6. La pubblicazione e la registrazione presso l’apposito registro del Governatorato sono condizioni di efficacia del contratto.
CAPO II
Deroghe
Articolo 57
Lavori di somma urgenza
§1. In casi di necessità ed urgenza, se esiste un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità, l’Ente responsabile può disporre la immediata esecuzione di lavori entro il limite di Euro 100.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.
§2. L’affidamento è accompagnato dalla redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
§3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il Committente può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 10 per cento.
§4. L’Ente che ha affidato i lavori compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’APSA o al Governatorato, che provvedono alla copertura della spesa. La perizia è trasmessa altresì alla Segreteria per l’Economia per l’approvazione dei lavori.
§5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
§6. In via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a rimuovere lo stato di pericolo, l’affidamento diretto può essere autorizzato dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, oltre che per i lavori altresì per acquisti di beni e servizi. Analogamente la Segreteria per l’Economia o il Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, può autorizzare lavori per un valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 da effettuare in un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.
Articolo 58
Acquisti di modico valore
Gli acquisti di modico valore sono ammessi nei limiti previsti da apposita voce di spesa del Piano singolare degli acquisti di cui al precedente art. 19.
CAPO III
Concessioni
Articolo 59
Oggetto e ambito di applicazione
§1. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili e non diversamente regolamentato dagli articoli seguenti, le disposizioni relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione, alle modalità di esecuzione.
§2. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo.
Articolo 60
Durata della concessione
§1. La durata delle concessioni è limitata ed è stimata dall’Ente in funzione dei lavori o servizi richiesti all’operatore economico.
§2. Le concessioni ultra-quinquennali, devono essere autorizzate dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di competenza, e la durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici. Ai fini del calcolo, gli investimenti presi in considerazione comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
Articolo 61
Bandi di gara
§1. Gli Enti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di gara e ne chiedono la pubblicazione nell’Albo di cui gli artt. 26 e ss..
CAPO IV
Disciplina ed esecuzione dei contratti
Articolo 62
Responsabilità dell’esecuzione del contratto
§1. Gli Enti che risultino beneficiari, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto sono responsabili della regolare esecuzione e di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in base alla natura della prestazione stessa.
§2. Il Responsabile del procedimento dell’Ente beneficiario svolge le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto, ferma la facoltà di ciascun Ente Beneficiario, in base al proprio Regolamento interno, di nominare in tale funzione o per singoli appalti, uno o più Officiali che, nell’assolvimento del proprio compito, rispondono al Responsabile del procedimento.
Articolo 63
Certificato di regolare esecuzione
§1. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto emette un certificato attestante l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
§2. Il certificato di regolare esecuzione può essere emesso anche parzialmente per stato avanzamento lavori, qualora il contratto preveda il pagamento di acconti a stato di avanzamento o in ipotesi similari. Il certificato in tali ipotesi fa riferimento solo alle prestazioni effettivamente eseguite al momento del suo rilascio.
§3. Il certificato deve essere allegato alla fattura o ad altro documento con il quale richiede il pagamento del corrispettivo pattuito.
§4. Il pagamento dei corrispettivi in assenza di certificato di regolare esecuzione costituisce danno al patrimonio dell’Ente.
§5. L’emissione del certificato non libera l’operatore economico dal risarcimento danni per la scoperta di vizi occulti dell’opera.
§6. I soggetti che hanno ricevuto la prestazione inviano una valutazione dell’operatore economico alla Segreteria per l’Economia sulla base dei modelli predisposti da quest’ultima.
Articolo 64
Durata del contratto
§1. I contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni. Termini superiori comunque non eccedenti i cinque anni devono essere motivati ed autorizzati dalla Segreteria per l’Economia, in considerazione della tipologia di bene o servizio, del ciclo di vita dei beni oggetto dell’appalto e della variabilità dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Il rinnovo dei contratti può avvenire solo attraverso procedura selettiva pubblica.
§3. Le clausole di rinnovo tacito e i rinnovi eventualmente accordati in violazione dei paragrafi precedenti sono nulli. Il pagamento di corrispettivi in base a contratti scaduti e non rinnovabili costituisce danno al patrimonio della Santa Sede.
§4. I contratti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono indicare i termini perentori entro i quali le prestazioni devono essere eseguite.
Articolo 65
Modifica dei contratti e varianti in corso d’opera
§1. Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d’opera, devono essere autorizzate congiuntamente dall’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, e dalla Segreteria per l’Economia, sulle base dei parametri oggettivi individuati con regolamento dalla Segreteria per l’Economia.
§2. Le modifiche e variazioni dovranno essere pubblicate nell’Albo informatico.
Articolo 66
Revisione prezzi
§1. Il bando di gara può prevedere la revisione dei prezzi.
§2. La revisione può essere prevista solo sulla base di criteri oggettivi, su clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto pubblicato nella documentazione di gara.
§3. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la variazione è rilevata o è stato richiesto di rilevarla.
§4. Qualora la variazione sia superiore al 10 per cento, la parte che subisce l’effetto economico sfavorevole della variazione ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto.
§5. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l’impegno dell’operatore economico a tenere ferma la propria proposta, sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta.
Articolo 67
Recesso
In caso di recesso del Committente si esegue il pagamento dei lavori o delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite a titolo di indennizzo.
CAPO V
Operazioni nel settore immobiliare
Articolo 68
Immobili ad uso istituzionale
§1. Gli Enti che intendono acquisire in proprietà o prendere in godimento a titolo oneroso un bene immobile per le proprie finalità istituzionali devono farne preventiva richiesta scritta agli altri Enti proprietari di immobili.
§2. Ove non risulti la disponibilità di immobili di proprietà di altri Enti è possibile ricorrere al mercato esterno secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 69
Acquisti o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere all’acquisto in proprietà di beni immobili o prenderli in godimento da soggetti esterni, devono farne indicazione nel proprio Piano singolare, indicando:
a) il limite massimo di spesa;
b) le caratteristiche dimensionali e qualitative del bene;
c) la localizzazione;
d) i rendimenti attesi qualora all’acquisto si proceda a fini di investimento;
e) ogni altro elemento che ritengano utile e necessario segnalare per dimostrare l’opportunità dell’operazione per il soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali o di investimento.
§2. Il Piano generale provvede alla razionalizzazione delle esigenze al fine di orientare l’acquisto verso interi fabbricati e così contenere i costi amministrativi, di ristrutturazione, di manutenzione, di efficienza e di gestione.
§3. Ove sia possibile procedere in maniera congiunta, sulla base del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, aperto il fascicolo della procedura, provvede ad eseguire le opportune ricerche di mercato e a sottoporre agli Enti le opportunità individuate, con un piano di ripartizione dei diritti di godimento o di proprietà e delle spese ordinarie e straordinarie.
§4. Alla stipula del contratto si procede previa perizia di cui all’art. 71 e previa verifica dei requisiti del venditore o del locatore.
Articolo 70
Cessioni o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere alla vendita di immobili in proprietà o cederli in godimento a soggetti esterni, devono programmare l’operazione nel proprio Piano singolare.
§2. Per le locazioni di immobili a soggetti terzi si procederà sulla base di un regolamento predisposto dagli Enti proprietari che dovrà tener conto dei principi generali di cui alla presente normativa e della modalità con cui procedono alla definizione dei canoni di locazione.
Articolo 71
Perizia di stima
§1. Ogni operazione immobiliare deve essere preceduta da perizia di stima dell’immobile, cui provvede l’APSA o il Governatorato attraverso il proprio personale tecnico.
§2. La perizia ha l’obiettivo di individuare l’effettivo valore commerciale dell’immobile stesso, lo stato di manutenzione e l’assenza di cause ostative all’operazione.
§3. La perizia deve dare conto di tutte le informazioni utili a definire l’effettivo valore dell’immobile sulla base degli standard utilizzati dai tecnici del Paese dove l’immobile è situato e deve menzionare la presenza delle certificazioni richieste in tali Paesi.
§4. Il soggetto che firma la perizia si assume la piena responsabilità delle informazioni ivi contenute.
Articolo 72
Verifica della controparte e controlli
§1. I soggetti terzi che intervengono nelle procedure immobiliari di cui al presente Capo devono possedere i requisiti di onorabilità ed eticità, conformemente alla presente normativa.
§2. L’APSA e il Governatorato devono acquisire la documentazione utile a comprovare detti requisiti e depositarla nel fascicolo della procedura.
§3. Di ogni operazione di acquisto o cessione di immobili sono previamente informati gli organismi di controllo che nell’ambito della propria competenza possono svolgere le opportune verifiche.
TITOLO IV
IMPUGNAZIONI E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE –
MONITORAGGIO E CONTROLLO -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Impugnazioni e tentativo di conciliazione
Articolo 73
Impugnabilità degli atti
Tutte le controversie aventi ad oggetto, gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla presente normativa, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all’iscrizione all’Albo o di esclusione, nonché provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni, nonché tutti provvedimenti degli Organismi di vigilanza e di controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura, sono soggetti al sistema di impugnativa e di appello dinanzi agli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 74
Tentativo di conciliazione delle controversie
§1. L’operatore economico e gli Enti qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all’articolo che precede o inerenti all’esecuzione del contratto potrà preventivamente esperire un tentativo di conciliazione d’innanzi ad una Camera Arbitrale.
§2. Il tentativo di conciliazione dovrà essere promosso comunque entro 15 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare.
§3. La Camera Arbitrale è composta da tre membri, uno scelto dall’operatore economico, uno nominato dal Governatorato o dall’APSA ed il terzo nominato dal Presidente dell’Autorità Giudiziaria competente.
§4. Il tentativo di conciliazione viene promosso da una delle parti con comunicazione da inviarsi all’altra.
§5. Se entrambe le parti aderiscono si chiede la nomina di un componente da parte dell’Autorità Giudiziaria.
§6. L’espletamento del tentativo di conciliazione sospende i termini di impugnativa fino all’espletamento della procedura.
§7. Il tentativo di conciliazione si dovrà concludere nei successivi 15 giorni dal suo promovimento, in difetto si procederà come se avesse avuto esito negativo.
§8. Le parti congiuntamente possono anche deferire alla Camera Arbitrale l’intera controversia perché venga decisa secondo equità.
CAPO II
Monitoraggio e controllo
Articolo 75
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
La Segreteria per l’Economia, sentito l’Ufficio del Revisore Generale, anche nel rispetto della normativa internazionale applicabile alla Santa Sede o di cui essa è parte, può adottare specifiche misure di indirizzo per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza e la parità di trattamento.
Articolo 76
Controlli e obbligo di segnalazione
§1. Il Responsabile del procedimento prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, prima della stipula del contratto o dell’esecuzione dell’investimento, deve eseguire un controllo formale, senza sindacato sul merito, volto a verificare che le condizioni oggettive e soggettive e finanziare per l’aggiudicazione sia state rispettate.
§2. Il Responsabile del procedimento all’atto di sottoporre alla firma il provvedimento di aggiudicazione definitiva o il contratto attesta sotto la propria responsabilità l’esito del controllo.
§3. L’attestazione è condizione necessaria per procedere al pagamento medesimo. I pagamenti eseguiti in assenza dell’attestazione o in presenza di attestazione falsa o mendace costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 77
Flussi informativi
§1. Salvo diversamente disposto, tutti i dati e i documenti pubblicati nell’Albo informatico e comunque inseriti nel fascicolo di ogni procedura sono resi disponibili e sono consultabili su base permanente dalla Segreteria per l’Economia.
§2. L’accesso al fascicolo avviene senza necessità di preventiva richiesta e i suddetti uffici sono dotati di credenziali di accesso ai fascicoli informatici.
§3. Fermo quanto previsto dai rispettivi statuti, gli Organismi di vigilanza e di controllo possono richiedere agli Enti ulteriori informazioni e documenti, ancorché non inclusi nel fascicolo della procedura.
§4. L’Autorità di informazione finanziaria ha accesso alla documentazione di cui al paragrafo 1 nei limiti di quanto necessario alla propria attività istituzionale.
Articolo 78
Monitoraggio e controllo di gestione
§1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 8 del proprio Statuto, la Segreteria per l’Economia e la Direzione dell’Economia per il Governatorato, ai sensi della Legge N. CCLXXIV provvedono alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici.
§2. Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale.
§3. La relazione è trasmessa in conoscenza alla Segreteria di Stato e al Presidente del Governatorato, se di competenza, e all’Ufficio del Revisore Generale.
Articolo 79
Prevenzione e contrasto degli illeciti
§1. L’Ufficio del Revisore Generale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo precedente, delle eventuali segnalazioni, delle revisioni eventualmente effettuate e delle migliori prassi adottate a livello internazionale, elabora un’analisi valutativa delle condotte degli Enti di cui all’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, anche con riferimento specifico alle procedure di acquisto.
§2. La valutazione di cui al paragrafo precedente è coperta da segreto d’ufficio.
§3. Qualora, nell’ambito delle valutazioni di cui al paragrafo precedente emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Ufficio del Revisore Generale invierà un rapporto all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o all’Autorità di informazione finanziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore sulla base dell’analisi valutativa e delle revisioni effettuate, può proporre alla Segreteria per l’Economia od all’Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato, l’adozione di linee guida, indirizzi, modelli e procedure e prassi ovvero la modifica di quelle esistenti.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 80
Termini per la deroga alla centralizzazione
§1. Gli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16 presentano per l’approvazione le proprie norme speciali entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente normativa.
§2. In mancanza sono ricondotti al sistema centralizzato.
Articolo 81
Legge applicabile e giurisdizione
§1. Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto canonico. Il riferimento alla legge civile di cui al canone 1290 CIC si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Per le tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico.
§2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, una volta stipulato, è competente in via esclusiva il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Nei contratti devono essere inserite clausole volte ad assicurare l’esclusività della giurisdizione.
Articolo 82
Disposizione per la conclusione di contratti e negozi giuridici
§1. L’approvazione ed i poteri di firma dei contratti e dei negozi giuridici sono regolati dalle norme sulle competenze ed attribuzioni di poteri di ciascun Ente.
§2. In particolare, per gli Enti afferenti allo Stato della Città del Vaticano si fa riferimento alle norme attuative dell’art. 28 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018. Tutti i contratti ed i negozi giuridici devono essere registrati e dovranno pervenire alla Direzione dell’Economia e all’Ufficio Giuridico non appena stipulati.
§3. Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 83
Norme applicabili al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
§1. In considerazione del particolare status giuridico dello Stato della Città del Vaticano, il Governatorato opera sulla base di un proprio regolamento di attuazione conforme alla presente normativa da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
§2. Le disposizioni speciali devono essere approvate e modificate con il procedimento di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.
§3. Nella individuazione delle funzioni e gli uffici di cui alla presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni organizzative proprie del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni, specializzazione, rotazione e non predeterminazione.
Articolo 84
Implementazione informatica
§1. La piattaforma informatica dell’Albo informatico e ogni altro strumento informatico necessario all’esecuzione della presente normativa è realizzata secondo un progetto predisposto a cura della Segreteria per l’Economia di concerto con la Commissione “Tecnologia dell’Informazione e Comunicazione” (ICT).
§2. I beni e i servizi necessari al suddetto progetto sono acquisiti conformandosi alle disposizioni della presente normativa in quanto immediatamente applicabili. La gara è gestita dall’APSA, la quale è altresì competente ad individuare gli operatori economici da invitare alla gara.
§3. La procedura di appalto è perfezionata entro sei mesi dall’approvazione della presente normativa da parte della Superiore Autorità.
§4. La mancata messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo informatico, non pregiudica l’entrata in vigore della presente normativa.
§5. Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che la piattaforma informatica dell’Albo informatico sia stata messa in opera, la Segreteria per l’Economia è legittimata ad adottare procedure e modelli suppletivi e provvisori che diano immediata attuazione alla presente normativa anche mediante l’utilizzo di documenti cartacei.
Articolo 85
Lingua
Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei contratti pubblici disciplinate dalla presente normativa saranno redatti in lingua italiana.
Articolo 86
Norme attuative
§1. La Segreteria dell’Economia, sentiti i singoli Enti della Santa Sede, adotta un regolamento di attuazione della presente normativa.
§2. Si intendono abrogati tutti i documenti normativi e regolamentari relativi alla materia dei Contratti pubblici preesistenti.
[00705-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Estas Normas se encuentran en la siguiente dirección:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/01/0315/00705.html
El siguiente es el texto de las normas procedimentales en italiano:
TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA
DI TRASPARENZA, CONTROLLO E CONCORRENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER LA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO
Articolo 1
Giurisdizione e competenza
§1. Appartengono alla giurisdizione degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano tutte le controversie aventi a oggetto gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla normativa sui contratti pubblici, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all’iscrizione all’Albo o all’esclusione dallo stesso; nonché i provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni; nonché tutti i provvedimenti degli Organismi di vigilanza e controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nelle procedure.
§2. Sono di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tutti i conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo inerenti alla normativa sui contratti pubblici.
§3. Per le definizioni di cui alla presente normativa si fa riferimento alla disciplina dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Legittimazione processuale
§2. Sono di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tutti i conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo inerenti alla normativa sui contratti pubblici.
§3. Per le definizioni di cui alla presente normativa si fa riferimento alla disciplina dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Legittimazione processuale
§1. Possono essere parte nei giudizi di cui all’art. 1: a) gli operatori economici che abbiano interesse attuale e concreto a far valere l’illegittimità dei provvedimenti; b) gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo.
§2. È ammesso il patrocinio di avvocati abilitati in altre giurisdizioni solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale vaticano che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla richiesta.
§3. Gli Enti possono essere difesi dai propri Officiali e collaboratori professionali muniti della relativa abilitazione professionale, a ciò espressamente delegati dal Superiore dell’Ente medesimo.
§4. Nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato ad uno dei controinteressati per causa di forza maggiore o per errore scusabile, l’Autorità Giudiziaria ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito, a pena di decadenza.
§5. Allo stesso modo, l’Autorità Giudiziaria può ammettere l’intervento volontario di altri soggetti aventi un interesse attuale e concreto alla definizione del processo.
Articolo 3
Termini ed instaurazione del contraddittorio
§2. È ammesso il patrocinio di avvocati abilitati in altre giurisdizioni solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale vaticano che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla richiesta.
§3. Gli Enti possono essere difesi dai propri Officiali e collaboratori professionali muniti della relativa abilitazione professionale, a ciò espressamente delegati dal Superiore dell’Ente medesimo.
§4. Nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato ad uno dei controinteressati per causa di forza maggiore o per errore scusabile, l’Autorità Giudiziaria ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito, a pena di decadenza.
§5. Allo stesso modo, l’Autorità Giudiziaria può ammettere l’intervento volontario di altri soggetti aventi un interesse attuale e concreto alla definizione del processo.
Articolo 3
Termini ed instaurazione del contraddittorio
§1. I giudizi di cui all’art. 1 sono instaurati mediante ricorso da proporsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione o pubblicazione del provvedimento, dallo spirare del termine per la formazione del silenzio, o, comunque, nelle altre ipotesi, dalla conoscenza effettiva dell’atto lesivo di un interesse o di un diritto. Il ricorso deve essere notificato sia all’Ente che a tutti i controinteressati.
§2. Il ricorso deve essere depositato, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, presso la cancelleria del Tribunale dello Stato entro 15 giorni dalla data dell’ultima notifica.
§3. L’istanza di accesso agli atti della procedura sospende il termine di cui al paragrafo 1, che decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui l’accesso è consentito e gli atti sono resi disponibili.
§4. L’eventuale ricorso al tentativo di conciliazione di cui all’art. 74 delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, sospende il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Ricorso
§2. Il ricorso deve essere depositato, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, presso la cancelleria del Tribunale dello Stato entro 15 giorni dalla data dell’ultima notifica.
§3. L’istanza di accesso agli atti della procedura sospende il termine di cui al paragrafo 1, che decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui l’accesso è consentito e gli atti sono resi disponibili.
§4. L’eventuale ricorso al tentativo di conciliazione di cui all’art. 74 delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, sospende il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Ricorso
Il ricorso deve contenere distintamente, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del ricorrente, del suo difensore e del soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l’indicazione specifica dell'oggetto della domanda, ivi compresi gli atti o i provvedimenti eventualmente impugnati, e la data della loro notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque della loro conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l’indicazione degli eventuali mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Articolo 5
Annullabilità del provvedimento
a) i dati identificativi del ricorrente, del suo difensore e del soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l’indicazione specifica dell'oggetto della domanda, ivi compresi gli atti o i provvedimenti eventualmente impugnati, e la data della loro notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque della loro conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l’indicazione degli eventuali mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Articolo 5
Annullabilità del provvedimento
§1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sui contratti a rilevanza pubblica.
§2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 6
Provvedimenti cautelari
§2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 6
Provvedimenti cautelari
§1. Il ricorrente, se dagli atti impugnati può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere all’Autorità Giudiziaria la sospensione dell’esecuzione degli atti stessi con istanza motivata proposta nel ricorso.
§2. L’istanza cautelare viene trattata in udienza camerale fissata dal Presidente del Tribunale con decreto, da comunicarsi alle parti costituite per il tramite della Cancelleria; la richiesta cautelare non può essere trattata se non successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla data dell’effettiva ricezione del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti entro tre giorni liberi antecedenti la data dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Collegio decide con ordinanza non impugnabile, fissando anche la data dell’udienza di merito e dandone comunicazione alle parti costituite.
§4. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, l’istanza cautelare s’intende rinunciata.
Articolo 7
Svolgimento dell’udienza – Poteri istruttori dell’Autorità Giudiziaria
§2. L’istanza cautelare viene trattata in udienza camerale fissata dal Presidente del Tribunale con decreto, da comunicarsi alle parti costituite per il tramite della Cancelleria; la richiesta cautelare non può essere trattata se non successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla data dell’effettiva ricezione del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti entro tre giorni liberi antecedenti la data dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Collegio decide con ordinanza non impugnabile, fissando anche la data dell’udienza di merito e dandone comunicazione alle parti costituite.
§4. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, l’istanza cautelare s’intende rinunciata.
Articolo 7
Svolgimento dell’udienza – Poteri istruttori dell’Autorità Giudiziaria
§1. L’udienza è pubblica e si svolge secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale; le parti, ove necessario, discutono oralmente la causa, formulando le loro richieste.
§2. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, il Presidente fissa una nuova udienza entro i quindici giorni successivi; la cancelleria provvede alla comunicazione della nuova data. In caso di mancata partecipazione alla nuova udienza, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.
§3. L’Autorità Giudiziaria, ai fini istruttori, esercita tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Enti.
§4. L’Autorità Giudiziaria, ove ritenuto necessario può richiedere apposite relazioni agli Organismi di vigilanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
§5. L’Autorità Giudiziaria, in ogni stato del giudizio, può ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.
§6. L’Autorità Giudiziaria, se ritiene illegittimo per contrasto alla normativa sui contratti pubblici un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio e procede alle segnalazioni di cui all’art. 10.
Articolo 8
Decisione del ricorso
§2. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, il Presidente fissa una nuova udienza entro i quindici giorni successivi; la cancelleria provvede alla comunicazione della nuova data. In caso di mancata partecipazione alla nuova udienza, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.
§3. L’Autorità Giudiziaria, ai fini istruttori, esercita tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Enti.
§4. L’Autorità Giudiziaria, ove ritenuto necessario può richiedere apposite relazioni agli Organismi di vigilanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
§5. L’Autorità Giudiziaria, in ogni stato del giudizio, può ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.
§6. L’Autorità Giudiziaria, se ritiene illegittimo per contrasto alla normativa sui contratti pubblici un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio e procede alle segnalazioni di cui all’art. 10.
Articolo 8
Decisione del ricorso
§1. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 6, il Presidente del Tribunale fissa con decreto l’udienza di merito da celebrarsi entro 45 giorni dal deposito del ricorso; la Cancelleria del Tribunale provvede alla comunicazione del decreto alle parti costituite almeno venti giorni prima dalla data fissata.
§2. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a dieci giorni liberi prima successivi dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Tribunale pubblica il dispositivo della sentenza entro 10 giorni dalla data dell’udienza di merito, indicando un termine non superiore a 30 giorni per la motivazione, salvo casi di particolare complessità. Tutti i suddetti provvedimenti sono comunicati dalla cancelleria del Tribunale alle parti costituite.
§4. La decisione deve essere motivata in fatto e in diritto e recare la firma dei componenti del Collegio.
§5. L’Autorità Giudiziaria, ove accolga il ricorso, può accordare la tutela in forma specifica annullando il provvedimento impugnato e, contestualmente, ordinando all’Ente parte del giudizio una nuova istruttoria.
§6. In caso di accoglimento del ricorso, è fatto salvo l’equo indennizzo, stabilito dal Tribunale, a favore dell’operatore economico in buona fede che abbia dato esecuzione a prestazioni sulla base del provvedimento impugnato annullato dalla decisione.
§7. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Autorità Giudiziaria non può in nessun caso accordare alcun risarcimento dei danni o emettere provvedimenti di condanna o sanzionatori.
§8. I contratti stipulati in violazione della decisione dell’Autorità Giudiziaria sono nulli. I corrispettivi pagati in violazione delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§9. La decisione diviene esecutiva con la pubblicazione.
Articolo 9
Appello
§2. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a dieci giorni liberi prima successivi dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Tribunale pubblica il dispositivo della sentenza entro 10 giorni dalla data dell’udienza di merito, indicando un termine non superiore a 30 giorni per la motivazione, salvo casi di particolare complessità. Tutti i suddetti provvedimenti sono comunicati dalla cancelleria del Tribunale alle parti costituite.
§4. La decisione deve essere motivata in fatto e in diritto e recare la firma dei componenti del Collegio.
§5. L’Autorità Giudiziaria, ove accolga il ricorso, può accordare la tutela in forma specifica annullando il provvedimento impugnato e, contestualmente, ordinando all’Ente parte del giudizio una nuova istruttoria.
§6. In caso di accoglimento del ricorso, è fatto salvo l’equo indennizzo, stabilito dal Tribunale, a favore dell’operatore economico in buona fede che abbia dato esecuzione a prestazioni sulla base del provvedimento impugnato annullato dalla decisione.
§7. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Autorità Giudiziaria non può in nessun caso accordare alcun risarcimento dei danni o emettere provvedimenti di condanna o sanzionatori.
§8. I contratti stipulati in violazione della decisione dell’Autorità Giudiziaria sono nulli. I corrispettivi pagati in violazione delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§9. La decisione diviene esecutiva con la pubblicazione.
Articolo 9
Appello
§1. Le decisioni del Tribunale sono appellabili dinanzi alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
§2. In caso di notifica della sentenza da una delle altre parti, il termine per impugnare è di 30 giorni, escluso il giorno della notifica.
§3. Nel giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.
§4. L’appellante può proporre istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado nelle forme e nei tempi di cui all’art. 6.
§5. La sentenza di appello non è impugnabile.
Articolo 10
Obbligo di segnalazione
§2. In caso di notifica della sentenza da una delle altre parti, il termine per impugnare è di 30 giorni, escluso il giorno della notifica.
§3. Nel giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.
§4. L’appellante può proporre istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado nelle forme e nei tempi di cui all’art. 6.
§5. La sentenza di appello non è impugnabile.
Articolo 10
Obbligo di segnalazione
§1. L’Autorità Giudiziaria, qualora riscontri violazioni della normativa vigente per comportamento doloso o colposo, a seconda dei casi, ne dà atto in sentenza e trasmette gli atti, rispettivamente, al Promotore di Giustizia ovvero al Prefetto della Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
§2. Qualora l’Autorità Giudiziaria, nel rigettare il ricorso, d’ufficio o su istanza di parte, accerti che il ricorrente ha agito con dolo o colpa grave, ne dà atto nella decisione. Il provvedimento è trasmesso all’APSA o al Governatorato, oltre che alla Segreteria per l’Economia, per gli adempimenti del caso e per l’avvio alle relative azioni di risarcimento danni.
Articolo 11
Rinvio al codice di procedura civile
§2. Qualora l’Autorità Giudiziaria, nel rigettare il ricorso, d’ufficio o su istanza di parte, accerti che il ricorrente ha agito con dolo o colpa grave, ne dà atto nella decisione. Il provvedimento è trasmesso all’APSA o al Governatorato, oltre che alla Segreteria per l’Economia, per gli adempimenti del caso e per l’avvio alle relative azioni di risarcimento danni.
Articolo 11
Rinvio al codice di procedura civile
Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile dello Stato.
Articolo 12
Norme applicabili ai giudizi sui conflitti di attribuzioni
Articolo 12
Norme applicabili ai giudizi sui conflitti di attribuzioni
§1. Qualsiasi decisione relativa ai conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di Vigilanza inerenti all’applicazione della normativa sui contratti a rilevanza pubblica è rimessa alla decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
§2. Il ricorso è promosso mediante atto da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato in conflitto di attribuzione.
§3. Sono parti del processo sul conflitto di attribuzioni gli Enti o gli Organi di vigilanza e controllo.
§4. Il Tribunale valuta sulla ammissibilità del ricorso entro i successivi 15 giorni e, qualora rilevi la non manifesta infondatezza, notifica il ricorso ai soggetti interessati ed invita le parti a depositare, entro i successivi 15 giorni, le proprie osservazioni.
§5. Il Tribunale decide in camera di consiglio e la decisione è immediatamente applicabile e non appellabile con caducazione degli atti o provvedimenti emessi in violazione delle regole sulle attribuzioni.
§6. Sui conflitti di attribuzione il Tribunale può esprimersi con un parere consultivo e su richiesta della Segreteria di Stato.
[00704-IT.01] [Testo originale: Italiano]
§2. Il ricorso è promosso mediante atto da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato in conflitto di attribuzione.
§3. Sono parti del processo sul conflitto di attribuzioni gli Enti o gli Organi di vigilanza e controllo.
§4. Il Tribunale valuta sulla ammissibilità del ricorso entro i successivi 15 giorni e, qualora rilevi la non manifesta infondatezza, notifica il ricorso ai soggetti interessati ed invita le parti a depositare, entro i successivi 15 giorni, le proprie osservazioni.
§5. Il Tribunale decide in camera di consiglio e la decisione è immediatamente applicabile e non appellabile con caducazione degli atti o provvedimenti emessi in violazione delle regole sulle attribuzioni.
§6. Sui conflitti di attribuzione il Tribunale può esprimersi con un parere consultivo e su richiesta della Segreteria di Stato.
[00704-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Estas Normas se encuentran en la siguiente dirección:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/01/0315/00704.html
Apéndice 2
Por razón de su extensión omitimos la transcripción de los siguientes dos documentos que se refieren a normas previas sobre sendos temas (Contratos) ya mencionadas oportunamente en este Curso.
El S. P. Francisco, deseando que los organismos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano sean los mejor evaluados por sus pares internacionales en lo que se refiere a la administración y particularmente a la administración económica de los mismos, pero, ante todo, para ponerlos cada vez en mayor sintonía con la misión evangelizadora de la Iglesia, ha estimado necesario tomar medidas que "favorezcan la transparencia, el control y la competencia" en todos los "procedimientos conducentes a la adjudicación de contratos públicos". Tras los años previos a esta normativa, estimados precisamente como de prueba, considera necesario introducirles oportunas modificaciones para elevar aún más los criterios de acción y las normas de comportamiento, para lo cual ha recibido y apreciado atentamente las sugerencias que le han enviado los Institutos de la Curia Romana, sus Oficinas, las Instituciones conectadas con la Santa Sede o que se relacionan de algún modo con ella, y el Gobernatorado de la Ciudad del Vaticano.
A. Carta Apostólica (91 artículos) en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco con la que se modifican e integran los Motu Proprio "sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano", de 19 de mayo de 2020, y el correspondiente “Reglamento” y “Tutela jurisdiccional”: publicado el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html)
B. Modificaciones introducidas a la Protección jurisdiccional (del 1° de junio de 2020) en materia de transparencia, control y competencia de contratos públicos para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, fechadas el 27 de noviembre de 2023 y publicadas el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html).
Bibliografía
Acosta Gómez, F. J. (2012). Relaciones laborales
justas en la Iglesia Católica. Manual para sacerdotes, religiosos y religiosas.
Actualizado con la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Obtenido de FUNLAM
Medellín Biblioteca Jurídica Diké:
https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/87_Relaciones-laborales-justas-iglesia-catolica.pdf
Alberigo, Josephus et alii (Curantibus).
(1973). Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Bologna: Istituto per le
Scienze Religiose di Bologna.
Alvisi, A. (1972). Spagnolo-Italiano;
Italiano-Spagnolo. Ozzano Emilia: Malipiero.
Arrieta, R. (1975). La justa
remuneración del clero en América Latina. En D. d. CELAM, Sustentación y
previsión social del clero (págs. 153-164). Bogotá: Celam.
Asselin, A. (55/1-2 2021:
Un Zèle Ardent pour le Salut des Âmes. Études en mémoire de Reverend Père
Francis G. Morrisey, o.m.i. ). The Ministry of Sponsorship and its Duty of
Accountability . Studia Canonica, 75 - 102.
Aznar G., F. R. (1984). La
administración de los bienes temporales de la Iglesia. Legislación universal y
particular española. Salamanca: Universidad Pontificia.
Aznar Gil, F. R. (38/110 1982). La nueva
ordenación económica de la Iglesia española. Revista Española de Derecho
Canónico, 313-365
https://summa.upsa.es/viewer.vm?id=5344&view=main&lang=es.
Aznar Gil, F. R. (66 2009). El cuidado y
la administración de los bienes temporales de la parroquia. Revista Española
de Derecho Canónico (https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000029663),
615-643.
Balsamo, F. (2019). Le normative
canoniche antimafia. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore.
Beltrán, O. H. (10 de mayo de 2020). Teología
y ciencia en la obra de santo Tomás de Aquino. Obtenido de Revista Teología
• Tomo XLVI • N° 99 • Agosto 2009: 281-299:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3179404.pdf
Benedicto XVI. (11 de mayo de 2020). Audiencia
general, 2 de junio de 2010. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100602.html
Benedicto XVI. (11 de mayo de 2020). Audiencia
general. 23 de junio de 2010. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
Benedicto xvi. Audiencia general. 23 de junio de 2010
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100623.html
Bertolino, R. (I/3 1982). Nuova
legislazione canonica e beni culturali ecclesiali. Il Diritto Ecclesiastico,
250-308.
Bevilacqua, Marco. (XV/2 2020). I princîpi di buon andamento ed economicità nell’attività di controllo sulla gestione del patrimonio ecclesiastico. Diritto e Religioni. 27
Bidagor SJ, R. (5/13 1950). Los sujetos
del patrimonio eclesiástico y el "ius eminens" de la Santa Sede. El
patrimonio eclesiástico. Revista Española de Derecho Canónico
(https://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000003942&page=1&search=&lang=es),
25-40.
Bidagor, R. (1955). Causarum piarum
novae formae. Questioni attuali di diritto canonico, 181-190.
Bigó SJ, P. (1967). Doctrina social
de la Iglesia: búsqueda y diálogo. Texto puesto al día después del Concilo
Vaticano II y de la encíclica "Populorum Progressio". Barcelona.
Bozal, J. (1961). Función
teológico-social de los bienes de la Iglesia. Madrid.
Bozzi, R. (1986). Filosofia del
diritto. I. Parte generale. Bari - Roma: Adriatica Editrice - Università
Gregoriana Editrice.
Bucci, Alessandro. Il Droit de joyeux avènement. En: Bleiziffer, W. A. (. (2020). Justitia et misericordia coambulant. Omagiu parintelui profesor Maximilian Pal, OFMConv. Cluj-Napoca, România: Ed. Presa Universitara Clujeana. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2859.pdf. 279.
Cabreros de Anta, M. (5/13 1950). La
enajenación de bienes eclesiásticos. Revista Española de Derecho Canónico
(https://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000003942&page=1&search=&lang=es),
156-163.
Carnì, Matteo. (2019). La responsabilità civile della diocesi per i delitti
commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico. Giappichelli.
Celador-Angón, Ó. (61/122 2021). Definición de
religión y organización con fines religiosos en el ordenamiento jurídico
estadounidense. Jus Canonicum, 595-634.
Cervantes Bello, F. J.–T.–M.-C. (8 de abril de 2021). Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI al XIX. Seminario de Historia Política y Económica de la Iglesia en México. Obtenido de Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma De México. México. 2008: https://www.academia.edu/11170524/Poder_civil_y_catolicismo_en_M%C3%A9xico_siglos_XVI_al_XIX?email_work_card=abstract-read-more
Chalendard, M. (1984). À Jérusalem
Notre-Dame de France 1882-1970; Aujourd'hui Notre-Dame de Jérusalem.
Jerusalén: Institut Pontifical 1978. Tequi. p. 85-86.
Cirpiano Obispo de Cartago. (27 de marzo
de 2020). Cipriano de Cartago. Cartas. Introducción, traducción y notas de
M. Luisa García S. Obtenido de Editorial Gredos:
https://archive.org/stream/SANCIPRIANOCartas/SAN+CIPRIANO+Cartas_djvu.txt
Coccopalmerio, F. (107 1979).
Considerazioni sui beni della Chiesa. La Scuola Cattolica, 299-317.
Coccopalmerio, F. (1979 1980). Diritto
patrimoniale della Chiesa. En AA. VV., Il diritto nel mistero della Chiesa.
Quaderni di Apollinaris. Vol. IV (págs. 1-70). Roma: Pontificia Università
Lateranense.
Colombo, L. (1983). Alcune questioni
sulle finalità del patrimonio ecclesiastico. En A. VV., Il nuovo Codice di
diritto canonico (págs. 243-252). Bologna: Il Mulino.
Comín Comín, F. (2011). Historia
económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Madrid: Alianza
Editorial.
Comisión para América Latina (ed.).
(1999). Actas y Decretos del Concilio Plenario de la América Latina (Edición
Fascimilar del Original de 1899). Ciudad del Vaticano: Librería Editrice
Vaticana.
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho canónico. (12 1980). Communicationes, 294.
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho Canónico. (22 de abril de 2020). Communicationes 36/2 2004.
Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/deIurePatrEccl-Sessio-3.pdf
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho Canónico. (15 de abril de 2020). Communicationes 37 2005.
Obtenido de Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Documentos:
http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/schemaCanonumLibriVDeIurePatrimoniali.pdf
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho Canónico. (22 de abril de 2020). Communicationes 37/2 2005.
Obtenido de Documentos de la Santa Sede: http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/schemaCanonumLibriVDeIurePatrimoniali.pdf
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho Canónico. (5 1973). Communicationes.
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho Canónico. (6 1974). Communicationes.
Comisión para la Reforma del Código de
Derecho canónico. (9 1977). Communicationes, 106.
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (1994). Carta circular "Las bibliotecas
eclesiásticas en la misión de la Iglesia", 19 de marzo de 1994. En E. D.
Bologna, Enchiridion Vaticanum (págs. 14/610-649). Dehoniane.
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (1997). Carta circular "La función pastoral
de los archivos eclesiásticos", 2 de febrero de 1997. Ciudad del
Vaticano.
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (1999). Carta circular "Necesidad y urgencia
del inventario y catalogación de los bienes culturales de la Iglesia", 8
de diciembre de 1999. Ciudad del Vaticano.
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (12 de mayo de 2020). Carta “Les biens culturels
et les familles religieuses” a los Superiores generales de todos los Institutos
de vida consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, del 10 de abril de
1994. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19940410_religious-families_fr.html
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (13 de mayo de 2020). Carta circular "La
Comisión pontificia" sobre la función pastoral de los museos
eclesiásticos, 15 de agosto de 2001. Obtenido de Documentos de la Santa
Sede:
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
Comisión Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (13 de mayo de 2020). Carta circular “Inventario
de los bienes culturales de los institutos de vida consagrada y de las
sociedades de vida apostólica: algunas orientaciones prácticas” del 15 de
septiembre de 2006,. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20060915_inventariazione_sp.html
Condorelli, M. (1 1958). Spunti
ricostruttivi per la qualificazione del potere del Pontefice sul patrimonio
ecclesiastico. Il Diritto Ecclesiastico, 113-159.
Condorelli, M. (1964). Destinazione
di patrimoni e soggetività giuridica nel diritto canonico. Milano.
Conferencia Episcopal de Colombia. (1986).
Legislación canónica. Normas complementarias para Colombia. Bogotá:
Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano – SPEC –.
Congregación para la Doctrina de la Fe -
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. (6 de mayo de
2020). Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones. Consideraciones para un
discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y
financiero (6 enero 2018) . Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html
Corecco, E. (1983). I presupposti
culturali ed ecclesiologici del nuovo «Codex». En L. (. Mistó, Il nuovo
Codice di diritto canonico (págs. 37-68). Bologna - Firenze: Il Mulino.
Corecco, E. (3-4 1982). Dimettersi dalla
Chiesa per ragioni fiscali. Apollinaris, 461-502.
Coriden, James A. - Green, Thomas J. -
Heintschel, Donald E. (Editors). (1985). The Code of Canon Law: A Text and
Commentary. Paulist Press;.
Creagh, J. (17 de abril de 2020). Benefice.
Obtenido de The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton
Company, 1907: http://www.newadvent.org/cathen/02473c.htm
Cuyás, M. (1972). El canon 1512 y la
canonización del derecho del Estado. En U. (. AA. VV. - Navarrete, Jus
Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor v. II (págs. 573-604).
Roma: Pontificia Universidad Gregoriana.
D’Angelo, G. (9 de mayo de 2022). Fattore religioso e
Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa
sociale.
Obtenido de Stato, Chiese e pluralismo confessionale, News letter n. 10,
fascicolo n. 9 del 2022 1-45:
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/DAngelo.M_Fattore.pdf?pdf=fattore-religioso-e-costituzione-economica.-a-proposito-di-enti-ecclesiasti
De Aquino, T. (9 de mayo de 2020). Catena
Aurea. Obtenido de Mercaba.org: https://mercaba.org/CATENA/Mt/13..htm
De Aquino, T. (9 de mayo de 2020). Catena
Aurea. Obtenido de Corpus Thomisticum. Sancti Thomae de Aquino. Catena
aurea in quatuor Evangelia. Expositio in Matthaeum a capite XIII ad caput XVI:
https://www.corpusthomisticum.org/cmt13.html
De Paolis C. S., V. (1986). De bonis
Ecclesiae temporalibus. Adnotationes in Codicem: Liber V. Romae: Pontificia
Universitas Gregoriana. Facultas Iuris Canonici.
De Paolis, V. (1983). I beni temporali e
la loro amministrazione. En A. VV., I religiosi e il nuovo codice di diritto
canonico (págs. 134-159). Roma: Rogate.
De Paolis, V. (1984). Vita religiosa e
parrocchia. En A. VV., Vira religiosa e Parrocchia (págs. 154-178).
Roma: Rogate.
De Paolis, V. (1990 2a). La sustentación
del clero desde el concilio hasta el Código de derecho canónico. En R. (. AA.
VV. - Latourelle, Vaticano II. Balance y Perspectivas (págs. 431-448).
Salamanca.
De Paolis, V. (68 1979). Schema Canonum
Libri V. De iure patrimoniali Ecclesiae. Periodica, 673-713.
De Paolis, V. (73 1984). Quaestiones
Miscellaneae. Periodica, 451-486.
De Reina, V. (1965). El sistema
beneficial. Pamplona: 42-67.
De Reina, V. (II 1962). Propiedad
eclesiástica, bienes dotales y réditos beneficiales. Ius Canonicum,
499-520.
Del Giudice, V. (1970 12a). Nozioni
di diritto canonico. Milán: Giuffré.
Del Pozzo, Massimo. (14/2 28 2019). Rescritti relativi all’incarico delle Messe in un oratorio privato campano del XIX sec.: la lezione della storia e gli spunti per l’attualità. Diritto e Religione. https://consociatio2.files.wordpress.com/2020/05/indice.pdf .171.
Denzinger, Henricus - Schönmetzer,
Adolfus. (1967 (34a)). Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum
de rebus fidei et morum. Barcinone: Herder.
Echeverría, L. d. (5/13 1950).
Estructura ideal del patrimonio eclesiástico. Revista Española de Derecho Canónico
(https://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000003942&page=1&search=&lang=es),
67-95.
Edizioni Dehoniane Bologna. (1978). Enchiridion
Vaticanum. 4. Documenti Ufficiali della Santa Sede (1971-1973). Bologna:
Edizioni Dehoniane Bologna.
Faltin, D. (1977). Il diritto di
proprietà ed uso dei beni temporali da parte della Chiesa. En A. VV., Problemi
e Prospettive di diritto canonico (págs. 227-240). Brescia.
Faltin, D. (40 1967). De recto usu
bonorum ecclesiasticorum ad mentem Concilii Vaticani II. Apollinaris, 409-442.
Fedele, P. (1977). Lezioni di diritto
patrimoniele. Roma.
Feiner, J. - Lohrer, M. (dir.). (1975). Mysterium
salutis. Manual de teología como historia de la salvación. Madrid:
Cristiandad.
Feiner, J. y. (1975). La Iglesia: el
acontecimiento salvifico en la comunidad cristiana: culto, sacramentos, gracia.
. En J. y. Feiner, Mysterium salutis. Manual de teologia como historia de la
salvación. (pág. IV/2). Madrid: Cristiandad.
Fruge, D. J. (1981). The taxation
practices of bishops in the United States since the promulgation of the Code of
canon law. J.C.L. dissertation. Washington D. C.: Catholic University of
America.
Fruge, D. J. (1982). The taxation
practices of bishops in relation to the authority of bishops to tax according
to the Code of canon law and proposed revisions. Canon law studies 506.
Washington D. C.: Catholic University of America.
Gambari, E. (1974). Consacrazione e
Missione. Milano.
García y García, A. (1967). Historia
del Derecho Canónico. Vol. I. El primer milenio. Salamanca.
Gasparri, P. C. (14 de enero de 2019). Fontes Codicis Iuris Canonici. Obtenido de Archive.org: https://archive.org/details/CICF-Gasparri/page/n3
Gazzetta, C. (11 de mayo de 2020). L’Accordo tra Santa Sede e Israele del 30 dicembre 1993 quale chiave di lettura dell’evoluzione della politica medio-orientale della Santa Sede. Obtenido de Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review anno VII, n. 2, 2017: http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/L%E2%80%99Accordo-tra-Santa-Sede-e-Israele-del-30-dicembre-1993-quale-chiave-di-lettura-dell%E2%80%99evoluzione-della-politica-medio-orientale-della-Santa-Sede.pdf
Gherri, P. (32/1 2020). Il patrimonio ecclesiastico tra “beni” e “valore”: una novità dalla prassi italiana. Ius Ecclesiae. Rivista internazionale di Diritto canonico.
Ghirlanda, G. (1992). El derecho en la Iglesia misterio de comunión. Madrid: Ediciones Paulinas:
Fines: 558-561; Adquisición: 561-564; Administración: 564-568; Enajenación: 568-570; Píasvoluntades: 571-572; Asociaciones: 296-297; Institutos religiosos: 229-234; Personales y remuneración de clérigos: 185-188; Personales de religiosos: 248.
Hervada, J. (II 1962). La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico. Jus Canonicum, 425-467.
Humbert, A. ((1966) 1972). L'atteggiamento
dei primi cristiani verso i beni terreni. (Dispense) (Studia Moralia IV).
Roma: Accademia Alfonsiana.
Juan Pablo II. (14 de septiembre de
1981). Carta enc. "Laborem exercens" sobre el trabajo humano en el
90° aniversario de la "Rerum novarum". Obtenido de Documentos de
la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html#%24M
Juan Pablo II. (15 de agosto de 1997). Catecismo
de la Iglesia Católica con Carta ap. "Laetamur magnopere" de
promulgación de la edición típica. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
Juan Pablo II. (11 de mayo de 2020). Audiencia
general del 25 de octubre de 1991. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1991/documents/hf_jp-ii_aud_19910925.html
Juan Pablo II. (11 de mayo de 2020). Carta
encíclica “Fides et ratio” sobre las relaciones entre fe y razón 14 de
septiembre de 1998. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
Juan Pablo II. (11 de mayo de 2020). Discurso
al Pontificio Ateneo Internacional "Angelicum"con motivo del Primer
Centenario de la "Aeterni Patris" del Papa León XIII, 17 de noviembre
de 1979. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/november/documents/hf_jp-ii_spe_19791117_angelicum.html
Juan Pablo II. (11 de mayo de 2020). Mensaje
a la III Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino,
21 de junio de 2002. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2002/june/documents/hf_jp-ii_spe_20020622_pont-acad-st-thomas.html
Juan XXIII. (28 de abril de 2020). Encíclica
"Mater et magistra" sobre el reciente desarrollo de la cuestión
social. Obtenido de Documentos de la Santa Sede. AAS 53 1961 401-464:
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
Ledwolorz, A. (1955). De dominio bonorum
quae associationibus approbatis seu in personam moralem no erectis traduntur.
En A. VV., Questioni attuali di diritto canonico (págs. 181-190). Roma.
Lio, E. (1971). La destinazione
universale dei beni terreni. Roma.
Lobina, G. (1979). Parroci e
parrochie. Roma.
Lombardía, P. (2/4 1962). La propiedad
en el ordinamento canonico. Ius Canonicum, 405-424.
López Alarcón, M. (1983). Comentario a
los cc. 1254-1310. En P. (.-A.-G. Lombardía, Código de Derecho Canónico.
Edición bilingüe. Edición anotada. (U. de Navarra) (págs. 745-788). México:
Ediciones Paulinas.
López Alarcón, M. (28 de abril de 2020).
La administración de los bienes eclesiásticos. Obtenido de Ius Canonicum
24/47 1984 87-122: https://core.ac.uk/download/pdf/83567388.pdf
López Alarcón, M. (II 1962). Apuntes
para una teoría general del patrimonio eclesiástico. Jus Canonicum,
111-151.
Mancini, Simone Osvaldo. Il tributo sugli immobili della Chiesa in Italia: l’Imposta Municipale Unica. En: Bleiziffer, W. A. (. (2020). Justitia et misericordia coambulant. Omagiu parintelui profesor Maximilian Pal, OFMConv. Cluj-Napoca, România: Ed. Presa Universitara Clujeana. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2859.pdf. 321.
Mansi, J. D. (28 de marzo de 2020). Sacrorum
Conciliorum Nova Amplissima Collectio Vol 003 . Obtenido de Documenta
Catholica Omnia. Migne :
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769,_Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_003,_LT.pdf
Mansi, J. D. (28 de marzo de 2020). Sacrorum
Conciliorum Nova Amplissima Collectio Vol 002. Obtenido de Documenta
Catholica Omnia. Migne:
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769,_Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_002,_LT.pdf
Martini, A. (1986 2a ed.). Parte I. Il
Diritto nella realtà umana. En G. I. Canonico, Il Diritto nel Mistero della
Chiesa. V. I. Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il libro
I del Codice: Le norme generali (págs. 3-68). Roma: Pontificia Università
Lateranense. Quaderni de Apollinaris 5.
Mauro, A. (1966). De Ecclesiae
tributorum iure in vigenti disciplina. Roma.
Mauro, T. (1983). Gli aspetti
patrimoniali dell'organizzazione ecclesiastica. En A. VV., Il nuovo Codice
di diritto canonico (págs. 207-226). Bologna: Il Mulino.
Meis, A. (31 de marzo de 2020). El
giro salvífico de lo sobrenatural en el Concilio Vaticano II. Obtenido de
Teología y vida 55/3 2014:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492014000300005
Mejía Álvarez, I. F. (1996). Derecho
canónico y Teología: La justicia social, norma para el seguimiento de Jesús, el
Señor. Estudio del c. 222 § 2 del CIC. Tesis doctoral en la Facultad de Derecho
canónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana.
Mejía Álvarez, I. F. (2004). Introducción
a la teología y al magisterio moral social. Bogotá.: Pontificia Universidad
Javeriana. Colección Apuntes de Teología. Biblioteca del Profesional.
Mejía Álvarez, I. F. (marzo de 2017). El
anuncio, acogida, estudio y seguimiento de Jesucristo en el ámbito de una
universidad católica. Obtenido de
https://teologo-canonista2017.blogspot.com/
Mendoza, C. (32/2 2020). La figura finanziaria dell’Endowment: Uno strumento per garantire l’integrità del patrimonio ecclesiastico. Obtenido de Ius Ecclesiae.: http://www.iusecclesiae.it/it/articolo/la-figura-finanziaria-dellendowment-uno-strumento-garantire-lintegrita-del-patrimonio
Mengotti, A. (3 de mayo de 2020). Moisés
Naím: "El capitalismo va a necesitar reparaciones". El Tiempo,
pág. 1.12.
Merino, Antolín OSA - De la Canal, José
OSA. (1819 t. XLIII). España sagrada: Tratado LXXXI de la Santa Iglesia de
Gerona en su estado antiguo. Madrid: Imprenta de Collado.
Mester, S. (1983). I Beni temporali
della Chiesa. En AA. VV., Il nuovo Codice di diritto canonico (págs.
296-306). Roma: Pontificia Università Lateranense.
Metz, R. (1972). La participation des
laics à l'administration des biens des Eglises paroissiales. L'exemple de la
France: situation actuelle et réformes souhaitées dans la perspective de
Vatican II. En A. VV., & U. (. Navarrete, Ius Populi Dei v. II
(págs. 207-228). Roma: Pontificia Università Gregoriana.
Miguélez Domínguez, Lorenzo - Alonso
Morán, O.P., Sabino - Cabreros de Anta, C.M.F., Marcelino. (1962). Código de
Derecho Canónico y Legislación complementaria. Texto latino y versión
castellana, con jurisprudencia y comentarios. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos.
Miñambres,
J. (2020). Le finalità istituzionali e gli investimenti “etici” nella gestione
dei beni della Chiesa. En L. (. Sabbarese, Opus Humilitatis Iustitia. Studi
in memoria del Cardinale Velasio De Paolis. Volume 2 (pág. 349). Roma:
Urbaniana University Press.
Miñambres, J. (2021).
Governo, amministrazione e gestione delle risorse diocesane. En O. E. Bosso
Armand Paul, "Quis custodiet ipsos custodes?” Studi in onore di Giacomo
Incitti (págs. 513-526). Roma: Urbaniana University Press.
Morace Pinelli, A. (32/1 2020). Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi. Ius Ecclesiae. Rivista internazionale di Diritto canonico.
Mostaza Rodríguez, A. (1975). Il diritto
patrimoniale canonico. En AA. VV., Corsi di Diritto Canonico v. 1 (págs.
297-334). Brescia: Queriniana.
Mostaza Rodríguez, A. (58 1983). El
nuevo derecho patrimonial de la Iglesia. Estudios Eclesiásticos,
183-216.
Muñoz Condell, D. (9 de mayo de 2020). Clérigos,
lavadores y traficantes: el caso de los narco diezmos . Obtenido de Revista
Temas Sociológicos 13 2009 333-359:
http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/TSUCSH/article/download/240/190/
Nacional, E. (9 de mayo de 2020). Iglesia
católica admite la construcción de capillas con dinero del narco. Obtenido
de Expansión.mx 31 de octubre de 2010: https://expansion.mx/nacional/2010/10/31/iglesia-catolica-admite-la-construccion-de-capillas-con-dinero-del-narco
Newman, J. H. (11 de mayo de 2020). Sermón
"Iglesia santa y pecadora", en Sermones predicados en varias
ocasiones, n° 9, 2.6. Obtenido de Deiverbum.org:
https://www.deiverbum.org/mt-13_24-30/
Nothun, A. (176 1969). La rémunération
du travail inhérent aux fonctions spirituelles et la simonie de droit divin. Analecta
Gregoriana.
Noto, S. (18 de mayo de 2020). Tra economia della religione ed economia religiosa. Spigolature italiane di storia e teoria economica. Milano, 29 novembre 2019. Obtenido de Stato, Chiese e pluralismo confessionale. News letter n. 10 (18 maggio 2020) pp. 67-86: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Noto.M_Tra_economia.pdf?pdf=tra-economia-della-religione-ed-economia-religiosa.-spigolature-italiane-di
Ochoa Sánz, J. (1967). Ratio bonorum
temporalium in Ecclesia et Institutis perfectionis post Conc. Vat. II. Commentarium
pro Religiosis, 339-348.
Ochoa, J. (1984). Index verborum ac
locutionum Codicis Iuris Canonici. Roma.
Ochoa, X. (49 1970). Acquisitio,
distributio ac destinatio bonorum temporalium Ecclesiae Institutorumque perfectionis
ad mentem Concilii Vaticani II. Commentarium pro Religiosis, 20-33.
Onclin, W. (1955). De donationibus aut
largitionibus ad causas pias a non catholicis factis. En AA. VV., Questioni
attuali di diritto canonico. Analecta Gregoriana LXIX (págs. 191-200).
Roma: Pontificia Università Gregoriana.
Orabona, L. (1964). Cristianesimo e
Proprietà. Roma: Studium.
Ottaviani, A. (1925 2a ed., 1935-1936
3a. ed., 1947 4a ed.). Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici: v. I. Ius
Publicum lnternum (Ecclesiae constitutio socialis et potestas); v. II. Ius
Publicum Externum (Ecclesia et Status). Ciudad del Vaticano: Typis
Poliglotis Vaticanis.
Ottaviani, A. (1936; 1942 2a ed., 1948
reimpresión). Compendium luris Publici Ecclesiastici. Roma: Pont.
Instit. Utriusque Iuris.
Pablo VI. (30 de noviembre de 1963). M.
p. "Pastorale munus", por el que se conceden a los Obispos ciertas
facultades y privilegios. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19631130_pastorale-munus.html
Pablo VI. (29 de marzo de 2018). Carta
Apostólica m. p. Ecclesiae Sanctae, del 6 de agosto de 1966, con la cual fueron
promulgadas normas para la aplicación de algunos Decretos del Concilio Vaticano
II. Obtenido de Documentos de la Santa Sede: :
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660806_ecclesiae-sanctae.html
Páez Lucero, C. L. (2015). El
presupuesto económico en el Código de Derecho Canónico de 1983 (tesis doctoral)
Pamplona. Obtenido de Universidad de Navarra - Facultad de Derecho
Canónico: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/45901/1/Tesis_PaezLucero.pdf
Pérez y López, A. J. (1793 v. 5). Teatro
de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus
cuerpos, y decisiones no recopiladas, y alfabético de sus títulos y principales
materias. Madrid 1793 V. 5 p. 161. Madrid: Gerónimo Orteha y Herederos de
Ibarra. Obtenido de
https://books.google.com.co/books?id=UwREGwfS-y4C&pg=PA160&lpg=PA160&dq=benedicto+xiv+cum+enc%C3%ADclicas&source=bl&ots=9r6zqV8Kas&sig=ACfU3U3AMWl136PoRdRnosvlvgBjWG8Jmw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi8-uXesfzoAhUtc98KHVRGAh44ChDoATAFegQICRAB#v=onepage&q=benedict
Perlado, P. A. (17 1973). Fines
eclesiales y técnicas organizativas. L'Année canonique, 717-732.
Perlado, P. A. (1972). Sugerencias para
una visión moderna del derecho patrimonial canónico. En AA. VV., La Chiesa
dopo il Concilio v. II (págs. 991-1096). Milano.
Perlasca,
A. (2020). Contributi del card. Velasio De Paolis alla comprensione del diritto
della Chiesa sui beni temporali. En L. (. Sabbarese, Opus Humilitatis
Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis. Volume 2 (pág.
317). Roma: Urbaniana University Press.
Petroncelli, M. (1975). Diritto
ecclesiastico. Napoli.
Phillips, G. (1859–62; (3rd 1881)). Lehrbuch
des Kirchenrechts, v. 2. Ratisbon: (Moufang).
Piccardo, D. R. (21 de noviembre de
2018). Historia del Concilio Plenario Latinoamericano (Roma, 1899). Extracto
de la Tesis Doctoral. Obtenido de Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra Pamplona 2012. Excerpta e Dissertationibus in Sacra Theologia Cuadernos
doctorales:
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/29220/1/CD_teologia_59_06_piccardo.pdf
Piñero Carrión, J. M. (II 1962). El
tránsito del régimen centralizado al régimen beneficial, desde el punto de
vista económico. Ius Canonicum, 481-496.
Piñero Carrión, M. J. (1980). El dinero de la Iglesia en qué se gasta, quién lo da, cómo se administra. Sevilla: Universidad de Salamanca.
Piñero Carrión, M. J. (1983). La sustentación del clero, síntesis histórica y estudio jurídico. Sevilla.
Piñero Carrión, M. J. (96 1971). L'aspetto patrimoniale ed economico della trasformazione del beneficio nell'ufficio. Monitor Ecclesiasticus, 440-456.
Pío XI. (31 de diciembre de 1930). Enc.
"Casti connubii", sobre el matrimonio cristiano. Obtenido de
Documentos de la Santa Sede. AAS 22 1930 539:
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html
Pío XI. (28 de agosto de 2020). Encíclica
"Quadragesimo anno" sobre la restauración del orden social en
perfecta conformidad con la ley evangélica al celebrarse el 40º aniversario de
la encíclica "Rerum novarum" de León XIII. Obtenido de Documentos
de la Santa Sede. AAS 23 1931 177:
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
Pirovano, G. (6 de mayo de 2020). Finanza
cattolica: il potere del denaro per il bene comune. "Religioni e libertà
economica. Tra norme di Dio e norme di Cesare” (Milano, 29 novembre 2019).
Obtenido de Statoechiese.it (fascicolo n. 9 del 2020) :
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Pirovano.M_Finanza.pdf?pdf=finanza-cattolica-il-potere-del-denaro-per-il-bene-comune
Pistocchi, M. (1932). De bonis
Ecclesiae temporalibus. Taurini: Marietti.
Ploechl, W. M. (1972). Zur Neuordnung
des kirchlichen Vermögensrechtes. En AA. VV., La Chiesa dopo il Concilio v.
I (págs. 497-516). Milano.
Pontificia Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia. (28 1992). Carta dirigida a los Obispos diocesanos
“La formazione dei futuri presbiteri all'attenzione verso i beni culturali
della chiesa” del 15 de octubre de 1992. Notitiae, 714-731 .
Pontificia Commissio Codici Iuris
Canonici Recognoscendo. (26 de marzo de 2020). Schema Canonum Libri V De
Iure Patrimoniali Ecclesiae Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXVII:.
Obtenido de Documentos de la Santa Sede: http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/schemata-canonumcic/deIurePatrimonialiEcclesiae.pdf
Pontificio Consejo "Justicia y
Paz". (28 de abril de 2020). Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 2 de abril de 2004. Obtenido de Documentos de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
Pree, Helmuth - Heckel, Noach. (2021 3. Auflage). Das
kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und Vertretung. Handreichung für die
Praxis. Handbuch. Der Verlag Österreich.
Regatillo S.J., E. F. (6 1950). Problema
que plantea el canon 1513*. Revista Española de Derecho Canónico, 284.
Regatillo SJ, E. (1949). Institutiones
Iuris Canonici v. II De Rebus. De Processibus. De Delictis et Poenis.
Santander: Sal Terrae.
Reggendorf, J. (II 1981). El sistema del
impuesto eclesiástico en la República Fedeeral Alemana. Ius Canonicum, 739-781.
Rivella,
M. (2020). L’amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. En L. (.
Sabbarese, Opus Humilitatis Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio
De Paolis. Volume 2 (pág. 363). Roma: Urbaniana University Press.
Robleda, O. (1969). De systemate
beneficiali supprimendo aut reformando ad normam Concilii Vaticani II. En AA.
VV., Quaestiones disputatae iuridico-canonicae (págs. 151-166). Roma.
Rodríguez Mendoza, C. E. (5 de mayo de
2020). Diccionario de economia etimológico, conceptual y procedimental.
Edición especial para estudiantes. Abril de 2009. Obtenido de eumed.net:
http://www.eumed.net/diccionario/dee/dee.pdf
Romita, F. (1971). Dal beneficio
feudale all'officio ecclesiastico ed ecclesiale o comune. V. II: Conclusioni
con annotazioni del III Congresso canonistico-pastorale. Bibliotheca Monitor
Ecclesiaticus 34. Napoli.
Rota Romana. (1 1912). Decisiones seu
Sententiae Selectae. Ciudad del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
Rota Romana. (XLV 1963). Decisiones
seu sententiae selectae (inter eas quae anno 1953 prodierunt cura eiusdem
Apostolici Tribunalis editae). Ciudad del Vaticano): Typis Polyglottis
Vaticanis.
Rovera, V. (1971). Contributo al
rinnovamento delle strutture economiche della Chiesa. Milano.
Rovera, V. (1971). De structuris
oeconomicis in Ecclesia renovandis. Periodica, 197-250.
Rovera, V. (1983). I Beni temporali
nella Chiesa. En E. Cappellini, La Normativa del nuovo Codice (págs.
261-283). Brescia: Queriniana.
S. Congregación del Concilio. (XI 1919).
Dioecesis N. "Donariorum votivorum" 12 de julio 1919. Acta
Apostolicae Sedis, 416 ss.
Schouppe, J.-P. (2008 2a ed.). Elementi
di diritto patrimoniale canonico. Edizione riveduta, aggiornata ed ampliata.
Milano: Giuffrè Editore.
Scialoja, V. (1928). Teoria della
proprietà nel diritto romano v. I. Roma: Attilio Sampaolesi.
Segura Munguía, S. (1985). Diccionario
etimológico Latino-Español. Madrid: Ediciones Generales Anaya.
Sínodo de los Obispos de 1971. (6 de
abril de 2020). Relación Conclusiva I. "Ultimis temporibus" sobre
el sacerdocio ministerial. Obtenido de Documentos de la Santa Sede (AAS 63
1971 898-942) (EV 4 748-799):
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-63-1971-ocr.pdf
Sínodo de los Obispos de 1971. (6 de
abril de 2020). Relación II. "Convenientes ex universo" sobre la
justicia en el mundo. Obtenido de Documentos de la Santa Sede (AAS 63 1971
898-942) [EV 4,1238-1308]:
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-63-1971-ocr.pdf
Solá-Granell, Pilar. (2021). Contratación pública en el derecho canónico. Algunas consideraciones acerca del «Motu Proprio» de 19 de mayo de 2020, sobre transparencia, control y competencia en la adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ius Canonicum. Vol. 61 Núm. 121 (2021): https://doi.org/10.15581/016.121.003
Stridonensis Presbyteri, E. H. (9 de
mayo de 2020). Commentariorum in Evangelium Matthaei ad Eusebium libri
quatuor. Obtenido de Patrologiae cursus completus. Series latina. Vol. 26.
ed. J.-P. Migne, post. R. Khazarzar pp. 15–218:
http://www.patrologia-lib.ru/patrolog/hieronym/comm_mat.htm
Thurston, H. (30 de marzo de 2020). Ecclesiastical
Property. Obtenido de The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert
Appleton Company, 1911: Thurston, Herbert. "Ecclesiastical Property."
The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. 30
Mar. 2020 <http://www.newadvent.org/cathen/12466a.htm>.)
Tomás de Aquino, Santo. (9 de mayo de
2020). Summa Theologiae II/II qq. 57-61. Obtenido de Corpus Thomisticum.
Sancti Thomae de Aquino. Summa Theologiae. Secunda pars secundae partis a quaestione
LVII ad LX: https://www.corpusthomisticum.org/sth3057.html
Troccoli, L. (1972). L'elemento
funzionale nella struttura del patrimonio ecclesiastico. En AA. VV., La
Chiesa dopo il Concilio v. II (págs. 1266-1274). Giuffrè.
Varnier,
G. B. (2020). I beni temporali della Chiesa nel processo di laicizzazione dello
stato: una riflessione tra storia e diritto. En L. (. Sabbarese, Opus
Humilitatis Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis. Volume
2 (pág. 333). Roma: Urbaniana University Press.
Vecchi, F. (2019). Il denaro di
Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del Papa.
Luigi Pellegrini Editore. Edición Kindle.
Vermeersch, A. - Creusen, I. (1954). Epitome
Iuris Canonici t. II. Parisiis - Bruxellis.
Von Stein, K. (28 de marzo de 2020). Monumenta
Germaniae Historica. Obtenido de http://www.mgh.de/dmgh/
Vromant, G. (1927 1934 1952 (1953)). De
Bonis Ecclesiae Temporalibus. Ad Usum Utriusque Cleri, Praesertim
Missionariorum. Louvain (Paris-Bruxelles): Editions du Museum Lessianum
(Éd. de Scheut).
Wasserman, M. (8 de mayo de 2020).
Soberanía tecnológica. El Tiempo, pág. 1.13.
Wernz, F. X. – Vidal, P. (1928). Ius
canonicum, t. II. Romae.
Wernz, F. X. (1935). Ius Canonicum t.
IV De Rebus v. II. Roma.
Wilkins, D. (1737). Concilia Magnae
Britanniae et Hiberniae a Synodo Verolamiensi A.D. 446 ad Londinensem A.D.
1717; accedunt Constitutiones et alia ad Historiam Ecclesiae Anglicanae
spectantia v. II. London. Obtenido de David Wilkins, Concilia Magnae
Britanniae et Hiberniae a Synodo Verolamiensi A.D. 446 ad Londinensem A.D.
1717; accedunt Constitutiones et alia ad Historiam Ecclesiae Anglicanae
spectantia London, 1737, II, 138.
Notas de pie de página
[1] Se refiere a la definición en sentido estricto: “Del lat. contractus. 1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato.” (https://dle.rae.es/contrato)
[2]
(Vromant,
pág. n. 284)
[3]
“Bilaterales” (https://dle.rae.es/contrato#4cHVLDM).
[4]
(Del Giudice, pág. 424)
[5]
(Vromant,
pág. n. 286) .
[6]
(Vermeersch,
A. - Creusen, I., pág. n. 850)
La Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, organizaron el 19 de febrero de 2019 una Jornada de Estudio sobre el tema: “Pacta sunt servanda. Temi e sfumature del diritto dei contratti nella Chiesa e nella Civitas”. Las siguientes fueron las ponencias y sus autores:
- Prof. David-Maria A. Jaeger OFM, Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università «Antonianum»: La transazione non perentoria Secondo una recente sentenza della Rota Romana;
- Prof. Andrea Bettetini, Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): I contratti di lavoro presso la Curia Romana;
- Prof. Nikolaus Schöch OFM, Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università «Antonianum»: La giurisdizione dei Tribunali del lavoro della Chiesa in Germania; y finalmente,
- Prof. Andrea Nicolussi, Ordinario di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): Equità e contratto.
[8]
(Ottaviani, 1925 2a ed., 1935-1936 3a. ed., 1947 4a
ed.)
[9]
D. Staffa, Sentencia "Terracinen" (dec. 20 de 1953) en (Decisiones seu sententiae selectae (inter eas quae anno
1953 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis editae), XLV 1963, pág.
126) .
[11]
Recuérdese que de ello se trataba juntamente en el “TITULUS XXIX. De contractibus.”
[12]
“Quia alienatio non est actus administrationis” (12 1980, pág. 396) .
[13]
(Phillips, pág. 726) . Véase (consulta del
4 de mayo de 2020) en: https://books.google.com.co/books?id=DtREAAAAcAAJ&pg=PA726&lpg=PA726&dq=ne+Ecclesia+Dei+ad+nihilum+redigatur&source=bl&ots=RPo4dk4Ib4&sig=ACfU3U2lb0DkK4J6Pg9R8DJDC4hhQIGfrg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiy74yTmJvpAhVHT98KHQa_CB8Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q=ne%20Ecclesia%20Dei%20ad%20nihilum%20redigatur&f=false
[14] El Papa León IV (847-855) al respecto escribió: “[…]
ne Ecclesia Dei ad nihilum redigatur”, cf. (De Paolis C.
S., pág. 98) .
[15]
Extravagantes Clementinae (Extrav. Com. 3,4,1).
[16] “1. f. Der. Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y de laudemio por cada enajenación de dicho dominio”
(https://dle.rae.es/enfiteusis).
Laudemio: “1. m. Der. Derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas en enfiteusis” (https://dle.rae.es/laudemio).
[17]
NdE. Desde hace un tiempo, v. gr., se suele hablar de “offshore company”
y de “offshore corporation”. El término “offshore” o también “off-shore”,
en castellano “costa afuera”, quiere referirse a una localización que se
establece fuera de los límites de una o de varias naciones, sea en territorio
terrestre, sea en territorio marino. Se aplica sobre todo en el negocio
financiero para referirse a bancos, corporaciones, inversiones y depósitos
extranjeros. En sí misma la figura es legítima cuando una empresa, v. gr. un
banco, se traslada a otro país con el fin de evitar el pago de altos impuestos,
o de disfrutar de reglamentaciones menos estrictas. Pero también, detrás de
estas finalidades, o simultáneamente con ellas, algunas quieren emplear la
extraterritorialidad con fines ilícitos tales como la evasión o el fraude
fiscal (mediante el ocultamiento de bienes o de ingresos a las autoridades
tributarias, o sobrevalorando los ítems deducibles, con el fin de pagar menos
impuestos de los que legalmente habría que pagar), o el lavado de dinero
(procesos de varios niveles que buscan que aparezcan como legítimos, y circulen
como tales en el sistema financiero, depósitos bancarios de dinero en efectivo
cuyo origen se encuentra en actividades ilícitas tales como el tráfico de
drogas o de estupefacientes, el contrabando de armas, la prostitución, la trata
de personas, la extorsión, la corrupción, el fraude, el terrorismo o la evasión
fiscal, etc.).
La (Congregación para la Doctrina de la Fe - Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral): documento: Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, con fecha del 6 de enero de 2018. En él han afirmado en relación con este tipo de empresas o de corporaciones:“32. Especialmente en los países con economías menos desarrolladas, el sistema offshore ha empeorado la deuda pública. Se ha observado, en efecto, que la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. Esto evidencia asimismo que, de hecho, en el origen de esa deuda a menudo están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos.” (Véase en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html).
La Santa Sede ha firmado acuerdos para la persecución
de estos crímenes no sólo dentro de su legislación canónica sino como Estado
firmante (cf. c. 3: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2016/08/l_25.html).
Volveremos sobre el tema en nt final.
[18] “Stricte, pro eo
tantum actu per quem dominium directum rei traditae in alterum transfertur…
Lato sensu sumitur alienatio non tantum pro actu quo dominium directum, sed
etiam pro omni actu quo ius in re alii conceditur, ita ut dominium directum
tamen minuatur… In hac materia… nomen istud latissime accipitur, uti constat ex
can. 1533*” (Vromant,
pág. n. 293) .
[19]
“Nomine alienationis venit hoc loco
omnis translatio iuris in re, facta sive gratuito sive titulo oneroso, de re ecclesiastica,
excepta quadantenus pecunia numerata” (Vermeersch,
A. - Creusen, I., pág. n. 851) .
[20]
(Comisión para la Reforma del Código de Derecho
canónico, 12 1980, pág. 420)
[21]
(Rovera, I Beni temporali nella Chiesa, 1983, pág. 277) : “I beni che, …,
sono destinati a formare la dote permanente dell’ente, la quale, direttamente o
indirettamente, consente all’ente stesso di raggiungere i propri fini”.
[22]
(López Alarcón, Comentario a los cc. 1254-1310, pág.
769)
[23]
“Conjunto de medios de producción de la economía; comprende: a) Los edificios e
instalaciones; b) El equipamiento y las maquinarias y c) Las materias primas y
productos intermedios a utilizar en el proceso de producción. Una primera
diferenciación surge con el capital financiero, el que implica los recursos de
base monetaria que la empresa o emprendimiento requiere para el cumplimiento de
sus objetivos. En su acepción contable es la diferencia entre activo y pasivo” (Rodríguez
Mendoza, 2020, pág. 14) .
Se asocia con las expresiones: “Activo: 8. m. Econ. Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. (https://dle.rae.es/activo).
“Activo específico: Es aquel construido o desarrollado por una empresa con una finalidad muy determinada y que sólo puede ser utilizado en forma eficiente en dicho proceso o actividad, no siendo transferible a otra sin incurrir en altos costos.” ( (Rodríguez Mendoza, pág. 4).
Se asocia con las expresiones: “Activo: 8. m. Econ. Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. (https://dle.rae.es/activo).
“Activo específico: Es aquel construido o desarrollado por una empresa con una finalidad muy determinada y que sólo puede ser utilizado en forma eficiente en dicho proceso o actividad, no siendo transferible a otra sin incurrir en altos costos.” ( (Rodríguez Mendoza, pág. 4).
[24]
“In genere le cose immobili si
presumono per natura loro parte del patrimonio o capitale stabile
(eccezionalmente esse possino equipararsi alle cose mobili: se, per es.,
secondo gli usi e le circostanze, costituiscono un modo pratico o più
conveniente di impiegare somme liquide ad tempus; se sono date come pagamento
in sostituzione di soldi; se per volontà del donatore o in rapporto al fine
della fondazione sono destinate per la realizzazione di opere o per
erogazioni). Le somme convertite in immobili o in titoli o passate a capitale
sono equiparate agli immobili” (Rovera, pág. 277) .
[25] “1. m. En la religión católica, don u ofrenda, como una muleta, una mortaja, una figura de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc., que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en señal y recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la techumbre de los templos”
(https://dle.rae.es/exvoto).
[26]
(12 1980,
pág. 424) .
[27]
(Vromant)
[28] “Suelto”:
[29]
(Legislación canónica. Normas complementarias para
Colombia, 1986, págs. 15-17)
[30]
“Nonnulli crisim fecerunt de verbo
«ordinarie», quod habetur in § 1, quia per ipsum vis normae enervatur; ideo
proposuerunt ut deleatur, vel eius loco dicatur «nisi gravis causa aliud
suadeat». Consultores censent verbum «ordinarie» supprimi non posse, quia
opportunitas alienandi rem aliquam pendet non exclusive a pretio sed etiam ab
aliis circumstantiis” (Comisión para la Reforma del Código de Derecho
canónico, 12 1980, pág. 426) .
[31] “1715 §
1. No cabe hacer válidamente transacción o compromiso sobre lo que
pertenece al bien público ni sobre otras cosas de las cuales no pueden disponer
libremente las partes. § 2. Cuando se trate de bienes eclesiásticos
temporales, deben cumplimentarse, siempre que lo exija su objeto, las
solemnidades requeridas por el derecho para la enajenación de cosas
eclesiásticas.”
[32]
(12 1980,
pág. 426)
[34]
(De Bonis Ecclesiae Temporalibus. Ad Usum Utriusque
Cleri, Praesertim Missionariorum, pág. n. 154)
[35]
NdE. No existen “misas manuales” en el CIC83, sino sólo “estipendios”
por intenciones de misas. Para comprender la noción hay que acudir al CIC17, en el
que había abundantes referencias a las mismas; y así las entendía el CIC17: “Can. 826*. §1. Stipendia quae a
fidelibus pro Missis offeruntur sive ex propria devotione, veluti ad manum,
sive ex obligatione etiam perpetua a testatore propriis heredibus facta, manualia
dicuntur. §2. Ad instar manualium vocantur stipendia Missarum
fundatarum, quae applicari non possunt in proprio loco, aut ab iis qui eas
applicare deberent secundum tabulas fundationis, et ideo de iure aut Sanctae Sedis
indulto aliis sacerdotibus tradendae sunt ut iisdem satisfiat. §3. Alia
stipendia quae ex fundationum reditibus percipiuntur, appellantur fundata seu Missae
fundatae.” Véanse las nt colocadas al respecto sobre el Libro IV en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2019/10/l_23.html.
[36]
Instituciones y servicios creados para ayudar a los necesitados (cf. https://dle.rae.es/beneficencia).
Véase en la Summa Theologiae IIa-IIae, q. 31 en: https://hjg.com.ar/sumat/c/c31.html
[37]
(De Bonis Ecclesiae Temporalibus. Ad Usum Utriusque
Cleri, Praesertim Missionariorum, págs. n. 154, nt 4)
[38]
(Vromant, pág. n. 153)
[39]
Su obra más importante: Summula
theologiae moralis ad usum seminarii. Reatini auctore I. D'Annibale cathedralis
basilicae Reatinae canonico, Vol. I-III, Rieti 1874-76. La obra es digna de mención por cuanto fue
una de las fuentes empleadas para la elaboración del Código de 1917, que, en
muchos puntos – ciertamente no en este – acogió sus soluciones y propuestas.
[40]
(12 1980,
pág. 429)
[41]
NdE. Y no puede ser (al menos no debería ser) excluido en el proceso
sucesoral o testamentario.
[42] En un comentario en lengua inglesa al Código (Coriden, James A. - Green, Thomas J. - Heintschel, Donald E. (Editors),
pág. 1514)
se lee al respecto:
“To the notions of pious causes and pious will this canon adds the notion of pious trust. The three notions are interrelated. A pious trust is a pious will which requires ongoing administration; temporal goods are conveyed to a person (natural or juridic), called a trustee, o be managed over a period of time, with the income or principal or both being used to benefit one or more pious causes. A pious trust differs from other restricted gifts precisely in the need for ongoing investment, management of funds, and periodic distribution of principal or income. A gift which is immediately to be applied to a specific purpose without the need of ongoing administration is not a trust. Hence, not every executor of a pious will is a trustee” (Consulta del 13 de mayo de 2020, en: https://books.google.com.co/books?id=JKgZEjvB5cEC&pg=PA1514&lpg=PA1514&dq=pious+will&source=bl&ots=GL9PKKBq6j&sig=ACfU3U1YxQonEZomXEkWmlNa2Tisl3H7pA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiG3dDqxa7pAhUic98KHU_fCVoQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=pious%20will&f=false).Los autores hacen énfasis y precisan que no existe realmente un fiduciario (en los términos que señala el c.) cuando el donativo o la herencia se entregan de inmediato a sus destinatarios finales (en ese caso es un mero ejecutor de la voluntad), mientras que sí lo hay cuando el donativo o la herencia se van manejando a lo largo del tiempo por parte del fiduciario (mediante inversión continua, gestión de fondos y/o distribución periódica de un capital – éste consiste en la suma original de dinero: prestado en un préstamo o colocado en una inversión –, o de los ingresos provenientes del mismo).
[43]
Encontramos otras formulaciones equivalentes: “Nadie debe beneficiarse de
su propio delito”, o “nadie puede alegar su propia culpa”,
o “nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o culpa”, o
“nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito”.
Notas finales
[i]
“TITULUS XXIX. De contractibus.
Can. 1529*.
Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in
specie, sive nominatis sive innominatis, et de solutionibus, eadem iure
canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri
divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur.
Can. 1530*.
§1. Salvo praescripto can. 1281, §1, ad alienandas res ecclesiasticas immobiles
aut mobiles, quae servando servari possunt, requiritur: 1° Aestimatio rei a
probis peritis scripto facta; 2° Iusta causa, idest urgens necessitas, vel
evidens utilitas Ecclesiae, vel pietas; 3° Licentia legitimi Superioris, sine
qua alienatio invalida est. §2. Aliae quoque opportunae cautelae, ab ipsomet
Superiore pro diversis adiunctis praescribendae, ne omittantur, ut Ecclesiae
damnum vitetur.
Can. 1531*.
§1. Res alienari minore pretio non debet quam quod in aestimatione indicatur.
§2. Alienatio fiat per publicam licitationem aut saltem nota reddatur, nisi
aliud circumstantiae suadeant; et res ei concedatur qui, omnibus perpensis,
plus obtulerit. §3. Pecunia ex alienatione percepta caute, tuto et utiliter in
commodum Ecclesiae collocetur.
Can. 1532*.
§1. Legitimus Superior de quo in can. 1530, §1, n. 3, est Sedes Apostolica, si
agatur: 1° De rebus pretiosis; 2° De rebus quae valorem excedunt triginta
millium libellarum seu francorum. §2. Si vero agatur de rebus quae valorem non
excedunt mille libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, audito
administrationis Consilio, nisi res minimi momenti sit, et cum eorum consensu
quorum interest. §3. Si denique de rebus quarum pretium continetur intra mille
libellas et triginta millia libellarum seu francorum, est loci Ordinarius,
dummodo accesserit consensus tum Capituli cathedralis, tum Consilii
administrationis, tum eorum quorum interest. §4. Si agatur de alienanda re
divisibili, in petenda licentia aut consensu pro alienatione exprimi debent
partes antea alienatae; secus licentia irrita est.
Can. 1533*.
Sollemnitates ad normam can. 1530-1532 requiruntur non solum in alienatione
proprie dicta, sed etiam in quolibet contractu quo conditio Ecclesiae peior
fieri possit.
Can. 1534*.
§1. Ecclesiae competit actio personalis contra eum qui sine debitis
sollemnitatibus bona ecclesiastica alienaverit et contra eius heredes; realis
vero, si alienatio nulla fuerit, contra quemlibet possessorem, salvo iure
emptoris contra male alienantem. §2. Contra invalidam rerum ecclesiasticarum
alienationem agere possunt qui rem alienavit, eius Superior, utriusque
successor in officio, tandem quilibet clericus illi ecclesiae adscriptus, quae damnum
passa sit.
Can. 1535*.
Praelati et rectores de bonis mobilibus suarum ecclesiarum donationes,
praeterquam parvas et modicas secundum legitimam loci consuetudinem, facere ne
praesumant, nisi iusta interveniente causa remunerationis aut pietatis aut christianae
caritatis; secus donatio a successoribus revocari poterit.
Can. 1536*.
§1. Nisi contrarium probetur, praesumendum ea quae donantur rectoribus
ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae donata. §2. Donatio facta
ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari nequit sine licentia
Ordinarii. §3. Repudiata illegitime donatione, ob damna quae inde obvenerint
actio datur restitutionis in integrum vel indemnitatis. §4. Donatio ecclesiae
facta et ab eadem legitime acceptata, propter ingratum Praelati vel rectoris
animum revocari nequit.
Can. 1537*.
Res sacrae ne commodentur ad usum qui earundem naturae repugnet.
Can. 1538*.
§1. Si ecclesiae bona, legitima interveniente causa, oppignoranda vel
hypothecae nomine obliganda sint, vel agatur de aere alieno contrahendo,
legitimus Superior, qui ad normam can. 1532 licentiam dare debet, exigat ut
antea omnes, quorum interest, audiantur, et curet ut, cum primum fieri poterit,
aes alienum solvatur. §2. Hac de causa annuae ratae ab eodem Ordinario praefiniantur
quae exstinguendo debito sint destinatae.
Can. 1539*.
§1. In venditione aut permutatione rerum sacrarum nulla ratio consecrationis
vel benedictionis in pretii aestimatione habeatur. §2. Administratores possunt
titulos ad latorem quos vocant, commutare in alios titulos magis aut saltem
aeque tutos ac frugiferos, exclusa qualibet commercii vel negotiationis specie,
ac de consensu Ordinarii, dioecesani Consilii administrationis aliorumque
quorum intersit.
Can. 1540*.
Bona ecclesiae immobilia propriis administratoribus eorumque coniunctis in
primo aut secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu non sunt vendenda aut
locanda sine speciali Ordinarii loci licentia.
Can. 1541*.
§1. Contractus locationis alicuius fundi ecclesiastici ne fiant, nisi ad normam
can. 1531, §2; et in iis addantur semper conditiones de limitibus custodiendis,
de bona cultione, de rite solvendo canone, de opportuna cautela pro
conditionibus implendis. §2. Pro locatione bonorum ecclesiasticorum, servato
praescripto can. 1479: 1° Si valor excedat triginta millia libellarum seu
francorum et locatio sit ultra novennium, requiritur beneplacitum apostolicum;
si locatio non sit ultra novennium, servari debet praescriptum can. 1532, §3;
2° Si valor contineatur intra mille libellas et triginta millia libellarum seu
francorum et locatio sit ultra novennium, servari debet praescriptum eiusdem
can. 1532, §3; si locatio non sit ultra novennium, praescriptum eiusdem can.
1532, §2; 3° Si valor non excedat mille libellas seu francos et locatio sit
ultra novennium, servari debet idem praescriptum can. 1532, §2; si locatio non
sit ultra novennium, fieri potest a legitimis administratoribus, monito
Ordinaria.
Can. 1542*.
§1. In emphyteusi bonorum ecclesiasticorum emphyteuta nequit canonem redimere
sine licentia legitimi Superioris ecclesiastici de quo in can. 1532; quod si
redemerit, eam saltem pecuniae vim ecclesiae dare debet, quae canoni
respondeat. §2. Ab emphyteuta congrua exigatur cautio pro solutione canonis et
conditionibus implendis; in ipso instrumento pacti emphyteutici forum
ecclesiasticum arbiter statuatur ad dirimendas controversias inter partes forte
exorituras et expresse declaretur meliorationes solo cedere.
Can. 1543*.
Si res fungibilis ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem
genere restituatur, nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest; sed
in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali
pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si
iustus ac proportionatus titulus suffragetur.”
[ii]
NdE. Hagamos mención agradecida de algunos de los miembros de la Comisión de trabajo que comenzó sus
actividades en 1968-1969: “Conventui
intererant: Exc.mus Valentinus Wojcik; Rev.mi Vincentius Fagiolo, Hercules
Crovella, Laurentius McReavy, Thomas Garcia Barberena, Ioannes Pasztor,
Fridericus McManus; Rev. PP. Daniel Faltin, Uldericus Beste et Alfonsus
Stickler. Primae et secundae adunationi praefuit Rev.mus Bidagor; deinde,
absente Rev.mo Secretario, quia aegroto, tertiae, quartae et sextae adunationi
praefuit Rev. McReavy; quintae et septimae adunationi autem praefuit Em.mus
Cardinalis Pericles Felici, Praeses Commissionis. Relatoris munere functus est
Rev. Crovella; actuarii munere functus est Rev.dus F. Voto, a studiis
Commissionis” (Comm 37 (2005) 116-138 p. 223). Y Comm 37 (2005) 116-138 en: http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/deIurePatrEccl-Sessio-5.pdf
pp. 123-125).
La primera vez que se abordó esta materia fue en la
reunión del 13 de mayo de 1968, durante la V Sesión de la Comisión, dedicada a
precisar el título que debía llevar y la estructura que debía tener esta parte
del Código, es decir, lo concerniente a los cc. 1529-1534*. “No debe ser
propósito de la legislación prohibir la enajenación de las cosas que se pueden
mantener”, decía uno de los Consultores, “sino que el patrimonio estable de la
Iglesia sea disipado por imprudencia del administrador”. Las actas mencionan el
giro que tomó la reunión de la siguiente manera:
“Can. 1530* Rev.mus Relator legit propositionem quam in suis votis duo Consultores absentes fecerunt ut omittatur nempe referentia ad canonem 1281 § 1. Propositio omnibus placet.
Deinde fit discussio circa propositionem Rev.mi primi Consultoris qui loco verborum « res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt », proponit ut dicatur: « bona quae ad alicuius personae moralis ecclesiasticae patrimonium stabiliter et legitime pertinent». Rev.mus primus Consultor dat rationem suae propositionis. Finis legis, dicit ipse, non praecise est cohibere alienationem earum rerum quae servando servari possunt, sed potius praecavere ne patrimonium Ecclesiae stabile imprudenter ab administratoribus dissipetur. Pecunia, ex. gr., est res mobilis quae servando servari potest; manet tamen alienabilis absque solemnitatibus praescriptis, usquedum, per actum legitimum, fiat pars patrimonii stabilis Ecclesiae. Propositio Rev.mi primi Consultoris in genere Consultoribus placet. Quaerit tamen Rev.mus tertius Consultor ab Rev.mo primo Consultore rationem verbi «legitime pertinent». Ratio est, dicit Rev.mus primus Consultor, quod vi can. 1523, 5° (recogniti), requiritur Ordinarii consensus antequam pecunia superflua utiliter collocetur, requiritur scilicet ut per actum legitimum utiliter collocetur. Post hanc legitimam collocationem, huiusmodi pecunia (vel bona) ad patrimonium Ecclesiae stabiliter pertinet, ita ut exinde absque solemnitatibus hie praescriptis alienari nequeant. Rev.mus Secretarius, hanc rationem Rev.mi primi Consultoris probans, affert exemplum honorum ex donatione habitorum, quae impendi possunt sive in administratione ordinaria sive in administratione extraordinaria. Ad admnistrationem autem extraordinariam, ut in casu incrementi patrimonii, requiritur consensus Ordinarii et proinde bene proponitur illud « legitime ». Rev.mus Relator proponit hanc formulam, quae magis expolita videtur: « Ad alienanda bona, quae alicuius personae moralis ecclesiasticae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt, requiritur...». Propositio Rev.mi Relatoris omnibus placet” (p. 120-121).
La discusión continuó al día siguiente:
“Examinantur conditiones praescriptae ad alienanda bona.
1. Aestimatio rei Rev.mus Relator et aliqui Consultores, etsi tenent necessitatem aestimationis rei alienandae, censent tamen aestimationem non esse imponendam tamquam conditionem ad validitatem alienationis. Est enim prudentis administratoris ut aestimet rem alienandam. Exinde Rev.mus secundus Consultor proponit ut tantum consensus legnimi Superioris, ad validitatem alienationis, exigatur in lege communi; aliae conditiones remittantur iuribus particularibus. Rev.mus secundus Consultor hanc formulam proponit: «Ad alienanda bona... (ut supra), requiritur ad validitatem consensus legitimi Superioris, cui onus incumbit urgere adimpletionem aliarum conditionum, quae a iure particulari forte statutae sint ». Rev.mus Secretarius monet Consultores ut perpendant utrum praescribi debeat consensus an licentia legitimi Superioris. Si enim consensus requiritur, quaestio exurgit de responsabilitate superiorum circa eosdem actus administrationis. Rev.mus primus Consultor, censet Sanctam Sedem non habere responsabilitatem quando dat licentiam (vel consensum), quia licentia confertur Episcopis, qui radicaliter iam illam potestatem habent. Si vero sunt Episcopi qui dant licentiam (vel consensum), responsabilitas quoque Ecclesiae implicatur, quia administratores per illam licentiam (vel consensum) recipiunt facultates quibus omnino carebant. Rev.mus Relator consentit cum Rev.mo primo Consultore, quia licentia Sanctae Sedis remotionem prohibitionis importat et proinde est actus quidam formalis tantum. Consentit etiam Rev.mus Secretarius, qui meminit Episcopis competere potestatem ordinariam, propriam ac immediatam in suis dioecesibus, firma semper in omnibus potestate quam habet Summus Pontifex Sibi causas reservandi (cf. Decr. De Pastorali Episcoporum Muñere, n. 8, a et b). Rev.mus secundus Consultor, ex textu Concilii arguens, dicit quod in novo Codice certo recenseri debent causae quas Summus Pontifex Sibi reservavit; de hac quaestione videbitur tamen in Coetu competenti. Ad hanc quaestionem quod attinet, sufficit in hoc canone, pro nunc, consensum «legitimi superioris» praescribere. Si forte causae alienationis S. Sedi reservabuntur, tunc oportebit ut de licentia quoque S. Sedis loquatur. Suggestio Rev.mi secundi Consultoris placet omnibus. Deinde quaestio fit de verbis «legitimi superioris»: Rev.mus Relator enim proponit ut dicatur «consensus Ordinarli». Rev.mus Secretarius notat quod etiam alia quaestio examinari debet: utrum scilicet normae Conferentiarum episcopalium in materia alienationis teneant religiosos necne et, consequenter, cui competat dare licentiam religiosis. Fit aliqua discussio in qua examinantur commoda et incommoda unius vel alterius solutionis. Aliam quaestionem movet Rev.mus quintus Consultor ut nempe « iusta causa» in lege communi praescribatur ad validitatem alienationis. Consentit Rev.mus tertius Consultor, qui proponit: « proportionata causa». Consentii etiam 111.mus quartus Consultor, qui tarnen nollet locutiones generales, ut puta «iusta causa», vel «proportionata causa», sed potius causas ipsas numerare, non tamen taxativo modo, sed per exempla: urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas... Rev.mus secundus Consultor notat quod si legitimus superior dat consensum, eo ipso suspicari debet iustam causam exstare. Rev.mi Secretarius et primus Consultor proponunt ut procedatur per gradus iuxta sequentem ordinem et per distinctos cánones: — de consensu legitimi superioris ad alienationes faciendas; — quinam sint legitimi superiores; — de rationibus quas legitimi superiores observare debent ad dandum consensum. Propositio omnibus placet.
2. De consensu legitimi superioris Omnes Consultores concordant circa hanc formulam, quae erit can. 1530: « Ad alienanda bona quae alicuius personae moralis ecclesiasticae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt, requiritur consensus legitimi superioris, sine qua alienano invalida est ».
3. De legitimo superiore Committitur Rev.mo primo Consultori ut in próxima adunatione formulam proponat de legitimo superiore” (pp. 121-123).
Ese mismo
día 14, en la tarde, la reunión siguió:
“Rev.mus primus Consultor duas formulas alternativas proponit de legitimo superiore, cui competat consensum dare ad alienationes faciendas: «I) § 1. Legitimus Superior de qua in can. 1530, sic determinatur: I o Si agatur de rebus quae valorem a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendum excedunt, est Commissio specialis ad eum finem ab eadem Conferentia constituta. 2° Pro aliis rebus est loci Ordinarius, audito administrations Consilio, et cum consensu eorum quorum interest. § 2. Si agatur de alienanda re divisibili... (prout nunc in § 4) ». «II) § 1. Legitimus Superior de quo in can. 1530 (recognito) est loci Ordinarius, audito administrationis Consilio, et cum consensu eorum quorum interest. § 2. Si tamen agatur de rebus quae valorem a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendum excedunt, consensus loci Ordinarii approbari (vel confirmari) debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem Conferentia constituta. § 3. Si agatur de alienanda re divisibili... (prout nunc in § 4) ». Consultores seligunt alteram formulam super quam discussionem instituunt. Omnes Consultores petunt ut Conferentiae episcopales statuant « summam limitem» ultra quam Ordinarii dare nequeunt consensum ad bona alienanda, nisi accedat licentia alicuius qui sit supra Ordinarium. Et quaestio fit ad decernendum cui competat talem licentiam dare. a) Aliqui vellent talem licentiam reservare S. Sedi (Rev.mi secundus, quintus et tertius Consultores); b) Alii vellent licentiam reservare alicui Commissioni a Conferentia episcopali ad talem finem constitutae (Rev.mus primus et 111.mus quartus Consultores); c) Rev.mus tertius Consultor proponit ut sententiae sub a) et sub b) componantur hoc modo: si valor excedit summam a Conferentia episcopali definitam, consensus Ordinarii approbari debet ab illa speciali Commissione. Si tamen talis excessio est duplo (triplo, quadruplo... decuplo) maior summae a Conferentia definitae, etiam consensus S. Sedis obtineri debet; d) Rev.mus sextus Consultor animadvertit principium subsidiarietatis in hac materia maxime applicandum esse. Post aliquam discussionem praevalet sententia Rev.mi tertii Consultoris. Adhuc quaeritur quid iuris si Ordinarius det consensum sine licentia huius specialis Commissionis? Rev.mus Relator dicit actum in casu esse invalidum. Rev.mus secundus Consultor autem dicit actum esse validum etsi illicitum. Rev.mus primus Consultor vero proponit ut in textu canonis dicatur quod consensus Ordinarii «confirmari debet a Commissione speciali » et de valore huius confirmationis videat doctrina. Placet sententia Rev. mi primi Consultoris. His dictis, examinantur singulae paragraphi huius canonis: § 1 (= formula Rev.mi primi Consultoris): Rev.mus Relator proponit: «.. . de consensu Consilii administrationis, nisi res sit minoris momenti ...». Propositio maiori parti Consultorum non placet. Rev.mus quintus Consultor proponit ut dicatur «Ordinarius» loco « Ordinarius loci ». Sed alii Consultores censent quaestionem differri posse, cum pendeat a novo ordine systematico Codicis. Rev.mus secundus Consultor proponit ut dicatur: «.. . loci Ordinarius qui audire tenetur administrationis Consilium et consensum habere eorum quorum interest». Propositio omnibus placet. Rev.mus sextus Consultor proponit ut initio ita dicatur: « Salvo iure religiosorum, Superior de quo, etc. ... ». Consultores dicunt quaestionem hanc pendere a novo ordine systematico Codicis. Exinde § 1 novi canonis sequens erit: «Legitimus superior de quo in can. 1530 est loci Ordiniarius, qui audire tenetur administrationis Consilium et consensum habere eorum quorum interest». § 2 (= Formula Rev.mi primi Consultoris) Rev.mus Secretarius proponit ut formula proposita a Rev.mo primo Consultore ita expoliatur: « Si tamen agatur de rebus quarum valor summam a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendam excedit, consensus loci Ordinarii prius confìrmari debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem Conferentia constituta». Propositio omnibus placet. Committitur Rev.mo tertio Consultori ut redigat formulam § 3ae quae agat de rebus pretiosis, de donariis votivis, et de rebus quorum valor « summam limitem » duplo (triplo, quadruplo) excedat. Talis formula examinanda erit in proxima adunatione” (Comm 37 (2005) 116-138 en: http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/deIurePatrEccl-Sessio-5.pdf pp. 123-125).
Se consideró
así que el texto del c. quedaba prácticamente definido, de modo que no se
volvió a tratar el asunto hasta la Sesión VIII: 15.-19.12.1969, cuando se
estimó que el c. debía quedar en el Esquema de los
cc. de la siguiente manera:
“Can. 1530* Ad alienanda bona quae personae moralis ecclesiasticae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt, requiritur consensus legitimi superioris, sine quo alienatio invalida est”: Comm 37 (2005) 223-255 en: (http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/debonistemporalibus/deIurePatrEccl-Sessio-8.pdf)
[iii]
De acuerdo con algunos autores la noción de “patrimonio” es ya, en sí misma,
“estática”. En el (Diccionario de economia etimológico, conceptual y
procedimental. Edición especial para estudiantes. Abril de 2009, pág. 86) ha escrito al
respecto el Lic. Prof. Carlos E. Rodríguez Mendoza:
“Estático y Dinámico: Este método, propio de la mecánica ha evolucionado considerablemente en nuestro campo. La estática analiza como dados los elementos presentes en una situación; considera el status actual de dichos elementos, sin desconocer que obviamente dicha situación se modificará en el tiempo. La estática es como una visión congelada del momento; así, tolerando la analogía, un balance es la fotografía del patrimonio de una empresa en un momento determinado. De su comparación con otra “fotografía” puede el experto extraer valiosas conclusiones. El valor de este método se potencia entonces a través de este simple procedimiento, que denominamos “estática comparativa”; los modelos más simples en economía se fundamentan en esta técnica. Así como la estática nos remite de alguna forma a la noción de equilibrio, el método dinámico conlleva la idea de desarrollo, el movimiento de un proceso económico hacia el equilibrio o el desequilibrio a partir de una situación inicial. Dado que es el movimiento lo que caracteriza a la economía69, el método dinámico intenta identificar y comprender las causas que originan los cambios y las consecuencias de dichos cambios. Si el método estático puede ser comparado con la foto de un suceso o fenómeno económico, el método dinámico puede a su vez compararse con una película del mismo.”
[iv]
NdE. Sobre la autoridad competente para dar la licencia para la
enajenación de un bien eclesiástico, el asunto se trató por primera vez durante
la V Sesión de la Comisión, en la reunión segunda del 13 de mayo de 1968, que,
como se vio en otro momento, fue definitiva para dar un giro al tratamiento del
tema de los bienes eclesiásticos. De acuerdo con las actas, en efecto, se
comenzó a examinar la cuestión:
“2. De
consensu legitimi superioris Omnes Consultores concordant circa hanc formulam,
quae erit can. 1530*: « Ad alienanda bona quae alicuius personae moralis
ecclesiasticae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt,
requiritur consensus legitimi superioris, sine qua alienano invalida est ». 3.
De legitimo superiore Committitur Rev.mo primo Consultori ut in próxima
adunatione formulam proponat de legitimo superiore” (Communicationes 37/2 2005, pág. 123) .
En efecto,
durante la reunión del día siguiente, llegó la propuesta en la que se concedía
importante intervención a las Conferencias de Obispos en razón del “principio
de subsidiariedad”:
“Rev.mus
primus Consultor duas formulas alternativas proponit de legitimo superiore, cui
competat consensum dare ad alienationes faciendas:
«I) § 1.
Legitimus Superior de qua in can. 1530, sic determinatur: 1°) Si agatur de
rebus quae valorem a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione
definiendum excedunt, est Commissio specialis ad eum finem ab eadem Conferentia
constituta; 2°) Pro aliis rebus est loci Ordinarius, audito administrations
Consilio, et cum consensu eorum quorum interest. § 2. Si agatur de alienanda re
divisibili... (prout nunc in § 4) ».
«II) §
1. Legitimus Superior de quo in can. 1530 (recognito) est loci Ordinarius,
audito administrationis Consilio, et cum consensu eorum quorum interest. § 2.
Si tamen agatur de rebus quae valorem a Conferentia episcopali pro sua cuiusque
regione definiendum excedunt, consensus loci Ordinarii approbari (vel
confirmari) debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem Conferentia
constituta. § 3. Si agatur de alienanda re divisibili... (prout nunc in § 4) ».
Consultores
seligunt alteram formulam super quam discussionem instituunt. Omnes Consultores
petunt ut Conferentiae episcopales statuant « summam limitem» ultra quam
Ordinarii dare nequeunt consensum ad bona alienanda, nisi accedat licentia
alicuius qui sit supra Ordinarium. Et quaestio fit ad decernendum cui competat
talem licentiam dare. a) Aliqui vellent talem licentiam reservare S. Sedi
(Rev.mi secundus, quintus et tertius Consultores); b) Alii vellent licentiam
reservare alicui Commissioni a Conferentia episcopali ad talem finem
constitutae (Rev.mus primus et Ilm.mus
quartus Consultores); c) Rev.mus tertius Consultor proponit ut sententiae sub
a) et sub b) componantur hoc modo: si valor excedit summam a Conferentia
episcopali definitam, consensus Ordinarii approbari debet ab illa speciali
Commissione. Si tamen talis excessio est duplo (triplo, quadruplo... decuplo)
maior summae a Conferentia definitae, etiam consensus S. Sedis obtineri debet;
d) Rev.mus sextus Consultor animadvertit principium
subsidiarietatis in hac materia maxime applicandum esse. Post aliquam
discussionem praevalet sententia Rev.mi tertii Consultoris. Adhuc quaeritur
quid iuris si Ordinarius det consensum sine licentia huius specialis
Commissionis? Rev.mus Relator dicit actum in casu esse invalidum. Rev.mus
secundus Consultor autem dicit actum esse validum etsi illicitum.
Rev.mus
primus Consultor vero proponit ut in textu canonis dicatur quod consensus
Ordinarii «confirmari debet a Commissione speciali » et de valore huius
confirmationis videat doctrina. Placet sententia Rev. mi primi Consultoris. His
dictis, examinantur singulae paragraphi huius canonis: § 1 (= formula Rev.mi
primi Consultoris): Rev.mus Relator proponit: «... de consensu Consilii
administrationis, nisi res sit minoris momenti...». Propositio maiori parti
Consultorum non placet. Rev.mus quintus Consultor proponit ut dicatur
«Ordinarius» loco « Ordinarius loci ». Sed alii Consultores censent quaestionem
differri posse, cum pendeat a novo ordine systematico Codicis. Rev.mus secundus
Consultor proponit ut dicatur: «... loci Ordinarius qui audire tenetur
administrationis Consilium et consensum habere eorum quorum interest».
Propositio omnibus placet. Rev.mus sextus Consultor proponit ut initio ita
dicatur: « Salvo iure religiosorum, Superior de quo, etc... ». Consultores
dicunt quaestionem hanc pendere a novo ordine systematico Codicis. Exinde § 1
novi canonis sequens erit: «Legitimus superior de quo in can. 1530 est loci
Ordiniarius, qui audire tenetur administrationis Consilium et consensum habere
eorum quorum interest». § 2 (= Formula Rev.mi primi Consultoris) Rev.mus
Secretarius proponit ut formula proposita a Rev.mo primo Consultore ita
expoliatur: « Si tamen agatur de rebus quarum valor summam a Conferentia
episcopali pro sua cuiusque regione definiendam excedit, consensus loci
Ordinarii prius confìrmari debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem
Conferentia constituta». Propositio omnibus placet. Committitur Rev.mo tertio
Consultori ut redigat formulam § 3ae quae agat de rebus pretiosis, de donariis
votivis, et de rebus quorum valor « summam limitem » duplo (triplo, quadruplo)
excedat. Talis formula examinanda erit in proxima adunatione.”
El asunto se
siguió estudiando y completando en la quinta reunión ocurrida el 15 de mayo de
1968 sobre la competencia de las Conferencias de Obispos y sobre las cosas
preciosas:
“Rev.mus tertius Consultor praebet Consultoribus formulam
§ 3 circa res pretiosas: « § 3. Si denique agatur de rebus voto Ecclesiae
dicatis vel de rebus pretiosis vel de quibusvis bonis quae valorem excedunt
duplo (triplo, quadruplo, quintuplo... decuplo) maiorem summa a Conferentia
episcopali prò sua cuiusque regione in honorum ecclesiasticorum alienatione
definita, Superior (seu auctoritas), competens iuxta §§ 1 et 2, etiam consensum
S. Sedis ad valide agendum obtinere debet. § 4. Si res alienanda est
divisibilis, in perendo consensu... ». Examinatur formula § 3 per partes: a) De
donariis votivis Qoad bona votiva Consultores censent satis esse in praesenti
canone firmare principium inalienabilitatis, nisi accedat consensus Sanctae
Sedis. Alibi vero determinandum erit quaenam sint dona votiva. Ad propria rei
vocabula quod attinet, aliqui proponunt ut in canone adhibeatur verba «
donariis votivis », loco « rebus voto Ecclesiae dicatis ». Rev.mus secundus
Consultor autem proponit ut dicatur « rebus ex voto Ecclesia donatis ».
Propositio Rev.mi secundi Consultoris omnibus placet. b) De rebus quarum valor
multiplici numero excedit « summam limitem » Quando valor rei alienandae sit
duplo (triplo, etc...) maior summa a Conferentia episcopali definita, proponit
Rev.mus tertius Consultor ut consensus quoque Sanctae Sedis requiratur ad
alienationem faciendam. Aliqui Consultores suam titubationem exprimunt, ne ex
hoc capite Conferentiae episcopales quam maximum limitem valoris rei alienandae
definiant, ne cogantur scilicet licentiam S. Sedis petere. Fit aliqua discussio
et tandem propositio Rev.mi tertii Consultoris ab omnibus probatur. Omnibus
Consultoribus (excepto Rev.mo primo Consultore) placet ut consensus S. Sedi
requiratur quando valor rei alienandae sit duplo maior summa a Conferentia
episcopali statuta. Rev.mus primus Consultor autem vellet ut consensus S. Sedis
requiratur quando valor sit triplo maior. c) De rebus pretiosis Rev.mus tertius
Consultor memorat in can. 1497 CIC recenseri tamquam « res pretiosas » illas
quae conspicuum valorem habent ratione artis, historiae vel materiae. Rev.mus
Secretarius censet quod pretiositas proveniens ex materia nostris temporibus
non sit attendenda. Coetus ergo determinare deberet res pretiosas esse illas
quibus notabilis valor sit ratione artis vel historiae, et quidem determinare
quoque deberet quando talis valor sit notabilis. Rev.mus secundus Consultor
dicit talem quaestionem pertinere ad titulum de verborum significatione; in
nostro canone sufficit determinare conditiones ad bona pretiosa alienanda.
Propositio Rev.mi secundi Consultoris omnibus placet. Ad alienationem rerum
pretiosarum quod attinet variae propositiones habentur: - Rev.mus primus
Consultor dicit sufficere quod consensus Ordinarli confirmetur a Conferentia
episcopali etiam quoad res pretiosas. Propterea ipse proponit ut de rebus
pretiosis dicatur in § 2 huius can. 1530 bis his verbis: « Si agatur de rebus
quarum valor..., vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, consensus,
etc... ». — Rev.mus tertius Consultor notat res pretiosas ratione artis vel
historiae pertinere ad patrimonium totius Ecclesiae, ergo consensus S. Sedis ad
illas alienandas necessario requiri. — Rev.mus secundus Consultor vetare vellet
alienationem talium honorum, vel, saltem sancire vellet ut emptio/venditio
eorumdem honorum habeatur tantum inter personas morales ecclesiasticas. -
Rev.mus quintus et Ill.mus quartus Consultores probant suggestionem Rev.mi
primi Consultoris sed tamen censent suggestionem Rev.mi tertii Consultoris
praetermitti non posse. Rev.mus tertius Consultor dicit varias opiniones
Consultorum componi posse ex eo quod, in formula § 3 ab ipso proposita,
attenditur sive ad iura hierarchiae localis sive ad iura Sanctae Sedis. Est
enim Ordinarius qui dar consensum, cui accedit probatio Conferentiae
episcopalis et accedere debet consensus quoque Sanctae Sedis. Exceptio tamen
fieri posset si valor sit infra talem vel talem summam, qua in casu non
requirendus esset consensus Sanctae Sedis. Notandum est tamen quod pretiositas
ratione artis vel historiae difficulter aestimari potest. Rev.mus Secretarius
proponit ut si valor rerum pretiosarum excedat di midiam summam a Conferentia
episcopali pro aliis bonis alienandis definitam, consensus Sanctae Sedis
requiratur. Consultores, post aliquam discussionem, censent solutionem
relinquendam esse altiori instantiae. Placet ergo ut variae formulae, a
Consultoribus secundum varias solutiones propositae, referantur ita ut Em.mi
Cardinales seligere possint illam quae ipsis magis placuerit. Formulae
sequentes sunt: a) In § 2 dicatur: « Si tamen agatur de rebus quarum valor
summam a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendam excedit,
vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, consensus, etc. ... ». b) « §
3. Si denique agatur de rebus ex voto Ecclesiae donatis vel de rebus pretiosis
vel de quibusvis bonis quorum valor excedit duplo summam a Conferentia
episcopali ad normam § 2 definitam, Superior competens etiam consensum Sanctae
Sedis ad valide agendum obtinere debet » (Rev.mus tertius Consultor). c) « § 3.
Si denique agatur de rebus ex voto Ecclesiae donatis vel de rebus pretiosis
quarum valor dimidiam excedit summam a Conferentia episcopali ad normam § 2
definitam, vel de quibusvis bonis quorum valor excedit duplo istam summam (a
Conferentia Episcopali statutam), Superior competens, etiam consensum
Apostolicae Sedis ad valide agendum obtinere debet» (Rev.mi tertius Consultor
et Secretarius). De § 4 omnes Consultores consentiunt circa hanc formulam: « Si
res alienanda sit divisibilis, in petendo consensu vel confirmatione pro alienatione
exprimi debent partes antea alienatae; secus consensus irritus est ». Rev.mus
quintus Consultor proponit ut § 5 addatur quae recipiat can. 281 § 4 Codicis
Orientalis, id est: «Ii qui in alienandis bonis ecclesiasticis Consilio vel
consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius
exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae moralis cuius bona
alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis ». Propositio Rev.mi
quinti Consultoris omnibus placet, excepto Rev.mo primo Consultore, qui censet
talem normam esse superfluam.”
Para la
sexta reunión, ocurrida el 16 de mayo de 1968, se examinó el asunto de las otras condiciones que habría
que imponer para las enajenaciones, a saber, una causa justa, la valoración de
la cosa y otras cautelas impuestas por el superior:
“Rev.mus
Relator proponit ut in novo can. 1530 ter determinentur aliae conditiones ad
alienationes faciendas, scilicet iusta causa, aestimatio rei, aliae cautelae a
legitimo superiore praescriptae. a) De iusta causa Rev.mus Secretarius censet
in canone firmari oportere principium iustae causae ad alienationes faciendas.
Ad modum vero exempli recenseri possunt quaenam sint causae iustae. Ideoque
formula posset ita redigi: «Ad alienanda bona ecclesiastica requiritur iusta
causa, veluti urgens necessitas, etc. ...». Propositio Rev.mi Secretarli
omnibus placet. Quaestio autem habetur circa varias causas in canone
recensendas. Praeter enim urgentem necessitatem, evidentem utilitatem et
pietatem, proponitur ut caritas (Rev.mus Relator) quoque et iustitia socialis
(Rev.mus primus Consultor) recenseantur. Fit suffragano circa singulas causas:
— urgens necessitas-, Rev.mus sextus Consultor vellet « evidens necessitas »,
sed aliis Consultoribus magis placet « urgens necessitas ». — Evidens
necessitas-. Omnibus placet. — Pietas:. Omnibus placet. — Caritas:. Omnibus
placet. — Iustitia socialis-, Rev.mi secundus, sextus et tertius Consultores
nolunt hanc causam recensere, quia causa debet esse iusta, importare debet scilicet
necessitatem quae sit veluti intrinseca rationi honorum ecclesiasticorum.
Ideoque vel dicatur «necessitas pastoralis» (Rev.mi secundus et sextus
Consultores), vel dicatur tantum «iustitia» (Rev.mus tertius Consultor).
Rev.mus Secretarius proponit ut dicatur «bonum pastorale». Propositio Rev.mi
Secretarli placet, sed Rev.mi primus, quintus et Ill.mus quartus Consultores
instant ut edam iustitia socialis recenseatur. b) De aestimatione rei Rev.mi
Relator, primus et tertius Consultores censent aestimationem rei praescribendam
esse ad alienationes faciendas, et quidem scripto peragendam ut in actis
servetur. Alia ratio accedit ut aestimatio scripto fiat: hoc modo periti
inducuntur ad aestimationem accuratam et veram faciendam. Rev.mus secundus
Consultor censet aestimationem non esse praescribendam, quia ex natura rei
patet bona alienari non posse quin aestimentur et quia iam in canone
praecedenti (can. 1530 § 5) dictum est consensum vel consilium praeberi non
posse ad bona alienanda, nisi prius constet « de statu oeconomico personae
moralis cuius bona alienanda proponuntur», quod quidem importare videtur
aliquam aestimationem honorum. Fit suffragano placeatne praescribere
aestimationem scripto faciendam: Placet 6; non placet 1. c) De aliis cautelis
Omnibus Consultoribus placet ut recipiatur textus can. 1530 § 2 CIC, aliquibus
immutationibus circa formam inductis. Textus can. 1530 ter erit ergo sequens: «
§ 1. Ad alienanda bona ecclesiastica requiritur insuper: 1° iusta causa veluti
urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas, bonum pastorale; 2°
Aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque cautelae a
legitimo superiore praescriptae serventur ut Ecclesiae damnum vitetur». Rev.mus
tertius Consultor quaerit conditiones recensitae prò alienandis bonis teneantne
administratores etiam ad permutationes faciendas. Rev.mus Secretarius respondit
quaestionem hanc ad doctrinam pertinere.” (Communicationes 37/2 2005, págs. 123-130) .
En vista de
todo ello, el contenido del c. 1532* quedaría tratado simultáneamente con el
del c. 1530*: “Can. 1532* Omittitur, quia absorptus est in can. 1530*
recognito”: Reunión VIIa del día 16 de mayo de 1968, en (Communicationes 37/2 2005, pág. 132) . Luego se
resumió todo en el esquema de 1977 (Pontificia
Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, 2020) en los cc. 36**,
37** y 38**.
Las cosas
quedaron así por un decenio, hasta el 13 noviembre de 1979, cuando se celebró
la Sesión II de la “series altera”. En ese momento se trataba ya del
provisional
“Can.
36 (can. 1530) Ad alienanda bona quae personae iuridicae ecclesiasticae ex
legitima assignatione Patrimonium stabile constituunt, requiritur licentia
auctoritatis ad normam iuris competentis, sine qua alienatio invalida est. —
Consultores decernunt ut dicatur « personae iuridicae publicae », loco «
ecclesiasticae ». — Aliquis Consultor proponit ut canon melius coordinetur cum
canone sequenti et ideo ita mutetur: « Ad valide alienanda ... stabile
constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia
auctoritatis ad normam iuris competentis ». Propositio haec omnibus placet.”
Y al día
siguiente, 14 de noviembre de 1979, se examinaron también los cc. provisionales 37 y 38:
“Can.
37 (can. 1532) § 1. Salvo iure Institutorum vitae consecratae legitima
auctoritas de qua in can. 36 quoad personas iuridicas publicas iuris dioecesani
est loci Ordinarius qui audire tenetur Consilium a rebus oeconomicis et
consensum habere eorum quorum interest. § 2. Si tarnen agatur de rebus quarum
valor summam a Conferentia Episcopali pro sua cuiusque regione definiendam
excedit, licentia loci Ordinarii prius confirmari debet a commissione speciali
ad eum finem ab eadem Conferentia constituta. § 3. Si agatur de rebus ex voto
Ecclesiae donatis vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, vel de
quibusvis bonis quorum valor excedit duplo summam a Conferentia Episcopali ad
normam § 2 definitam, auctoritas competens ad valide agendum etiam licentiam
Sanctae Sedis obtinere debet. § 4. Si res alienando sit divisibilis, in petenda
licentia vel confirmatione pro alienatione exprimi debent partes antea
alienatae; secus licentia irrita est. § 5. li qui in alienandis bonis Consilio
vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi
prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius
bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis. — Nonnulli
quaesierunt utrum clausula initialis (« salvo iure Institutorum vitae
consecratae ») remittat ad constitutiones. Exc.mus Secretarius respondet ilia
verba remittere ad partem Codicis de Institutis vitae consecratae, ubi erunt
peculiares normae de administratione bonorum. — Aliquis Consultor proponit ut
in § 1 dicatur « personas iuridicas sibi subiectas » loco « personas iuridicas
publicas iuris dioecesani ». Propositio omnibus placet. — Nonnulli quaesierunt
quaenam sit legitima auctoritas pro personis iuridicis supradioecesanis.
Consultores concordant circa necessitatem aliquid statuendi circa hanc
quaestionem et decernunt ut in § 1 addantur: « Quoad personas iuridicas
supradioecesanas et Ordinario loci non subiectas auctoritas competens est quae
propriis statutis defini tur ». — De sententia cuiusdam Consultoris norma § 1
plus exigit quam can. 1532 § 3 CIC. Ibi enim non exigitur licentia Ordinarii
pro alienatione rerum quarum pretium continetur infra mille libellas; in nostro
canone vero exigitur licentia Ordinarii etiamsi res minimi valoris sit, dummodo
ad Patrimonium stabile personae moralis pertineat. Consultores hanc
suggestionem bene accipiunt et ideo in § 1 additur «... quoad personas
iuridicas sibi subiectas, si summa exceditur iure particulari statuta, est loci
Ordinarius... ». — Quoad § 2 plura Organa consultationis animadversiones
fecerunt eo quod « licentia loci Ordinarii prius confirmari debet a commissione
speciali ad eum finem ab eadem Conferentia constituía ». Huiusmodi facultas,
Conferentiae Episcopali concessa, permultis non opportuna videtur; immo non
desunt qui illam respuunt uti indebitum interventum Conferentiae in regimine
dioecesis. Huc accedit dificultas quam habent Episcoporum Conferentiae
praedisponendi organa idonea pro examinandis actis ad licentiam Episcopi
confirmandam. Consultores, iuxta criterium iam initio statutum, expungendi
scilicet a Schemate ea quae aliquo modo legitimam autonomiam Episcopi
dioecesani inficiant, decernunt ut § 2 deleátur. — Suppressa § 2, aliquis
Consultor proponit ut tribuatur Episcoporum Conferentiis facultas statuendi
sive summam minimam infra quam non requiritur licentia ad faciendas
alienationes, sive summam maximam, ultra quam requiritur licentia S. Sedis.
Propositio haec omnibus placet. — Nonnulli suggesserunt ut non requiratur
licentia S. Sedis ad alienandas res ex voto donatas, si earum pretium sit infra
aliquam summam a iure definiendam. Consultores, uno tantum excepto, censent in
re tanti momenti, quae pietatem fidelium tangit, cauto esse procedendum et ideo
opportunum videtur ut semper adeatur S. Sedes. — His omnibus disceptatis,
proponitur ut canon his verbis redigatur: § 1. Salvo iure Institutorum vitae
consecratae, cum valor bonorum quorum alienatio proponitur continetur intra
summam minimam et summam maximam ab Episcoporum Conferentia pro sua cuiusque
regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis
Ordinario loci non subiectas, propriis determinatur statutis; si vero agatur de
personis sibi subiectis auctoritas competens est loci Ordinarius cum consensu
consilii a rebus oeconomicis et eorum quorum interest. § 2. Si tamen agatur de
rebus quarum valor summam maximam excedit, aut de rebus ex voto Ecclesiae
donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem
alienationis requiritur insuper licentia S. Sedis. § 3. Si res alienanda sit
divisibilis, in petenda licentia exprimi debent partes antea alienatae; secus
licentia irrita est. § 4. = § 5 Schematis.”
“Can.
38 (can. 1530) § 1. Ad alienanda bona requiritur in super: 1°) iusta causa
veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas, bonum pastorale;
2°) aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2. Aliae quoque
cautelae a legitimo superiore praescriptae serventur ut Ecclesiae damnum
vitetur. — Suggestiones factae sunt de verbis « bonum pastorale », nonnullis
petentibus ut supprimantur utpote superflua, aliis vero petentibus ut
substituantur pro verbis « vel alia ratio pastoralis ». Consultores decernunt
ut dicatur « vel gravis' alia ratio pastoralis » loco « bonum pastorale ». —
Suggestum est ut dicatur « legitima auctoritate » loco « legitimo superiore »
(omnibus placet). — Nonnulli proposuerunt ut in § 2 addatur: «... damnum
vitetur et bono Ecclesiae vel Instituti religiosi provideatur ». Propositio non
placet Consultoribus, quia hoc modo nimis exigeretur a legitima auctoritate. (12 1980, págs. 422-425) .
[v]
NdE. Doy mi punto de vista en este asunto tan complejo como delicado. Vuelvo
sobre el tema que expuse ya en nt final anterior (cf. supra). En relación con
las crisis económicas en general suelen referir algunos hechos tomados de la
historia.
Un primero, para mencionar, ocurrió en época del
emperador Diocleciano (244-305), quien emitió tanta moneda, con el fin de pagar
las deudas incurridas por el imperio a causa de las guerras, que los precios de
las cosas creció hasta descontrolarse y el valor de la moneda se perdió.
Otro caso sucedió a finales del siglo XV cuando el
banco de la familia Medici, en Florencia, recibió de sus ahorradores la
solicitud de entregarles los depósitos hechos y, dadas sus bajas reservas de
efectivo, no pudo cumplirles, el banco se arruinó y con él la economía de la
ciudad.
No se puede dejar de mencionar, en tercer término, el
efecto que tuvo la inundación de España con el oro de América, durante el siglo
XVI, que condujo, entre otros desastres, a una gran inflación, a la destrucción
de tanta riqueza, y al incumplimiento de varias obligaciones financieras por
parte de la corona.
En el siglo pasado, más exactamente el 29 de octubre de
1929, los precios de las acciones de la Bolsa de Nueva York se desplomaron, de
modo que el efecto alcanzó al mundo entero, particularmente en el crecimiento
del desempleo que llegó a ser en algunos casos del 29% y en otros hasta del
33%, y la recuperación económica general fue muy lenta.
Un quinto ejemplo se refiere a los
hechos acaecidos entre los años 2007-2008, conocidos como el gran “Crash de
Wall Street”: los principales bancos norteamericanos habían colocado en el
mercado bonos de vivienda o inmobiliarios, ofreciendo a los inversionistas bajo
riesgo y alta rentabilidad, respaldándolos en viviendas hipotecadas con largos
plazos e intereses bajos. Llegó un momento en que los bancos requirieron mayor
liquidez para sus operaciones pero les fue cada vez más difícil obtenerla, pues
habían descuidado el estudio del historial crediticio de los hipotecantes, de
modo que terminaron subiéndoles a éstos los intereses. Los bonos se fueron
depreciando cada día más y los inversores requirieron sus capitales, y toda la
economía quedó ilíquida. A finales del 2007 y comienzos del 2008 las Bolsas de
Valores se desplomaron sucesivamente en todo el mundo. Al mismo tiempo, los
precios del petróleo se dispararon, la hiperinflación se descontroló y el
crédito escaseó y se estancó. Las bancarrotas bancarias se fueron sumando no
pudiendo ser controladas ni con la intervención de los Bancos Centrales o de
Reserva, ni Inglesa ni Norteamericana. El dólar americano se depreció y creció
el déficit comercial, inclusive en empresas tradicionalmente sólidas como las
de fabricación de automóviles y las aerolíneas. Millones de familias perdieron
sus hogares. Para el año siguiente el efecto más demoledor se sintió
especialmente en Europa.
Terminemos de recordar estos eventos
económicos trágicos con una breve alusión al presente – 2020 – y a los efectos
económicos mundiales desastrosos que ha tenido la pandemia conocida como
“Covid-19”, considerada “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra
Mundial” (y aún desde antes). La noticia oficial se refiere al “actual brote de
enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en
Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019”: consulta del 9 de mayo de 2020, en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). Por doquier se menciona especialmente la enorme
pérdida de vidas (“cada caso es una madre o un padre,
un hijo o una hija, un hermano o una hermana, una amiga o un
amigo”), y de empleos (sólo en el segundo trimestre del año se han perdido más
de 25 millones), así como generando “graves perturbaciones
en los servicios de salud esenciales” (Articulación Público-Privada.
07.04.2020. “Para la OIT ya es una realidad. El COVID-19 causa pérdidas
devastadoras de empleos y horas de trabajo”. Consulta del 9 de mayo de 2020,
en: https://www.comunicarseweb.com/noticia/el-covid-19-causa-perdidas-devastadoras-de-empleos-y-horas-de-trabajo). Pero también con grandes pérdidas en los diversos
componentes de la economía mundial en general.
Así puede – suele – ocurrir en el mundo de los
negocios. En relación con el sector inmobiliario baste la siguiente referencia
al caso colombiano reciente, ilustrándola con este artículo publicado por la
Lonja de Bogotá, actualizado a 2018, en el que no se callan los aspectos
cíclicos de este tipo de inversiones:
“Así está el sector inmobiliario en
Colombia.
Observando a largo plazo, un factor
que enmarca el devenir del mercado inmobiliario del país es el desequilibrio
estructural entre la oferta y la demanda. La Lonja de Bogotá, en vocería de
Andrés Martínez, Presidente Ejecutivo (E) de esta entidad, afirma: «Una
mirada retrospectiva muestra que durante los últimos 10 años se construyeron en
el país 1,4 millones de viviendas formales, hecho que, si bien representó
una cifra positiva para el gremio, es un nivel que no iguala la cifra de
formación anual de hogares, que fue del doble en el mismo periodo. En
dicho sentido, persiste una problemática histórica de déficit
habitacional asociada al sector». «Si bien durante el 2017 el sector edificador
fue el que mayor caída registró en la economía, para este año deberá
empezar a sentirse una mejoría por la mayor disposición de los hogares a
invertir en finca raíz, sumado a la creciente oferta de proyectos», agrega
Martínez. En el panorama reciente del mercado de viviendas nuevas se
destaca el impulso estatal a la vivienda de interés social y prioritario
(VIS-VIP), sumado al efecto positivo del programa Mi Casa Ya, factores que
marcaron un hito en la inversión en vivienda. Entre octubre de 2016 y el
mismo mes de 2017 se construyeron 175.000 unidades habitacionales para
hogares que invirtieron $32,5 billones en la adquisición de 11,6
millones de metros cuadrados. Durante el primer trimestre de 2018 se
sostuvo la tendencia y se construyeron 40.000 unidades de vivienda nueva,
el 54% de interés social y el 35% de estrato medio. Con respecto al mercado de
viviendas usadas, la Lonja
de Bogotá destaca el significativo aumento en la demanda y
en los precios, por encima del promedio de otros sectores durante el
último año, lo que se explica, ya sea por las ventajas que ofrece
en términos de amplitud del mercado, opciones de ubicación, áreas generosas,
precio y costos de remodelación, o por las ganancias en el corto plazo
resultantes de invertir, mejorar y revender la propiedad.” (Véase en – consulta
del 8 de mayo de 2020 –: https://www.lonjadebogota.org.co/page/index.php/prensa/presencia-en-medios/117-asi-esta-el-sector-inmobiliario-en-colombia).
[vi]
NdE. Para ilustrar la eventualidad de que ante este tipo de conflictos el recurso a los tribunales civiles puede llegar a ser una última solución razonable, es interesante referir los pormenores de un caso prominente y su contexto. Se trata, simultáneamente, de tres asuntos: 1°) la resolución judicial de un diferendo sobre cuestiones relacionadas con bienes eclesiásticos; 2°) la resolución mediante convenio internacional de las situaciones referentes a los Santos Lugares; 3°) la resolución política del conflicto surgido a raíz de la coexistencia en Tierra Santa de los Estados de Israel y Palestina. En primer término, se ha de llamar la atención sobre la acción que la Santa Sede ha mantenido en relación con los Santos Lugares en
Jerusalén e Israel (cf. en relación con las relaciones internacionales el c. 3 en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2016/08/l_25.html).
Hagamos referencia a algunos hechos más sobresalientes con la ayuda del reporte de Cristina(Gazzetta) (consulta del 11 de
mayo de 2020).
Hagamos referencia a algunos hechos más sobresalientes con la ayuda del reporte de Cristina
El caso se ha de remontar al 25 de enero de 1904, día
en que el Papa san Pio X aceptó por fin encontrarse con Theodor Herzl,
considerado el fundador del Sionismo político: en aquella ocasión el Papa
consideró que no debiera apoyar las solicitudes que éste le hiciera en relación
con el regreso de los hebreos a Tierra Santa y/o Palestina.
Luego, fue el líder de la Organización Sionista de Londres, Nahum Sokolov, quien pidió en 1917 a monseñor Pacelli, futuro Papa Pío XII, en el Vaticano, que apoyara la causa sionista, pero en ese momento se la consideró todavía poco clara, porque requería una definición (geográfica) de las fronteras y una lista precisa de los Lugares Santos y del territorio circundante. A pesar de ello, fue recibido también en ese mismo año por el Cardenal Gasparri, quien le manifestó que ciertamente la Iglesia no se opondría a esa iniciativa, pero que ello demandaría amplios territorios para poder acoger a los migrantes. Poco después, los territorios fueron ocupados por los británicos, asunto que suscitó temor a la Santa Sede.
Luego, fue el líder de la Organización Sionista de Londres, Nahum Sokolov, quien pidió en 1917 a monseñor Pacelli, futuro Papa Pío XII, en el Vaticano, que apoyara la causa sionista, pero en ese momento se la consideró todavía poco clara, porque requería una definición (geográfica) de las fronteras y una lista precisa de los Lugares Santos y del territorio circundante. A pesar de ello, fue recibido también en ese mismo año por el Cardenal Gasparri, quien le manifestó que ciertamente la Iglesia no se opondría a esa iniciativa, pero que ello demandaría amplios territorios para poder acoger a los migrantes. Poco después, los territorios fueron ocupados por los británicos, asunto que suscitó temor a la Santa Sede.
Terminada la Primera Guerra Mundial la Santa Sede se
opuso a las propuestas de crear dicho Estado “porque”, como advirtió el mismo
Cardenal Gasparri, “los términos en los que se había redactado el mandato habrían
conferido a los hebreos una preeminencia sobre los católicos”.
Algo similar se expresó al final de la Segunda Guerra
Mundial. Pocos años después, en un encuentro entre el futuro primer ministro
Moshe Sharett y el Papa Pío XII, aquél le manifestó que no encontraba conflicto
alguno entre las aspiraciones sionistas en Palestina y los intereses de los
católicos en esa región, “ya que el nuevo Estado hebreo se empeñaría en la
protección de los Lugares Santos”, pero que solicitaba el apoyo moral de la Iglesia
para establecer una “existencia renovada” en esos territorios. El Papa en esa
ocasión no le dio una garantía al respecto.
Pero el 29 de noviembre de 1947 el plan de repartición
del territorio previsto por la Resolución n. 181 de la ONU (https://undocs.org/es/A/RES/181(II)) fue aceptado en la
segunda sesión de la Asamblea general, y la Gran Bretaña anunció que su mandato
allí terminaría el 15 de mayo de 1948. Ese día, mientras se proclamó la
independencia del Estado de Israel, y éste fue reconocido por las dos potencias nucleares del momento, los Estados
Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
entraron las tropas árabes en Palestina. Las luchas duraron hasta la firma del
Acuerdo de Rodas, del 25 de enero de 1949, cuando los hebreos, vencedores, se
localizaron en la parte nueva de Jerusalén.
El Papa Pío XII reaccionó a estos hechos con tres encíclicas: la primera, Auspicia Quaedam, del 1° de mayo de 1948, en la que oraba por la equidad, la armonía y la paz en Palestina, y expresaba su preocupación por los Santos Lugares; la segunda, In Multiplicibus, del 24 de octubre de 1948; y la tercera, del 15 de abril de 1949, Redemptoris nostris, en la que el Papa pedía a todos los católicos se movilizaran por la defensa de los Santos Lugares y por la condición internacional de Jerusalén. Todos los países católicos, sin embargo, acogieron en el seno de la ONU al nuevo Estado de Israel.
El Papa Pío XII reaccionó a estos hechos con tres encíclicas: la primera, Auspicia Quaedam, del 1° de mayo de 1948, en la que oraba por la equidad, la armonía y la paz en Palestina, y expresaba su preocupación por los Santos Lugares; la segunda, In Multiplicibus, del 24 de octubre de 1948; y la tercera, del 15 de abril de 1949, Redemptoris nostris, en la que el Papa pedía a todos los católicos se movilizaran por la defensa de los Santos Lugares y por la condición internacional de Jerusalén. Todos los países católicos, sin embargo, acogieron en el seno de la ONU al nuevo Estado de Israel.
El Papa san Juan XXIII, por otra parte, muy sensible
hacia la condición judía en los tiempos de la Guerra, determinó que en la
liturgia del viernes santo se suprimiera la alusión negativa a los judíos y acentuó el
carácter ecuménico del Concilio Vaticano II.
Su sucesor, san Pablo VI, trabajó arduamente en el documento Nostra aetate, y lo promulgó, al terminar el Concilio. Durante el mismo, el Papa visitó Tierra Santa en enero de 1964, “peregrinación cristiana de dimensiones ecuménicas”, pero no manifestó intención alguna de reconocer oficialmente al Estado. Después de la Guerra de los Seis Días (5 al 10 de junio de 1967) contra una coalición árabe, el Papa, preocupado por la suerte de Jerusalén y de los Lugares Santos, ahora bajo la autoridad israelí, envió al Cardenal Felici, quien expresó a su regreso que “el Gobierno se contenta con garantizar a los peregrinos la libertad de circulación, un mínimo dentro del cual los cristianos de todas las confesiones no pueden quedar satisfechos”. La guerra había cambiado el equilibrio político dentro de la zona. La Knesset, Asamblea o Parlamento unicameral de Israel, aprobó en ese momento una ley para garantizar la protección de los Santos Lugares, previendo para ellos un estatuto de extraterritorialidad, pero pidiendo, a cambio, por parte de la Santa Sede, el reconocimiento oficial del Estado de Israel con su capital en Jerusalén. El Papa no aceptó la transacción. Entonces el Estado decidió crear una oficina para los asuntos vaticanos en su embajada en Italia. A raíz de ello, el Papa recibió al ministro israelí de exteriores, Abba Eban, con quien trató de la cuestión de los Santos Lugares, aunque sin reconocer al Estado de Israel.
Fue muy oportuna y afortunada en este contexto – y ella es el motivo principal de esta nota –, la decisión de la Corte Suprema del Estado en 1972, a cuya jurisdicción había sometido la Santa Sede la venta, en 1970, al Fondo Nacional Hebreo (“ha sido vendido por 600.000 dólares a la sociedad inmobiliaria israelí Hamenuta (filial del Jewish National Found”)), de una obra de acogida para los peregrinos que tenían los Padres Asuncionistas franceses (“Notre‐Dame de France”). La Corte anuló la transacción, y la Santa Sede consideró el hecho un paso muy importante hacia el reconocimiento del Estado (Chalendard, 1984).Su sucesor, san Pablo VI, trabajó arduamente en el documento Nostra aetate, y lo promulgó, al terminar el Concilio. Durante el mismo, el Papa visitó Tierra Santa en enero de 1964, “peregrinación cristiana de dimensiones ecuménicas”, pero no manifestó intención alguna de reconocer oficialmente al Estado. Después de la Guerra de los Seis Días (5 al 10 de junio de 1967) contra una coalición árabe, el Papa, preocupado por la suerte de Jerusalén y de los Lugares Santos, ahora bajo la autoridad israelí, envió al Cardenal Felici, quien expresó a su regreso que “el Gobierno se contenta con garantizar a los peregrinos la libertad de circulación, un mínimo dentro del cual los cristianos de todas las confesiones no pueden quedar satisfechos”. La guerra había cambiado el equilibrio político dentro de la zona. La Knesset, Asamblea o Parlamento unicameral de Israel, aprobó en ese momento una ley para garantizar la protección de los Santos Lugares, previendo para ellos un estatuto de extraterritorialidad, pero pidiendo, a cambio, por parte de la Santa Sede, el reconocimiento oficial del Estado de Israel con su capital en Jerusalén. El Papa no aceptó la transacción. Entonces el Estado decidió crear una oficina para los asuntos vaticanos en su embajada en Italia. A raíz de ello, el Papa recibió al ministro israelí de exteriores, Abba Eban, con quien trató de la cuestión de los Santos Lugares, aunque sin reconocer al Estado de Israel.
Para el 16 de enero de 1973, el Papa recibió a la primera ministra Golda Meir, en calidad de Jefe del Gobierno, quien le solicitó pronunciarse sobre el terrorismo, mientras el Papa, por su parte, se refirió a los refugiados palestinos, a los Lugares Santos, y al estatus internacional de Jerusalén y denunció el uso de la violencia contra los árabes.
El cambio en la política vaticana se dio
a partir del Papa san Juan Pablo II y su discurso ante la ONU del 2 de octubre
de 1979, cuando el Papa reconoció el éxito de las conversaciones denominadas de
Camp David del 17 de septiembre del año anterior:
“Y cuánto deseo también que la crisis del Oriente Medio pueda acercarse a una solución. Mientras estoy dispuesto a valorar positivamente todo paso o intento concreto que se dé para la solución del conflicto, recuerdo que ello no tendría ningún valor si no representara ciertamente la "primera piedra" de una paz general y global en la región. Una paz que, no pudiendo menos de fundamentarse sobre el justo reconocimiento de los derechos de todos, ha de incluir la consideración y la justa solución del problema palestino. Con éste está relacionado también el de la tranquilidad, de la independencia y la integridad territorial del Líbano, dentro de la fórmula que ha sido ejemplo de pacífica y mutuamente fructuosa coexistencia de comunidades distintas y que deseo se mantenga en el interés común, aunque con los acomodamientos exigidos por el desarrollo de la situación. Hago votos además por un estatuto especial que, bajo garantías internacionales —como ya indicó mi predecesor Pablo VI— asegure el respeto de la naturaleza singular de Jerusalén, patrimonio sagrado para la veneración de millones de creyentes de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.” (En: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html).
El Papa se pronunció en otras ocasiones,
entre las que sobresalen la homilía del 5 de octubre de 1980 en Otranto, Italia
(http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801005_otranto.html), y la Carta ap. Redemptionis Anno del 20 de
abril de 1984 (http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1984/documents/hf_jp-ii_apl_20041984_redemptionis-anno.html) sobre la ciudad de Jerusalén.
Tras otros acontecimientos, se procedió al reconocimiento del Estado de Israel y al
establecimiento pleno de relaciones entre el mismo y la Santa Sede mediante el
Acuerdo del 30 de diciembre de 1993 (http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19931230_santa-sede-israele_en.html). En el mismo se reconoce “el carácter
extraordinario” y “el significado universal de la Tierra Santa”, como aparece
en el Preámbulo del Acuerdo. Sobre tal reconocimiento se considera la
resolución de la cuestión sobre Jerusalén y los Santos Lugares, a la cual se
refirió el art. 4°: El Estado de Israel se compromete a mantener y a respetar
el estatus que actualmente tienen, y a que las comunidades cristianas que viven
allí puedan ejercer sus derechos; así mismo se compromete a respetar los demás
lugares sagrados católicos, como iglesias, monasterios, conventos, cementerios
y similares en todo el territorio del Estado; y, conjuntamente con la Santa
Sede, a promover las peregrinaciones a Tierra Santa. Y en el art. 10° se
reconoce el derecho de propiedad, posesión y administración de la Iglesia
católica y de sus comunidades sobre bienes eclesiásticos. Con este Acuerdo
pretende la Iglesia mucho más, sin embargo: la defensa y supervivencia de las
comunidades cristianas en toda el área del Oriente Medio y la búsqueda de una
paz sólida y duradera. Otros datos posteriores pueden verse en la nota
correspondiente a estas relaciones bilaterales en el comentario al mencionado c. 3.
Lamentablemente, debemos concluir este relato con la siguiente nota de prensa: "Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede del 20 de mayo de 2020. Hoy, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, ha recibido una llamada telefónica del Excmo. Sr. Saeb Erekat, Jefe de las Negociaciones y Secretario General de la Organización de Liberación de Palestina. Este último deseaba informar a la Santa Sede sobre los recientes acontecimientos en los territorios palestinos y la posibilidad de que la soberanía israelí se aplique unilateralmente a parte de esas zonas, lo que comprometería todavía más el proceso de paz. La Santa Sede reitera que el respeto del derecho internacional y de las relevantes resoluciones de las Naciones Unidas es un elemento indispensable para que los dos pueblos puedan vivir lado a lado en dos Estados, con las fronteras internacionalmente reconocidas antes de 1967. La Santa Sede sigue con atención la situación y expresa su preocupación por los eventuales actos que podrían comprometer aún más el diálogo, esperando que los israelíes y los palestinos vuelvan a encontrar, y pronto, la posibilidad de negociar un acuerdo directamente, con la ayuda de la comunidad internacional, y que la paz pueda finalmente reinar en Tierra Santa, tan amada por judíos, cristianos y musulmanes." (En: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/20/ter.html).
Lamentablemente, debemos concluir este relato con la siguiente nota de prensa: "Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede del 20 de mayo de 2020. Hoy, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, ha recibido una llamada telefónica del Excmo. Sr. Saeb Erekat, Jefe de las Negociaciones y Secretario General de la Organización de Liberación de Palestina. Este último deseaba informar a la Santa Sede sobre los recientes acontecimientos en los territorios palestinos y la posibilidad de que la soberanía israelí se aplique unilateralmente a parte de esas zonas, lo que comprometería todavía más el proceso de paz. La Santa Sede reitera que el respeto del derecho internacional y de las relevantes resoluciones de las Naciones Unidas es un elemento indispensable para que los dos pueblos puedan vivir lado a lado en dos Estados, con las fronteras internacionalmente reconocidas antes de 1967. La Santa Sede sigue con atención la situación y expresa su preocupación por los eventuales actos que podrían comprometer aún más el diálogo, esperando que los israelíes y los palestinos vuelvan a encontrar, y pronto, la posibilidad de negociar un acuerdo directamente, con la ayuda de la comunidad internacional, y que la paz pueda finalmente reinar en Tierra Santa, tan amada por judíos, cristianos y musulmanes." (En: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/20/ter.html).
[vii]
“TITULUS XXX. De piis fundationibus.
Can. 1544*.
§1. Nomine piarum fundationum significantur bona temporalia alicui personae
morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum
tempus ex reditibus annuis atiquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas
functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera
peragendi. §2. Fundatio, legitime acceptata, naturam induit contractus
synallagmatici: do ut facias.
Can. 1545*.
Loci Ordinarii est normas praescribere de dotis quantitate infra quam pia
fundatio admitti nequeat et de eius fructibus rite distribuendis.
Can. 1546*.
§1. Ut huiusmodi fundationes a persona morali acceptari possint, requiritur
consensus Ordinarii loci, in scriptis datus, qui eum ne praebeat, antequam
legitime compererit personam moralem tum novo oneri suscipiendo, tum antiquis
iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant
oneribus adiunctis secundum cuiusque dioecesis morem. §2. In acceptatione,
constitutione et administratione fundationis patronus ecclesiae nullum ius
habet.
Can. 1547*.
Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto, ab
eodem Ordinario designando, deponantur ad eum finem ut eadem pecunia vel
bonorum mobilium pretium custodiantur et quamprimum caute et utiliter secundum
prudens eiusdem Ordinarii arbitrium, auditis et iis quorum interest et
dioecesano administrationis Consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis
cum expressa et individua mentione oneris.
Can. 1548*.
§1. Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. §2. Alterum
tabularum exemplar in Curiae archivo, alterum in archivo personae moralis, ad
quam fundatio spectat, tuto asservetur.
Can. 1549*.
§1. Servatis praescriptis can. 1514- 1517 et can. 1525, in qualibet ecclesia
onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur quae apud
rectorem in loco tuto conservetur. §2. Pariter praeter librum de quo in can.
843, §1, alter liber retineatur et apud rectorem servetur, in quo singula onera
perpetua et temporaria eorumque implementum et eleemosynae adnotentur, ut de
iis omnibus exacta ratio Ordinario loci reddatur.
Can. 1550*.
Si agatur de piis fundationibus in ecclesiis, etiam paroecialibus, religiosorum
exemptorum, iura et officia Ordinarii loci, de quibus in can. 1545-1549,
exclusive competunt Superiori maiori.
Can. 1551*.
§1. Reductio onerum quae pias fundationes gravant, uni Sedi Apostolicae
reservatur, nisi in tabulis fundationis aliud expresse caveatur, et salvo
praescripto can. 1517, §2. §2. Indultum reducendi Missas fundatas non
protenditur nec ad alias Missas ex contractu debitas nec ad alia opera piae
fundationis. §3. Indultum vero generale reducendi onera piarum fundationum ita
intelligendum est, nisi aliud constet, ut indultarius potius alia onera, quam
Missas reducat.”
[viii] “Can. 1513*. §1. Qui ex iure naturae et
ecclesiastico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive
per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. §2. In
ultimis voluntatibus in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit,
sollemnitates iuris civilis; hae si omissae fuerint, heredes moneantur ut
testatoris voluntatem adimpleant.
Can. 1514*.
Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium,
sive per actum inter vivos, sive per actum mortis causa, diligentissime
impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, salvo
praescripto can. 1515, §3.
Can. 1515*.
§1. Ordinarii omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos
exsecutores sunt. §2. Hoc ex iure Ordinarii vigilare possunt, ac debent, etiam
per visitationem, ut piae voluntates impleantur, et alii exsecutores delegati
debent, perfuncti munere, illis reddere rationem. §3. Clausulae huic
Ordinariorum iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tanquam non
appositae habeantur.
Can. 1516*.
§1. Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos,
sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium
certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona seu mobilia seu immobilia cum
oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit,
fiduciam ne acceptet. §2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto
collocentur et vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1515.
§3. Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, si quidem bona sint attributa
loci seu dioecesis ecclesiis, incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius de
quo in §§1, 2, est loci Ordinarius; secus, est Ordinarius eiusdem religiosi
proprius.
Can. 1517*.
§1. Ultimarum voluntatum reductio, moderatio, commutatio, quae fieri ex iusta
tantum et necessaria causa debent, Sedi Apostolicae reservantur, nisi fundator
hanc potestatem etiam Ordinario loci expresse concesserit. §2. Si tamen
exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla
administratorum culpa, impossibilis evaserit, tunc Ordinarius quoque, auditis
iis quorum interest, et servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris
voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione
quae semper Sedi Apostolicae unice competit.”
“En general, bajo la denominación de «pías voluntades» se entiende cualquier disposición de los bienes para causas pías. A su vez, se denominan «causas pías» todas aquellas que se ordenan a un fin religioso o caritativo, como son las iglesias, comunidades religiosas, cofradías, hospitales, etc. Por derecho natural no puede disponer de sus bienes el que carece del uso de razón, y por derecho eclesiástico, los novicios y los profesos de votos simples (cf. cc. 568* y 583*). La Iglesia desea que al disponer las últimas voluntades en favor de la misma se observen, a ser posible, las solemnidades prescritas por el derecho civil (c. 1513* § 2), así para inculcar el debido acatamiento a la autoridad legítima como también para evitar dificultades que de otra suerte pueden presentarse al ir a ejecutar semejantes disposiciones; pero como su omisión no afecta a la validez de las mismas, añade el c. la segunda parte, a fin de que los herederos cumplan la voluntad del testador. Por lo demás, conforme declaró la Comisión Intérprete el 17 de febrero de 1930, hay verdadera obligación de amonestar a los herederos (AAS 22 1930 196). Esa obligación ha de ser cumplida por el confesor, el párroco o el Ordinario en forma conveniente”.[ix] “Can. 1489*. §1. Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui. §2. Loci Ordinarius haec instituta ne approbet, nisi finis fundationis utilis reapse sit, et talis constituta fuerit dos, quae, omnibus perpensis, sufficiat vel sufficiens fore prudenter praevideatur ad illum assequendum. §3. Horum institutorum administrare bona sui cuiusque rectoris est, secundum normas tabulae fundationis; hic vero iisdem obligationibus tenetur, iisdemque iuribus fruitur, quibus administratores aliorum bonorum ecclesiasticorum.
Can. 1490*.
§1. In tabulis fundationis pius fundator accurate describat totam instituti
constitutionem, finem, dotationem, administrationem et regimen, usum redituum
et successionem in bona, casu exstinctionis ipsius instituti. §2. Huiusmodi
tabulae duplici exemplari conficiendae sunt, quorum alterum in archivo
instituti, alterum in archivo Curiae reponatur.
Can. 1491*.
§1. Loci Ordinarius omnia huiusmodi instituta, etiam in personam moralem erecta
et quovis modo exempta, visitare potest et debet. §2. Imo licet in personam
moralem non sint erecta et domui religiosae concredita, si quidem agatur de
domo religiosa iuris dioecesani, iurisdictioni Ordinarii loci penitus
subduntur; si de domo religiosa iuris pontificii, episcopali vigilantiae
subsunt quod spectat ad religionis magisteria, honestatem morum, exercitationes
pietatis, sacrorum administrationem.
Can. 1492*.
§1. Etiamsi fundatione, praescriptione aut privilegio apostolico pium
institutum a iurisdictione et visitatione Ordinarii loci exemptum fuerit, ius
tamen Ordinario est redditionem rationum exigendi, reprobata contraria
consuetudine. §2. Si fundator velit administratores non teneri rationem
Ordinario loci reddere, fundatio ne acceptetur.
Can. 1493*.
Ordinarius loci advigilet ut piae fidelium voluntates, in horum institutorum
fundatione expressae, plene serventur. Codex Iuris Canonici 1917
www.internetsv.info 351 Can. 1494. Sine venia Sedis Apostolicae haec instituta
supprimi, uniri, vel in usus a fundatione alienos converti nequeunt, nisi in
tabulis fundationis aliud caveatur.”
[x] NdE. En el Código Civil Colombiano se
recoge la siguiente norma aún vigente en relación con las “obras pías”:
“Artículo 1420. Contribución del Legatario al Pago de Legitimas o Deudas. Los legatarios que deban contribuir al pago de las legítimas o de las deudas hereditarias, lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros. No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos a quienes el testador hubiere expresamente exonerado de hacerlo. Pero si agotadas las contribuciones de los demás legatarios, quedare incompleta una legítima o insoluta una deuda, serán obligados al pago aun los legatarios exonerados por el testador. Los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador, sin necesidad de disposición expresa, y entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados; pero los legados estrictamente alimenticios, a que el testador es obligado por ley, no entrarán a contribución sino después de todos los otros.” (Consulta del 12 de mayo de 2020 en: https://www.leyex.info/leyes/Codigocivil.htm).
[xi]
Los actos procedentes de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad,
cuyo objeto directo es Dios. Santo Tomás de Aquino trata acerca de ellas en la Summa
Theologiae IIa IIae. Se ha de observar que primero él trató de los actos
que expresan cada virtud, y luego, de los vicios que se oponen a cada una de
estas virtudes, concluyendo con los preceptos que atañen a cada virtud. El
elenco que he encontrado sobre las mismas en internet es el siguiente (cf.
consulta del 12 de mayo de 2020, en: https://hjg.com.ar/sumat/c/index.html#):
• Fe
o
1. Objeto de la fe (10 a.)
o
2. Sobre el acto interior de la fe (10 a.)
o
3. Del acto externo de la fe (2 a.)
o
4. La virtud de la fe en sí misma (8 a.)
o
5. Los que tienen fe (4 a.)
o
6. La causa de la fe (2 a.)
o
7. Los efectos de la fe (2 a.)
o
8. El don de entendimiento (8 a.)
o
9. El don de ciencia (4 a.)
§ 10. La infidelidad en general (12 a.)
§ 11. La herejía (4 a.)
§ 12. La apostasía (2 a.)
§ 13. De la blasfemia en general (4 a.)
§ 14. De la blasfemia contra el Espíritu Santo (4 a.)
§ 15. Ceguera de la mente y embotamiento del sentido (3 a.)
· • Esperanza
o
17. La esperanza (8 a.)
o
18. Sujeto de la esperanza (4 a.)
o
19. El don de temor (12 a.)
§ 20. La desesperación (4 a.)
§ 21. La presunción (4 a.)
o
22. Preceptos que atañen a la esperanza y al temor (2 a.)
· • Caridad
o
23. La caridad en sí misma (8 a.)
o
24. La caridad en relación con el sujeto (12 a.)
o
25. Objeto de la caridad (12 a.)
o
26. El orden de la caridad (13 a.)
o
27. El amor, acto principal de la caridad (8 a.)
o
28. El gozo (4 a.)
o
29. La paz (4 a.)
o
30. La misericordia (4 a.)
o
31. La beneficencia (4 a.)
o
32. La limosna (10 a.)
o
33. La corrección fraterna (8 a.)
§ 34. El odio (6 a.)
§ 35. La acidia (4 a.)
§ 36. La envidia (4 a.)
§ 37. La discordia (2 a.)
§ 38. La porfía (2 a.)
§ 39. Sobre el cisma (4 a.)
§ 40. La guerra (4 a.)
§ 41. La riña (2 a.)
§ 42. La sedición (2 a.)
§ 43. El escándalo (8 a.)
o
44. Los preceptos de la caridad (8 a.)
o
45. El don de sabiduría (6 a.)
§ 46. La necedad (3 a.)
[xii]
NdE. En el Código Civil Colombiano, cf. el Libro Tercero de la
Sucesión por Causa de Muerte, y de las Donaciones entre Vivos, arts. 1008-1036,
en: https://encolombia.com/derecho/codigos/civil-colombiano/codcivillibro3-t1/
Se mencionan allí estas especies o
figuras:
ARTICULO 1008. <SUCESIÓN A TITULO
UNIVERSAL O SINGULAR>
ARTICULO 1009. <SUCESIÓN
TESTAMENTARIA O INTESTADA>
ARTICULO 1010. <ASIGNACIONES POR
CAUSA DE MUERTE>.
ARTICULO 1011. <HERENCIAS Y
LEGADOS>
[xiii] Observemos cómo en Colombia se hacen
las siguientes distinciones de tres términos bastante similares:
Fiducia
mercantil
|
El
artículo 1226 del Código de Comercio dice: “La fiducia mercantil es un
negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o
fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra,
llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o
de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.
Una
persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.
Solo los
establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de
fiduciarios.”
|
Encargo
fiduciario
|
No hay
norma legal, pero la doctrina establece que la diferencia que existe entre el
concepto anterior y el presente es esta:
Sobre el particular,
el numeral 2.2 del Capítulo I del Título V de la Circular Básica Jurídica
de esta Superintendencia señala que “(…) se entiende por negocios
fiduciarios tanto los contratos de fiducia mercantil donde hay transferencia
de la propiedad, como los encargos fiduciarios donde existe la mera
entrega de los bienes, éstos últimos también instrumentados con apoyo en
las normas relativas al mandato”.
En este orden
de ideas, en virtud de un contrato de encargo fiduciario no hay transferencia
de la propiedad y no se constituye un patrimonio autónomo […] La fiduciaria no puede en ningún caso vender el bien encargado por cuanto su dominio no le ha sido transferido” (Consulta
del 13 de mayo de 2020 en: https://www.gerencie.com/diferencia-entre-fiducia-mercantil-y-encargo-fiduciario.html)
|
Fideicomiso
|
El
testador confía su patrimonio, o parte del mismo, a la buena fe de una
persona, a fin de que ésta (natural o jurídica, muchas veces un banco) lo
transmita a un tercero o la invierta de acuerdo con sus instrucciones
|
La única
diferencia entre la fiducia mercantil y el encargo fiduciario, es, pues,
que en la primer puede existir la transferencia de dominio del bien y en la
segunda no. Y, en el caso del fideicomiso, se trata de la decisión de quien
hace testamento para que se ejecute después de su fallecimiento, mientras en
los otros casos, la persona viva establece tales disposiciones para el momento
presente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario