El Estado
de la Ciudad del Vaticano [1]
Fotografía del Gobernatorado, de los Jardines, del Edificio (Palacio) Apostólico y otras edificaciones.
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vatikanische_Gaerten_Museen_Rom.jpg
El
Estado de la Ciudad del Vaticano
Apostilla
NdE
Iván
Federico Mejía Álvarez
Contenido
I. La legislación internacional sobre
el Estado de la Ciudad del Vaticano. 1
a. La existencia del Estado de la
Ciudad del Vaticano. 1
b. El texto del Tratado de Letrán (Tratado Lateranense) es el siguiente:
II. La legislación interna del Estado
de la Ciudad del Vaticano. 20
a. La Ley fundamental de la Ciudad del
Vaticano. 20
b. Perfiles
institucionales revisados (Leyes orgánicas) del Estado de la Ciudad del
Vaticano. 37
1. Ley sobre las fuentes del derecho. 37
2. Ley sobre el Gobierno del Estado. 39
3. Ley sobre el ordenamiento judicial 40
c. Comentario
sobre los Órganos que ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en
el Estado de la Ciudad del Vaticano. 43
1. Algunos
Institutos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia
de administración y vigilancia económica y financiera. 45
2. La personalidad peculiar de los Organismos de la
Ciudad del Vaticano. 47
3. La importancia cultural de los edificios y obras de arte vinculados con la
Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. 47
d. Legislación
relacionada con materias organizativas económicas y financieras y asociadas con
los bienes culturales: 49
e. Legislación
preventiva, iniciativas y acciones en la lucha contra actividades ilegales en
el campo financiero y monetario. 49
f. Legislación sancionatoria y
procesal administrativa. 50
g. Legislación penal 51
1. Código Penal y Código de
Procedimiento Penal 51
2. Legislación sobre menores y
personas vulnerables. 53
3. Legislación penal relacionada con materias económicas
y financieras. 54
4. Legislación penal relacionada con
materias administrativas. 54
III. Tipo
peculiar de “leyes” son los “estatutos” (cf. c. 94), 54
a.. En materia administrativa laboral y
de las pensiones. 54
1.. Estatuto Definitivo de la Oficina
del Trabajo de la Sede Apostólica. 54
2.. Fondo Pensioni 54
b.. En materia administrativa económica. 54
3.. El estatuto del Consejo para la
Economía (Francisco 2015); 54
4. El estatuto de la Secretaría para
la Economía (Francisco 2015); 54
5.. El estatuto de la Oficina del
Revisor Fiscal (Francisco 2015); 54
c.. En materia del funcionamiento de
las comunicaciones. 54
6.. El estatuto de la Secretaría para
la Comunicación (Francisco 2015). 54
IV.. La cuestión de los bienes
“extraterritoriales” de la Santa Sede. 55
V..Actualizaciones varias. 60
1.
Jueces y abogados ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano: la
garantía de un proceso serio. 60
2. La
personalidad peculiar de los Organismos de la Ciudad del Vaticano. 62
3. El
Instituto para las Obras de Religión (IOR) 62
4.. Fondazione
“Rete Mondiale di Preghiera del Papa”. 64
VI. Otras
providencias y jurisprudencia de autoridades del Estado de la Ciudad del
Vaticano diferentes al Santo Padre. 64
a..Del Presidente del Gobernatorado. 64
b..Del
Tribunal del Estado. 64
VII.El Estado de la Ciudad del Vaticano
forma parte de las siguientes organizaciones internacionales
intergubernamentales. 64
VIII. Cuestiones
relacionadas con la Administración de los bienes de la Santa Sede y la Ciudad
del Estado del Vaticano. 65
1°)
Informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA)
correspondiente al 24 de julio de 2021: 65
2°)
Informe del Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede (agosto
de 2022) 66
IX.Sanidad católica. 66
Apéndice. Discursos
del S. P. con motivo de la Apertura de los Años Judiciales del Tribunal del
Estado de la Ciudad del Vaticano
Apéndice
1. "Apertura
del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
12.03.2022
Apéndice
2. Apertura
del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
25.02.2023
Bibliografía. 75
Sólo se encuentra en el CIC83 una mención
del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el c. 354 (cf. https://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/08/l_24.html),
cuando se refiere a los Cardenales, que señala:
“Can. 354 — Patres Cardinales
dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis
Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint,
rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus
perpensis, providebit”: “A los Padres Cardenales que están al frente de
dicasterios u otros institutos permanentes de la Curia Romana y de la Ciudad
del Vaticano se les ruega que, al cumplir setenta y cinco años de edad,
presenten la renuncia de su oficio al Romano Pontífice, el cual proveerá,
teniendo en cuenta todas las circunstancias”.
Reelaboro el material previo con las actualizaciones ordenadas por el S. P. Francisco en 2023.
I.
La legislación internacional sobre el
Estado de la Ciudad del Vaticano
Textos constitucionales
relacionados con la identidad, soberanía e independencia del Estado Ciudad del
Vaticano:
a.
La existencia del Estado de la
Ciudad del Vaticano
Además del término latino canon-canones
(procedente, a su vez, del griego κάνον) (cf. c. 3: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2016/08/l_25.html)
la Santa Sede emplea en su legislación el concepto de “ley” en su sentido
estricto (lex-leges= en griego Νόμος- Νόμοι), pero, esta vez, para
regular todo aquello que, principalmente, hace referencia al Estado
de la Ciudad de Vaticano y a su
funcionamiento. Ha de tenerse en cuenta que tales textos suelen ser promulgados
por el Papa mediante una “carta apostólica” (“lettera apostolica”) bajo
la forma de motu proprio (m. p.).
La historia del actual Estado de la
Ciudad del Vaticano se debe remontar a la existencia de los denominados Estados
Pontificios (nacidos, según estiman algunos autores, en el año 756 con la
Donación de Pipino, rey carolingio, y subsistentes hasta 1870, con su anexión a
Italia por parte del rey Víctor Manuel II), de los que el actual Estado
es, al menos en cuanto a su extensión territorial, una especie de reliquia. Sobre
su historia y sus vicisitudes
nos hemos referido más en detalle al tratar de los bienes eclesiásticos (cf.
nt. final i, en: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/libro-v-de-los-bienes-temporales-de-la.html).
Pero, sin lugar a duda, lo que le asigna su valía es la condición “moral” (cf. caso
único en el CIC83: c. 113 § 1: https://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/09/l.html)
del sujeto que allí tiene su “sede”, lo cual es mucho más importante y
significativo, en especial para los cristianos católicos, que otras
consideraciones. Esta “persona moral”, que no física ni jurídica, posee en
efecto un origen divino y es centro de la unidad en la fe del pueblo cristiano
(cf. Lc 22,32). A lo anterior se le pueden agregar otras valoraciones,
p. ej., desde el punto de vista del arte, de la arquitectura y de la cultura
general, pero, ante todo, debido al reconocimiento que ella tiene en el derecho
de los Estados y de los tratados internacionales, a causa de su exclusiva impronta
“religiosa” y de su innegable “peso moral”.
En efecto, durante la Edad Moderna
– para no ir más atrás en el tiempo –, se llevó a cabo el denominado “Congreso
de Viena”. Este fue convocado por el Imperio Austríaco y fue realizado en la
ciudad que le dio su nombre entre el 18 de septiembre de 1814 y el 9 de junio
de 1815. Tuvo como fin restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de
Napoleón Bonaparte y adecuarlas a las corrientes ideológicas que en sus países
estaban predominando (Congreso de Viena (1814-1815),
2023).
Además de los Plenipotenciarios de los Estados (“Potencias”) firmantes del “Tratado
de París del 30 de mayo de 1814” acudieron allí de otros Estados antiguamente
aliados de Francia y de otros más pequeños y/o más débiles en ese momento – los
Estados Pontificios entre ellos –, pero fueron excluidos otros, entre los
cuales Francia, el perdedor, y España, profundamente debilitada tanto en lo
interno como en lo externo. Ello, no obstante, no fue óbice para que se tomaran
determinaciones relacionadas con tales Estados “ausentes”. En sus 121 artículos
más cuatro anexos, e invocando el “nombre de la Santísima e Individua Trinidad”,
las Potencias firmantes, junto con las mencionadas determinaciones principales,
convinieron también otras tales como el “Reglamento de categorías entre los
agentes diplomáticos”, el cual establece en su art. 1º, a propósito de la Santa
Sede, que, “los empleados diplomáticos se dividen en tres clases: La de
embajadores, legados o nuncios (…)”, los cuales, exclusivamente, “tienen
carácter representativo” (art. 2).
En cuanto a las disposiciones
acordadas en relación con la “Santa Sede” – así denominada y reconocida como
Estado para todos los efectos – y sus territorios (cf. arts. 93, 95 y, ante
todo, 103) se le reconoce su independencia (inclusive preservada y dotada de
cuerpos militares) y se le reintegran, al menos en su mayoría, territorios que
con el tiempo y gracias a la fuerza le habían sido despojados, volviendo a los
límites que tenían en 1776:
“Artículo
103. Las Marcas con Camerino y sus dependencias, como también el ducado de
Benevento y el principado de Ponte-Corvo se restituyen a la Santa Sede. La
Santa Sede entrará nuevamente en posesión de las Legaciones de Ravena, Bolonia
y Ferrara, a excepción de la parte del Ferrarense situada a orilla izquierda
del Po. Su Majestad imperial y real apostólica y sus sucesores tendrán derecho
de guarnición en las plazas de Ferrara y de Comacchio. Los habitantes de los
países que entran de nuevo en el dominio de la Santa Sede en virtud de las
estipulaciones del congreso gozarán de los efectos del artículo 16 del tratado
de París de 30 de mayo de 1814. Quedan subsistentes todas las adquisiciones
hechas por particulares a consecuencia de un título reconocido legal por las
leyes vigentes en la actualidad, y se fijarán por un convenio particular entre
las cortes de Roma y Viena los medios oportunos a la seguridad de la deuda
pública y pago de pensiones”.
El “mapa” así establecido, con sus
equilibrios de poder, y la vigencia de estos acuerdos se mantuvieron
prácticamente inalterados hasta finales de la Primera Guerra Mundial, si bien,
ante el surgimiento de nuevos movimientos (“revolucionarios”) desde mediados
del siglo XIX, no sin el uso de la fuerza por parte de los gobernantes de
varios de los Estados firmantes o adherentes.
En lo que toca a los Estados
Pontificios, sin embargo, la situación fue diferente, gracias a los sucesos que
comenzaron hacia 1848 y que culminaron con los mencionados de 1870.
Garibaldi, Cavour y Víctor Manuel II, sus líderes, fueron empleando primero la
acción militar y luego el llamado al pueblo para anexionar a la República cada
territorio que iban conquistando. Por esas mismas épocas, el Papa Pío IX convocó
en 1868 un Concilio ecuménico que se reuniera en el Vaticano por para tratar
diversos asuntos doctrinales y de disciplina. Lo inauguró el 8 de diciembre de
1869. Pero la situación política se complicó. A la caída de Napoleón III en
1870 el respaldo militar que concedía a los Estados Pontificios se perdió y las
tropas italianas pudieron llegar a Roma y a los territorios circunvecinos. El
Concilio debió suspenderse (“por tiempo indefinido”) precipitadamente el 20 de
octubre de ese mismo año con sólo dos constituciones aprobadas. El Papa Pío IX,
por su parte, no aceptó la rendición que inicialmente se le proponía y le
resultó imposible contrarrestar con sus pocos soldados las divisiones
italianas. En efecto, el rey Víctor Manuel II “después de varios golpes de cañón, abrió una brecha en las Murallas Aurelianas, a pocos metros de Porta Pía”, se tomó el palacio del Quirinal,
lo estableció como residencia real y ordenó el consabido plebiscito. El Papa
Pío IX rechazó la antijurídica anexión así como la “ley de garantías papales”
del año siguiente, pero nada más pudo oponer a ese abuso y a sus consiguientes
fanáticos desarrollos: se declaró “prisionero” en el Vaticano, como de igual
manera hicieron los Pontífices sucesores suyos. El Papa León XIII, en especial,
fundándose en las enseñanzas del reciente Concilio (cf. DS 3059-3064) dedicó
momentos importantes de su correspondencia oficial con su Secretario de Estado
y con algunos Episcopados a exponer y clarificar las razones y las motivaciones
que exigían una condición y consideración peculiar de la Santa Sede en el
contexto de las relaciones internacionales, de igual categoría, obligaciones y
derechos que las que convenían a cualquier otro Estado.
El camino del reencuentro entre el Estado Italiano y la Santa Sede fue
paulatino y estuvo lleno de altos y bajos. Sin embargo, desde las épocas de los
Papas León XIII y Pío X, se fue preparando el terreno para que el Papa
Benedicto XV en su (Enclíclica
Ad Beatissimi Apostolorum con motivo de su elección pontificia), en plena Primera
Guerra Mundial, escribiera:
“Y ahora, Venerables Hermanos, al final de esta carta, Nuestro corazón vuelve espontáneamente adonde queríamos empezar. Es la palabra de paz que vuelve a Nuestros labios; por eso, con fervientes e insistentes deseos invocamos una vez más, por el bien de la sociedad y de la Iglesia, el fin de la actual guerra tan desastrosa. Por el bien de la sociedad, para que, una vez obtenida la paz, progrese verdaderamente en todas las ramas del progreso; por el bien de la Iglesia de Jesucristo, para que, no detenida por más impedimentos, continúe hasta los lugares más remotos de la tierra para llevar consuelo y salud a los hombres. Desgraciadamente durante mucho tiempo la Iglesia no ha disfrutado de la libertad que necesita; esto es, desde que su jefe, el Sumo Pontífice, empezó a faltar aquella guarnición que, por disposición de la divina Providencia, había obtenido a lo largo de los siglos para proteger su libertad. La falta de esta protección ha venido a causar, por lo demás inevitablemente, una no pequeña perturbación entre los católicos: en efecto, todos los que profesan ser hijos del Romano Pontífice, tanto de cerca como de lejos, tienen derecho a que se le asegure a su Padre común que el ejercicio del ministerio apostólico esté verdaderamente libre de todo poder humano, y aparezca absolutamente libre.”[4]
S. S. Pío XI
Así, en 1919
comenzaron las conversaciones orientadas a la creación de un Estado Vaticano.
Pero fue el Papa Pío XI quien dio el impulso definitivo a tales tratativas,
como lo anunció en su (Encíclica Ubi arcano Dei consilio De pace Christi in
Regno Christi quaerenda). Así lo afirmó:
“Hacemos pues nuestras, Venerables Hermanos, las palabras
que Benedicto XV, de f. m., pronunció en su última alocución celebrada en el
Consistorio de 21 de noviembre del año anterior, sobre los acuerdos solicitados
y ofrecidos por los distintos Estados: «Nunca permitiremos que se insinúe en
estos Concordatos nada contrario a la dignidad y libertad de la Iglesia, ya que
importa mucho a la prosperidad misma del consorcio civil, especialmente en
nuestros días, que estas libertades y dignidad permanezcan seguras e
intactas".
A este respecto, sobra decir con cuánto dolor vemos a
Italia, nuestra patria más querida, el país en el que la mano de Dios, que rige
el curso de la historia, colocó y fijó la sede de su Vicario en la tierra, en
esta Roma, que de la capital del maravilloso pero aún limitado Imperio Romano,
fue hecha por Él la capital del mundo entero, porque es la sede de una
soberanía divina que, sobrepasando toda frontera de Naciones y Estados, todos
los hombres y abrazos todos los pueblos. Sin embargo, exigen el origen y la
naturaleza divina de esta soberanía, el derecho inviolable de la conciencia de
millones de fieles en todo el mundo exige que esta misma sagrada soberanía sea
y aparezca manifiestamente independiente y libre de cualquier autoridad o ley
humana, incluso de una ley que anuncie garantías.
La garantía de libertad con que la divina Providencia,
gobernadora y árbitro de los acontecimientos humanos, sin daño, más aún con
beneficios inestimables para la misma Italia, había presidido la soberanía del
Vicario de Cristo en la tierra; aquella garantía que durante tantos siglos
había correspondido convenientemente al designio divino de proteger la libertad
del mismo Pontífice, y en cuyo lugar ni la divina Providencia ha indicado hasta
ahora, ni el consejo de los hombres ha encontrado hasta ahora otro medio
semejante, que compense convenientemente por ello, esa garantía fue y sigue
siendo violada; de ahí que se haya producido un estado de cosas anormal, con
perturbación grave y permanente de la conciencia de los católicos en Italia y
en todo el mundo.
Nosotros, pues, herederos y custodios del pensamiento y
deberes de nuestros venerables antecesores, investidos como ellos de la única
autoridad competente en la materia más grave y responsables ante Dios, protestamos,
como protestaron ellos, contra tal estado de cosas, en defensa de los derechos
y de la dignidad de la Sede Apostólica, no por vana y terrenal ambición, de la
que nos avergonzaríamos, sino por pura deuda de conciencia, pensando en tener
que morir y en la muy severa cuenta que tendremos que dar a los juez divino.
Después de todo, Italia no tiene ni tendrá nada que temer de la Santa Sede: el Papa, quienquiera que sea, siempre repetirá: «Tengo pensamientos de paz, no de aflicción” [Ier., XXIX, 11]: pensamientos de paz verdadera, y por lo tanto él mismo no separados de la justicia, para que se pueda decir: la justicia y la paz se han besado” [Ps., LXXXIV, 11]. A Dios le toca invocar esta hora y hacerla sonar; los sabios de buena voluntad no dejen que juegue en vano: será una de las horas más solemnes y fecundas para la restauración del Reino de Cristo y para la paz de Italia y del mundo”.[5]
Los interlocutores eran a la sazón el renuente Víctor Manuel III de Saboya, rey de Italia, y el Papa Ratti, quienes designaron como Plenipotenciarios, de una parte, a Morone – por poco tiempo –, y, a su muerte, a Benito Amilcare Andrea Mussolini, Presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia quien asumió personalmente y por el resto del tiempo ese oficio de su máximo interés, y, de la otra, al Secretario de Estado Cardenal Pietro Gasparri, respectivamente. Los diálogos y tratativas – nada fáciles, varias veces interrumpidas – duraron desde 1924 hasta 1929. Ese año, el 11 de febrero, se firmó el Tratado de Letrán que, además de ser un pacto de reconocimiento de la soberanía e independencia del nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano que se creaba (“condición de hecho y de derecho”), estableció un Concordato y un Convenio económico entre la Santa Sede y la República de Italia. Fue ratificado por la Santa Sede y por el Reino de Italia el 7 de junio del mismo año. Aunque el Papa elogió el gesto de Mussolini, éste sólo se reconcilió con el Papa en 1932 (aunque, como anotan sus biógrafos, su anticlericalismo e incredulidad se mostraron hasta 1938, año a partir del cual lo siguió haciendo, si bien ya no en público).
a.
b. El texto del Tratado de Letrán (Tratado Lateranense) es el siguiente:
|
Traducción castellana
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Texto original italiano
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|
Tratado
entre la Santa Sede e Italia
En
nombre de la Santísima Trinidad
Premisa:
Que
la Santa Sede e Italia han reconocido la conveniencia de eliminar todo motivo
de discordia existente entre ellos tras haber llegado a un acuerdo definitivo
en sus mutuas relaciones, conforme a la justicia y a la dignidad de las dos
Altas Partes y que, asegurando a la Santa Sede una condición estable de hecho
y de derecho, que garantice una absoluta independencia para el cumplimiento
de su Alta misión en el mundo, consienta a la misma Santa Sede reconocer
resuelta, en modo definitivo e irrevocable, la “cuestión romana”, surgida en
1870 con la anexión de Roma al Reino de Italia, bajo la dinastía de la Casa
de Saboya; Que
debiéndose garantizar, para asegurar a la Santa Sede la absoluta y visible
independencia, una soberanía indiscutible incluso en el campo internacional,
se ha reconocido la necesidad de constituir la Ciudad del Vaticano con una
modalidad particular, reconociendo a la Santa Sede la plena propiedad y
exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana en ella;
Su
Santidad el Sumo Pontífice Pio XI y Su Majestad Victorio Emanuel III Rey de
Italia, han acordado estipular un Tratado, nombrando a tal efecto dos
plenipotenciarios, por parte de Su Santidad, Su Eminencia Rev.ma el Cardenal
Pietro Gasparri, su Secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, Su
Excelencia el Caballero Benito Mussolini, Primer Ministro y Jefe del
Gobierno;
los
cuales, tras haberse intercambiado los respectivos plenos poderes y
encontrándolos en buena y debida forma, han convenido los siguientes
artículos:
Artículo
1 Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del
Estatuto del Reino del 4 marzo 1848, por el cual, la religión católica,
apostólica y romana es reconocida como la única religión del Estado.
Artículo
2 Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional
como atributo inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las
exigencias de su misión en el mundo.
Artículo
3 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, y la exclusiva y
absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre el Vaticano, según está
constituido actualmente, con todas sus pertenencias y dotaciones, creándose a
tal efecto la Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las
modalidades que dicta el presente Tratado. Los confines de dicha Ciudad están
indicados en el plano del anexo 1 al presente Tratado, el cual forma parte
integrante del mismo. Queda entendido, por tanto, que la plaza de San Pedro, aun
formando parte de la Ciudad del Vaticano, continuará a abrirse normalmente al
público, y estará sujeta a la vigilancia policial de las autoridades
italianas, limitándose hasta los pies de la escalinata de la Basílica, aunque
ésta continue a destinarse al culto público, y se abstendrán, por lo tanto,
de subir y acceder a dicha Basílica, salvo cuando sean invitados a intervenir
por la autoridad competente. Cuando la Santa Sede, en vista de funciones
particulares, creyese sustraer temporalmente la plaza de San Pedro al libre
tránsito del público, las autoridades italianas, a no ser que sean invitadas
a quedarse por la autoridad competente, se retirarán detrás de la demarcación
externa de la columnata de Bernini y su prolongación.
Artículo
4 La soberanía y jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la Santa Sede
sobre la Ciudad del Vaticano, supone que en la misma no haya alguna
injerencia por parte del Gobierno italiano y que no haya otra autoridad que
no sea la de la Santa Sede.
Artículo
5 Para la ejecución de cuanto establecido en el precedente artículo, antes de
la entrada en vigor del presente Tratado, el Gobierno italiano cuidará que el
territorio constituyente de la Ciudad del Vaticano sea liberado de cualquier
vínculo o eventuales ocupantes. La Santa Sede proveerá al cierre de los
accesos, recintando las partes abiertas, con excepción de la plaza de San
Pedro. Se conviene que, por lo que se refiere a los inmuebles pertenecientes
a institutos o entes religiosos en ella existentes, la Santa Sede proveerá
directamente a regular sus relaciones con ellos y el Estado italiano se
desinteresará.
Artículo
6 Italia proveerá, por medio de negociaciones con las entidades interesadas,
a que la Ciudad del Vaticano tenga asegurada la adecuada dotación de agua en
propiedad. Proveerá, además, a la comunicación con la red de ferrocarriles
del Estado por medio de la construcción de una estación ferroviaria en la
Ciudad del Vaticano, en la localidad indicada en el plano adjunto (anexo I) y
mediante la circulación de vehículos del Vaticano por la red de ferrocarriles
italianos. Proveerá, asímismo, a la conexión de los servicios telegráficos,
telefónicos, radiotelegráficos, radiotelefónicos y postales en la Ciudad del
Vaticano, también de forma directa con otros Estados. Por último, proveerá a
la coordinación de los demás servicios públicos. El Estado italiano proveerá
al coste y a la ejecución de todo cuanto mencionado arriba dentro de un año,
a partir de la entrada en vigor del presente Tratado. Serán a cargo de la
Santa Sede la reestructuración de las puertas de acceso al Vaticano ya
existentes y de otras que en el futuro creerá oportuno abrir. Se realizarán
acuerdos entre la Santa Sede y el Estado italiano para la circulación, en
territorio italiano, de vehículos terrestres y aéreos de la Ciudad del
Vaticano.
Artículo
7 En el territorio circundante a la Ciudad del Vaticano, el Gobierno italiano
se compromete a no permitir nuevas construcciones que puedan constituir
observatorios, y a proveer, por la misma razón, a la demolición parcial de
las ya existentes desde Porta Cavalleggeri, a lo largo de la via Aurelia y el
viale Vaticano. Conforme a las normas del derecho internacional, está
prohibida la navegación aérea de cualquier tipo sobre el territorio del
Vaticano. En la plaza Rusticucci y en las zonas adyacentes a la columnata,
donde no se extiende la extraterritorialidad del artículo 15, cualquier
cambio de construcción o de carretera que pueda interesar a la Ciudad del
Vaticano, se hará de común acuerdo.
Artículo
8 Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice,
declara punitivo cualquier atentado que se cometa contra ella y la
provocación a cometerlo, con las mismas penas establecidas para el atentado y
la provocación a cometerlo contra la persona del Rey. Las ofensas e injurias
públicas cometidas en territorio italiano contra la persona del Sumo
Pontífice mediante discursos, hechos o escritos, serán punidas como ofensas e
injurias contra la persona del Rey.
Artículo
9 Conforme a las normas del derecho internacional, están sujetas a la
soberanía de la Santa Sede todas las personas que tienen residencia estable
en la Ciudad del Vaticano. Tal residencia no se pierde por el simple hecho de
una morada temporánea en el exterior, no acompañada de la pérdida del
alojamiento en la misma Ciudad, o por otras circunstancias que demuestren el
abandono de dicha residencia. Al cesar la sujección a la soberanía de la
Santa Sede, las personas mencionadas en el párrafo precedente, según los
términos de la ley italiana, indipendientemente de las circunstancias
previstas de hecho, que no estén ya en posesión de otra nacionalidad, serán
consideradas en Italia como ciudadanos italianos. A dichas personas, mientras
estén sujetas a la soberanía de la Santa Sede, serán aplicables en el
territorio del Reino de Italia, incluso en las materias en que se debe
observar la ley personal (cuando no sean reguladas por normas emanadas de la
Santa Sede), las de la legislación italiana, y en caso de personas
consideradas de otra nacionalidad, las del Estado al que pertenezca.
Artículo
10 Los dignatarios de la Iglesia y las personas pertenecientes a la Corte
Pontificia, que serán indicadas en un elenco acordado entre las Altas Partes
contrayentes, aunque no fueran ciudadanos del Vaticano, estarán siempre y, en
todo caso, respecto a Italia, exentas del servicio militar, del tribunal y de
toda prestación de carácter personal. Esta disposición es aplicable también a
los funcionarios contratados declarados por la Santa Sede indispensables, a
los empleados con contrato fijo en las oficinas de la Santa Sede, Dicasterios
y otras oficinas indicadas en los artículos 13, 14, 15 y 16, existentes fuera
de la Ciudad del Vaticano. Tales funcionarios serán detallados en otro
elenco, que será acordado como se ha indicado antes y que será actualizado
anualmente por la Santa Sede. Los eclesiásticos que, por motivos de trabajo,
participen fuera de la Ciudad del Vaticano en la emanación de los actos de la
Santa Sede, no están sujetos por ello a impedimentos, investigaciones o
molestias por parte de las autoridades italianas. Toda persona extranjera con
un encargo eclesiástico en Roma goza de las garantías personales competentes
a los ciudadanos italianos en virtud de las leyes del Reino.
Artículo
11 Los entes centrales de la Iglesia Católica están exentos de toda
injerencia por parte del Estado italiano (salvo las disposiciones de las
leyes italianas concernientes a las compras de los cuerpos morales), como de
la conversión de lo correspondiente a bienes inmuebles.
Artículo
12 Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación activo y pasivo
según las reglas generales del derecho internacional. Los enviados de los
Gobiernos exteriores ante la Santa Sede continuarán a gozar en el Reino de
todas las prerogativas e inmunidades que tocan a los agentes diplomáticos
según el derecho internacional, y sus sedes podrán permanecer en el
territorio italiano gozando de las inmunidades a ellos debidas según el
derecho internacional, aunque sus estados no tengan relaciones diplomáticas
con Italia. Queda entendido que Italia se obliga a dejar siempre libre, en
cualquier caso, la correspondencia de todos los Estados, incluso los
beligerantes, a la Santa Sede, y viceversa, como el libre acceso de los
obispos de todo el mundo a la Sede Apostólica. Las Altas Partes contrayentes
se obligan a establecer entre ellas relaciones diplomáticas mediante
acreditación de un embajador italiano ante la Santa Sede y de un Nuncio
Pontificio ante Italia, que será el Decano del Cuerpo Diplomático, según los
términos del derecho consuetudinario reconocido por el Congreso de Viena con
acta del 9 de junio de 1815. A causa de la reconocida soberanía y sin
prejuicio de cuanto dispuesto en el artículo 19 sucesivo, los diplomáticos de
la Santa Sede y los correos enviados en nombre del Sumo Pontífice gozan en el
territorio italiano, incluso en tiempo de guerra, del mismo tratamiento que
gozan los diplomáticos y correos de gabinete de los demás gobiernos
extranjeros, según las normas del derecho internacional.
Artículo
13 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad de las Basílicas
patriarcales de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y de San Pablo,
con los edificios conexos (anexo II, 1, 2 y 3). El Estado traslada a la Santa
Sede la libre gestión y administración de dicha Basílica de San Pablo y del
anexo Monasterio, destinando igualmente a favor de ella los capitales
asignados anualmente en el balance del Ministerio de la Instrucción Pública
para dicha Basílica. Igualmente se entiende que la Santa Sede es libre
propietaria del edificio dependiente de San Calisto, en Santa María del
Trastevere (anexo II, 9).
Artículo
14 Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad del palacio pontificio
de Castelgandolfo con todas las dotaciones, bienes y dependencias (anexo II,
4) como ahora se encuentran en posesión de la misma Santa Sede, y además
obligándose a ceder igualmente para su plena propiedad, la Villa Barberini en
Castelgandolfo con todas las dotaciones, bienes y dependencias (anexo II, 5),
efectuándose la consigna dentro de seis meses a partir de la entrada en vigor
del presente Tratado. Para integrar la propiedad de los inmuebles situados en
el lado norte de la colina Janiculense pertenecientes a la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide y a los otros institutos eclesiásticos que se
orientan hacia los palacios vaticanos, el Estado se compromete a trasladar a
la Santa Sede, o a los entes indicados por ella, los inmuebles de propiedad
del Estado o de terceros existentes en dicha zona. Los inmuebles
pertenecientes a dicha Congregación y a otros institutos y los que se han de
trasladar están indicados en el Plano adjunto (anexo II, 12). Italia
traslada, finalmente, a la Santa Sede en plena y libre propiedad, los
edificios exconventuales en Roma anexos a la Basílica de los Santos Doce
Apóstoles y a las iglesias de San Andrea de la Valle y de San Carlo ai
Catinari, con todos los anexos y dependencias (anexo III, 3, 4 y 5), que se
habrán de entregar libres de ocupantes dentro del año a partir de la entrada
en vigor del presente Tratado.
Artículo
15 Los inmuebles indicados en el artículo 13 y en los párrafos primero y
segundo del artículo 14, como además los palacios de la Dataria, Cancellería,
de Propaganda Fide en Plaza de España, el palacio del Santo Oficio y
adyacentes, el de Convertendi (actual Congregación para la Iglesia Oriental)
en plaza Scossacavalli, el palacio del Vicariato (anexo II, 6, 7, 8, 10 y
11), y los otros edificios en los que en el futuro la Santa Sede pondrá sus
demás Dicasterios, aunque formen parte del territorio del Estado italiano,
gozarán de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a las
sedes de los agentes diplomáticos de los Estados extranjeros. Las mismas
inmunidades se aplican también con respecto a las otras iglesias, incluso
fuera de Roma, durante el tiempo en que, cerradas al público, se celebren en
ellas funciones con participación del Sumo Pontífice.
Artículo
16 Los inmuebles indicados en los tres artículos precedentes, además de los
relativos a las sedes de los siguientes institutos pontificios: Universidad
Gregoriana, Instituto Bíblico, Oriental, Arqueológico, Seminario Ruso,
Colegio Lombardo, los dos palacios de San Apolinar y la Casa de Ejercicios
para el Clero de los Santos Juan y Pablo (anexo III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8),
no estarán nunca sujetos a vínculos o expropiaciones por causa de utilidad
pública, sino bajo previo acuerdo con la Santa Sede, y estarán exentos de
tributos ordinarios y extraordinarios tanto hacia el Estado como hacia
cualquier otra entidad. Es competencia de la Santa Sede otorgar a los
susodichos inmuebles, indicados en el presente artículo y en los tres
artículos precedentes, las disposiciones oportunas, sin necesidad de
autorizaciones o consentimientos por parte de las autoridades gobernativas,
provinciales o municipales italianas, las cuales a su vez pueden confiar con
seguridad en las nobles tradiciones artísticas que siempre han caracterizado
a la Iglesia Católica.
Artículo
17 Las retribuciones, de cualquier naturaleza, debidas por la Santa Sede, las
demás entidades centrales de la Iglesia Católica y por las entidades
gestionadas directamente por ella, incluso fuera de Roma, a dignidades,
empleados y asalariados, incluso no estables, estarán exentas de cualquier
tributo en el territorio italiano tanto hacia el Estado como hacia cualquier
otra entidad, a partir del 1 de enero de 1929.
Artículo
18 Los tesoros artísticos y científicos existentes en la Ciudad del Vaticano
o en el Palacio Lateranense serán accesibles a los estudiosos y visitantes,
aunque quede reservada a la Santa Sede la plena libertad para regular el
acceso del público.
Artículo
19 Los diplomáticos y enviados de la Santa Sede, los diplomáticos y enviados
de los Gobiernos extranjeros antes la Santa Sede y los dignatarios de la
Iglesia procedentes del extranjero con destino a la Ciudad del Vaticano,
provistos de pasaportes de los estados de proveniencia, visados por los
representantes pontificios en el extranjero, podrán sin ninguna otra
formalidad, acceder a la misma a través del territorio italiano. Dígase lo
mismo para dichas personas que, provistas de pasaporte pontificio regular,
vayan al extranjero desde la Ciudad del Vaticano.
Artículo
20 Las mercancías procedentes del extranjero destinadas a la Ciudad del
Vaticano, o fuera de ella, a instituciones u oficinas de la Santa Sede, serán
autorizadas al tránsito por el territorio italiano desde cualquier punto del
confín italiano y desde cualquier puerto del Reino, con plena exención de
derechos aduaneros y aranceles.
Artículo
21 Todos los cardenales gozan en Italia de los honores debidos a los
príncipes de sangre: los residentes en Roma, incluso fuera de la Ciudad del
Vaticano, son a todos los efectos, ciudadanos vaticanos. Durante la vacante
de la Sede Pontificia, Italia procura de modo especial que no sea impedido el
libre tránsito y acceso de los cardenales a través del territorio italiano al
Vaticano, y que no se ponga obstáculo o limitación a su libertad personal.
Italia cuida además, que en su territorio alrededor de la Ciudad del Vaticano
no sean cometidos actos que, en cualquier modo, puedan turbar la celebración
del cónclave. Dichas normas valen también para los obispos llamados a
participar en cónclaves que se tengan fuera de la Ciudad del Vaticano o para
los concilios presididos por el Sumo Pontífice o sus delegados.
Artículo
22 A petición de la Santa Sede y por delegación que podrá dar en casos
singulares o en modo permanente, Italia proveerá en su territorio a la
punición de los delitos que fueran cometidos en la Ciudad del Vaticano, salvo
cuando el autor del delito se haya refugiado en territorio italiano, en cuyo
caso se procederá contra él según las leyes italianas. La Santa Sede
consignará al Estado italiano las personas a quienes se hubieran imputado
actos cometidos en territorio italiano que sean considerados delictivos por
las leyes de ambos estados y que se hubieran refugiado en la Ciudad del
Vaticano. De forma análoga se proveerá con las personas a quienes se hubieran
imputado delitos, y que se hubieran refugiado en los inmuebles declarados
inmunes por el artículo 15, a no ser que los encargados de dichos inmuebles
prefieran pedir a los agentes italianos que entren en ellos para el arresto.
Artículo
23 Para la ejecución en el Reino de las sentencias emanadas por los
Tribunales de la Ciudad del Vaticano se aplicarán las normas del derecho
internacional. Sin embargo, tendrán plena eficacia jurídica en Italia,
incluso a todos los efectos civiles, las sentencias y disposiciones emanadas
por las autoridades eclesiásticas sobre personas eclesiásticas o religiosas,
concernientes materias espirituales o disciplinares, y comunicadas
oficialmente a las autoridades civiles.
Artículo
24 La Santa Sede, respecto a la soberanía que le compete incluso en el campo
internacional, declara querer permanecer ajena a competiciones temporales
entre los demás estados y congresos internacionales organizados con tal fin,
a no ser que las partes contendientes apelen concordes a su misión de paz,
reservándose en todo caso hacer valer su potestad moral y espiritual. En
consecuencia, la Ciudad del Vaticano será considerada siempre y en todo caso,
territorio neutral e inviolable.
Artículo
25 Mediante una especial convención suscrita a la vez que el presente
Tratado, del cual forma parte integrante constituyendo el anexo IV, se provee
a la liquidación de los créditos que la Santa Sede tiene con Italia.
Artículo
26 La Santa Sede estima que con los acuerdos que se suscriben hoy, tiene
asegurado adecuadamente todo cuanto necesita para proceder con la debida
libertad e independencia al gobierno pastoral de la Diócesis de Roma y de la
Iglesia Católica en Italia y en el mundo; declara definitiva e
irrevocablemente resuelta y eliminada la “cuestión romana” y reconoce el
Reino de Italia bajo la dinastía de la Casa de Saboya con Roma como capital
del Estado italiano. A su vez, Italia reconoce el Estado de la Ciudad del
Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice. Queda derogada la ley del 13
mayo 1871, número 214, y cualquier otra disposición contraria al presente
Tratado.
Artículo
27 El presente Tratado será sometido a la ratificación del Sumo Pontífice y
del Rey de Italia en el plazo de cuatro meses a partir de la firma, y entrará
en vigor en el mismo momento del intercambio de ratificaciones.
Roma, 11 de
febrero de 1929,
L. + S. Pietro,
Card. GASPARRI.
L.+ S. BENITO MUSSOLINI.
|
TRATTATO FRA LA
SANTA SEDE E L'ITALIA
IN NOME DELLA
SANTISSIMA TRINITÀ
Premesso:
Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di
eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una
sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia
ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in
modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca
l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo,
consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed
irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma
al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo
internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari
modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede
la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III
Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale
effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato,
e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo;
i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e
dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:
ART. 1 L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato
nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione
cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
ART. 2 L'Italia riconosce la
sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente
alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua
missione nel mondo.
ART. 3 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la
esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è
attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi
per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di
cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta
che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma parte
integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo
parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al
pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si
arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui
ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed
accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire
dall'autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari
funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al
libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero
invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle
linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
ART. 4 La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l’Italia riconosce
alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non
possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi
sia altra autorità che quella della Santa Sede.
ART. 5 Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente,
prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente
la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso liberò
da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a
chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San
Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi
esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà
direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi,
disinteressandosene lo Stato italiano.
ART. 6 L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti
interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione
di acque in proprietà. Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le
ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria
nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata Pianta
(Alleg. I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle
ferrovie italiane. Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche
cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano. Provvederà infine anche
al coordinamento degli altri servizi pubblici. A tutto quanto sopra si
provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata
in vigore del presente Trattato. La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla
sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in
seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo
Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli
terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.
ART. 7 Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano
si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto,
ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già
esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.
In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli
aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si
estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento
edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di
comune accordo.
ART. 8 L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo
Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a
commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a
commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche
commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con
discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie
alla persona del Re.
ART. 9 In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette
alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza
nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto
di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita
dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti
l'abbandono di detta residenza. Cessando di essere soggette alla sovranità
della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini
della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra
previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in
Italia considerate senz'altro cittadini italiani. Alle persone stesse, mentre
sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel
territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere
osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate
dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona
che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa
appartiene.
ART. 10 I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte
Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte
Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno
sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare dalla
giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si
applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede
indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della
Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli
articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali
funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è
detto e che ' annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede. Gli ecclesiastici
che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano
all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di
essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità
italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma
gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle
leggi del Regno.
ART. 11 Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni
ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione
nei riguardi dei beni immobili.
ART. 12 L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo
e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati
dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di
tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici
secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a
rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma
del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti
diplomatici con l'Italia. Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare
sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi
i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei
Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. Le Alte Parti contraenti si
impegnano a stabilire tra loro normali rapporti diplomatici, mediante
accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un
Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo
Diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal
Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della
riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel
successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in
nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di
guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di
gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto
internazionale.
ART. 13 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle
Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e
di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3). Lo Stato
trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta
Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa
Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. Resta del pari
inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S.
Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9).
ART. 14 L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze
(Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede
medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà,
effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni,
attinenze e dipendenze (Alleg, II, 5). Per integrare la proprietà degli immobili
siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e
prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s'impegna a trasferire alla
Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di
proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili
appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da
trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Alleg. II, 12). L'Italia,
infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici
exconventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle
chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli
annessi e dipendenze (Alleg. IlI, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da
occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
ART. 15 Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo
dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di
Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed
adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale)
in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e
11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di
sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato
italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale
alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si
applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante
il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico,
celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.
ART. 16 Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli
adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana,
Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio
Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il
Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno
mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità,
se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia
ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro
ente. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili,
indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che
creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità
governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare
sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa
Cattolica.
ART. 17 Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede,
dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti
direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e
salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a
decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato
quanto verso ogni altro ente.
ART. 18 I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e
nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori,
pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del
pubblico.
ART. 19 I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli
inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa
provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di
passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici
all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso
il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali
munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del
Vaticano all'estero.
ART. 20 Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del
Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede,
saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in
qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena
esenzione dai diritti doganali e daziari.
ART. 21 Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi
del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano,
sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della
Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato
il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano
al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà
personale dei medesimi. Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio
all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque
possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i
Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i
Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei
Vescovi chiamati a parteciparvi.
ART. 22 A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere
data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia
provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero
commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia
rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro
contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo
Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano,
imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti
delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per
le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili
dichiarati immuni nell'art, 15, a meno che i preposti ai detti immobili
preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.
ART. 23 Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali
della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto
internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a
tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da
autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili,
circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o
disciplinari.
ART. 24 La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche
nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea
alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi
internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti
facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni
caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò
la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio
neutrale ed inviolabile.
ART. 25 Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente
Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte
integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso
l'Italia.
ART. 26 La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi
sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per
provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della
Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara
definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione
romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con
Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo
Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. È
abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione
contraria al presente Trattato.
ART. 27 Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà
sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in
vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove,
L. + S. PIETRO CARD. GASPARRI
L. + S. BENITO MUSSOLINI
|
De
esta manera, leemos:
“El Estado de la Ciudad
del Vaticano fue constituido por el Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el
Estado italiano, el 11 de febrero de 1929. Dicho acuerdo estableció la
personalidad del Vaticano como Ente soberano de derecho público internacional,
con el fin de asegurar a la Santa Sede, en su condición de suprema institución
de la Iglesia Católica, ‘la absoluta y visible independencia, y garantizarle
una soberanía indiscutible también en el campo internacional’, según se declara
en el preámbulo del Tratado” (Santa Sede 1929).
Dicho Estado Vaticano
nació para "hacer visible la libertad y la independencia de la Santa
Sede" (cf. art. 26 del Tratado), entendida ésta como la
"oficina" (ufficio) del Papa, por medio de la cual "se le
garantiza de modo conveniente y adecuado la actuación radicalmente (sic)
autónoma de la jurisdicción sobre toda la Iglesia" en los términos del c.
331 del CIC y, en lo que corresponde al SCV, "la plena autoridad y la
exclusiva y absoluta soberanía". "En consecuencia, una institución
así se caracteriza, de manera emblemática, como Estado confesional católico,
insertándose, con sus particularidades, en el ámbito conformado de modo tan
diverso por los ordenamientos jurídicos que han pretendido definirse,
ideológicamente, como entidades de tendencia.
En un contexto así la
relación entre el ámbito temporal de las cosas mortales y el ámbito espiritual
de las cosas inmortales se constituye de modo dualista en clave materialmente
yuxtapuesta, aunque funcionalmente integrada, al servicio del hombre, de conformidad
con aquel eje original del cristianismo, que – radicado en la Sagrada Escritura
(cf. Mt 22,15-22; Mc 12,13-17; Lc 20,20-26)
y más allá de equivocaciones aún graves – se ha consolidado en el tiempo en las
relaciones entre la Iglesia y el Estado" (Dalla Torre, 2016).
N. B.
A propósito del XC Aniversario del
Tratado de Letrán, se celebró en Roma una Mesa redonda: "Los pactos
lateranenses". Puede verse la información correspondiente en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/08/let.html
II.
La legislación interna del Estado
de la Ciudad del Vaticano
Textos legales que fijan
la fisonomía constitutiva al Estado del Estado Ciudad del Vaticano:
S. P. Francisco
a.
La Ley fundamental de la Ciudad del
Vaticano
La primera “Ley fundamental de la Ciudad del Vaticano”
fue establecida por el Romano Pontífice Pío XI el 7 de junio de 1929, n. I.
Ésta, sin embargo, fue actualizada en el año 2000 mediante una nueva Ley
Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano promulgada por el Papa
san (Juan Pablo II). A su turno, el S. P. Francisco hizo lo
propio en el año 2023. El texto del texto nuevo es el
siguiente:
|
MOTU PROPRIO
DI SUA SANTITÀ
GIOVANNI PAOLO II (26 novembre 2000)
|
Texto
original italiano
|
Traducción no oficial del editor
|
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LA (NUOVA) LEGGE FONDAMENTALE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
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Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (2023)
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Ley fundamental del Estado de la Ciudad del
Vaticano
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IOANNES PAULUS PP. II
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Francesco
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Francisco
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Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri
sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il
Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa
Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche
nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge
Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni.
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Llamado a ejercitar por razón del munus
petrino poderes soberanos incluso sobre el Estado de la Ciudad del
Vaticano, que el Tratado de Letrán ha puesto como instrumento para asegurar a
la Santa Sede la independencia absoluta y visible y para garantizarle la
soberanía inclusive en el campo internacional,
He considerado
necesario emanar una nueva Ley Fundamental para responder a las necesidades
de nuestros días.
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Predisposta e formulata per dare costitutiva fisionomia allo Stato, ai
suoi poteri e all’esercizio delle derivanti funzioni, questa Legge – che
succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – assume e completa
gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali
resi operativi nello Stato anzitutto, con la riforma della Legge sulle fonti
del diritto, della Legge sul Governo dello Stato e della Legge
sull'ordinamento giudiziario.
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Preparada y formulada para dar una fisonomía
constitutiva al Estado, a sus poderes y al ejercicio de las funciones
correspondientes, esta Ley – que sucede a la de 1929 y sustituye a la del
2000 – asume y completa las actualizaciones normativas emanadas hasta el
momento y los perfiles institucionales revisados y que se encuentran
operativos en el Estado, ante todo con la reforma de la Ley sobre las
fuentes del derecho, de la Ley sobre el Gobierno del Estado y de la Ley sobre
el ordenamiento judicial.
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A queste disposizioni è affidato il compito di rendere operative quelle
situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti da questa Sede
Apostolica anche per lo Stato, con le rinnovate esigenze che tale aspetto
specifico richiede.
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A estas disposiciones se confía la tarea de
hacer operativas aquellas situaciones que derivan de los compromisos
internacionales asumidos por esta Sede Apostólica también en nombre del
Estado, con las exigencias renovadas que requiere dicho aspecto específico.
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La presente Legge, fondamento e riferimento di ogni altra normativa e
regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia
dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della Curia
Romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte
normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire
agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, quella necessaria
autonomia richiesta dalle funzioni statali. A questo compito è preposto il
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che con la propria
struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è
al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde.
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La presente Ley, fundamento y punto de
referencia de cualquier otra normativa y regulación en el Estado, confirma la
peculiaridad singular y la autonomía del ordenamiento jurídico vaticano que,
diverso del de la Curia Romana, se caracteriza por reconocer al Derecho
canónico como fuente normativa primera e insustituible criterio
interpretativo. Se quiere garantizar de esta manera a los actos y a las
actividades que son propios del Estado aquella autonomía necesaria que
requieren las funciones estatales. Para esta finalidad está establecido el
Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano, que, con su propia
estructura organizativa, concurre a la misión propia del Estado y está al
servicio del Sucesor de Pedro, ante quien responde directamente.
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Agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità
e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio
per lo Stato, questo strumento conferisce l’esercizio di ogni potere
conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli
immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede
e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità
personali e funzionali.
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A los Órganos de gobierno y a cuantos, con
diversas funciones de responsabilidad y animados por un verdadero espíritu
eclesial, desempeñan establemente su servicio al Estado, este instrumento les
confiere el ejercicio de todo poder consiguiente sobre el territorio, definido
por el Tratado de Letrán, y en los inmuebles y en las áreas donde operan
instituciones del Estado o de la Santa Sede, y se encuentran vigentes para
ellos, de acuerdo con el derecho internacional, las garantías e inmunidades
personales y funcionales.
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Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza,
stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge Fondamentale
dello Stato:
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En consecuencia, con la plenitud de la
autoridad soberana y ciencia cierta, establezco y ordeno cuanto se dice a
continuación, y que ha de observarse como Ley Fundamental del Estado:
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Titolo I
Disposizioni Generali
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Título I
Disposiciones Generales
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Art. 1
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha
la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
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Articolo 1
Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la
pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo,
esecutivo e giudiziario.
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Artículo 1
El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene
la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende el poder legislativo,
ejecutivo y judicial.
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2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al
Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni
legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata
della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice
successivamente eletto a norma della legge canonica.
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Articolo 2
Lo Stato della Città del Vaticano assicura l’assoluta e visibile
indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della Sua alta missione nel
mondo e ne garantisce l’indiscutibile sovranità anche nel campo
internazionale.
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Artículo 2
El Estado de la Ciudad del Vaticano asegura la absoluta y visible
independencia de la Santa Sede para el cumplimiento de Su alta misión en el
mundo y le garantiza la indiscutible soberanía también en el campo
internacional.
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Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle
altre Istituzioni della Santa Sede.
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El Estado y su ordenamiento son diferentes de la Curia Romana y de las
otras Instituciones de la Santa Sede.
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Le funzioni proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e
alle altre disposizioni normative.
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Las funciones propias del ordenamiento estatal son ejercidas por el
Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano de conformidad con las
leyes y con las demás disposiciones normativas.
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Articolo 3
Durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la
continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri.
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Artículo 3
Durante el período de la Sede Vacante el Colegio de Cardenales asegura la
continuidad de las funciones del Estado y ejerce sus competencias.
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Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso
di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza,
salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice.
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El Colegio, sin embargo, puede emanar disposiciones legislativas sólo en
caso de necesidad y urgencia y con eficacia limitada a la duración de la
vacancia, salvo que ellas sean posteriormente confirmadas por el Sumo
Pontífice.
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Articolo 4
Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio
come stabilito dal Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929.
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Artículo 4
El Estado ejerce la soberanía y todo poder consiguiente sobre el
territorio como está establecido por el Tratado de Letrán del 11 de febrero
de 1929.
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I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che
sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano
istituzioni dello Stato o della Santa Sede, in cui vigono le garanzie e le
immunità previste dal diritto internazionale.
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Sus órganos ejercen igualmente los poderes que les son atribuidos más
allá del territorio del Estado, en los inmuebles y en las áreas en las que
operan instituciones del Estado o de la Santa Sede, en los cuales tienen
vigencia las garantías e inmunidades previstas por el derecho internacional.
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Articolo 5
Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti,
ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente
il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede.
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Artículo 5
Hacen parte de la comunidad del Estado los ciudadanos, los residentes y
cuantos, a diverso título y con diversas funciones y responsabilidades,
desempeñan establemente su servicio, con espíritu eclesial, al Estado y a la
Santa Sede.
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Art. 2
La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli
altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per
la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita
per mezzo della Segreteria di Stato.
Art. 6
Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la
Segreteria di Stato.
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Articolo 6
La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con
gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni
diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Sommo
Pontefice che le esercita mediante la Segreteria di Stato.
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Artículo 6
La representación del Estado de la Ciudad del Vaticano en sus relaciones
con los Estados y con otros sujetos de derecho internacional, en las
relaciones diplomáticas y para la conclusión de tratados, está reservada al
Sumo Pontífice quien la ejercita mediante la Secretaría de Estado.
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Art. 8
1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della
Commissione rappresenta lo Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per
l’ordinaria attività amministrativa.
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Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del
Governatorato.
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En los demás casos la representación es ejercida por el Presidente del
Gobernatorado.
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Il Governatorato partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la
Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato.
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El Gobernatorado participa en las Instituciones internacionales de las
cuales la Santa Sede es miembro en nombre y a cuenta del Estado.
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Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene
rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per
assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi
pubblici, avendo a riferimento l’art. 6 del Trattato lateranense.
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El Gobernatorado, atento a la condición de enclave del Estado, mantiene
relaciones y, con organismos y entes extranjeros, suscribe actos necesarios
para asegurar los aprovisionamientos, los enlaces, las dotaciones y los
servicios públicos, teniendo como referencia el art. 6 del Tratado de Letrán.
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Titolo II
Funzione Legislativa
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Título II
Función Legislativa
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Art. 3
(3.)1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione
composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio.
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Articolo 7
La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato
della Città del Vaticano.
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Artículo 7
La función legislativa, salvo los casos que el Sumo Pontífice desee
reservar para Sí mismo, es ejercida por la Pontificia Comisión para el Estado
de la Ciudad del Vaticano.
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Articolo 8
La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente,
e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
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Artículo 8
La Pontificia Comisión está compuesta por Cardenales, entre ellos el
Presidente, y por otros miembros, designados por el Sumo Pontífice para un
quinquenio.
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(3)2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione
è presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
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In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia
Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore
anzianità di nomina e poi di età.
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En caso de ausencia o de impedimento del Presidente, la Pontificia
Comisión es presidida por el primero de los Cardenales Miembros con mayor
antigüedad de nombramiento y luego de edad.
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Art. 4
(4)1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge
sulle fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate ed il
proprio Regolamento.
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Articolo 9
La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in
conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
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Artículo 9
La Pontificia Comisión ejerce los poderes que le son atribuidos de
conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas.
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(3)3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal
Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed
il Vice Segretario Generale.
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Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal
Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il
Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati
componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o
altri esperti.
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Las reuniones de la Pontificia Comisión son convocadas y presididas por
el Presidente. Participan, con funciones consultivas, el Secretario General y
el Vicesecretario General del Gobernatorado. Pueden ser consultados
componentes de organismos del Estado, de Instituciones de la Curia Romana u
otros expertos.
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La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il
proprio funzionamento.
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La Pontificia Comisión reglamenta, con su proprio reglamento, su proprio
funcionamiento.
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(4)2. Per l’elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale
della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché
degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne
interessati.
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Articolo 10
La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni
normative. Per l’elaborazione dei relativi progetti, si avvale della
collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell’Ufficio Giuridico del
Governatorato o di altri esperti.
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Artículo 10
La Pontificia Comisión aprueba las leyes y las otras disposiciones
normativas. Para la elaboración de los relativos proyectos, se vale de la
colaboración de los Consejeros del Estado, de la Oficina Jurídica del
Gobernatorado o de otros expertos.
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(4)3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite
della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.
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Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia
Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
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Antes de la promulgación, las leyes aprobadas por la Pontificia Comisión
son sometidas a la consideración directa del Sumo Pontífice.
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L’interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla
Pontificia Commissione.
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La interpretación auténtica de las leyes del Estado está reservada a la
Pontificia Comisión.
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(7)3. I1 potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla
Commissione.
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La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che
non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la
legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.
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La Pontificia Comisión emana reglamentos generales en las materias que
están reservadas a la ley o para disciplinar materias para las cuales la ley
remite a reglamentos fijándoles sus principios.
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Art. 7
(7)1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze, in
attuazione di norme legislative e regolamentari.
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Articolo 11
Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti
e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
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Artículo 11
El Presidente de la Pontificia Comisión puede producir ordenanzas,
decretos y otras disposiciones en actuación de normas legislativas o
reglamentarias.
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(7)2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi
forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate
dalla Commissione entro novanta giorni.
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In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi
forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in
legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.
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En casos de urgente necesidad, el Presidente puede emanar decretos con
fuerza de ley los cuales, sin embargo, pierden eficacia si no son convertidos
en ley por la Pontificia Comisión dentro de los noventa días a partir de su
publicación.
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Art. 13
(13)1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza
nell’elaborazione delle Leggi e in altre materie di particolare importanza.
(13)2. I Consiglieri possono essere
consultati sia singolarmente che collegialmente.
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Articolo 12
Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal
Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono,
anche individualmente, funzioni consultive nell’elaborazione delle leggi,
degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
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Artículo 12
El Consejero General y los Consejeros del Estado son nombrados por el
Sumo Pontífice para un quinquenio y constituyen un Colegio. Desempeñan,
incluso individualmente, funciones consultivas en la elaboración de las
leyes, de los demás actos normativos y funciones ejecutivas.
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(13)3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri;
esercita altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato,
secondo le indicazioni del Presidente della Commissione.
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Il Consigliere Generale organizza l’attività e presiede le riunioni del
Collegio dei Consiglieri dello Stato.
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El Consejero General organiza la actividad y preside las reuniones del
Colegio de Consejeros del Estado.
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Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche
su istanza di un’istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un
dubbio di diritto, tale da non richiedere un’interpretazione autentica. Tali
pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.
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Al Colegio puede ser sometida por el Presidente del Gobernatorado, aún a
instancias de una institución de la Santa Sede, la solicitud de un parecer
sobre una duda de derecho, pero que no requiera de una interpretación
auténtica. Tales pareceres pueden asumir la forma de declaraciones o de notas
explicativas.
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Art. 12
I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da
parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite
della Segreteria di Stato.
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Articolo 13
La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità,
delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo
e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone
questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice.
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Artículo 13
La Pontificia Comisión, de conformidad con las reglas de contabilidad,
delibera anualmente, con actos con fuerza de ley, el presupuesto y el balance
final; además considera el plan financiero trienal. Somete estos actos
directamente a la aprobación del Sumo Pontífice.
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Il bilancio assicura l’equilibrio delle entrate e delle uscite e si
ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
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El presupuesto y el balance aseguran el equilibrio entre ingresos y
egresos y se inspiran en los principios de claridad, trasparencia y
exactitud.
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In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti
di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e
tenendo conto della sostenibilità nel tempo.
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En caso de necesidad, el Presidente puede disponer mediante decreto
transferencias de recursos entre los capítulos del presupuesto y del balance,
manteniendo el equilibrio de los saldos y teniendo en cuenta la
sostenibilidad a través del tiempo.
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Articolo 14
Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un
Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia
Commissione, alla quale riferisce.
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Artúculo 14
El balance final está sometido al control y a la verificación contable de
un Colegio, compuesto por tres miembros, nombrados por un trienio por la
Pontificia Comisión, a la cual remite.
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Titolo III
Funzione Esecutiva
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Título III
Función Ejecutiva
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Art. 5
(5)1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione,
in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative
vigenti.
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Articolo 15
Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del
Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e
alle altre disposizioni normative.
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Artículo 15
El Presidente de la Pontificia Comisión es el Presidente del
Gobernatorado y ejerce la función ejecutiva de conformidad con las leyes y
las demás disposiciones normativas.
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Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e
organismi concorrono all’esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che
si esercita negli ambiti previsti dall’art. 4.
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El Presidente hace uso del Gobernatorado, cuyos órganos de gobierno y
organismos contribuyen al ejercicio de la función ejecutiva del Estado, que
se ejerce en los ámbitos previstos por el art. 4.
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(5)3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente
all'esame della Commissione.
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Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a
seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all’esame della Pontificia
Commissione.
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Las cuestiones de mayor importancia son sometidas por el Presidente,
según su importancia, al Sumo Pontífice o al examen de la Pontificia
Comisión.
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(5)2. Nell’esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal
Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
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Articolo 16
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni.
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Artículo 16
El Secretario General ayuda al Presidente en el ejercicio de sus
funciones.
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(9)2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della
Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.
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In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per
quanto riguarda l’emanazione di disposizioni aventi forza di legge e
l’adozione di altri atti normativi.
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En caso de ausencia o de impedimento sustituye al Presidente, excepto en
lo que se refiere a la producción de disposiciones con fuerza de ley y a la
adopción de otros actos normativos.
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Art. 9
(9)1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente
della Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le
direttive del Presidente della Commissione, egli:
a) sovraintende all’applicazione delle
Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni
e delle direttive del Presidente della Commissione;
b) sovraintende all’attività
amministrativa del Governatorato e coordina le funzioni delle varie
Direzioni.
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Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o
regolamenti o per delega del Presidente. Sovraintende all’esecuzione delle
leggi e all’adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive
del Presidente.
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El Secretario General representa al Estado según lo prevén las leyes, los
reglamentos o la delegación del Presidente. Supervisa la ejecución de las
leyes y la adopción de otros actos normativos y lleva a cabo las decisiones y
las directivas del Presidente.
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Art. 10
1. Il Vice Segretario Generale, d’intesa con il Segretario Generale,
sovraintende all’attività di preparazione e redazione degli atti e della
corrispondenza e svolge le altre funzioni a lui attribuite.
2. Egli sostituisce il Segretario
Generale in caso di sua assenza o impedimento.
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Articolo 17
Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario
Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovraintende alla
preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce
il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega
dello stesso.
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Artículo 17
El Vice Secretario General colabora al Presidente y al Secretario
General, desempeña las demás funciones que le sean atribuidas, supervisa la
preparación y la redacción de los actas y de la correspondencia. Sustituye al
Secretario General en caso de ausencia suya o de impedimento o por delegación
de este.
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Articolo 18
È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le
infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l’art. 6 del
Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
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Artículo 18
Es competencia propia y exclusiva del Estado asegurar las dotaciones, las
infraestructuras, los servicios y los suministros, teniendo como referencia
el artículo 6 del Tratado de Letrán, para las necesidades propias y de la
Santa Sede.
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Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed
erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.
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El Gobernatorado provee a su adquisición, distribución y entrega entre
las instituciones del Estado y de la Santa Sede.
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Articolo 19
L’organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla
Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o
dal suo Presidente.
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Artículo 19
La organización y las funciones del Gobernatorado son disciplinadas por
la Ley sobre el Gobierno y por reglamentos adoptados por la Pontificia
Comisión o por su Presidente.
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Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come
compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 4:
a) alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla protezione civile; b) alla
tutela della salute, della sanità, dell’igiene pubblica, dell’ambiente e
dell’ecologia; c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e
doganali; d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all’attività
edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e
manutenzione; e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del
complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni
dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico; f) ad
ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.
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El Gobernatorado, con su propia estructura administrativa, provee, como
tarea propia y exclusiva que ejerce en los ámbitos previstos por el art. 4º:
a) a la seguridad, al orden público y a la protección civil; b) al cuidado de
la salud, de la sanidad, de la higiene pública, del ambiente y de la
ecología; c) a las actividades económicas, a los servicios postales,
filatélicos y aduaneros; d) a toda infraestructura de conectividad en red, a
la actividad constructiva, a los sistemas técnicos, hidráulicos, eléctricos y
a su vigilancia y mantenimiento; e) a la conservación, valorización y uso del
complejo artístico de los Museos Vaticanos, así como a la superintendencia
sobre los bienes de todo el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y
etnográfico; f) a toda otra función prevista por la ley o por otras
disposiciones normativas.
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Art. 14
Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di
Vigilanza, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere
l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
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Articolo 20
Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della
Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere
l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
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Artículo 20
El Presidente del Gobernatorado, además de valerse del Cuerpo de la
Gendarmería, con vistas a la seguridad y la policía, puede requerir la ayuda
de la Guardia Suiza Pontificia.
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Titolo IV
Funzione Giudiziaria
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Título IV
Función Judicial
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Art. 15
1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli
organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
2. La competenza dei singoli organi è
regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono
essere compiuti entro il territorio dello Stato.
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Articolo 21
La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli
organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a
cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
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Artículo 21
La función judicial es ejercida, en nombre del Sumo Pontífice, por los órganos
constituidos de acuerdo con el ordenamiento judicial y por otros órganos a
los que la ley confiere la competencia para materias específicas.
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Art. 17
1. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo seguente, chiunque ritenga
leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può
proporre ricorso gerarchico ovvero adire l’autorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l’azione
giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l’autorizzi nel singolo caso.
Art. 18
1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello
Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della
Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti
dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di
Appello, secondo le norme proprie.
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Art. 16
In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima,
il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una
particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con
esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.
|
Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi
stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una
particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.
|
El Sumo Pontífice, en cualquier causa civil o penal y en cualquier estado
de la misma, puede encargar la instrucción y la decisión a una instancia
particular con exclusión de cualquier otra carga.
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Nell’applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità,
opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra
le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione
della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino
dell’ordine giuridico violato.
|
En la aplicación de la ley, el juez se inspira en el principio de
equidad, actúa por el restablecimiento de la justicia y favorece la
reconciliación entre las partes. En las causas penales, además, el juez
conmina la pena en función de la rehabilitación del culpable, de su
reinserción y del restablecimiento del orden jurídico violado.
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In ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di
difesa e il contraddittorio tra le parti.
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En todo proceso se garantiza la imparcialidad del juez, el derecho de
defensa y el contradictorio judicial entre las partes.
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Art. 19
La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata
al Sommo Pontefice.
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Articolo 22
È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l’amnistia,
l’indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.
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Artículo 22
Se reserva al Sumo Pontífice la facultad de conceder la amnistía, el
indulto, el perdón, la gracia y de conmutar las penas.
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Titolo V
Disposizioni finali
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Título V
Disposiciones finales
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Art. 20
(20)1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da
due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro
bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il
modello, che forma l’allegato A della presente Legge.
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Articolo 23
La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due
campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e
porta in quest’ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che
forma l’allegato A della presente Legge.
|
Artículo 23
La bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano está constituida por dos
campos divididos verticalmente, uno amarillo, pegado al asta, y el otro
blanco, y lleva en este último la tiara con las llaves, todo según el modelo
que se proporciona en el anexo A de la presente Ley.
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(20)2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il
modello che forma l’allegato B della presente Legge.
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Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi secondo il modello che
forma l’allegato B della presente Legge.
|
El escudo está constituido por la tiara con las llaves, de acuerdo con el
modelo que se proporciona en el anexo B de la presente Ley.
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(29)3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi ed
intorno le parole "Stato della Città del Vaticano", secondo il
modello che forma l’allegato C della presente Legge.
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Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno
le parole “Stato della Città del Vaticano” secondo il modello che forma
l’allegato C della presente Legge.
|
El sello del Estado lleva en el centro la tiara con las llaves y
alrededor las palabras “Estado de la Ciudad del Vaticano”, según el modelo
que se proporciona en el anexo C de la presente Ley.
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La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge
fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I.
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Articolo 24
La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano
sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000.
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Artículo 24
La presente Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano
sustituye integralmente a la precedente del 26 de noviembre de 2000.
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Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto
con la presente Legge.
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Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le
consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con
la presente Legge.
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De la misma manera son abrogadas todas las leyes, las disposiciones, los
privilegios y las costumbres, inclusive dignas de especial y singular
mención, que sean contrarias a la presente Ley.
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Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San
Pietro Apostolo.
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Essa entra in vigore il 7 giugno 2023.
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Esta entra en vigor el 7 de junio de 2023.
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Comandiamo che l’originale della presente Legge, munito del sigillo dello
Stato, sia depositato nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del
Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli
Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
|
Comando che l’originale della presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sia depositata nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del
Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano
L’Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta
Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare.
|
Ordeno que el original de la presente Ley, provista del sello del Estado,
sea depositada en el Archivo de las leyes del Estado de la Ciudad del
Vaticano y que el texto correspondiente sea publicado en primer lugar en el
diario L’Osservatore Romano, y luego en el Suplemento de las Acta
Apostolicae Sedis, mandándose a cuantos corresponda respetarla y hacerla
respetar.
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Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre duemila,
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, anno XXIII del
Nostro Pontificato.
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Dal Vaticano, 13 maggio 2023, Festa della Beata Maria Vergine di Fatima,
XI del Nostro Pontificato.
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Desde el Vaticano,
el 13 de mayo de 2023, Fiesta de la Piadosa Virgen María de Fátima, XI de
Nuestro Pontificado.
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IOANNES PAULUS PP. II
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FRANCESCO
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Francisco
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Anexos
de 2000
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ALLEGATI
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Anexo A
Bandera oficial del Estado de la
Ciudad del Vaticano:
Cortina dividida en amarillo y blanco,
con el blanco cargado en el centro con Llaves cruzadas (decusadas) coronadas
por la tiara.
Anexo B
Escudo oficial del Estado de la Ciudad
del Vaticano:
Llaves decusadas coronadas por la
tiara en campo rojo.
Anexo C
Sello oficial del Estado de la Ciudad
del Vaticano:
Redondo: Campo central con las Llaves
decusadas y coronado por la tiara, enmarcado por cuatro círculos
concéntricos, cuyo exterior está adornado de dos en dos, encerrando el
epígrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con el principio y el final en la
parte inferior, separados por una estrella de ocho puntas centrada.
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ALLEGATO A
BANDIERA UFFICIALE DELLO STATO DELLA
CITTÀ DEL VATICANO
Drappo partito di giallo e bianco, col
bianco caricato al centro delle Chiavi incrociate (decussate) sormontate del
Triregno.
ALLEGATO B
STEMMA UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ
DEL VATICANO
Chiavi decussate sormontate del Triregno
in campo rosso.
ALLEGATO C
SIGILLO UFFICIALE DELLO STATO DELLA CITTÀ
DEL VATICANO
Tondo: Campo
centrale con le Chiavi decussate e sormontate del Triregno, corniciato di
quattro giri concentrici, di cui l’esterno perlato, a due a due, racchiudenti
l’epigrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con l’inizio a la fine al basso,
disgiunti da stella centrata a otto punte.
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Apostilla
NdE
"Qui potest capere, capiat" (Mt 19,12d). Observo en el texto revisado y más reciente sobre la materia la delicadeza del S. P. Francisco con la que quiso actuar, trasladándole su genio propio y su programa pastoral pero empleando en él, sin ambages ni esguinces, la tradicional expresión "munus pretrino", expresión técnica, si se quiere, pero cargada de teología, de historia y de derecho, con la que reiteró la razón principal y esencial de esa intervención suya, con la que tácitamente evoca los nunca renunciados derechos de la Santa Sede - en la más pura tradición civilista - pero reafirma, al mismo tiempo, la índole ministerial del territorio vaticano - en la mejor expresión canónica -.
Hecho que también, a mi entender, se refleja en una circunstancia posterior - llamémosla providencial: https://www.youtube.com/watch?v=gQlHlZ-ePE8 - como ha sido su viaje a Marsella, Francia, anunciado el 29 de julio y efectuado los días 22 y 23 de septiembre de 2023. Profundamente respetuoso de la índole que actualmente el pueblo francés ha querido imprimirle a su Constitución y a su propio clima relacional interno y hacia el exterior, incluso en lo que toca a las relaciones entre Iglesia y Estado, quiso el Santo Padre resaltar y enfatizar el "interés" concreto que los anima a él y a la Santa Sede y la preocupación pastoral de su visita, dedicada toda ella a llamar la atención de Europa y de todos los Países del mundo sobre un problema tan grave, complejo y delicado que, aunque a todos atañe, son pocos los que realmente y de manera efectiva, dentro de sus posibilidades y aún más, hacen en favor de los Migrantes, uno de los grupos humanos más necesitados. La atención afable de la diplomacia francesa, por su parte, quedó también de manifiesto durante la recepción, los encuentros protocolares, y la despedida. Puede verse la video grabación de la visita en:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2023/9/22/viaggio-marsiglia.html .
b.
Perfiles institucionales revisados (Leyes
orgánicas) del Estado de la Ciudad del Vaticano
1.
Ley sobre las fuentes del derecho
· La primera provenía de la “Ley sobre las fuentes del
derecho” del 7 de junio de 1929, n. II. Fue revisada por el S. P. Benedicto XVI
el 1º de octubre de 2008 (Ley LXXI). Puede
verse en la referencia un estudio pormenorizado de la norma. Trascribimos el
art. 1 por su importancia, que reitera el S. P. Francisco en la introducción de
su Ley fundamental, y de los otros arts. colocamos sólo el número y el
tema.
“Art. 1
(Fonti principali del diritto)
1. L'ordinamento giuridico vaticano
riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio
di riferimento interpretativo.
2. Sono fonti principali del diritto
la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del
Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità
alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
3. Quanto disposto circa le leggi
riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa
legittimamente emanati.
4. L'ordinamento giuridico vaticano
si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti
da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto
prescritto al n. 1.”
Traducción castellana:
“Art. 1
(Fuentes principales del derecho)
1.
El ordenamiento jurídico vaticano
reconoce en el ordenamiento canónico la primera fuente normativa y el primer
criterio de referencia interpretativo.
2.
Son fuentes principales del derecho
la ley fundamental y las leyes promulgadas para el Estado de la Ciudad del
Vaticano por el Sumo Pontífice, por la Pontificia Comisión o por otras
autoridades a las cuales Él hubiera conferido el ejercicio del poder legislativo.
3.
Cuando es dispuesto acerca de las
leyes se refiere también a los decretos, a los reglamentos y a toda otra
disposición normativa legítimamente determinada.
4.
El ordenamiento jurídico vaticano
se adecúa a las normas de derecho internacional general y a aquellas derivadas
de los tratados y de otros acuerdos en los cuales la Santa Sede hace parte,
salvo cuanto está prescrito en el n. 1”.
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Art. 2
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(Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione) (*)
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Art. 3
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(Recezione della legislazione italiana)
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Art. 4
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(Norme civili)
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Art. 5
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(Norme di procedura civile)
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Art. 6
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(Poteri del giudice in materia civile)
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Art. 7
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(Norme penali)
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Art. 8
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(Norme di procedura penale)
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Art. 9
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(Poteri del giudice in materia penale)
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Art. 10
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(Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio)
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Art. 11
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(Istruzione scolastica)
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Art. 12
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(Norme amministrative)
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Art. 13
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(Abrogazione ed entrata in vigore)
|
(*) Mediante Decreto del S. P. Francisco, del 16 de enero de 2024, el Papa ha determinado que, para evitar equívocos y uniformar el modo de proceder, la fecha de publicación de todas las determinaciones será en adelante aquella del "momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano" ("el momento de su fijación en el Patio de San Dámaso, en la puerta de la Oficina Postal y del Palacio del Gobernatorado y en el sitio institucional del Estado de la Ciudad del Vaticano"). Puede verse el texto en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/17/0053/00114.html
2.
Ley sobre el Gobierno del Estado
· La primera fue expedida en la misma fecha que la de
los dos textos anteriores, pero fue reformada mediante una nueva, del 24 junio
de 1969, Ley n. LI; esta, a su vez, fue actualizada mediante otra Ley por S. S.
(Juan Pablo II 2002). Dejaron de estar vigentes por decisión del S. P.
Francisco que así lo ordenó mediante la Ley CCLXXIV del 25 de noviembre de 2018
aprobada con m. p. y promulgada con su publicación en el diario L’Osservatore
Romano del día 7 de diciembre de 2018,
a fin de que entrara en vigor el día 7 de junio de 2019 (vacatio legis).
El siguiente es el esquema de esta Ley vigente n. CCLXXIV (n°. 274) sobre el Gobierno
del Estado de la Ciudad del Vaticano:
"TITOLO I. Governo dello Stato della Città del Vaticano
CAPO
I. Governatorato
Art. 1. (Il Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano)
CAPO
II. Organi di governo
Art. 2. (Il Cardinale Presidente)
Art. 3. (Il Segretario Generale)
Art. 4. (Il Vice Segretario Generale)
CAPO
III. Segreteria Generale
Art. 5. (La Segreteria Generale)
TITOLO II. Organismi consultivi del Governatorato
Art.
6. (Il Consiglio dei Direttori)
TITOLO III. Organismi operativi del Governatorato
Art. 7. (Le Direzioni)
Art. 8. (Gli Uffici Centrali)
TITOLO IV. Attribuzioni degli Organismi operativi
CAPO
I. Direzioni
Art. 9. (La Direzione delle Infrastrutture e
Servizi)
Art. 10. (La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici)
Art. 11. (La Direzione dell’Economia)
Art. 12. (La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile)
Art. 13. (La Direzione di Sanità e Igiene)
Art. 14. (La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali)
Art. 15. (La Direzione delle Ville Pontificie)
Art. 16. (Le Segreterie di Direzione)
CAPO II. Uffici Centrali
Art. 17. (L’Ufficio Giuridico)
Art. 18. (L’Ufficio del Personale)
TITOLO V. Organismi scientifici
Art. 19. (La Specola Vaticana)
TITOLO VI. Organismi ausiliari
Art. 20. (Commissioni
e Comitati)
TITOLO VII. Funzionamento degli Organismi e Personale
Art.
21. (Comunità di lavoro)
CAPO I. Funzionamento
degli Organismi
Art. 22. (Funzionamento)
Art. 23. (Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi)
CAPO II. Personale degli Organismi
Art. 24. (Direttori)
Art. 25. (Vice Direttori)
Art. 26. (Capi degli Uffici Centrali)
CAPO III. Attività giuridiche ed economico-contabili
Art. 28. (Negozi giuridici e contratti)
Art. 29. (Procedure economico-contabili)
TITOLO VIII. Controversie amministrative
Art. 30. (Impugnazione degli atti amministrativi)
Art. 31. (Ricorso gerarchico)
Art. 32. (Risarcimento del danno)
Art. 33. (Assistenza legale)
TITOLO IX. Norme finali
Art. 34. (Disposizioni transitorie)
Art. 35. (Disposizioni finali e entrata in vigore)"
Un comentario oficial, del Cardenal
Presidente, sobre esta Ley, se encuentra en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/12/06/0908/01978.html
3.
Ley sobre el ordenamiento judicial
a) Carta Apostólica en forma de «motu proprio» del Sumo Pontífice Francisco por la que se reforman la Ley del Poder Judicial, la Ley de Dignidad Profesional y Remuneración de los Jueces Ordinarios de la Corte y del Promotor de Justicia y el Reglamento General de la Caja de Pensiones: 27 de marzo de 2024
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20240327-motu-proprio.html
"LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
recante modifiche alla Legge sull’ordinamento giudiziario,
alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale
e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia
e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni
L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in materia di amministrazione della giustizia ha fatto avvertire l’esigenza di una serie di interventi relativi all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e, da ultimo, alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia. Al fine di integrare e specificare ulteriormente la relativa disciplina, nonché di introdurre modifiche al Regolamento Generale del Fondo Pensioni che, in un’ottica di equità e giustizia, appaiono necessarie al fine di garantire il diritto al trattamento di quiescenza in tutte le sue componenti e comunque denominato, stabilisco quanto segue:
Art.1
L’articolo 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(Cessazione dall’ufficio)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. Al momento della cessazione, i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini, nonché tutti i diritti previsti per i dipendenti in servizio.
Art. 2
L’articolo 11 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Inquadramento retributivo, trattamento di quiescenza, responsabilità civile)
1. L’inquadramento retributivo e il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari è disciplinato dalla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI.
2. Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento determinato dal presidente del tribunale tenendo conto dell’attività effettivamente svolta.
3. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali L’azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa.
4. L’azione di cui al comma precedente può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui l’azione è esperibile.
5. Il Presidente del Governatorato può esercitare, a pena di decadenza entro sei mesi dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Salvi i fatti commessi con dolo, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di un’annualità dello stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.
Art. 3
L’articolo 17 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 17
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 4
L’articolo 22 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 22
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I Cardinali giudici a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono l’ottantesimo anno di età cessano dall’ufficio e, conseguentemente, dalla carica e dal servizio.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio dei Cardinali giudici oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 5
Nell’articolo 5 della Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, il comma unico è sostituito dal seguente:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 6 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio è riconosciuto un trattamento di quiescenza consistente in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico, i quali, in quanto derivanti dalle attività prestate in favore dello Stato della Città del Vaticano, sono dovuti e corrisposti per l’intero ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio indipendentemente da ogni eventuale erogazione di analoga natura, comunque denominata, maturata o percepita all’estero.
Art. 6
Sono abrogati l’art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e tutte le disposizioni, di qualsiasi rango e natura che ad esso rinviano o fanno riferimento.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano ed entri in vigore il giorno successivo, venendo successivamente inserita nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 27 marzo 2024, dodicesimo di Pontificato
FRANCESCO"
b) Carta apostólica en forma de m. p. por medio de la cual se introducen modificaciones a la Normativa penal y al Ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano (12 de abril de 2023)
Mediante cuatro artículos, el S. P. Francisco estableció algunas reformas en textos precedentes con el objetivo de "adecuarlos" a las "exigencias que han surgido en el curso de los últimos años en el sector de la administración de la justicia". El texto comprende 23 modificaciones. Destaco sólo dos de ellas:
- "Art. 4: "Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI:
- All’art. 1, l’unico comma è sostituito dal seguente:
«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia.»."
- "ART. 3: Dopo l’art. 357 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 357 bis. – Quando ritiene che ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale ai sensi dell’art. 26 del codice penale, o che il fatto, nei casi previsti dall’art. 1 della l. 14 dicembre 1984, n. CCXXVII, possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato, nonché per le eventuali condotte riparatorie poste in essere dall’imputato, il promotore di giustizia, se non si oppongono l’imputato o la persona offesa, può presentare al tribunale richiesta di sentenza di non luogo a procedere.
Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, il tribunale pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo e adottando, se del caso, ogni ulteriore provvedimento di legge, anche ai sensi dell’art. 26 del codice penale.
Il tribunale, sentite le parti, pronuncia altresì sentenza inappellabile di proscioglimento se l’azione penale non doveva essere iniziata, non deve essere proseguita o se il reato è estinto, quando per l’accertamento delle suddette condizioni non è necessario procedere al dibattimento.»."
En su idioma original pueden verse estas modificaciones en:
c)
Ley
CCCLI sobre el Ordenamiento Judicial (13 de marzo de 2020)
· El S. P. Francisco, a fin de adecuarse al actual
contexto histórico e institucional que requiere una mayor eficiencia en el
desempeño del sistema judicial del Estado, promulgó el 13 de marzo de 2020 –
dada a conocer el 16 de marzo sucesivo – la Ley CCCLI sobre el
Ordenamiento Judicial que
rige, precisamente, para la Ciudad del Vaticano.
Esta Ley vino a actualizar las
precedentes leyes CXIX del 21 de noviembre de 1987, y LXVII del 24 de junio de
2008 del S. P. Juan Pablo II, sobre todo en lo que toca a la respuesta del
Estado, de acuerdo con las normas canónicas vigentes y ante las nuevas
cuestiones económico-financieras y penales que, en el contexto
internacional y de los convenios suscritos, se suscitan hoy en día.
De acuerdo con la nota de prensa de
la fecha:
"1.- Prevé a garantizar mejor
la independencia de los órganos judiciales y de los magistrados que dependen
únicamente del Sumo Pontífice que los nombra y están sujetos a la ley,
ejerciendo sus funciones con imparcialidad y disponiendo directamente de la
policía judicial.
2.-Exige requisitos específicos
para el nombramiento de los magistrados que se eligen entre profesores
universitarios y, en todo caso, entre juristas de clara reputación, con
experiencia probada, judicial o forense, en materia civil, penal o administrativa.
3.-Prevé una simplificación del
sistema judicial y, al mismo tiempo, un refuerzo del personal del Tribunal, que
se incrementa en una unidad, previendo además un régimen de dedicación
exclusiva y a tiempo completo para al menos uno de los jueces.
4-Cuenta con un jefe autónomo para
la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal.
5.- Prevé una tipificación, hasta
ahora ausente, de las posibles medidas disciplinarias contra los abogados
inscritos en el Colegio".
El
esquema de la Ley es el siguiente:
Preámbulo
Título I.
Disposiciones generales
(artículos
1: El poder judicial; 2: Magistrados; 3: Policía Judicial. Autonomía de los
gastos; 4. Ciudadanía vaticana; 5. Juramento)
Título
II. De los órganos judiciales de primer grado:
· Capítulo I. Del Tribunal (artículos: 6:
Composición y funcionamiento; 7: Funciones del Presidente);
· Capítulo II. Del nombramiento y remuneración de los
Magistrados (arts. 8: Nombramiento; 9: Impedimentos; 10: Cesación del oficio;
11: Remuneración económica).
· Capítulo III. Del oficio del Promotor de Justicia
(art. 12: Composición, funcionamiento y remuneración; 13: Funciones del
Promotor).
Título
III: De la Corte de Apelación
(art. 14:
Composición y funcionamiento; 15: Promotor de Justicia; 16. Impedimento; 17:
Cesación del oficio; 18: Remuneración económica).
Título
IV: De la Corte de Casación
(art. 19:
Composición y funcionamiento; 20: Promotor de Justicia; 21: Impedimiento; 22:
Cesación del oficio; 23: Remuneración económica; 24: Reserva de competencia
-sobre Cardenales y Obispos-).
Título V:
Del personal administrativo
(art. 25:
Composición orgánica y funciones).
Título
VI: De los Abogados
(art. 26:
Requisitos de inscripción en el Registro; 27: Defensa de las administraciones;
28: Medidas disciplinares)
Título
VII: Disposiciones finales
(art. 29:
Año judicial; 30: Abrogación de la Ley CXIX "sull’ordinamento
giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 1987";
31: Entrada en vigencia).
El texto completo de la Ley
CCCLI se puede ver en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
d) M. p. Iurisdizione degli Organi Giudiziari dello
Stato della Città del Vaticano in Materia Penale (11 de Julio de 2013)
· M. p. Iurisdizione degli Organi Giudiziari
dello Stato della Città del Vaticano in Materia Penale del 11 de Julio
de 2013, ley mediante la cual se actualiza el Ordenamiento
judicial de modo que se regule también “la Jurisdicción de los Órganos
Judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal”;
promulgada por el Papa Francisco (Francisco 2013); asimila a todos los
dependientes de la Santa Sede, a efectos penales (incluidos los actos cometidos
por fuera del Estado), con los dependientes del Estado de la Ciudad del
Vaticano (art. 1); y normas y sanciones administrativas, generales y
particulares (véase su desarrollo resolutivo un poco más abajo): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html.
NdE
Además de estas leyes centrales de todo el
ordenamiento vaticano existen otras que dependen de ellas para regular diversas
actividades, a las cuales nos referimos a continuación. El S. P. Juan Pablo II
actualizó en su momento (1993) diversas leyes, las cuales fueron compendiadas
en un “Suplemento a las Leyes y Disposiciones del Estado de
la Ciudad del Vaticano”. Ellas
y las posteriores conservan su vigencia sólo si no son reemplazadas
por otras, y, especialmente, en la medida que las antiguas no contradigan al Tratado,
a la Ley fundamental promulgada por el Papa Francisco (2023), y a las tres Leyes
recién expuestas, a saber, “sobre las fuentes del derecho”, “sobre el Gobierno
del Estado” y “sobre el ordenamiento judicial”.
a.
b.
c.
Comentario sobre los Órganos que
ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado de la Ciudad
del Vaticano
Sobre los Órganos del poder legislativo y ejecutivo del Estado, se
pueden enunciar sus principios de funcionamiento con la siguiente nota:
"Las disposiciones
legislativas pueden ser dictadas por el Sumo Pontífice o, en su nombre, por la
Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, la cual promulga
también los reglamentos generales. Tanto las disposiciones como los reglamentos
se publican en un suplemento especial de las Acta Apostolicae Sedis,
Boletín Oficial de la Santa Sede.
El poder ejecutivo está en manos de
la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y, dependiendo
de ella, el Delegado especial de dicha Comisión; de ambos dependen las
Direcciones Generales y las Direcciones del Governatorato con sus respectivas
Oficinas y Servicios. El ejercicio del poder ejecutivo compete, por lo
tanto, al Cardenal Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la
Ciudad del Vaticano, quien, en virtud de este encargo, asume el nombre de
“Presidente del Governatorato”. Colaboradores inmediatos del Presidente
son: el Secretario y el Vicesecretario Generales. Las Direcciones y
Oficinas centrales, en las que el Governatorato está organizado, dependen del
Presidente. En la elaboración de leyes y otras materias de importancia
particular, la Comisión Pontificia y el Presidente del Governatorato se avalan
de la colaboración del Consejero General y de los Consejeros de Estado." (http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/organi-dello-stato/organi-del-potere-legislativo-ed-esecutivo.html
En cuanto al poder
judicial, la misma nota señala:
"Según la ley del 21 de
noviembre de 1987, n. CXIX, el poder judicial cuenta con los siguientes
órganos: un Juez único, un Tribunal, una Corte de apelación y una Corte de
casación, que ejercen sus respectivas tareas en nombre del Sumo Pontífice. Las
diversas competencias están reguladas por los Códigos de procedimiento civil y
penal vigentes en el Estado." En: http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/organi-dello-stato/organi-del-potere-giudiziario.html
Acerca de la importancia
y vigencia de este marco legal del Estado, sobre todo en lo que se refiere
a lo penal, en su momento de publicación se expresó el portavoz de la
Santa Sede, Padre Federico Lombardi S. J., en los siguientes términos:
"En los últimos años el
Vaticano ha mejorado su sistema jurídico y penal haciéndolo más completo y
adecuándolo a las exigencias actuales de lucha contra la ilegalidad en diversos
ámbitos. No se pueden declarar intenciones y establecer normas y no ser
coherentes a la hora de aplicarlas persiguiendo a los que no cumplan las leyes”
El S. P.
Francisco, a fin de adecuarse al actual contexto histórico e institucional que
requiere una mayor eficiencia en el desempeño del sistema judicial del Estado,
promulgó el 13 de marzo de 2020 - dada a conocer el 16 de marzo sucesivo -
la Ley CCCLI sobre el Ordenamiento Judicial que rige,
precisamente, para la Ciudad del Vaticano.
Esta Ley
vino a actualizar las precedentes leyes CXIX del 21 de noviembre de 1987, y
LXVII del 24 de junio de 2008, sobre todo en lo que toca a la respuesta del
Estado, de acuerdo con las normas canónicas vigentes y ante las nuevas
cuestiones económico-financieras y penales que, en el contexto
internacional y de los convenios suscritos, se suscitan hoy en día. De acuerdo
con la nota de prensa de la fecha:
"1.- Prevé a garantizar mejor
la independencia de los órganos judiciales y de los magistrados que dependen
únicamente del Sumo Pontífice que los nombra y están sujetos a la ley,
ejerciendo sus funciones con imparcialidad y disponiendo directamente de la
policía judicial.
2.-Exige requisitos específicos
para el nombramiento de los magistrados que se eligen entre profesores
universitarios y, en todo caso, entre juristas de clara reputación, con
experiencia probada, judicial o forense, en materia civil, penal o administrativa.
3.-Prevé una simplificación del
sistema judicial y, al mismo tiempo, un refuerzo del personal del Tribunal, que
se incrementa en una unidad, previendo además un régimen de dedicación
exclusiva y a tiempo completo para al menos uno de los jueces.
4-Cuenta con un jefe autónomo para
la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal.
5.- Prevé una tipificación, hasta
ahora ausente, de las posibles medidas disciplinarias contra los abogados
inscritos en el Colegio".
· El esquema de la Ley es el siguiente:
“Preámbulo
Título I.
Disposiciones generales
(artículos
1: El poder judicial; 2: Magistrados; 3: Policía Judicial. Autonomía de los
gastos; 4. Ciudadanía vaticana; 5. Juramento)
Título
II. De los órganos judiciales de primer grado:
· Capítulo I. Del Tribunal (artículos: 6:
Composición y funcionamiento; 7: Funciones del Presidente);
· Capítulo II. Del nombramiento y remuneración de los
Magistrados (arts. 8: Nombramiento; 9: Impedimentos; 10: Cesación del oficio;
11: Remuneración económica).
· Capítulo III. Del oficio del Promotor de Justicia
(art. 12: Composición, funcionamiento y remuneración; 13: Funciones del
Promotor).
Título
III: De la Corte de Apelación
(art. 14:
Composición y funcionamiento; 15: Promotor de Justicia; 16. Impedimento; 17:
Cesación del oficio; 18: Remuneración económica).
Título
IV: De la Corte de Casación
(art. 19:
Composición y funcionamiento; 20: Promotor de Justicia; 21: Impedimiento; 22:
Cesación del oficio; 23: Remuneración económica; 24: Reserva de competencia
-sobre Cardenales y Obispos-).
Título V:
Del personal administrativo
(art. 25:
Composición orgánica y funciones).
Título
VI: De los Abogados
(art. 26:
Requisitos de inscripción en el Registro; 27: Defensa de las administraciones;
28: Medidas disciplinares)
Título
VII: Disposiciones finales
(art. 29: Año judicial; 30: Abrogación de la Ley
CXIX "sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano
del 21 novembre 1987"; 31: Entrada en vigencia).”
El texto completo de la Ley
CCCLI se puede ver en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
1.
Algunos Institutos de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de administración y vigilancia
económica y financiera
2024
Procedimiento en materia de informes de conformidad con el art. 7 del Estatuto de la Oficina del Revisor General ("Procedura in materia di segnalazioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale") del 24 de enero de 2024.
Establecido en desarrollo de una de las exigencias de la Convención de Mérida. Comprende:
- Premessa
- Scopo del documento
- I soggetti segnalanti
- L’oggetto delle segnalazioni
- Elementi e caratteristiche della segnalazione
- Tutela del soggetto segnalante
- Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni
- Disposizioni finali
2020
· El S. P. Francisco ha considerado necesario liberar a
la Secretaría de Estado de funciones que más directamente corresponden a otras
instituciones de la Santa Sede. Véase la nota de prensa correspondiente, del 5
de noviembre de 2020, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/11/05/dec.html
· Y lo correspondiente a la Curia Romana, en
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html
·
Protocolo
de entendimiento entre la Secretaría de Economía de la Santa Sede y la
Auditoría General sobre la lucha contra la corrupción: "Las dos
Autoridades de la Santa Sede -dice el comunicado del 18 de septiembre de 2020-
colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de
corrupción y en la aplicación efectiva de las normas recientemente aprobadas
sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos
de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano". Véase en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-09/vaticano-nuevo-memorandum-de-entendimiento-lucha-corrupcion.html
· Intervención del Presidente de la Autoridad de
Información Financiera (AIF ) Dr. Carmelo Barbagallo con motivo de la
presentación de su Informe Anual, el 3 de julio de 2020. Versó sobre
los siguientes puntos:
I)
asegurar la operatividad en el frente de la cooperación internacional;
II)
consolidar las relaciones con las demás Autoridades de la Santa Sede (SS) y del
Estado de la Ciudad del Vaticano (SCV) para perseguir mejor los objetivos
institucionales;
III)
intensificar las actividades de vigilancia prudencial;
IV)
fortalecer los mecanismos de gestión de la Autoridad y reforzar su
personal;
V)
reorganizar la Autoridad.
Se informa que próximamente comenzará a llamarse, de acuerdo con las dos
funciones fundacionales que cumple, Autoridad de Supervisión y de
Información Financiera (ASIF).
Véase
el texto completo en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/03/otras.html
2018
· El Estado de la Ciudad del Vaticano/- Santa Sede
se incorpora al Área Única de Pagos en Euros (SEPA)
o “La Junta del Consejo Europeo de Pagos (EPC) aprobó la
semana pasada la extensión del ámbito geográfico de la Zona Única de Pagos en
Euros (SEPA) a la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Está previsto que, a
partir del 1 de marzo de 2019, los esquemas de la SEPA estén abiertos a las
instituciones financieras del Estado de la Ciudad del Vaticano / Santa Sede,
una vez que se hayan incorporado.
o “La SEPA armoniza la forma en que se realizan los
pagos electrónicos en euros en toda Europa. Permite a los consumidores,
empresas y administraciones públicas europeos realizar y recibir transferencias
de crédito y débito directo en las mismas condiciones básicas y hace que todos
los pagos transfronterizos en euros sean tan fáciles como los pagos nacionales.
o “A partir del 1 de marzo de 2019, el alcance
geográfico de los esquemas de la SEPA consistirá en los siguientes 36 países:
los veintiocho estados miembros de la UE más Islandia, Noruega, Liechtenstein,
Suiza, Mónaco, San Marino, el Principado de Andorra y el Estado de la Ciudad
del Vaticano / Santa Sede.
o "El éxito de la solicitud a la SEPA es una señal
muy positiva", ha afirmado René Bruelhart, Presidente de la AIF (Autoridad
di Información Financiera). “Contribuye a facilitar los pagos y armoniza dichos
servicios. Además, demuestra los esfuerzos de la Santa Sede para mejorar la
transparencia financiera". Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, 30.11.2018:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/11/30/com.html
· "La Autoridad de Información Financiera es
la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano
para la vigilancia y la inteligencia financiera en la prevención y la lucha
contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como para la
supervisión cautelar" (cf. supra).
o Instituida por el Papa Benedicto XVI con la carta
apostólica en forma de motu proprio de 30 de diciembre de
2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales de coordinación y
vigilancia sobre la base de la nueva constitución promulgada por el Papa
Francisco con el motu proprio de 15 de noviembre de 2013 y la Ley N °
XVIII de 8 de octubre de 2013.
o La AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las
Autoridades de Vigilancia y Unidades de Información Financiera (UIF) de
Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Eslovenia,
España, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Ghana, Gibraltar,
Guernsey, Hungría. India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San
Marino, Sudáfrica, Suiza, Taiwán (República de China). La AIF es miembro del
Grupo Egmont desde 2013". Véase:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/04/27/aif.html
2016
La Santa Sede, también en nombre de la Ciudad del Vaticano, se adhiere a la Convención de Mérida (diciembre de 2004) de las Naciones Unidas contra la corrupción, acordada mediante la Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003, y cuyo transcurso fue dirigido en gran parte por el colombiano Héctor Charry Samper. El texto del documento se puede ver en:
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf).
1.
2.
La personalidad peculiar de los
Organismos de la Ciudad del Vaticano
Actualizando la información, nuevamente el Santo Padre Francisco ha insistido en la necesidad de que, en ejercicio de la personalidad peculiar que tienen y deben tener los diversos organismos de la Santa Sede en general, y de la Ciudad del Vaticano en particular, también el alto Tribunal del Estado exprese cada día mejor en su proceder (juzgar) su acercamiento permanente al Evangelio y el ejercicio de la legalidad y de los valores éticos, incluidos en ellos la transparencia y la vigilancia del cumplimiento de los pactos internacionales a los cuales la Santa Sede ha adherido. Véase el discurso completo, del 15 de febrero de 2020, con ocasión de la Apertura del 91° Año Judicial del Tribunal, en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200215_apertura-annogiudiziario.html
3.
La
importancia cultural de los edificios y obras de arte vinculados con la Santa
Sede y la Ciudad del Vaticano
Son
innumerables los hechos de orden artístico, arquitectural, etc., sucedidos a lo
largo de los siglos por medio de los cuales no sólo los Romanos Pontífices
quisieron expresar y plasmar su fe en Dios y el culto que le es debido. Tal
ocurre con la sede del Santo Padre como Obispo de la diócesis de Roma. A fin de
dar nuevo vigor y realce a este templo de san Juan de Letrán y a los edificios
anexos, y para incluirlos entre las obras de arte universal que merecen ser
salvaguardados y protegidos de modo especial, el S. P. Francisco ha expedido
una directriz dirigida a su Vicario para la diócesis romana, el 20 de febrero
de 2021, y redactada en los siguientes términos:
Carta
del Santo Padre al Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma para la valorización
cultural del Palacio de Letrán, 16.03.2021
Carta del Santo Padre
Al venerable hermano
Cardenal Angelo DE DONATIS vicario de la diócesis de Roma
La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha trabajado para promover lo que
es fruto del genio y la maestría de los artistas, a menudo testimonio de
experiencias de fe y como instrumentos para dar honor a Dios. Esto no sólo por
amor al arte, sino también para salvaguardar el patrimonio cultural frente a
los desafíos y peligros que lo habrían privado de su función y valor.
Esa responsabilidad especial, acompañada de una atenta solicitud a la hora de
considerar los lugares, edificios y obras como expresiones del espíritu humano
y parte integrante de la cultura de la humanidad, ha permitido a mis
predecesores transmitirlos a las distintas generaciones y actuar para
conservarlos y ponerlos a disposición de los visitantes y estudiosos. Es una
tarea que también atañe hoy al Obispo de Roma para el disfrute de la belleza y
el relieve de los bienes y el patrimonio artístico confiados a su protección.
Motivado por estas razones, destino también a este fin los edificios anexos a
la basílica papal de San Juan de Letrán, sede de mi cátedra episcopal, bien
consciente de la naturaleza que el curso y los acontecimientos de la historia
atribuyen a dicho complejo, junto con las disposiciones del Tratado de Letrán
(cf. Art. 13 y Anexo II, 1).
Confío a Vuestra Eminencia, mi vicario para la diócesis de Roma, la tarea de
realizar, en el complejo de lo que se conoce desde hace siglos como
Patriarcchio lateranense actividades museísticas y culturales en las diversas
formas y contenidos, dando la ordenación que sea necesaria, apoyándose
"con seguridad en las nobles tradiciones artísticas de que se precia la
Iglesia católica" (Tratado de Letrán, art. 16).
En este cometido, actuará Usted valiéndose de la colaboración de los Órganos de
Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y, en su caso, de los Órganos
Operativos del Governatorato, considerando las disposiciones vigentes para las
zonas extraterritoriales en el ámbito de su condición jurídica específica (cf.
Ley sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, nº CCLXXIV, de 6 de
diciembre de 2018, art. 1).
Al agradecer a Su Eminencia su servicio cotidiano y riguroso, invoco sobre
Usted y sobre toda la comunidad del Vicariato de Roma toda bendición celestial.
Roma, en San Juan de Letrán, 20 de febrero de 2021
FRANCISCO
d.
Legislación relacionada con materias
organizativas económicas y financieras y asociadas con los bienes culturales:
·
Rescripto "ex audientia"
del S. P. Francisco al Prefecto de la Secretaría de Economía, Maximino
Caballero Ledo (del 13 de febrero de 2023), por medio del cual se derogan
"todas las disposiciones que permiten el uso gratuito o en condiciones
especialmente favorables de los bienes inmuebles propiedad de las Instituciones
Curiales y de las Instituciones que se refieren a la Santa Sede, incluida las
Domus" ("hasta el vencimiento natural" de su actual contrato). Tiene
como fin hacer que en estos tiempos de "necesidad 'todos hagan un
sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa
Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio
inmobiliario'". La noticia de prensa fue divulgada por Vatican News el
primero de marzo de 2023. Puede verse en:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-03/papa-francisco-suprime-uso-gratuito-bienes-inmuebles-vaticano.html
· Carta apostólica en forma de m. p. del Sumo Pontífice
Francisco "sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano", del 19 de mayo de 2020, con sus
normas sustantivas y procedimentales, en: (http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/06/01/carta.html;
los textos completos se han incluido en el comentario al Libro V,
en:
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/l_28.html).
·
M. p. I beni temporali “circa alcune competenze
in materia economica-finanziaria” (Francisco 2016);
· Carta Apostolica en forma de Motu Proprio -
Transferencia de la Sección Ordinaria de la Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica a la Secretaría de Asuntos Económicos (8 de julio de 2014);
· Carta apostólica en forma de Motu Proprio
“Fidelis dispensator et prudens” del Sumo Pontífice Francisco para la
constitución de una nueva estructura de coordinación de los Asuntos económicos
y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano (24
de febrero de 2014);
· Ley sobre la tutela de bienes culturales
(Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano 2001);
· Ley monetaria (Juan
Pablo II 2001).
e.
Legislación preventiva, iniciativas
y acciones en la lucha contra actividades ilegales en el campo financiero y
monetario
· Decisiones del Tribunal del Estado de la Ciudad del
Vaticano en relación con la implementación de la legislación contra el lavado
del dinero hasta 2021. Pueden verse algunas de ellas en:
https://documentosmoralsocial.blogspot.com/2021/01/estado-de-la-ciudad-del-vaticano.html
· Decreto-Ley N. CCCLXXII del 9 de octubre de 2020
del Presidente del Gobernatorado en relación con modificaciones a la Ley N.
XVIII en Materia de Transparencia, Vigilancia e Información Financiera
del 8 de octubre de 2013, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/10/0518/01190.html
- · Ordinanza n. CCCLXIV del Presidente del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano relativa agli obblighi di prevenzione e
contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell’autoriciclaggio,
del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di
distruzione di massa, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, con
riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle persone giuridiche canoniche
e civili iscritte nei rispettivi registri (19 agosto 2020) en: Diritto e
Religioni XV/2 2020 468.
· Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» para la
prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva (8 de agosto de 2013)
(Francisco 2013):
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130808_prevenzione-contrasto.html
- ·
Decreto n.
CCCLXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed
informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (9 ottobre 2020) en: Diritto e
Religioni XV/2 2020 470.
·
Carta ap. en forma de m. p. del S. P. Benedicto XVI para
la Prevención y la Lucha contra las Actividades ilegales en el Campo financiero
y monetario, del 30 de diciembre de 2010, por medio de la cual se
desarrolla la Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del
Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009 mediante la Legge
concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di
attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010,
que ha sido promulgada este mismo 30 de diciembre de 2010, en:
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20101230_attivita-illegali.html
f.
Legislación sancionatoria y procesal
administrativa
· La Ley num. X sobre " Normas generales en tema de
sanciones administrativas", en: http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20N.%20X%20-%20Norme%20generali%20in%20materia%20di%20Sanzioni%20Amministrative.pdf.
g.
Legislación penal
1.
Código Penal y Código de
Procedimiento Penal
a)
Enmiendas
al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal
· La Ley num. IX, titulada "Enmiendas al Código
Penal y al Código de Procedimiento Penal", en: http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20IX%20-%20Norme%20recanti%20modifiche%20al%20codice%20penale%20e%20al%20codice%20di%20procedura%20penale.pdf;
a)
b)
Reglas
complementarias en materia penal
En la misma fecha antes señalada (11 de julio de 2013)
la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano (a cargo del
Cardenal Giuseppe Bertello, Presidente) aprobó varias leyes (véase la
información más completa en: http://panoramacatolico.info/articulo/reforma-penal-en-el-vaticano),
entre ellas la siguiente:
· La Ley num. VIII, titulada "Reglas
complementarias en materia penal":
Titolo I: Delitti contro la persona:
Articolo 1 (Discriminazione razziale)
Articolo 2 (Tratta di persone)
Articolo 3 (Tortura)
Titolo II: Delitti contro i minori:
Articolo 4 (Definizioni)
Articolo 5 (Vendita di minore)
Articolo 6 (Prostituzione minorile)
Articolo 7 (Violenza sessuale su minori)
Articolo 8 (Atti sessuali con minori)
Articolo 9 (Ignoranza dell'età della persona offesa)
Articolo 10 (Pedopornografia)
Articolo 11 (Detenzione di materiale pedopornografico)
Articolo 12 (Arruolamento di minori)
Titolo III: Delitti contro l’umanità:
Articolo 13 (Definizioni)
Articolo 14 (Genocidio)
Articolo 15 (Altri delitti contro l’umanità)
Titolo IV: Crimini di guerra:
Articolo 16 (Definizioni)
Articolo 17 (Crimini di guerra)
Titolo V: Delitti in materia di terrorismo o di
eversione:
Articolo 18 (Definizioni)
Articolo 19 (Associazione con finalità di terrorismo o di
eversione)
Articolo 20 (Assistenza agli associati)
Articolo 21 (Arruolamento e addestramento con finalità di
terrorismo o di eversione)
Articolo 22 (Attentati con finalità di terrorismo o di
eversione)
Articolo 23 (Finanziamento del terrorismo)
Articolo 24 (Presa d’ostaggi con finalità di terrorismo o
di eversione)
Titolo V: Delitti mediante ordigni esplosivi o
concernenti materiale nucleare:
Articolo 25 (Definizioni)
Articolo 26 (Atti di terrorismo o di eversione con
ordigno esplosivo)
Articolo 27 (Uso di un ordigno esplosivo)
Articolo 28 (Maneggio di materiale nucleare)
Articolo 29 (Appropriazione illecita di materiale
nucleare)
Articolo 30 (Minaccia mediante materiale nucleare)
Titolo VII: Delitti contro la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme
fisse:
Articolo 31 (Definizioni)
Articolo 32 (Delitti contro la sicurezza della
navigazione marittima o aerea)
Articolo 33 (Delitti contro la sicurezza degli aeroporti)
Articolo 34 (Delitti contro la sicurezza delle
piattaforme fisse)
Articolo 35 (Norme comuni)
Articolo 36 (Pirateria)
Articolo 37 (Responsabilità criminale del capitano)
Titolo VIII: Delitti contro le persone che godono di
protezione internazionale:
Articolo 38 (Definizioni)
Articolo 39 (Delitti)
Articolo 40 (Delitti commessi all’estero)
Titolo IX: Delitti in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope:
Articolo 41 (Individuazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope)
Articolo 42 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Articolo 43 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Articolo 44 (Aggravanti e confisca)
Articolo 45 (Prescrizioni abusive)
Titolo X: Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche derivante da reato:
Articolo 46 (Responsabilità della persona giuridica)
Articolo 47 (Tipologia di sanzioni amministrative)
Articolo 48 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)
Articolo 49 (Applicazione di sanzioni interdittive)
Articolo 50 (Norme processuali)
Articolo 51 (Norme generali)
Titolo XI: Disposizione finali
Articolo 52 (Estradizione)
Articolo 53 (Assistenza alle vittime)
Articolo 54 (Abrogazioni)
Articolo 55 (Entrata in vigore)
Véase
en: http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20VIII%20-%20Norme%20complementari%20in%20materia%20penale.pdf;
2.
Legislación sobre menores y personas
vulnerables
a)
Prevención de delitos y protección
de menores y personas vulnerables
· Carta Apostólica en forma de m. p. del Sumo Pontífice
Francisco "sobre la protección de los menores y de las personas
vulnerables", del 26 de marzo de 2019, en la Curia Romana y en el
Estado de la Ciudad del Vaticano, en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00527.html
· Ley CCXCVII del 26 de marzo de 2019 sobre la
protección de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad
del Vaticano (Francisco, 2019):
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00528.html
a)
b)
Legislación penal para delitos
contra menores y personas vulnerables
Véase arriba,
en el Título II de La Ley num. VIII, titulada
"Reglas complementarias en materia penal".
3.
Legislación penal relacionada con materias
económicas y financieras
4.
Legislación penal relacionada con materias
administrativas
Apostilla
NdE
Para quien estuviera interesado en conocer la legislación penal actualizada del Estado de la Ciudad del Vaticano, me permito sugerirle consultar las entrevistas a S. E. Juan Ignacio Arrieta, quien tuvo a su cargo la preparación del texto oficioso, en:
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/codice-penale-vaticano-arrieta.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
y en la página 6 de:
https://media.osservatoreromano.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2020/12/QUO_2020_281_0512.pdf
I.
II.
III.
Tipo peculiar de “leyes” son los
“estatutos” (cf. c. 94),
que regulan diversas instituciones
del Derecho canónico y, en el caso de la Santa Sede, aquellas particulares
a quienes concierne el Reglamento General de la Curia Romana (véase
sobre la Curia Romana:
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html)
a.
En materia administrativa laboral y
de las pensiones
1.
Estatuto Definitivo de la Oficina
del Trabajo de la Sede Apostólica
· Ley del Papa Juan Pablo II con la que promulga “El
Estatuto Definitivo de la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica” (Juan
Pablo II 1994);
Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio»
con la que se aprueba el nuevo Estatuto de la Autoridad de Información
Financiera (15 de noviembre de 2013)
1.
2.
Fondo Pensioni
·
M. p. Il Fondo Pensioni “sulla revisione dello
statuto del fondo pensioni vaticano” (Francisco 2015).
a.
b.
En materia administrativa económica
3.
El estatuto del Consejo para la
Economía (Francisco 2015);
4.
El estatuto de la Secretaría para
la Economía (Francisco 2015);
5.
El estatuto de la Oficina del
Revisor Fiscal (Francisco 2015);
a.
b.
c.
En materia del funcionamiento de
las comunicaciones
6.
El estatuto de la Secretaría para
la Comunicación (Francisco 2015).
I.
II.
III.
IV.
La cuestión de los bienes
“extraterritoriales” de la Santa Sede
Un asunto delicado y complejo, y según los expertos "de confines
inciertos", tiene que ver con la condición bajo la cual diversas
actividades e inclusive las edificaciones en las cuales tales actividades se
desarrollan - actividades y edificaciones relacionadas con las Santa Sede:
entes canónicos - son consideradas de diversa manera por parte del Estado
Italiano. Nos referimos especialmente a aquellas que gozan de
"extraterritorialidad" según el Pacto Lateranense (y, según cierta
usanza, se las denomina "Vaticanas" para distinguirlas de las de la
propia "Santa Sede": a mi juicio, en estos momentos y, sobre todo
canónicamente, tal empleo suscita más confusión que aporta claridad).
Siguiendo el estudio del apreciado Profesor y amigo, Dr. Settimio
Carmignani Caridi citado en la bibliografía específica, he preparado el
siguiente cuadro-resumen, invitando a examinar el problema en todos sus
intríngulis:
|
Entes, oficios y actividades que, por estar ubicados en el
territorio de la Ciudad del Vaticano, no han suscitado problema en sus
relaciones con el Estado Italiano
|
Entes ubicados en el territorio de la CdV que han suscitado
problema
|
Entes y oficios que, por estar ubicados por fuera del
territorio de la Ciudad del Vaticano, han suscitado algunos problemas en sus
relaciones con el Estado Italiano
|
|
Entes
Públicos Vaticanos, sea que se encuentren dentro de los límites vaticanos, o
no.
|
Entes
y oficios que, por estar ubicados en el territorio de la Ciudad del Vaticano,
no suscitan problema en sus relaciones con el Estado Italiano
|
|
|
|
Actores de sujetos
jurídicos que persiguen fines de apostolado, de caridad o de piedad de
acuerdo con la normatividad canónica y vinculados con la Santa Sede
(considerados Entes centrales de la Iglesia Católica)
|
Empleada
de la Pontificia Obra de Asistencia (POA: 1947-1959) ubicada
por fuera del territorio vaticano
|
Presentadora
de noticias en ruso de la Radio Vaticano (RV) (1982)
|
Las
Basílicas de San Juan de Letrán (1989), de Santa
María la Mayor (1990) y la Obra Romana de Peregrinaciones (2005)
|
Cocinera
de la Hospedería Santa Marta (1993)
|
El Instituto
para las Obras de Religión (IOR: 1987) (“personalidad jurídica
autónoma”: 1942); (Art. 1 § 1. L’Istituto per le Opere di Religione ha personalità
giuridica canonica pubblica: 2019).
|
Una
enfermera y un médico del Hospital Niño Jesús (1985) (1992)
(2002)
|
Un
empleado de la tipografía y otro de la biblioteca de la Pontificia
Universidad Gregoriana (1991) (2007); eliminación de residuos de la
PUG (2012)
|
Un
contador del Colegio Americano del Norte (2011)
|
Tres
imputados de Radio Vaticana (2003) (2011) en relación con la
emisión de ondas electromagnéticas
|
|
Decisión del Tribunal
(Supremo) Italiano
|
El
Estado Italiano (Cortes) estima que los jueces carecen de jurisdicción por la
finalidad primaria de la POA y por ser actividad inherente a ella; El Estado
Italiano (Cortes) estima que carece de jurisdicción sobre los asuntos
laborales
|
El
Estado Italiano (Cortes) estima que los jueces carecen de jurisdicción por la
finalidad publicista de la RV; El Estado Italiano (Cortes) estima que carece
de jurisdicción sobre los asuntos laborales
|
No
están sometidos a tasas e impuestos los bienes dedicados al culto
|
El
Estado Italiano (Cortes) estima que carece de jurisdicción sobre el asunto
por tratarse de un Estado soberano; El Estado Italiano (Cortes) estima que
carece de jurisdicción sobre los asuntos laborales
|
Así
no forme parte de la Curia Romana, y su sede sea la CdV, “por cuanto posee
una personalidad jurídica; una autonomía patrimonial; competencia funcional y
universal, es decir, extendida a todo el ordenamiento, para el logro del fin
que connaturalmente le es esencial: colocado en el centro territorialmente
propio de la universalidad”: se le aplica el art. 11 del Tratado, por tanto,
el Estado Italiano no goza de jurisdicción penal
|
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que apenas disfruta la Santa Sede pero no desempeña una tarea estatal
primaria del Estado Vaticano
|
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que tiene que ver con fines de religión y culto de la Santa Sede, pero
son actividades laborales realizadas en territorio italiano
|
La
inmunidad garantizada por el art. 11 del Tratado no es invocable por la PUG
porque la misma no queda comprendida dentro de los Entes centrales de la
Iglesia Católica, por lo cual la plenaria de la Corte considera que no se ha
de apartar de lo establecido en las dos sentencias precedentes.
|
En
materia fiscal, la PUG debe someterse al impuesto que se causa por concepto
de eliminación de sus residuos
|
El
juez sí tiene jurisdicción por parte del Estado Italiano pues se trata de un
bien que no tiene que ver con los Entes centrales de la Iglesia y son
actividades laborales realizadas en territorio italiano
|
La
Corte de Casación había colocado la inmunidad de sujetos internacionales
extranjeros, en materia penal, el límite de las gravísimas violaciones de los
derechos humanos y de los crímenes internacionales: la Corte Internacional de
Justicia de La Haya condenó al Estado Italiano por tal decisión, a riesgo de
su aislamiento.
|
|
|
|
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|
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|
I.
II.
III.
IV.
V.
Actualizaciones varias
1.
Jueces y abogados ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano: la
garantía de un proceso serio
Nota
del P. Federico Lombardi, 07 de diciembre de 2015
"En las últimas semanas, desde el comienzo del proceso por la divulgación
de documentos confidenciales, comúnmente conocido como "Vatileaks 2",
mucho se ha escrito y se hablado sobre la evaluación del sistema judicial
del Estado de la Ciudad del Vaticano y en particular sobre el
Tribunal en el que dicho proceso está incardinado y los procedimientos que
sigue. Debido a que muchos de estos comentarios son inapropiados - o, a veces
totalmente injustificados – es oportuno presentar algunos datos para tener una visión
más clara y poder evaluar correctamente este aspecto fundamental del caso.
En
primer lugar, aunque debería ser evidente, cabe recordar que en el Estado de la
Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente
autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para
los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en material de
derecho penal y procesal.
Dicho sistema cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas
jurídicos contemporáneos más avanzados. De hecho, están previstos y cumplidos
plenamente todos los principios fundamentales, tales como la preconstitución
por derecho del juez natural, la presunción de inocencia, la necesidad de una
defensa técnica ( a través de abogados de confianza o de turno de oficio), la
libertad de los jueces de llegar a una convicción basada en las pruebas, en una
audiencia pública y en el debate entre la acusación y la defensa, hasta la
emisión de una sentencia que debe ser motivada y que puede ser impugnada sea
con la apelación o posteriormente con el recurso de casación. Por último,
recientemente se introdujo también expresamente en el ordenamiento jurídico
vaticano el derecho al justo proceso y en un plazo razonable (art.
35 Ley N ° IX, 11 de julio de 2013).
Todas
las personas interesadas por la función judicial, tanto instructores como
jueces, se seleccionan por cooptación, ya que no pueden designarse a través de
públicas oposiciones entre los ciudadanos del Estado, como sucede en otros
estados. Por tanto, son seleccionados entre los profesionales de alto nivel,
que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio (como atestigua el
curriculum de cada uno de ellos, que se encuentra fácilmente en Internet).
Todos son profesores universitarios en las universidades italianas.
Por
cuanto respecta a los abogados, se ha hablado de una hipotética violación del
derecho de defensa de los imputados, a los cuales no se habría permitido ser
defendidos por los abogados de confianza de su elección. En este sentido hay
que evitar un malentendido fundamental: la normativa vigente en el Vaticano,
aplicada por los tribunales, es absolutamente conforme con la de la mayoría de
las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los
tribunales requiere una habilitación específica para el ejercicio de la
profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos
por cada ordenamiento. No es de extrañar, pues, que un abogado habilitado en
Italia no pueda por esa sola razón ejercer su patrocinio en el Estado de la
Ciudad del Vaticano, así como tampoco podría hacerlo en Alemania, Francia, etc.
El argumento contrario implicaría que un imputado extranjero pretendiera que lo
defendiera en Italia un abogado también extranjero, solo porque es de su
confianza, lo cual no está permitido. Por lo tanto, estas condiciones no
constituyen un límite del ordenamiento vaticano sino una confirmación más de su
autonomía e integridad.
Todos
los abogados están inscritos en un Colegio profesional, que se puede consultar
fácilmente, de profesionales autorizados al patrocinio ante el Tribunal del
Estado de la Ciudad del Vaticano, entre los cuales se selecciona a los abogados
de turno de oficio o se eligen los abogados de confianza.
Se
trata de abogados calificados no sólo en los tribunales de la Iglesia y de la
Santa Sede, sino también en los tribunales italianos y todos están inscritos en
los respectivos Colegios de abogados italianos. Además, todos ellos tienen un
segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de
tres años más otorgado por el Tribunal de la Rota Romana. Se trata, pues de
profesionales, que junto con la titulación requerida para el patrocinio en
Italia, cuentan también con conocimientos adicionales que los hacen adecuados
para la práctica en una jurisdicción en la que es necesario conocer el derecho
canónico.
Se
dan, pues, todas las premisas para tener plena confianza en la profesionalidad
y la competencia de aquellos que deben garantizar el correcto desarrollo de un
proceso que, por diversas razones, atrae la atención de muchos."
[
02161-ES.01]
[Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/12/07/0967/02161.html#lombes
2.
La personalidad peculiar de los Organismos de la Ciudad del Vaticano
Actualizando la información,
nuevamente el Santo Padre Francisco ha insistido en la necesidad de que, en
ejercicio de la personalidad peculiar que tienen y deben tener los diversos
organismos de la Santa Sede en general, y de la Ciudad del Vaticano en particular,
también el alto Tribunal del Estado exprese cada día mejor en su
proceder (juzgar) su acercamiento permanente al Evangelio y el ejercicio de la
legalidad y de los valores éticos, incluidos en ellos la transparencia y la
vigilancia del cumplimiento de los pactos internacionales a los cuales la
Santa Sede ha adherido. Véase el discurso completo, del 15 de febrero
de 2020, con ocasión de la Apertura del 91° Año Judicial del Tribunal, en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200215_apertura-annogiudiziario.html
3.
El Instituto para las Obras de Religión (IOR)
Por
diferentes motivos, esta institución, de considerable antigüedad, muy altos
propósitos y, hoy por hoy – sea ella misma, o una diferente que cumpla su papel
instrumental – indispensable para el desempeño de múltiples y concretas
actividades de la Iglesia en cuanto sociedad, ha estado en boca de muchos, y no
siempre por buenas razones. Por eso los asuntos relacionados con el Instituto
suelen ser “noticia”.
Alguna
de las cuestiones “problemáticas” ha surgido a raíz de que el domicilio de la
institución se ubica en territorio de la Ciudad del Vaticano, es decir, por
fuera de la jurisdicción italiana, y ello tiene implicaciones en orden al
ejercicio de la jurisdicción penal de este Estado en relación con delitos que
se pudieran cometer en el propio territorio vaticano, o por fuera de él (cf. (IOR: 1987) (“personalidad jurídica autónoma”: 1942);
(Art. 1 § 1. L’Istituto per le
Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica: 2019).
Así no forme parte de la Curia Romana, y
su sede sea la CdV, “por cuanto posee una personalidad jurídica; una autonomía
patrimonial; competencia funcional y universal, es decir, extendida a todo el
ordenamiento, para el logro del fin que connaturalmente le es esencial:
colocado en el centro territorialmente propio de la universalidad”: se le
aplica el art. 11 del Tratado de Letrán, por tanto, el Estado Italiano no goza
de jurisdicción penal).
De
acuerdo con el quirógrafo del S. P. Pío XII, del 27 de junio de 1942 (https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/letters/documents/hf_p-xii_lett_19420627_chirografo-ior.html),
esta institución remonta sus orígenes a un acto del Papa León XIII en 1887
cuando creó una “Comisión (de Cardenales) para las Causas Pías” y la dotó de
reglamento propio. Ya conocemos la noción de “causa pía” (“http://teologocanonista2016.blogspot.com/2020/05/l_28.html).
El Papa san Pío X, el 10 de agosto de 1904, reformó, a su vez, dicho
reglamento. En tiempos más recientes el Papa Pío XII, con el citado documento del
27 de junio de 1942, al tiempo que cambió su denominación - precisamente, la
actual - y lo erigió en persona jurídica con cometidos más precisos y
organización más técnica, le asignó aquellas antiguas funciones.
El
S. P. Francisco, en nuestro momento, mirando las experiencias exitosas en otros
lugares y consultando a expertos, ha tomado una decisión similar, y, así, ha
decidido dotar al Instituto con un nuevo Estatuto, el 30 de enero de
2023, fijando “competencias” y “responsabilidades” aún más precisas y técnicas,
y unificando la dirección general (cf. https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2023/documents/20230130-chirografo-ior.html;
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/03/07/0183/00394.html
).
NdE
El Informe de gestión (y Balance) correspondiente al
año 2022 señala que "La calificación de Moneyval la sitúa 'entre las
instituciones mejor clasificadas del mundo'".
Se ha de recordar que este organismo, perteneciente al
Consejo de Europa, es mejor conocido por su nombre que por el de
"Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures
and the Financing of Terrorism".
La clasificación de esa institución, por lo tanto, es
muy honrosa, por cuanto reconoce que en el IOR "se mantiene el compromiso
de cumplir 'los estándares éticos y normativos internacionales más
exigentes'". (Véase más ampliamente la información de prensa
correspondiente al 6 de junio de 2023, en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-06/balance-ior-2022-beneficio-neto-de-29-millones.html).
1.
2.
3.
4. Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”
· Chirografo del Santo Padre per l’erezione in persona
giuridica canonica e vaticana della Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del
Papa” (17 novembre 2020) en revista Diritto e Religioni XV/2 2020 486.
· Statuto della Fondazione vaticana “Rete Mondiale di
Preghiera del Papa” (17 novembre 2020) en revista Diritto e Religioni XV/2
2020 487.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Otras providencias y jurisprudencia
de autoridades del Estado de la Ciudad del Vaticano diferentes al Santo Padre
a.
Del Presidente del Gobernatorado
b. Del Tribunal del Estado
Por su novedad - para mí - aporto una decisión del Tribunal de Apelación del Vaticano dada a conocer el 24 de enero de 2024 a través del órgano informativo Vatican News: "Juicio del Preseminario Pío X: El padre Martinelli condenado por corrupción de menores":
"El Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el obispo Alejandro Arellano Cedillo, ha declarado hoy al padre Gabriele Martinelli, de 31 años, antiguo alumno del Preseminario San Pío X, culpable del delito de corrupción de menores por hechos ocurridos en el Preseminario entre el 9 de agosto de 2008 y el 19 de marzo de 2009. Y le condenó a dos años y seis meses de prisión y a mil euros de multa, pero declaró inadmisible la demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada por el demandante civil. El sacerdote de Como, como en la sentencia de primera instancia, fue en cambio declarado no punible por los hechos impugnados hasta el 2 de agosto de 2008, por ser menor de 16 años, y de la acusación de violación y actos de lascivia sobre un compañero siete meses menor, L.G., que se había presentado como demandante civil, por insuficiencia de pruebas. El recurso contra la sentencia de primera instancia había sido interpuesto por el promotor de justicia Roberto Zannotti y la parte civil, representada por la abogada Laura Sgrò. En primera instancia, el 6 de octubre de 2021, tras casi un año de juicio, Martinelli había sido absuelto de todos los cargos por el Tribunal Vaticano, debido a la insuficiencia de pruebas. También fue absuelto el ex rector del Preseminario, que estuvo en el Vaticano hasta 2021, el padre Enrico Radice, de 73 años, acusado de complicidad. Ambos sacerdotes están incardinados en la diócesis de Como, que gestionaba el instituto a través de la Opera don Folci."
El texto está tomado de: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2024-01/juicio-preseminario-pio-x-padre-martinelli-condenado-abuso-menor.html
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
El Estado de la Ciudad del Vaticano
forma parte de las siguientes organizaciones internacionales
intergubernamentales
· UPU
Unión Postal Universal, Berna, Miembro
· UIT
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, Miembro
· IGC/CIC
Consejo Internacional de Cereales, Londres, Miembro
· ITSO
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Washington D.C.,
Miembro
· EUTELSAT IGO
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite, París, Miembro
· CEPT
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones,
Copenhague, Miembro
· IISA
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Bruselas, Miembro.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Cuestiones relacionadas con la
Administración de los bienes de la Santa Sede y la Ciudad del Estado del
Vaticano
1°)
Informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA)
correspondiente al 24 de julio de 2021:
El
informe es detallado y extenso. La Administración categoriza sus actividades en
tres ámbitos: 1°) el de la administración de los bienes inmuebles que son
propiedad de la Santa Sede (muchos de los cuales deben pagar impuestos al
Estado Italiano, por no ser exceptuados en razón del Pacto de Letrán); 2°) el
de la administración de los bienes muebles o fondos de inversión que son
propiedad de la Santa Sede; y 3°) el de los servicios de consultoría que ofrece
la Administración a la Curia Romana: todos ellos son servicios en los que no se
cobra por su realización. Puede verse completo en: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-07/apsa-pubblicazione-bilancio-2020-documento.html.
Un
resumen en castellano se encuentra en: https://es-us.noticias.yahoo.com/vaticano-revela-patrimonio-inmobiliario-campa%C3%B1a-133112919.html
|
Bienes de la Santa Sede 2020
|
Actividades relacionadas
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Sector Inmobiliario
|
Fondos
|
|
En
el sector adyacente a la Ciudad del Vaticano y en la Provincia de Roma
|
Resto de la Provincia del Lacio
|
En
Italia fuera del Lacio
|
En el extranjero
|
Títulos
internacionales a tasa fija
|
Sostenimiento
de actividades de la Curia Romana y Servicios prestados a la misma
|
|
3727
|
81
|
243
|
1200
|
20’000.000
Euros
|
|
|
5251
|
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Impuestos pagados al Estado Italiano
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8’830.000
Euros
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Nota
[1] La mayor parte se
encuentra en arriendo.
2°)
Informe del Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede (agosto
de 2022)
Muy detallado, fue presentado en agosto de 2022 sobre
la gestión realizada y consolidada de 2021. El R. P. Juan Antonio Guerrero
Alves SJ, Prefecto de la Secretaría para la Economía, hizo público el Balance
de 2021, con toda la información y los gráficos correspondientes. Puede verse
en:https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2022-08/guerrero-estados-financieros-de-la-santa-sede-pasos-adelante.html
En la actualidad, en orden a establecer de la mejor
manera la situación económica de la Santa Sede, están siendo supervisados los
bienes de 92 entes, sin incluir en ellos ni el Gobernatorato ni el IOR.
Anteriormente sólo se ejercía esa supervisión sobre los entes directamente
dependientes de la Curia Romana. Se observa que algunos de los fondos allí
establecidos tienen su propia y exclusiva finalidad, por lo cual no se pueden
emplear sus rendimientos ni sus capitales a sufragar otras actividades que, en
el presente, son deficitarias. En cuanto a las pensiones que cubren al personal
tanto de la Santa Sede, como del Gobernatorato y del Vicariato de Roma, por el
momento están cubiertas, pero, considerando el futuro,
"Es innegable - afirmó - que
no estamos dotando suficientemente el Fondo de pensiones para permitirle
respetar las obligaciones futuras o que estamos prometiendo más de cuanto, en
realidad, podemos permitirnos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo
para introducir medidas correctoras, no traumáticas, pero debemos hacerlo
pronto".
Y agregó:
"Hemos dado muchos pasos en
este tiempo en la justa dirección de la trasparencia, de la tutela económica de
la Santa Sede y de la sostenibilidad. Los dicasterios y las instituciones
curiales están implementando procedimientos y dando pasos adelante en la justa
dirección. Recientemente hemos publicado las cuentas del Óbolo de San Pedro, lo
que hemos recibido y cómo lo hemos utilizado; también hemos puesto en marcha el
proyecto de centralización de las inversiones financieras pedido por el Papa
años atrás, hemos aprobado una política de inversiones y se ha nombrado un
Comité para las inversiones."
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Sanidad católica
Capítulo aparte merecen
las instituciones de lo que se ha dado en llamar la "sanidad
católica", que, en particular, en el territorio de la diócesis de Roma,
aunque no sólo en él, desempeñan en sus diversas obras, algunas de ellas varias
veces seculares, actividades de indudable valor.
Nos referimos, entre
otras, al Hospital Universitario Agostino Gemelli y al Hospital San Giovanni
Calibita-Fatebenefratelli de la Isla Tiberina.
El sostenimiento
orgánico, adecuado y suficiente de estas obras ha conducido a una
reorganización de su administración y economía, como hacemos constar en otro
lugar de este Curso (http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/09/l.html).
Sobre la segunda de estas obras, véase el comunicado del 21 de octubre de 2021
en: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/10/21/comun.html.
De la misma manera, de
acuerdo con el informe presentado por el Prefecto de la Secretaría para la
Economía sobre los Estados financieros de la Santa Sede durante el año 2021, P.
Juan Antonio Guerrero Alves SJ (cf. documento y entrevista de agosto de 2022,
en: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2022-08/guerrero-estados-financieros-de-la-santa-sede-pasos-adelante.html),
se han de incluir dos instituciones más: el Hospital Bambino Gesù y la
Fundación Casa Sollievo della Sofferenza, el primero de los cuales posee un
presupuesto mayor que el de la misma Curia Romana pero financieramente se
encuentra sano y estable; mientras que el segundo es deficitario.
Se ha de recordar que es
misión del Hospital Niño Jesús "la investigación y la asistencia en
relación con niños y jóvenes provenientes de toda Italia y de todas partes del
mundo".
NdE
Acerca de las medidas
tomadas en relación con la sanidad al interior del Estado a causa de la
presencia del COVID-19, puede verse:
· "Elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi
in materia di emergenza Covid-19 nello Stato della Città del Vaticano e nelle
zone extra-territoriali (18 febbraio-31 aprile 2021)": Diritto e
Religioni Anno XVI – n. 1 (31) 2021 744.
NdE
· Se
informa (27 de marzo de 2023) por parte de la Santa Sede el nombramiento del
nuevo director del Hospital Niño Jesús, así como de los importantes proyectos
que se llevan a cabo en él en el momento presente. Véase la información
en:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/03/27/0232/00499.html
Apostilla
NdE
Para quien estuviera interesado en profundizar en el tema proporciono la siguiente información, que habrá de actualizarse eventualmente en el futuro:
Scuola di alta formazione in Diritto canonico ecclesiastico e vaticano
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN VATICAN LAW
The Summer School in Vatican Law aims to train specialists in essential, scientific and professional knowledge of the Vatican's legal system.
The Summer School aims to help you obtain basic knowledge of the Vatican's legal system, paying detailed attention to the major theoretical and practical profiles of the various branches of the Vatican's juridical knowledge.
The Summer School is open to scholars of international law, EU law, canon law and State law on religion.
The Summer School will also appeal to those who work in public and private, international and national institutions, that have relationships with institutions of the Holy See and of Vatican City, and all those who have an interest in deepening their knowledge of the Vatican City State's legal system.
locandinaSUMMER SCHOOLvatican law2017.pdf
brochureSUMMER SCHOOL vatican law2017.pdf
Ofrece también: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE IN
https://consociatio2.files.wordpress.com/2019/10/brochure-2019-2020_scuola-alta-formazione-in-diritto-vaticano.pdf
Apéndices
Discursos
del S. P. con motivo de la Apertura de los Años Judiciales del Tribunal del
Estado de la Ciudad del Vaticano
Apéndice
1
"Apertura
del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
12.03.2022
Questa mattina, nell’Aula della Benedizione, il Santo Padre Francesco ha
presieduto l’inaugurazione del 93° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano, alla presenza del Presidente del Tribunale, degli
Officiali, degli Avvocati, dei Collaboratori del Tribunale e Rappresentanti
degli Organi giurisdizionali dello Stato Italiano.
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti:
Discorso del Santo Padre:
"Illustri Signore e Signori,
Sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 93º anno giudiziario del
Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
Saluto il Cardinale Mamberti, Presidente della Corte di Cassazione, e i
Cardinali giudici della medesima Corte. Saluto Mons. Arellano Cedillo e i
giudici della Corte d’Appello. Ringrazio, in particolare, il Presidente del
Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano,
i magistrati dei rispettivi uffici e i loro collaboratori, per la dedizione con
la quale si impegnano nel delicato servizio dell’amministrazione della
giustizia. Sono lieto e grato anche della presenza di diversi rappresentanti
dei più alti organi giurisdizionali dello Stato italiano. A tutti formulo i
migliori auguri per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo.
La vostra presenza qualificata e numerosa sottolinea l’importanza che
riconosciamo a questa ricorrenza, occasione di incontro e di dialogo fra
persone impegnate nel mondo delle istituzioni e in particolare della giustizia.
Infatti, in un momento così critico per l’umanità, in cui l’idea del bene
comune – che è molto più della somma dei beni individuali – è messa alla prova,
si tratta di un impegno gravoso e carico di responsabilità. Esso infatti
riguarda i valori fondamentali per la nostra convivenza e si realizza in un
ambito che rappresenta un terreno privilegiato di convergenza e collaborazione
fra credenti e non credenti.
La prima riflessione che desidero condividere nasce dal percorso sinodale che
stiamo vivendo. Questo percorso, infatti, come ho ricordato in una recente
occasione (cfr Discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale
della Rota Romana), interpella anche l’ambito giudiziario.
La sinodalità implica anzitutto il camminare insieme. Nelle vicende
giudiziarie ciò significa che tutti i partecipanti al processo, pur nella
necessaria diversità dei ruoli e degli interessi, sono chiamati a concorrere
all’accertamento della verità tramite il contraddittorio, il confronto degli
argomenti e l’accurato esame delle prove.
Questo camminare insieme richiede quindi un esercizio di ascolto, che,
come sappiamo, appartiene alla natura stessa di un giusto processo.
Nell’attività giudiziale è richiesto ai magistrati un esercizio costante di
ascolto onesto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti, senza
pregiudizi o precomprensioni nei loro confronti. Con la stessa disponibilità
all’ascolto, che richiede tempo e pazienza, ogni membro del collegio giudicante
deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri, per arrivare a un
giudizio ponderato e condiviso. Ascoltare tutti.
Un serio e paziente lavoro di discernimento rimane pertanto imprescindibile per
arrivare all’esito di una sentenza giusta e realizzare così la natura e la
finalità proprie del processo, che dev’essere attuazione di giustizia rispetto
alle persone coinvolte e, insieme, riparazione dell’armonia sociale che guarda
al futuro e aiuta a ricominciare.
A tal fine, le esigenze di giustizia implicano una valutazione comparata di
posizioni e interessi contrapposti ed esigono una riparazione. Inoltre, nei
processi penali, la giustizia va sempre coniugata con le istanze di
misericordia, che in ultima analisi invitano alla conversione e al
perdono. Fra questi due poli sussiste una complementarità e si deve
cercare un bilanciamento, nella consapevolezza che, se è vero che una
misericordia senza giustizia porta alla dissoluzione dell’ordine sociale, è pur
vero che «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più
luminosa della verità di Dio» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311).
In questa prospettiva, è prezioso il ricorso all’equità, sapientemente
definita come la giustizia del caso singolo. Essa, pur restando fermo il
precetto legislativo, nel momento di applicazione della legge generale induce a
tener conto delle esigenze del caso concreto, di particolari situazioni di
fatto meritevoli di specifica considerazione. Il ricorso all’equità non
costituisce una prerogativa esclusiva del diritto canonico, ma indubbiamente
trova in esso particolare riconoscimento e valorizzazione, ponendosi in stretta
relazione con il precetto della carità evangelica, vero principio ispiratore di
tutto l’agire della Chiesa.
Il diritto canonico, come è noto, in considerazione della particolare natura
dello Stato della Città del Vaticano, viene riconosciuto nell’ordinamento
vaticano come «la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento
interpretativo» (art. 1 Legge sulle fonti N. LXXI del 1º ottobre 2008).
Occorre peraltro ricordare che nelle materie alle quali non provvedono il
diritto della Chiesa e le altre “fonti principali” del diritto (indicate
nell’articolo 1 della Legge sulle fonti) si osservano, in via suppletiva e
previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli
altri atti normativi emanati nello Stato italiano, purché non risultino
contrari ai precetti di diritto proprio, né ai principi generali del diritto
canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi (cfr.
art. 3 Legge sulle fonti cit.).
Rispetto a un quadro normativo così articolato, risulta evidente la ratio della
disciplina circa la nomina dei magistrati, contenuta nella legge
sull’ordinamento giudiziario di recente novellata (art. 8). Essa stabilisce che
i magistrati del Tribunale devono essere – cito – «scelti preferibilmente tra
professori universitari […] e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano
maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile,
penale o amministrativo», e «in ogni caso, è assicurata la presenza di almeno
un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico» (art. 8). Una tale
previsione mira opportunamente a garantire, in seno al Collegio giudicante e
all’Ufficio del Promotore di giustizia, la presenza di competenze che aiutino
ad assicurare la migliore conoscenza di un sistema delle fonti peculiare e
complesso come quello vaticano e la possibilità di decisioni autorevoli e
affidabili.
In tale prospettiva, il lavoro che i magistrati svolgono per garantire
l’esercizio della giustizia offre un contributo necessario e pienamente
legittimato per la soluzione dei problemi di carattere civile e penale,
ulteriori e diversi rispetto a quelli di competenza dei Tribunali Apostolici e
canonici. Si tratta di un lavoro destinato ad aumentare in una stagione di
riforme come quella da qualche tempo avviata, che è proseguita anche nel corso
dell’ultimo anno, con alcune rilevanti novità sia in ambito economico e
finanziario, sia nel settore della giustizia. Riforme che intendono
corrispondere, da un lato, ai parametri sviluppati dalla comunità
internazionale in diversi ambiti, come quello economico, e, dall’altro,
all’esigenza propria della Chiesa di adeguare tutte le sue strutture a uno
stile sempre più evangelico.
Riguardo al primo versante, sono state introdotte disposizioni per favorire il
processo di contenimento della spesa,[1] reso purtroppo ancora più urgente
dalle difficoltà causate dalla pandemia, e per rafforzare ulteriormente la
trasparenza nella gestione della finanza pubblica,[2] che, in una realtà quale
la Chiesa, dev’essere esemplare e irreprensibile, soprattutto da parte dei
soggetti che ricoprono importanti ruoli di responsabilità.
Riguardo al settore della giustizia, si è voluto rispondere, mediante mirate
modifiche e integrazioni, ad alcune esigenze di aggiornamento del quadro
normativo che richiedevano il superamento di assetti ormai inadeguati. La
ricerca della giustizia reclama anche riforme strutturali che permettano la sua
giusta applicazione. Fra le novità più rilevanti desidero
sottolineare, ai fini di una sempre più piena e condivisa attuazione, in
particolare quelle che, modificando la legge sull’ordinamento giudiziario,
hanno stabilito che l’ufficio del Promotore di giustizia eserciti il
proprio ruolo nei tre gradi di giudizio.[3] In tal modo si è inteso rispondere
alla prioritaria esigenza che nel sistema processuale vigente emerga
l’uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e
posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle
responsabilità che a ciascuno competono nella aedificatio Ecclesiae.[4]
Ulteriori esigenze di aggiornamento della normativa vaticana, soprattutto
nell’ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale,
potranno trovare risposta in interventi mirati di riforma che già sono allo
studio, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei
reati e di rispondere alla crescente domanda di giustizia che si registra anche
nel nostro Stato.
Al riguardo, si può ricordare che nel corso dell’ultimo anno sono giunte a
decisione alcune complesse vicende giudiziarie, relative a reati in ambito
finanziario ovvero a reati contro i buoni costumi, che hanno fatto
emergere sia comportamenti delittuosi puntualmente sanzionati, sia condotte
inappropriate che hanno sollecitato l’intervento dell’autorità ecclesiastica
competente.
Lo svolgimento della dinamica processuale deve consentire di ristabilire
l’ordine infranto e perseguire la via della giustizia, via che conduce a
una fraternità sempre più piena ed effettiva, in cui tutti sono tutelati,
specie i più deboli e fragili. La legge e il giudizio devono infatti
essere sempre a servizio della verità e della giustizia, oltre che della virtù
evangelica della carità. Come affermato da San Giovanni Paolo II nel discorso
per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, nel servire
la causa della giustizia il diritto dovrà sempre ispirarsi alla
legge-comandamento della carità.
In quest’ottica, che esclude ogni visione autoreferenziale della legge, la
giustizia proposta da Gesù Cristo non è tanto un insieme di regole da
applicare con perizia tecnica, ma piuttosto una disposizione della vita
che guida chi ha responsabilità e che esige anzitutto un impegno di conversione
personale. Chiede una disposizione del cuore da implorare e alimentare
nella preghiera e grazie alla quale possiamo adempiere i nostri doveri
coniugando la correttezza delle leggi con la misericordia, che non è la
sospensione della giustizia, ma il suo compimento (cfr Rm 13, 8-10).
Carissimi, vi auguro di custodire sempre questa consapevolezza nell’esercizio
delle vostre importanti responsabilità a servizio della giustizia. Con viva
riconoscenza per il vostro impegno generoso, vi benedico e vi assicuro la mia
preghiera. E anche voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Grazie!"
______________________
[1] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” circa il contenimento della spesa
per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano e di altri Enti collegati (23 marzo 2021).
[2] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” recante disposizioni sulla
trasparenza nella gestione della finanza pubblica (26 aprile 2021).
[3] Cfr Lett. Ap. in forma di “Motu Proprio” Modifiche in tema di competenza
degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano (30 aprile 2021),
art. 3.
[4] Cfr Discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale SCV, 27
marzo 2021."
Tomado de: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/12/0169/00361.html
Apéndice
2
Apertura
del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano,
25.02.2023
Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha
presieduto l’inaugurazione del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano.
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti:
Discorso
del Santo Padre:
Illustri Signore e Signori!
Sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 94º anno giudiziario del
Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e rivolgo a tutti voi il mio
saluto cordiale.
Ringrazio per la loro presenza il Sig. Ministro della Giustizia Carlo Nordio e
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Saluto il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di
Giustizia, Alessandro Diddi, insieme ai Magistrati dei rispettivi uffici. Vi
ringrazio per l’impegno generoso e competente posto nell’amministrazione della
giustizia, che nel corso dell’ultimo anno è risultato particolarmente gravoso.
Ringrazio per questo anche i vostri collaboratori e il personale del Corpo
della Gendarmeria, sempre disponibili a fornire il supporto necessario
all’esercizio delle vostre delicate responsabilità.
Mi rallegro per la presenza di diversi rappresentanti dei più alti organi
giurisdizionali dello Stato italiano, che saluto e ringrazio, auspicando che
questa occasione possa aiutare la conoscenza e il dialogo fra persone impegnate
nel mondo delle istituzioni e in particolare della giustizia.
Il tempo trascorso dal nostro ultimo incontro è stato purtroppo segnato da
eventi gravi e imprevisti, che hanno determinato profonde lacerazioni.
Dopo la terribile prova della pandemia, con il suo seguito pesante di lutti e
di crisi, abbiamo sperato in una pronta ripresa, alimentata e sostenuta da un
diffuso spirito di solidarietà. Abbiamo auspicato e operato affinché si
mettessero da parte gli egoismi e la sete di profitto per cercare di ripartire
insieme, a livello nazionale e sovranazionale, dimostrando senso di
responsabilità e capacità di collaborazione.
Grazie a Dio, in molte parti del pianeta e in molte iniziative questa speranza
e questo auspicio hanno trovato concreta realizzazione, con l’impegno fianco a
fianco di credenti e non credenti.
Purtroppo, proprio mentre si cercava di progredire in questo percorso di
graduale ripresa, lo scoppio del conflitto in Ucraina e la sua tragica
evoluzione hanno fatto ripiombare il mondo intero in una crisi profonda,
aggravata dai molteplici focolai di guerra che continuano a divampare anche in
altre nazioni. In effetti, ci sono guerre che a volte toccano più da vicino, ma
la realtà è che i conflitti nel mondo sono tanti, e sono una sorta di
autodistruzione (cfr Conferenza-stampa nel volo di ritorno dal Sud Sudan, 5
febbraio 2023).
Di fronte a questi scenari, cresce in noi l’anelito alla pace e alla giustizia.
Si rafforza nella nostra coscienza, fino a diventare imperativo, il bisogno di
dare testimonianza per aiutare a costruire la pace e la giustizia.
Come ho ricordato nel recente viaggio nella Repubblica Democratica del Congo,
«in un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come
Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: Pace, pace a voi!(cfr
Gv20,19.21); e noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio
insperato e profetico del Signore, annuncio di pace. […] Sì, i cristiani,
mandati da Cristo, sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace del
mondo» (Omelia della Messa a Kinshasa, 1° febbraio 2023).
Ogni impegno per la pace implica e richiede l’impegno per la giustizia. La pace
senza giustizia non è una vera pace, non ha solide fondamenta né possibilità di
futuro. E la giustizia non è un’astrazione o un’utopia. Nella Bibbia, essa è
l’adempimento onesto e fedele di ogni dovere verso Dio, è compiere la sua
volontà. Non è solo il frutto di un insieme di regole da applicare con perizia
tecnica, ma è la virtù per cui diamo a ciascuno ciò che gli spetta,
indispensabile per il corretto funzionamento di ogni ambito della vita comune e
perché ognuno possa condurre una vita serena. Una virtù da coltivare mediante
l’impegno di conversione personale e da esercitare insieme alle altre virtù
cardinali della prudenza, della fortezza e della temperanza[1].
Questa virtù è affidata in modo eminente alla responsabilità di quanti sono
impegnati nell’ambito giudiziario, per consentire il ristabilimento della pace
violata fra i diversi soggetti della comunità in contesa fra loro e in seno
alla comunità.
In tale prospettiva operano i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano,
che svolgono a vantaggio della Santa Sede un ruolo prezioso quando si tratta di
dirimere contese di natura civile o penale. Sono controversie che, per loro
natura, esulano dall’ambito di competenza dei Tribunali della Santa Sede e dei
tribunali canonici e devono essere giudicate in base a un complesso intreccio
di fonti canoniche e civili, qual è quello previsto dall’ordinamento vaticano,
la cui applicazione richiede specifiche competenze.
Negli ultimi anni queste controversie giuridiche e i relativi processi sono
aumentati, come pure è aumentata, in non pochi casi, la gravità delle condotte
che vengono in rilievo, soprattutto nell’ambito della gestione patrimoniale e
finanziaria. Qui bisogna essere chiari ed evitare il rischio di “confondere il
dito con la luna”: il problema non sono i processi, ma i fatti e i
comportamenti che li determinano e li rendono dolorosamente necessari. Infatti,
tali comportamenti, da parte di membri della Chiesa, nuocciono gravemente alla
sua efficacia nel riflettere la luce divina. Grazie a Dio, però, «non vengono
meno […] né il desiderio profondo di questa luce né la disponibilità della
Chiesa ad accoglierla e condividerla»[2], perché i discepoli di Cristo sono
«chiamati ad essere “luce del mondo” (Mt 5,14). Questo è il modo con cui la
Chiesa riflette l’amore salvifico di Cristo che è la Luce del mondo (cfr Gv
8,12)»[3].
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa «adempie il suo mandato soprattutto quando
testimonia, in parole e opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha
ricevuto»[4]. «Com’è bella questa realtà della fede per la nostra vita: la
misericordiadi Dio! Un amore così grande, così profondo quello di Dio verso di
noi, un amore che non viene meno, sempre afferra la nostra mano e ci sorregge,
ci rialza, ci guida»[5].Un amore che si fa vicino, misericordioso e tenero.
Con questo atteggiamento di misericordia e di vicinanza siamo chiamati a
guardare i fratelli e le sorelle, soprattutto quando sono in difficoltà, quando
sbagliano, quando sono sottoposti alla prova del giudizio. Una prova che a
volte è necessaria, quando si tratta di accertare condotte che offuscano il
volto della Chiesa e destano scandalo nella comunità dei fedeli. È di aiuto a
tal fine l’esercizio di un rigoroso discernimento, che «impedisce di sviluppare
una morale fredda da scrivania nel trattare i temi più delicati»[6]; come pure
il prudente ricorso al canone dell’equità, che può favorire la ricerca del
necessario equilibrio fra giustizia e misericordia. Misericordia e giustizia
non sono alternative ma camminano insieme, procedono in equilibrio verso lo
stesso fine, perché la misericordia non è la sospensione della giustizia, ma il
suo compimento (cfr Rm13,8-10).
Cari Magistrati, la via della giustizia rende possibile una fraternità in cui
tutti sono tutelati, specialmente i più deboli. Auguro a tutti voi di operare
mantenendo sempre viva questa consapevolezza e la tensione verso la verità. Vi
benedico e vi assicuro la mia preghiera. Anche voi, per favore, non
dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
_________________
[1] Discorso ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, 9
febbraio 2019.
[2] Cost. Ap. In Ecclesiarum communione (6 gennaio 2023), 4.
[3] Cost. Ap. Praedicate Evangelium (19 marzo 2022), 2.
[4] Ibid., 1.
[5] Omelia per l’insediamento sulla “Cathedra romana”, 7 aprile 2013.
[6] Esort. Ap. postsin. Amoris
laetitia, 312.
NdE
Información importante para quienes estuvieran
interesados en obtener una formación universitaria en estas materias:
Di seguito il link alla pagina
web della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano fondata dal Prof. Giuseppe Dalla Torre e attualmente diretta dal Prof.
Paolo Papanti Pelletier: https://www.lumsa.it/didattica_altaform_diritto
Per l’a.a. 2021/2022 sono stati attivati i seguenti corsi:
- Corso intensivo in Diritto vaticano (40 ore; aperto anche ai diplomati ed ai
laureandi);
- Corso di perfezionamento in Diritto penale vaticano vaticano (40 ore; è in
corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma )
- Corso di perfezionamento in Diritto vaticano del lavoro (40 ore; è in corso
l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma )
- Corso di perfezionamento in Diritto canonico dei minori (40 ore; è in corso
l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma).
Bibliografía
Arrieta, J. I. (55/1-2 2021: Un Zèle Ardent pour le
Salut des Âmes. Études en mémoire de Reverend Père Francis G. Morrisey, o.m.i. ). The Juridical System of the
Vatican City State. Studia
Canonica, 57 - 74.
Arrieta, Juan Ignacio. (12 enero 2021). Corso
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Benedicto XV. (21 de agosto de 2023). Enclíclica Ad Beatissimi Apostolorum con motivo de su elección pontificia. Obtenido de Documentos de la Santa Sede. Del 1 de noviembre de 1914: https://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_01111914_ad-beatissimi-apostolorum.html
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Cantori, Matteo. (2021). Temi
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Carmignani Caridi, Settimio.
"Curia Romana, enti canonici operanti nello Stato della Città del Vaticano o negli immobili “immuni”,
enti vaticani. Incerti confini e rapporti con
il Giudice dello Stato italiano". En: Boni, Geraldina – Camassa, Erminia – Cavana, Paolo – Lillo, Pasquale –
Turchi, Vincenzo (a cura di). (2014). Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre. II. Diritto
ecclesiastico. Giappichelli Editore – Torino. 797-830.
Carmignani Caridi, Settimio -
Curia romana enti canonici operanti nello Stato della Città del Vaticano o negli immobili immuni enti
vaticani Incerti confini ecc. 2014. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326121042_CARMIGNANI_CARIDI_Settimio_-_Curia_romana_enti_canonici_operanti_nello_Stato_della_Citta_del_Vaticano_o_negli_immobili_immuni_enti_vaticani_Incerti_confini_ecc_2014 [accessed
Feb 28 2019].)
Carnì, Matteo, (11 novembre
del 2019). Scienza giuridica italiana e Status Civitatis Vaticanae (1929-2019).
Riflessioni sull’autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano Statoechiese – news letter
n. 31 (pp. 1-70).
Congreso de Viena (1814-1815). (21 de agosto de 2023). Actas. 121 artículos. Firmado por los Plenipotenciarios de Austria, Francia, Inglaterra, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia. Accedido por el rey de España el 7 de mayo de 1817. Obtenido de books.google.es: https://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&printsec=titlepage&source=gbs_summary_r&hl=es#v=onepage&q&f=false
Danto, Ludovic. (8/mars/2020) Sur
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Notas de pie de página
Los textos
siguientes están tomados de la traducción al español de la recolección de
artículos elaborados por Edmond Dublanchy SJ y publicados en la revista Revue
Thomiste entre los años 1918 y 1919 bajo el título “La voix de Pierre pour l’indépendance du Pape” recogidos en un solo volumen en 1929. El texto castellano se encuentra en (FSSPX, 2023).
“En el curso de nuestro
pontificado", escribía León XIII, "siempre hemos reclamado, para el
pontífice romano, una soberanía efectiva, no por ambición ni con el
propósito de la grandeza terrena, sino como una verdadera y efectiva protección
de su independencia y de su libertad" (Carta al Cardenal Rampolla
del 15 de junio de 1887).
"Para ser verdaderamente libre
e independiente, al menos en el orden actual de la Providencia, el Papa debe
tener una soberanía real", decía a unos clérigos italianos en su
peregrinación ad limina, el 27 de septiembre de 1888.
"La plena libertad necesaria para la sublime función de cabeza visible de la Iglesia católica, exige que el Vicario de Jesucristo sea, en su casa, verdadero soberano, independiente de toda soberanía humana", escribió a los Cardenales franceses el 3 de mayo de 1892.
“No puede haber una verdadera independencia para el Papa sin jurisdicción territorial", reiteró el 8 de octubre de 1895 a su Secretario de Estado.
“Ed ora, Venerabili Fratelli, al termine di questa lettera, il Nostro cuore torna spontaneo colà, donde volemmo prendere le mosse. È la parola di pace che Ci ritorna sul labbro; per questo con voti fervidi ed insistenti invochiamo di nuovo, per il bene tanto della società che della Chiesa, la fine dell’attuale disastrosissima guerra. Per il bene della società, affinché, ottenuta che sia la pace, progredisca veramente in ogni ramo del progresso; per il bene della Chiesa di Gesù Cristo, affinché, non trattenuta da ulteriori impedimenti, continui fin nelle più remote contrade della terra ad apportare agli uomini conforto e salute. Purtroppo da lungo tempo la Chiesa non gode di quella libertà di cui avrebbe bisogno; e cioè da quando il suo capo, il Sommo Pontefice, incominciò a mancare di quel presidio che, per disposizione della divina Provvidenza, aveva ottenuto nel volgere dei secoli a tutela della sua libertà. La mancanza di tale presidio è venuta a cagionare, cosa d’altronde inevitabile, un non lieve turbamento in mezzo ai cattolici: coloro difatti che si professano figli del Romano Pontefice, tutti, così i vicini come i lontani, hanno diritto d’essere assicurati che il loro Padre comune nell’esercizio dell’apostolico ministero sia veramente libero da ogni umano potere, e libero assolutamente risulti”.
“Facciamo dunque Nostre, Venerabili Fratelli, le parole che Benedetto XV, di f. m., pronunciava nell’ultima sua allocuzione tenuta nel Concistoro del 21 novembre dell’anno andato, a proposito dei patti chiesti ed offerti dai diversi Stati: «Non consentiremo mai che in questi Concordati si insinui alcunché di contrario alla dignità e alla libertà della Chiesa, poiché importa altamente alla stessa prosperità del civile consorzio, specialmente ai giorni nostri, che tali libertà e dignità rimangano salve e intatte ».
Appena occorre dire a questo proposito, con quanta pena all’amichevole convegno di tanti Stati vediamo mancare l’Italia, la carissima patria Nostra, il paese nel quale la mano di Dio, che regge il corso della storia, poneva e fissava la sede del suo Vicario in terra, in questa Roma, che da capitale del meraviglioso ma pur ristretto romano impero, veniva fatta da Lui la capitale del mondo intero, perché sede di una sovranità divina che, sorpassando ogni confine di Nazioni e di Stati, tutti gli uomini e tutti i popoli abbraccia. Richiedono però l’origine e la natura divina di tale sovranità, richiede l’inviolabile diritto delle coscienze di milioni di fedeli di tutto il mondo, che questa stessa sovranità sacra sia ed appaia manifestamente indipendente e libera da ogni umana autorità o legge, sia pure una legge che annunci guarentigie.
La guarentigia di libertà onde la Provvidenza divina, governatrice e arbitra delle umane vicende, senza danno, anzi con inestimabili benefìci per l’Italia stessa, aveva presidiato la sovranità del Vicario di Cristo in terra; quella guarentigia che per tanti secoli aveva opportunamente corrisposto al disegno divino di tutelare la libertà del Pontefice stesso, e al cui posto né la Provvidenza divina ha finora indicato, né i consigli degli uomini hanno finora trovato altro mezzo consimile, che convenientemente la compensi, quella guarentigia venne e rimane tuttora violata; onde si è creata una condizione di cose anormale, con grave e permanente turbamento della coscienza dei cattolici in Italia e nel mondo intero.
Noi dunque, eredi e depositari del pensiero e dei doveri dei Nostri venerati Antecessori, com’essi investiti dell’unica autorità competente nella gravissima materia e responsabili davanti a Dio, Noi protestiamo, com’essi hanno protestato, contro una tale condizione di cose, a difesa dei diritti e della dignità dell’Apostolica Sede, non già per vana e terrena ambizione, della quale arrossiremmo, ma per puro debito di coscienza, memori di dover morire e del severissimo conto che dovremo rendere al divino Giudice.
Del resto l’Italia nulla ha o avrà da temere dalla Santa Sede: il Papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: «Ho pensieri di pace, non di afflizione [58]: pensieri di pace vera, e perciò stesso non disgiunta da giustizia, sicché possa dirsi: la giustizia e la pace si sono baciate » [59]. A Dio spetta addurre quest’ora e farla suonare; agli uomini savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano: essa sarà tra le ore più solenni e feconde per la restaurazione del Regno di Cristo e per la pacificazione d’Italia e del mondo.”
