En el CIC17 esta materia se encontraba en el Título XXIX “De
contractibus”, entre los cc. 1529* y 1543*
[i].
Durante el proceso de revisión del CIC estos cc. fueron examinados, espulgados
y reformados durante las Sesiones V (
13 al 17 de mayo de 1968); VI (20 al 25 de enero de 1969); VIII (15 al 19
de diciembre de 1969); IX (20 al 22 de abril de 1970); y en la segunda época de
la Comisión (“Series Altera”), durante la Sesión II (c. 44, etc.: 12 al 16 de
noviembre de 1979).
Como resultado de este trabajo el número de cc. sobre la materia se redujo notablemente. Desaparecieron cc. tales como el 1538*, 1541*, 1542*, 1543*, por cuanto sus cuestiones fueron asumidas en el principio general del c.
1295, o bien, porque algunas fueron trasladadas a otros lugares del CIC, como en el caso de los cc. 1535*, 1536* y 1537*.
Así, el tratado sobre la
enajenación ha obtenido un tratamiento nuevo y más breve.
1.
Canonización de la ley
civil en relación con los contratos
C. 1290
a.
Noción de contrato
El contrato
puede entenderse en un
sentido amplio y en un sentido estricto.
En
sentido lato o amplio significa un pacto, el “consentimiento
de dos o más en una misma cosa”, o, como definía
(Vromant)
“el consentimiento y convenio de dos personas”. En este sentido, aún una
donación es un contrato, aunque no implique obligación ninguna en una de las
partes.
En sentido estricto el contrato “comprende solamente aquellos
convenios que engendran obligación tanto para una parte como para la otra, y,
aún más, exigen tal obligación mutua a ambos contrayentes” (ibíd.)
En el presente Título se entenderá el contrato en sentido amplio.
b.
División de los contratos
Un contrato puede ser considerado:
a) Según su forma: consensuales y reales;
b)
Según su designación: con
nombres propios (“nominados”): venta, compra, etc.; o sin nombre propio
(“innominados”): “do ut des, do ut facias, facio ut facias”;
c) Según el consentimiento en la obligación: bilateral y
unilateral.
c.
Elementos esenciales de un
contrato
a) Habilidad de las personas: por derecho natural, por derecho
positivo canónico o civil;
b)
Materia: posible,
existente, propia, determinada, honesta;
c)
Consentimiento: verdadero,
externo, mutuo, intimado al otro, deliberado;
d) Causa: es el fin por el cual alguien se obliga a sí mismo. No
deben entenderse en sentido subjetivo, ya que la causa debe ser intrínseca al
contrato.
d.
Observaciones al c.
1) La importancia del c.
Dadas las implicaciones que tiene este c., es necesario tenerlo muy en
cuenta: se trata de la canonización de la ley civil de la que anteriormente se
ha hablado.
En primer término, la disposición del c.
“debe ser comprendida en relación con cualquier tipo de negocio, «tanto en general como en particular; e, incluso, de negocios unilaterales como bilaterales, y, entre estos, a su vez, unilaterales, sinalagmáticos[3], consensuales y reales, nominados e innominados (do ut des, facio ut facias, do ut facias, facio ut des» (Del Giudice)[4]. El principio es válido con respecto a todas las clases de contratos y también para sus soluciones (liquidación o disolución) («la prestación natural de aquello que es debido»)”[5].
2) Dos excepciones a la regla general
A la canonización de la ley civil se ponen dos excepciones:
·
“nisi iuri divino contraria
sint aut (salvo que sea contrario al derecho divino)
·
Aliud iure canonico
caveatur” (o que el derecho canónico prescriba otra cosa)
Todas las disposiciones que se establezcan contra el derecho divino
evidentemente carecen de valor.
El derecho canónico se funda en este mismo
derecho divino, de la misma manera cualquier derecho debería tener ese mismo
fundamento. Pero las leyes civiles generalmente prescinden de él, y en algunos
casos tienen determinaciones que son contrarias del mismo.
3) Disposiciones canónicas
En lo que se refiere a la materia por parte del derecho canónico, se
deben tener en cuenta estos criterios:
·
En general se puede afirmar
que “cualquier disposición canónica, general o particular, presente o futura,
que no pueda ser conciliada con el derecho civil, por razones de conciencia
(“in foro conscientiae”), deberá ser aplicada”
.
·
Sin embargo, esta
disposición se comprende más bien como una excepción:
“[…] por lo tanto, debe ser interpretada restrictivamente, en el sentido de que la norma canónica, derogante o invalidante del derecho secular territorial acerca de un determinado negocio, que se ha de considerar vigente, debe quedar claro que, en esa materia, traduce las exigencias del derecho divino o las establecidas por la autoridad de la Iglesia, aunque tal seguridad no esté explícita en lo establecido positivamente”[7].
En particular hay que decir acerca de las prescripciones canónicas, y
con mayor razón cuando se trata de normas de derecho divino, que el siguiente
principio es válido (cf. c. 1259), principalmente cuando se trata de la
capacidad para adquirir bienes:
“Se oponen a los derechos de la Iglesia todas aquellas leyes civiles por las cuales se coarta su libre facultad de adquirir bienes temporales, por sí misma o por cuerpos morales erigidos según derecho eclesiástico”[8].
Y la S. Rota Romana[9] fijó en célebre sentencia:
“nec potest Ecclesia pati quod persona moralis, ab ipsa legitime constituta, privetur per legem civilem capacitate iuridica".
También es necesario que se tengan en cuenta los criterios que
suministran los cc. siguientes:
·
198: la buena fe en la
prescripción, con más determinaciones en el c. 199, aunque ellas no se refieran
per se a los contratos
·
1299 § 1: habilidad de
las personas en relación con las disposiciones en causas pías
·
1299 § 2:
solemnidades en las disposiciones mortis causa
·
1301: ejecución de
pías voluntades
·
1547: expresamente citado:
las pruebas por testigos en cualquier causa. Se lo cita para evitar dudas que
tenían diversos autores acerca de esta materia
·
1291-1298: sobre la
enajenación, en la que se legisla con leyes canónicas propias. En el CIC17 eran
más frecuentes los casos en los cuales se establecían normas canónicas propias.
2.
Enajenación de los bienes
eclesiásticos
C. 1291
a.
Anotaciones previas
1) Índole propia de la enajenación
La enajenación
se distingue netamente de los actos de adquisición, retención y administración
de los bienes, de acuerdo con los cc.
1254 § 1 y
1255. Más aún,
la enajenación no es considerada en el nuevo CIC ni siquiera como un acto de
administración extraordinaria. Es, pues, un acto típico, con nombre propio, con
leyes propias, de muy diversa manera a como procedía el CIC17
.
Y así lo explicó la Comisión cuando se juzgó necesario introducir el término en
el c.
1254.
A pesar de ello, permanece la dificultad de cómo la enajenación no es
un acto que excede la administración ordinaria y que no pueda ser considerado
un acto de administración extraordinaria. El legislador se ve que no quiso
imaginarlo así, sino que se colocase la atención sólo en el acto de la
enajenación, y precisamente porque quiso regularlo de modo diverso. Y, en
efecto, en un acto de administración extraordinaria los bienes del patrimonio
eclesiástico quedan intactos, mientras que en el acto de enajenación se dispone
del mismo patrimonio.
2) La enajenación en la historia de la Iglesia.
Ya desde los primeros siglos la Iglesia cuidó de
regular la enajenación de los bienes eclesiásticos. En un primer momento no
existieron normas peculiares al respecto, por lo cual la enajenación de esos
bienes era permitida, y se hacía con relativa frecuencia. Pero, cuando
comenzaron a presentarse abusos en esta materia, empezaron a darse las normas
correspondientes, entre las cuales, las primeras, que para enajenar bienes
eclesiásticos se requería una causa grave y que la misma debía ser discernida
por el Metropolita y los Obispos de la provincia eclesiástica. De acuerdo con
Georg Phillips
, dos sínodos, el XIX de
Cartago (409) y el Romano (del 502), se pronunciaron sobre este punto, de modo
que el Papa León IV (847-855) llegó a citar el texto del segundo de ellos
.
En efecto, en el de Cartago se lee (c. 51):
“Placuit, ut presbyteri non vendant rem ecclesiae, ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis, quomodo nec episcopis liceat vendere praedia ecclesiae inconsulto concilio vel cuncto presbiterio sine ulla necessitate”.
Y del sínodo de Roma (c. 18):
“Monemus et irrefragabiliter affirmamus, ut nullus episcoporum vel sacerdotum rem tituli sui usurpare praesumat, sed neque salarium a chirstianis sanctis locis oblatum causa amicitiae, vel timoris aut muneris pertendet auferre, ne ecclesia Dei ad nihilum redigatur. Quod qui facere praesumpserit episcopus vel sacerdos, canonicam sine dubio subeat ultionem, et quod ecclesiae injuste ablatum est reddere compellatur, ita ut deinceps nullas vires pro his ad litigandum vel possidendum habere possit”.
Con el paso del tiempo la disciplina se
hizo aún más estricta, de modo que el Papa Pablo II (1417-1471), mediante la
const.
Ambitiosae del 1 de marzo de 1468
,
no sólo reiteró las prescripciones más antiguas sino que las precisó y, sobre
todo, las dotó con penas. Para refrenar la codicia de quienes intentaran
usurpar o desviar a usos profanos los bienes inmuebles o muebles preciosos,
prohibió la enajenación de los bienes eclesiásticos, así como los contratos por
medio de los cuales se transfirieran estos bienes o los derechos sobre éstos, a
excepción de la enfiteusis
,
y de aquellos bienes que “servando servari non possunt” (“no se pueden
preservar manteniéndolos”). Para la enajenación requería la licencia del Sumo
Pontífice, y, cuando era hecha sin la causa y sin las solemnidades requeridas
por el derecho, la declaraba inválida.
Esta doctrina se recibió sustancialmente idéntica en el CIC17,
dotándola de mayor perfección jurídica y con algunas innovaciones menores. Los
cambios de mayor importancia se produjeron en la legislación actual.
3) Importancia del asunto
La legislación sobre la materia, que mejor que sobre la enajenación
podría denominarse sobre “la inalienabilidad”) de los bienes eclesiásticos,
está dirigida a hacer más evidente el significado de los mismos, a expresar
nítidamente sus fines. La legislación pretende que estas finalidades se
observen bajo la vigilancia de la autoridad competente. La prohibición de la
enajenación no es intrínseca a los bienes eclesiásticos, sino, más bien, una
medida de prudencia a fin de evitar poner en peligro tales finalidades, y que
se introduzcan abusos.
Además, la índole sacra de los bienes eclesiásticos no permite que sean
tratados simplemente como capitales de negocios en los que se atienda sólo o
primordialmente al lucro
.
Pero no se debe olvidar el cambio que se está dando en el momento
presente, si se lo compara con los tiempos pasados. Algunas razones y prohibiciones
en relación con la inalienabilidad de los bienes eclesiásticos hoy ya no tienen
fuerza vinculante.
b.
Sobre la noción de
enajenación
La enajenación puede entenderse de dos maneras: en sentido estricto, y
en sentido amplio o lato:
“En sentido estricto, sólo se considera el acto por el cual se transfiere a otro el dominio directo de una cosa; en sentido amplio la enajenación se considera no sólo el acto mencionado sino todo aquel que conceda a otro un derecho sobre la cosa, de modo que el dominio directo disminuye. En esta materia, el término se toma en un sentido amplísimo del c. 1533*”[18].
La siguiente definición es más concisa:
“Bajo el nombre de enajenación se entiende en este lugar toda traslación del derecho sobre una cosa, hecha de modo gratuito u oneroso, acerca de cosas eclesiásticas, exceptuando, hasta cierto punto, el dinero”[19].
Esta doble noción se mantiene en la legislación actual, de modo que en
el c. 1291 se trata de la enajenación en sentido estricto, mientras que
en el c. 1295 se habla de la enajenación en sentido amplio, por cuanto
se asimila a aquella cualquier negocio por el cual la condición patrimonial de
las personas jurídicas puede llegar a hacerse peor.
c.
Objeto de la enajenación
1) Legislación anterior
El c. 1530* prohibía enajenar “bienes eclesiásticos inmuebles o muebles
que se puedan conservar («servando servari possunt»)”, es decir, quedaban
afectados todos los bienes destinándolos a su conservación y no al consumo ni a
la cesión. Ello dependía, ciertamente, de la naturaleza de las mismas cosas, o
del mismo derecho. Pero tal modo de hablar podía ser el adecuado para unos
tiempos en los que la economía era prevalentemente agrícola…
2) El concepto de “patrimonio estable” de la nueva legislación
El c. 1291 implementó otra expresión, que, como se vio, se
encontraba en el c. 1285 del cual se trató antes: se habla de
“patrimonio estable”.
Las discusiones al interior de la Comisión “sobre
los bienes temporales”, primero, y “sobre el patrimonio eclesiástico”, después,
fueron amplias
[ii]:
“Algunos criticaron la expresión «patrimonio estable» al considerarla más adecuada para las condiciones de tiempos pretéritos (¡sic!), pero no para nuestros tiempos en los que una economía moderna se caracteriza por la movilidad y por la fluidez. Los Consultores sin embargo concuerdan en la necesidad de poner algún límite… que no puede efectuarse sino tomando alguna noción convencional, a la cual alude precisamente la expresión indicada «patrimonio estable»”[20].
Se debe decir que las discusiones no parecieron ser muy sutiles especialmente
desde una óptica de historia económica
[iii].
Pero así fue introducida.
“(Por patrimonio estable se indican) los bienes que… están destinados a formar la dote permanente del ente, la cual, directa o indirectamente, consiente al ente mismo alcanzar sus propios fines”[21].
Y (López Alarcón) lo explicó de esta manera:
“Por patrimonio estable habrá que entender el integrado por bienes que constituyen la base económica mínima y segura para que pueda subsistir la persona jurídica de modo autónomo y atender los fines y servicios que le son propios; pero, no hay reglas absolutas para fijar la noción de estabilidad de un patrimonio, ya que está en función, no solamente de la naturaleza y cantidad de los bienes, sino de las exigencias económicas que son necesarias para el cumplimiento de los fines, así como de la situación estacionaria o expansiva de la entidad en el ejercicio de su misión”.[22]
3) Bienes que pertenecen al patrimonio estable
El c.
1295 no menciona los bienes en particular. De acuerdo con
el c.
1285, recordemos, se habla de “bienes muebles que no pertenecen al
patrimonio estable”, por lo cual se podría deducir que no todos ellos
pertenecen al mismo. Y cabría la posibilidad de preguntar si todos los bienes
inmuebles pertenecen a dicho patrimonio (o al capital
).
No parece que sea así, de acuerdo con la historia, pero sí se los ha de
considerar, al menos por regla general. Las excepciones provienen de que a
veces los bienes inmuebles pueden equipararse a los bienes muebles, por ejemplo
cuando se los usa para hacer un pago en lugar de dinero, o cuando el donante
dispuso que se usaran para realizar obras o gastos
.
4) Asignación legítima
Pero la sola noción de patrimonio estable no permite tener una idea
práctica y precisa sobre la materia. El c. 1291 aporta un elemento
adicional: para que un bien pertenezca al patrimonio estable se requiere “una
asignación legítima”, es decir, que sea asignado a dicho patrimonio de acuerdo
con el derecho particular o propio o según los estatutos.
En este caso, como en el de la administración extraordinaria,
encontramos un elemento teórico, y uno práctico, determinado por el derecho.
Por ello, el CIC ya no habla de bienes muebles e inmuebles para
constituir un patrimonio estable. En efecto, aunque de hecho los bienes
inmuebles se consideren más adecuados para constituirlo, sin embargo, en la
actual estructura económica, parece que tal distinción no tiene mayor
importancia. El criterio último decisivo es, en cambio, la legítima asignación.
Puede ocurrir que la presunción se dirija a que los bienes inmuebles
constituyan el patrimonio estable, pero también se puede afirmar que la
asignación de un bien al patrimonio estable es un acto de administración
extraordinaria.
5) Determinación del valor
Un último elemento a determinar en el c. del que tratamos consiste en
el objeto que cae bajo la legislación sobre la enajenación: el “valor” que
excede una suma máxima determinada por el derecho. No es, en consecuencia,
cualquier valor, sino uno previamente determinado.
Concluyendo, para que se tenga un objeto susceptible de enajenación se
requiere que los bienes a enajenar pertenezcan al patrimonio estable por
legítima asignación, sea que estos bienes sean muebles o inmuebles, y que
superen un determinado valor.
d.
La solemnidad particular
que requiere la enajenación de bienes
Para que la enajenación de bienes se pueda efectuar válidamente la
norma canónica requiere la licencia de la autoridad competente estipulada. Cuál
es esta autoridad, lo dice el c. 1292.
3.
Autoridad competente para
otorgar la licencia para enajenación
C. 1292
a.
El proceso de redacción del
c.
El c. reordenó la materia contenida en los cuatro §§ del c. 1532* del
CIC17 que, en su momento, habían sido absorbidos en la propuesta de revisión
del c. 1530*
[iv]. Se trató de una
elaboración muy laboriosa en la que la Comisión quiso aplicar de manera
especial el “principio de subsidiariedad”.
El c. provisional 37** del esquema de 1977 preveía la competencia del
Ordinario del lugar en relación con las personas jurídicas públicas de derecho
diocesano; pero establecía que los actos de enajenación que superaran una suma
máxima definida para la región por la Conferencia de los Obispos, debían
obtener antes la confirmación de una comisión especial de la Conferencia
establecida con ese fin. Y, si se trataba de exvotos
donados a la Iglesia, o de cosas preciosas, o de cosas cuyo valor doblaba la
suma definida por la Conferencia, se necesitaba también la licencia de la Santa
Sede.
Varias objeciones se presentaron al texto tan arduamente elaborado, en
especial en relación con (cf. § 2) la competencia otorgada a la Conferencia de
los Obispos, a la que algunos consideraron una intromisión indebida en el
gobierno de las diócesis. Se añadía a esto que, para examinar estas cuestiones
tan delicadas, se debía organizar una comisión “idónea” que otorgara la
licencia. Primó entonces la oposición al § 2, que fue suprimido, pero, a cambio
del mismo, se propuso se confiara, más bien, a las Conferencias la facultad de
establecer una suma mínima, por debajo de la cual no se necesitara una licencia
para para las enajenaciones, o una suma máxima, más allá de la cual se
requiriera la licencia por parte de la Santa Sede.
Con estas observaciones se redactó el c. 37** (pasó como el c. 1243***
en el esquema de 1980), sustancialmente el mismo aprobado en 1983 como c. 1292,
con algunas novedades significativas, como veremos a continuación.
b.
Comentario del c.
1) Principio fundamental
El § 1 establece que cada Conferencia de los Obispos debe
determinar la suma mínima bajo la cual nada dispone el derecho, y la suma
máxima, más allá de la cual hay que recurrir a la Sede Apostólica. Se
mantiene, pues, una suma intermedia entre la mínima y la máxima.
2) La suma intermedia
Si se trata de una suma intermedia, en lo que concierne a la
autoridad competente para dar la licencia para la enajenación, y ello para la
validez, se deben hacer estas distinciones:
5) La suma mínima
El derecho universal no establece nada en particular sobre ésta, pero
los estatutos y el derecho propio por supuesto pueden establecer normas
peculiares, como formalidades o solemnidades adicionales, a las que será
necesario atenerse.
6) Los Institutos religiosos
Con todo, no todos los autores están de acuerdo al interpretar en ese §
3 la expresión: “Si tamen agatur de
negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam
superet”, por cuanto en el § 1 del c. que comentamos (1292)
se señala: “continetur intra summam
minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque
regione definiendas”.
¿Cuál sería, entonces, la suma definida por la Santa Sede? Algunos
comentaristas las identifican sin más.
Se ha de observar, sin embargo, que, si fueran una y otra sumas la
misma, la establecida por la Conferencia de los Obispos, el c. 638 § 3 debería
haber hecho remisión al c. 1292, pero no la hace. Pero sí ocurre lo
contrario: en el 1292 se remite al c. 638 § 3. Por lo tanto, en el c. 1292
se quieren excluir (“salvo praescripto”) los bienes pertenecientes a los
Institutos religiosos.
Otra razón que se ha de tener en cuenta consiste en que las decisiones
“definidas” o determinadas por la Conferencia de Obispos debe ser “aprobada” o
“revisada” por la Santa Sede (cf. c. 456: “ab eadem recognosci possint”:
http://teologocanonista2016.blogspot.com/2018/11/l_23.html),
como es costumbre. En cambio, cuando se trata de la determinación del c. 638 §
3 se habla de “definida”, y no solamente “aprobada”, por la Santa Sede, lo cual
no es lo mismo ni tiene el mismo efecto canónico.
Pero, sobre todo, una razón de peso podría ser que la suma que
definiera la Conferencia de Obispos no siempre fuera apta para los Institutos
religiosos, y ello en consideración de su modo propio de vida, el cual se rige
por otros criterios.
Por eso, en ausencia de una norma expresa al respecto dada por la Santa
Sede para cada región, la suma establecida por las Conferencias de los Obispos
permanece como criterio supletivo.
7) Las personas jurídicas privadas
El c. es válido sólo para los bienes temporales de las personas
jurídicas públicas. Las enajenaciones de los bienes de las personas jurídicas
privadas se rigen por sus propios estatutos (cf. c. 1257 § 2).
8) La prescripción sobre los bienes divisibles
De acuerdo con el § 3, que es también para la validez del acto:
“Si la cosa que se va a enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario, es inválida la licencia”.
9) Responsabilidad de quienes deben dar su consentimiento
Todos los que han de dar su consentimiento para una enajenación tienen
responsabilidad en el acto o negocio jurídico.
De allí la necesidad de que, según el § 4,
“no han de darlos si antes no se les informó exactamente, tanto de la situación económica de la persona jurídica cuyos bienes se desea enajenar, como de las enajenaciones realizadas con anterioridad”.
Por eso, el consentimiento – o, en algún caso, el consejo – debe darse
según el juicio hecho personalmente, y no simplemente por darle un voto de
confianza al superior o al representante de la persona jurídica.
c.
Notas complementarias
·
Las cosas que se consumen
con el mismo uso o están destinadas al uso cotidiano, incluso extraordinario, o
las que no aportan ninguna utilidad, no están sujetas a las normas sobre la
enajenación, pues no pertenecen al patrimonio estable por legítima asignación.
·
Tampoco pertenece a éste el
dinero, a no ser que haya sido colocado, convertido en títulos o pasado al
capital
,
o cuando ha sido destinado legítimamente para comprar cosas inmuebles o muebles
preciosas, o si tiene aneja una carga de misas.
·
Las cosas inmuebles no se
considera que jurídicamente se pueden conservar o pertenecer al patrimonio
estable:
1°) Si representan sólo dinero
para uso cotidiano;
2°) si representan una inversión fructífera del dinero (cuentas de
ahorro).
·
Hay muchos actos que aun
cuando tienen aspecto de enajenación, sin embargo no lo son el sentido
jurídico.
·
Según algunos autores no
existe propiamente una enajenación canónica cuando se otorga una licencia
mediante la cual se transfiere el dominio de una persona jurídica canónica a
otra persona jurídica canónica, porque, en tal caso, los bienes permanecen
eclesiásticos.
NdE
La Conferencia Episcopal de Colombia
en la Asamblea realizada en 1986 estableció en su Decreto n. 8 (sobre los cc.
1292; 1277; 1281; 1295 y 1207):
“La Conferencia Episcopal de Colombia
decreta:
Art. I: Las sumas máxima y mínima de
las que trata el Canon 1292 se fijan así:
·
La cantidad máxima es, en pesos colombianos, la
equivalente a U.S.$ 300.000;
·
La mínima es también en pesos colombianos la
equivalente a U.S.$ 10.000;
en ambos casos cotizados éstos en el
mercado oficial el día anterior a aquel en que se pide la licencia.
Art. II: Además de los casos
señalados en los Cánones 1277; 1292 §§ 1 y 2; 1281 § 2; y 1295, son actos de
administración extraordinaria la enajenación de bienes inmuebles, cualesquiera
sea su valor, y los actos que causen deudas o riesgos en cantidades superiores
a la mínima dentro de los cuales deben considerarse las inversiones, los
depósitos a término y las operaciones bursátiles. Para estos últimos actos se requiere
al menos la autorización habitual de los Consejos competentes.
Art. III: Se requiere licencia
previa del Obispo Diocesano:
Para realizar contratos de
arrendamiento de bienes eclesiásticos (Canon 1297).
Para los actos de carácter económico
en cantidades inferiores a la mínima que causen deudas o riesgos, como son los enumerados
en el artículo II del presente Decreto.”
4.
Otras cautelas o reservas
en relación con la enajenación
Cc. 1293-1294
Las cautelas que se indican en estos cc. no son para la validez de la
enajenación, ni se enumeran de manera exhaustiva, sino a manera de ejemplo.
También las causas que se indican en el c. 1293 § 1, 1° son
ejemplares. Nótese la última de ellas: “otra grave razón pastoral”.
En relación con los peritos indicados en el c. 1293 § 1, 2° se
afirma que la pericia debe ser hecha al menos por dos de ellos. Comparado este
numeral con el antiguo CIC17, se nota que se quitó la expresión “periti probi”,
pero no porque no se requiera su honradez, sino sobre todo para insistir en su
pericia.
En el c.
1294 § 1 el adverbio “ordinarie” (ordinariamente) en su
momento fue objeto de diversas críticas: algunos opinaban que debilitaba la
norma. Los Consultores, sin embargo, lo encontraron oportuno, pues la
enajenación no depende sólo del precio, sino también de otras circunstancias
.
Si, p. ej., al poner en venta un inmueble aparecen dos posibles compradores,
uno que ofrece el precio mayor, pero usará la casa para propósitos ilícitos, y
otro que ofrece un precio menor, pero que la usará para un fin benéfico, se ha
de preferir a este último.
En relación con el
§ 2, cuando el dinero percibido de una
enajenación se coloca en beneficio de la Iglesia, se produce una substitución
de capital. En otras épocas se recomendaba colocarlo en bienes inmuebles, como
más “seguros”, pero de esta seguridad se puede dudar en el presente
[v].
5.
Sobre los negocios
jurídicos que se equiparan a la alienación
C. 1295
Como se dijo en su momento, se entiende la
enajenación también en sentido amplio. Las normas que se dan entonces en los
cc. 1291-1295 para la enajenación en sentido estricto, son válidas
también “para cualquier negocio jurídico en el que la condición patrimonial de
la persona jurídica pueda empeorar”.
Se trata de todos los negocios en los que se afecta
el patrimonio mismo de la persona jurídica de tal manera que ella ya no tenga
la plena posibilidad de disponer del patrimonio, porque los derechos reales
acerca del mismo se han cedido a otros. Tal es el caso de gravámenes tales como
el usufructo, la hipoteca, una servidumbre (M. p. "Pastorale munus", por el que se
conceden a los Obispos ciertas facultades y privilegios, pág. n. 22), pero también el
negocio jurídico en el que se contraen deudas más allá de una suma determinada.
Pero la condición patrimonial de la persona jurídica
puede empeorar no sólo por la cantidad de los bienes sino por la cualidad de
los mismos, como ocurre cuando sobre ellos se establece cualquier transacción o
un compromiso, como lo advierte el c. 1715
.
(Véase el apéndice 1 al final de este comentario al Título III).
6.
La alienación canónicamente
inválida, pero civilmente válida
C. 1296
Debido a que en no pocos casos el derecho canónico no es reconocido por
el derecho civil, el legislador desea que en los estatutos de las personas
jurídicas se introduzcan normas sobre la alienación de los bienes eclesiásticos
de tal manera que ellas tengan eficacia jurídica aún en el foro civil en cuanto
ello sea posible, de modo que “negocios que son inválidos por razón del derecho
canónico, también sean civilmente inválidos por la inobservancia de las debidas
solemnidades”
[vi]. La
autoridad competente que menciona el c. es la que tiene jurisdicción sobre la
persona jurídica que enajenó inválidamente los bienes. A veces la acción
resulta fructuosa, como en el caso de una acción entablada por la Santa Sede
contra el Estado de Israel.
Sin embargo, muy a menudo no cabe más recurso sino la sanación
,
de la cual el CIC no hace mención.
7.
Normas sobre el contrato de
arrendamiento de bienes eclesiásticos
C. 1297
Se puede preguntar si acaso el arrendamiento es un empeoramiento de la
condición patrimonial. En las actuales circunstancias ello puede ocurrir.
Esto depende de la región o nación en la que se de cada caso. Las
Conferencias de Obispos pueden dar normas al respecto.
Como ocurre, el CIC da normas universales, pero cada diócesis y persona
jurídica puede dar sus normas al respecto.
8.
¿A quiénes no se deben ni
vender ni alquilar las cosas eclesiásticas?
C. 1298
Se trata de una medida de precaución para el responsable y para el
administrador de los bienes eclesiásticos:
·
Al propio administrador
·
A sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad
·
A no ser que se obtenga del
superior un permiso escrito.
Título IV. De las pías voluntades en general y de las pías fundaciones
Cann. 1299 – 1310
TÍTULO IV. DE LA PÍAS VOLUNTADES EN GENERAL Y DE LAS FUNDACIONES PÍAS
TITULUS IV. DE PIIS VOLUNTATIBUS IN GENERE ET
DE PIIS FUNDATIONIBUS
Texto oficial
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Traducción castellana
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Can. 1299 — § 1. Qui ex iure naturae
et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive
per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere.
§ 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae
serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae
fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi
testatoris voluntatem.
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1299 § 1. Quien, por el derecho
natural y canónico, es capaz de disponer libremente de sus bienes, puede
dejarlos a causas pías, tanto por acto inter vivos como mortis causa.
§ 2. Para las disposiciones
mortis causa en beneficio de la Iglesia, obsérvense, si es posible, las
solemnidades prescritas por el ordenamiento civil; si éstas se hubieran
omitido, se ha de amonestar a los herederos sobre la obligación que tienen de
cumplir la voluntad del testador.
|
Can. 1300 — Voluntates fidelium
facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum
inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime
impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo
praescripto can. 1301, § 3.
|
1300 Deben cumplirse con suma diligencia, una vez
aceptadas, las voluntades de los fieles que donan o dejan sus bienes para
causas pías por actos inter vivos o mortis causa, aun en cuanto al modo de
administrar e invertir los bienes, salvo lo que prescribe el ⇒ c. 1301 § 3.
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Can. 1301 — § 1. Ordinarius omnium
piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est.
§ 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet,
etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri
exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur.
§ 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis
voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur.
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1301 § 1. El Ordinario es
ejecutor de todas las pías voluntades, tanto mortis causa como inter vivos.
§ 2. En virtud de este derecho
el Ordinario puede y debe vigilar, también mediante visita, que se cumplan
las pías voluntades; y los demás ejecutores deben rendirle cuentas, una vez
cumplida su función.
§ 3. Las cláusulas contenidas
en las últimas voluntades que sean contrarias a este derecho del Ordinario,
se tendrán por no puestas.
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Can. 1302 — § 1. Qui bona ad pias
causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit,
debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi
bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator
id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet.
§ 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in
tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam
can. 1301.
§ 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti
religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint
attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis,
Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior
maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus
vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius
in aliis institutis religiosis.
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1302 § 1. Quien adquirió como
fiduciario unos bienes destinados a causas pías, sea por acto inter vivos sea
por testamento, debe informar de su fiducia al Ordinario, dándole cuenta de
todos aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles, y de las cargas anejas,
pero si el donante hubiera prohibido esto, expresa y totalmente, no deberá
aceptar la fiducia.
§ 2. El Ordinario debe exigir
que los bienes entregados en fiducia se coloquen de manera segura, y vigilar
la ejecución de la pía voluntad conforme al ⇒ c. 1301.
§ 3. Cuando unos bienes han
sido entregados en fiducia a un miembro de un instituto religioso, o de una
sociedad de vida apostólica, si están destinados a un lugar o diócesis, o a
sus habitantes o para ayudar a causas pías, el Ordinario a que se refieren los
§ § 1 y 2 es el del lugar; en caso contrario, es el Superior mayor en el
instituto clerical de derecho pontificio y en las sociedades clericales de
vida apostólica de derecho pontificio, o bien el Ordinario propio del mismo
miembro en los demás institutos religiosos.
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Can. 1303 — § 1. Nomine piarum
fundationum in iure veniunt:
1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates
rerum ad fines de quibus in can. 114, §2 destinatae et a competenti
auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae;
2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona
temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in
diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas
celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut
fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi.
§ 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita
fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad
institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit
fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae
cedunt.
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1303 § 1. Bajo el nombre de
fundaciones pías se comprenden en el derecho:
1 las fundaciones pías autónomas, es decir, los
conjuntos de cosas destinados a los fines de que se trata en el ⇒ c. 114 § 2 y
erigidos como personas jurídicas por la autoridad eclesiástica competente; 2
las fundaciones pías no autónomas, es decir, los bienes temporales, dados de
cualquier modo a una persona jurídica pública con la carga de celebrar Misas
y cumplir otras funciones eclesiásticas determinadas con las rentas anuales,
durante un largo período de tiempo, que habrá de determinar el derecho particular,
o de perseguir de otra manera los fines indicados en el ⇒ c. 114 § 2.
§ 2. Una vez vencido el plazo,
los bienes de una fundación pía no autónoma, si hubiesen sido confiados a una
persona jurídica sujeta al Obispo diocesano, deben destinarse al instituto de
que trata el ⇒ c. 1274 § 1,
a no ser que fuera otra la voluntad del fundador expresamente manifestada; en
otro caso, revierten a la misma persona jurídica.
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Can. 1304 — § 1. Ut fundatio a persona
iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis
data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam
tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque
caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque
loci vel regionis morem.
§ 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et
acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur.
|
1304 § 1. Para que una persona
jurídica pueda aceptar válidamente una fundación se requiere licencia escrita
del Ordinario; licencia que no concederá sin haber comprobado legítimamente
que la persona jurídica puede cumplir tanto la nueva carga como las
anteriormente aceptadas; y debe cuidar sobre todo de que las rentas cubran
totalmente las cargas anejas, según los usos del lugar o de la región.
§ 2. El derecho particular
determinará condiciones más específicas para la constitución y aceptación de
fundaciones.
|
Can. 1305 — Pecunia et bona mobilia,
dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando
deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium
custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem
Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus
oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum
expressa et individua mentione oneris.
|
1305 El dinero y los bienes muebles asignados como
dote, han de depositarse inmediatamente en un lugar seguro aprobado por el
Ordinario, a fin de conservar ese dinero o el precio de los bienes muebles, y
colocarlo cuanto antes, cauta y útilmente, en beneficio de la fundación, con
mención expresa y detallada de las cargas, según el prudente juicio del
Ordinario, oídos los interesados y su propio consejo de asuntos económicos.
|
Can. 1306 — § 1. Fundationes, etiam
viva voce factae, scripto consignentur.
§ 2. Alterum tabularum exemplar in curiae archivo,
alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto
asserventur.
|
1306 § 1. Las fundaciones, aun las
hechas de viva voz, se han de consignar por escrito.
§ 2. Se conservará de manera
segura una copia de la escritura de fundación en el archivo de la curia, y
otra en el archivo de la persona jurídica interesada.
|
Can. 1307 — § 1. Servatis praescriptis
cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella
conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in
oblivionem cadant.
§ 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter
liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera
eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur.
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1307 § 1. En observancia de las
prescripciones de los cc. ⇒ 1300-1302
y ⇒ 1287, ha de
hacerse una tabla de las cargas de las fundaciones pías, y colocarla en un
lugar visible, de modo que las obligaciones que hayan de cumplirse no caigan
en el olvido.
§ 2. Además del libro al que se
refiere el ⇒ c. 958 § 1,
el párroco o el rector ha de llevar y conservar otro en el que se anoten cada
una de las obligaciones, su cumplimiento y las limosnas.
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Can. 1308 — Ha sido reformado. Véase más adelante.
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1308
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Can. 1309 — Iisdem auctoritatibus, de
quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de
causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae
in fundationibus sunt statuta.
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1309 Compete también a las autoridades mencionadas
en el ⇒ c. 1308 la
potestad de trasladar, por causa proporcionada, las cargas de Misas a días,
iglesias o altares distintos de aquellos que fueron determinados en la
fundación.
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Can. 1310 —Ha sido reformado. Véase más adelante.
|
1310
|
1.
Las pías voluntades en
general
La materia que se encuentra en el presente Título se encontraba en el
anterior pero separada: en los cc. 1544*-1551*
[vii]
se trataba de las
pías fundaciones, mientras que sobre las
pías
voluntades se trataba en el Título XXVII “De bonis ecclesiasticis
acquirendis” a partir del c. 1513*
[viii].
Sin embargo, en el mismo CIC17 se encontraban normas en los cc.
1489*-1494*
[ix] “de
aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus”, en los que se regulaban
asuntos pertenecientes a esta misma materia.
Como se verá, el nuevo orden sistemático es mucho mejor.
a.
Nociones
1) Pía voluntad
De acuerdo con
(Vromant),
se entiende por una pía voluntad
“toda disposición, ya sea por acto mortis causa, ya sea incluso entre vivos, en relación con una causa pía”.
La causa pía, en este c. se entiende globalmente como los “fines de la
Iglesia”.
2) Causa pía
La expresión tiene históricamente varios significados, conectados ellos
entre sí:
·
Todo fin sobrenatural
por causa del cual se hace cierta obra de piedad o de religión: es la razón,
piadosa, por la cual se hace algo;
·
Toda
obra de este
género
[x],
que se hace por fines sobrenaturales,
o
Ya sea en forma permanente
(una institución, una fundación),
o
Ya sea a modo de acto
(limosna para celebrar misas manuales
);
·
Todo lugar o institución
en donde se ejerce una obra de piedad o de religión por un fin sobrenatural,
para honra de Dios y salvación de las almas.
3) Formas de causas pías
·
Persona jurídica pública
·
Persona jurídica privada
·
Anexión a personas
jurídicas preexistentes (fundación no autónoma).
Pero no todas las causas pías, sin embargo, se pueden reducir a estas
tres formas.
4) Elementos de las pías voluntades
Tres elementos constituyen una pía voluntad:
·
La causa pía, conforme se
vio;
·
Una intención sobrenatural
(o teologal
[xi]): la cual, a su vez,
puede ser:
o
Moral: es la relación entre
el sujeto y Dios, que se resuelve en el ámbito de la conciencia, y que no
siempre podemos conocer;
o
Jurídica: es la relación del
actor o del agente que especifica un acto externo ante la sociedad. Se trata de
actos externos que ya tienen por parte del derecho una especificidad jurídica y
están sometidos, por lo tanto, a la autoridad eclesiástica o civil. La distinción
entre esta jurídica y la moral en algunos casos puede ser difícil: la
beneficencia
, v. gr., puede ser
natural o teologal, y tanto las instituciones eclesiásticas como las civiles
pueden ser sus destinatarias. El que una voluntad sea pía dependerá tanto del
elemento objetivo externo como de la intención sujetiva teologal del agente.
Pero puede ocurrir que se trate del objeto de la acción en sí mismo
indiferente, caso en el cual se ha de averiguar la intención del sujeto al
realizar esa acción.
·
La piedad de la persona que
lo otorga: muchos se han preguntado cómo calificar la acción de alguien que,
como en el caso de un ateo, dispone de sus bienes para una causa pía: ¿es
suficiente que la donación se haga para una causa pía para que la donación sea
pía? Hay, por lo menos, tres tendencias en la respuesta:
o
Algunos piensan que es
suficiente que la obra o la intención sean piadosas para que constituya una
voluntad pía.
o
(Vromant)
era de la opinión de que se considera como voluntad pía lo que se dé o se legue
a un instituto pío, aun por parte de un incrédulo y sin un motivo sobrenatural,
o lo que se dé o se legue a un instituto no pío, pero con la obligación de usar
los bienes para una obra pía (v. gr. para celebrar misas):
“Por el contrario, hoy, a causa de la secularización de los hospicios y de la predicación de cierto altruismo meramente natural, no se considera que se da a una pía causa lo que se entrega por humana filantropía a institutos laicos, lo cual nada tiene en común con la caridad verdaderamente cristiana”[38].
·
(Regatillo SJ) admitía que un incrédulo, según su
deseo, libremente podía disponer de sus bienes en favor de quien quisiera:
pero, ¿cómo puede admitirse que en el caso haya una causa pía o una voluntad
pía? Afirmaba que si faltara en él una intención sobrenatural, sólo habría en
tal donación una causa filantrópica, no una causa pía. En cambio, si expresa o
tácitamente lo hiciera en favor de una institución erigida por la Iglesia, o
aprobada por ella, se la considera jurídicamente pía (por lo tanto lo son la
voluntad como la causa: el hecho vence a la presunción), y, por tanto caería
bajo la potestad de la Iglesia.
5) Formas de las pías voluntades
Las pías voluntades pueden expresarse mediante actos “entre vivos” o
por actos
mortis causa. Las “últimas voluntades” revisten formas
distintas: donación
mortis causa, testamento, legado, fideicomiso, etc.
[xii]
6) La competencia de la Iglesia en esta materia
Acerca de las pías voluntades la Iglesia ejerce – como se verá en
detalle en los párrafos siguientes – su competencia exclusiva tanto en relación
con la capacidad o habilidad de las personas, como en relación con la forma al
proceder en ellas, y como en relación con la ejecución de las mismas.
b.
Capacidad de disponer en
las causas pías
C. 1299 § 1
Esta capacidad se rige sólo por el derecho natural y por el derecho
canónico. Al respecto no se canoniza el derecho civil.
1) Por derecho natural
Basta que el sujeto sea capaz de realizar actos humanos: se requiere el
consentimiento libre efectuado por parte de la facultad intelectiva y de la
facultad volitiva.
2) Por derecho canónico
3) Cuestiones
Algunos asuntos quedan para resolver en relación con este tema:
·
¿Vale lo prescrito en
relación con los infieles? Cf. la propuesta de (Onclin).
·
¿Pueden los menores
disponer de sus bienes en favor de una causa pía? Sí, si no se lo prohíbe la
norma canónica. Cf. (Regatillo S.J.)
·
¿Qué decir de las
disposiciones inoficiosas? Son las que no cumplen con el oficio del otorgante.
V. gr., un padre de familia que dejara todos sus bienes a una causa pía, y no
al menos algo a sus herederos, actuaría contra la ley civil. Pero ésta, en este
punto, no tiene valor en el foro canónico. San Agustín, por su parte, decía que
una herencia gravada con deudas no podía ser recibida por la Iglesia. San
Alfonso refería el caso a la moral: si los herederos ya son ricos, no tienen
necesidad de la herencia, por tanto, están obligados en conciencia a entregarla
a la Iglesia.
c.
Forma de las últimas
voluntades
C. 1299 § 2
1) Origen de la doctrina
La doctrina acerca de los testamentos proviene de dos cartas del papa
Alejandro III (1159-1181) a los jueces de Ostia y de Veletri, más tarde
incorporadas entre las Decretales:
“In ore duorum vel trium testium stet omne verbum”.
La afirmación fue recibida en toda la Iglesia, aceptada como norma
general, y fue empleada por la Curia Romana en su praxis. El cardenal Giuseppe
D’Annibale (1815-1892)
tenía al respecto su propia posición en relación con ese valor universal
alcanzado, pero la prescripción pasó al CIC17 y luego al actualmente vigente.
2) Razón de la norma
Aunque no se requiere ninguna formalidad para su validez, es
conveniente que, para evitar litigios – tan frecuentes en esas circunstancias
–, cuando se trate de las disposiciones mortis causa se observen las
solemnidades requeridas por el derecho civil. La omisión de ellas, sin embargo,
no invalida esa donación. En tal caso, los herederos deben ser amonestados
sobre su obligación de cumplir la voluntad del testador.
En el CIC17, c. 1513 § 2*, se hablaba sólo de la amonestación que había
de hacerse. La discusión se hacía sobre el valor de la misma. Hasta cuando la
Comisión Intérprete respondió que el término “moneatur” tenía fuerza
preceptiva. La obligación, sin embargo, se urgía teniendo en cuenta las
consideraciones pastorales. En el esquema de 1977, para quitar las dudas, se
había añadido la expresión “ex justitia”, pero fue suprimida en la
redacción definitiva. Pero, la mente del texto es, de todos modos, muy clara.
3) En beneficio de la Iglesia
No parece que el término “Iglesia” en este c. deba entenderse en el
sentido del c. 1258 sino en sentido muy general: “para fines
eclesiales”.
En el esquema de 1977 se había colocado “para causas pías”; pero en la
redacción definitiva de nuevo se colocó
“in bonum Ecclesiae”, con lo
cual se volvió a la redacción original sin que se haya dado clara o expresa
razón del por qué del cambio
.
4) Forma de las donaciones entre vivos y las solemnidades civiles
El § 1 del c. 1299 se refiere sólo a la habilidad
canónica de las personas para dejar sus bienes a causas pías por razones de
derecho natural y por razones de derecho canónico. Nada se dice de la forma o
de la solemnidad para hacerlo.
En el § 2 sólo se habla de las solemnidades en las disposiciones
mortis causa. ¿Qué habría que decir, entonces, sobre las donaciones inter
vivos?
CIC17
|
CIC83
|
Can. 1529*. Quae ius civile in territorio statuit de
contractibus tam in genere, quam in specie, sive nominatis sive innominatis,
et de solutionibus, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum
effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico
caveatur.
|
Can. 1290 — Quae ius civile in
territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de
solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae
subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint
aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canonico caveatur, et firmo
praescripto can. 1547.
|
Can. 1536*. §1. Nisi contrarium probetur, praesumendum
ea quae donantur rectoribus ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae
donata. §2. Donatio facta ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari
nequit sine licentia Ordinarii. §3. Repudiata illegitime donatione, ob damna
quae inde obvenerint actio datur restitutionis in integrum vel indemnitatis.
§4. Donatio ecclesiae facta et ab eadem legitime acceptata, propter ingratum
Praelati vel rectoris animum revocari nequit.
|
Can. 1267 — § 1. Nisi contrarium
constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis
personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae
iuridicae factae.
§ 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt
nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si
agitur de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut
acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto
can. 1295.
§ 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae,
nonnisi ad eundem finem destinari possunt.
|
Bajo el CIC17 había discusión entre los autores, como explicaba (Vromant, pág. n. 162). La sentencia más
común era que el c. 1529* canonizaba la ley civil en relación con los
contratos, y la donación entre vivos es considerada por el CIC una especie de
ellos, luego las diversas especies de donación entre vivos implícitamente ya
quedaban contempladas por el CIC (de acuerdo, también, con el c. 1536*), y como
en la ley civil se especificaba lo relacionado con las solemnidades, también en
el ámbito canónico eran inválidas las donaciones que no se hicieran de acuerdo
con dichas solemnidades.
La mente de la norma se mantuvo en el CIC83, por lo cual se ha de
considerar que la interpretación de la norma también.
Otras cuestiones al respecto no revisten importancia práctica.
d.
Ejecución de las pías
voluntades
Cc. 1300 a 1302
1) Obligación de cumplir las pías voluntades
C. 1300
Cuando una persona quiere dejar algo y lo deja efectivamente mortis
causa, sus disposiciones deben seguirse, incluso si se refieren a la forma
concreta como han de administrarse tales bienes.
2) El “ejecutor nato”
C. 1301
Es el Ordinario (del lugar o el propio) el ejecutor “nato” de las pías
voluntades
, pues tiene la
responsabilidad en esta materia. La cláusula de la disposición que lo excluyera
ha de tenerse por no puesta.
3) Ejecución de una fiducia
C. 1302
En este punto es menester precisar la noción de fiducia, término que ya
se encontraba en el CIC17 (c. 1516*, etc.) y que, de nuevo, encontramos en el
actualmente vigente
[xiii].
El concepto de fiducia corresponde con un acto de confianza, cuando una
persona (1ª) entrega unos bienes a otra persona (2ª) con carácter fiduciario,
es decir, con el fin de que sean administrados posteriormente
(en favor de una causa pía (3ª): sea persona jurídica pública, o persona
jurídica privada, o anexión a personas jurídicas preexistentes como fundación
no autónoma). El fiduciario (en cualquier forma que lo sea: persona natural o
jurídica: incluso heredero o legatario: fiduciario) no es, pues, el
destinatario final de los bienes sino el aceptador y ejecutor (cumple) de la voluntad
del donante.
Tres personajes intervienen, pues, en el c.: uno es el donante o
testador (hace el testamento) (1ª); otro, quien (“qui”) recibe la
fiducia, sea por acto entre vivos, sea por testamento (2ª); el Ordinario
(representante de la causa pía) que ha de ser informado de la fiducia (3ª).
Ahora bien: el c. prevé que “todo fiduciario”, sea clérigo o laico,
debe participar al Ordinario que recibió una fiducia, especificándole las
condiciones de la misma, esto es, su naturaleza y cargas, por cuanto el
Ordinario, como se ha dicho, es el ejecutor nato de las pías voluntades. Más
aún: si acaso el donante prohibiera o hubiera prohibido que el Ordinario se
enterara de la fiducia, el fiduciario no ha de aceptar recibir la fiducia.
Por lo general, el Ordinario es el del lugar; pero, si el fiduciario
fuera miembro de un Instituto religioso, habría entonces que distinguir:
a) Si los bienes son atribuidos al lugar o diócesis, o destinados a
ayudar a sus habitantes o a sus causas pías, el Ordinario es el del lugar;
b)
Si ello no es así,
entonces, el Ordinario es el propio:
·
El superior mayor en el
caso del miembro de un Instituto clerical de derecho pontificio
·
De las sociedades
clericales de vida apostólica de derecho pontificio
2.
Las pías fundaciones
a.
Especies de pías
fundaciones
C. 1303
1) Autónomas
No se prevé la existencia de este tipo de personas por parte de una
prescripción del derecho, es necesario que haya un decreto formal de la
autoridad que las constituya.
2) No autónomas
En segundo término existen las pías fundaciones no autónomas,
que son aquellas que se anexan o agregan a una persona jurídica pública ya
existente.
Estas fundaciones deben ser creadas para un tiempo relativamente largo,
cuya duración debe determinarse en el derecho particular.
La norma del c. señala que los bienes pueden ser dados “quoquo modo”,
de cualquier modo, es decir, pías fundaciones autónomas o no autónomas, con
masa separada o anexa.
El CIC no admite ya las fundaciones “a perpetuidad” como en los
antiguos cc. 826 §1* y 1549 § 2*. Con el tiempo se convertían en demasiado
onerosas. Al terminarse una obligación, recordemos, los bienes han de pasarse
al instituto diocesano para la sustentación del clero (c. 1274 § 5),
cuando la persona jurídica está sujeta al Obispo; de lo contrario, pasan a la
misma persona jurídica.
b.
Licencia del Ordinario
C. 1304
Una fundación no autónoma no puede ser aceptada sin licencia dada por
escrito por el Ordinario, y ello para la validez de su constitución. El
Ordinario debe estar debidamente informado del cumplimiento de ciertas
condiciones. El derecho particular puede y debe establecer determinaciones
ulteriores a las mismas.
c.
Otras normas
Cc. 1305-1307
El derecho universal proporciona algunas de estas especificaciones, y
ratifica el ámbito legítimo, en esta materia, del derecho particular, de los
estatutos y de las voluntades de los fundadores.
d.
Reducción de cargas de
misas
|
Texto del CIC83
|
M. p. Assegnare
alcune competenze (2022)
|
Traducción no oficial
|
|
Can.
1308 — §
1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda,
reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur.
§ 2.
Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos
reditus onera Missarum reducere valet.
§ 3.
Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum,
quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime
vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se
stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad
eleemosynae augmentum faciendum.
§ 4.
Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia
institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem
proprium eiusdem instituti congruenter consequendum.
§ 5.
Iisdem potestatibus, de quibus in § § 3 et 4, gaudet supremus Moderator
instituti religiosi clericalis iuris pontificii.
|
Can.
1308 § 1: La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa
giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo
di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica
clericali.
§ 2. Il
Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei
redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati che sono
autonomi, secondo l’elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non
vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere
all’aumento dell’elemosina.
§ 3. Al
medesimo compete la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che
gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti
a conseguire convenientemente le finalità proprie dell’istituto ecclesiastico
stesso.
§ 4. Ha
le stesse facoltà di cui ai §§ 2 e 3 il Moderatore supremo di un istituto di
vita consacrata o di una società di vita apostolica clericali.
|
CIC: c.
1308 § 1. La reducción de las cargas de las Misas, que sólo puede hacerse por
una causa justa y necesaria, está reservada al Obispo diocesano y al
Moderador supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de
vida apostólica clerical.
§ 2. El
Obispo diocesano tiene la facultad de reducir, en razón de la disminución de
los réditos y en tanto tal causa perdure, las Misas de los legados autónomos,
de acuerdo con la limosna que legítimamente se encuentre vigente en la
diócesis, con tal de que no haya una persona que esté obligada y que pueda
ser efectivamente apremiada a proveer el aumento de la limosna.
§ 3. Al
mismo corresponde la facultad de reducir las cargas o legados de Misas que
gravan sobre instituciones eclesiásticas, si los réditos han llegado a ser
insuficientes para conseguir de manera adecuada las finalidades propias de la
institución eclesiástica misma.
§ 4.
Tiene las mismas facultades de las que tratan los §§ 2 y 3 el Moderador
supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida
apostólica clerical.
|
C. 1308
No se prevé la extinción de esta carga sino sólo la reducción de la
misma, y esta estaba reservada a la Santa Sede. Sin embargo, a partir de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo
Pontífice Francisco Assegnare alcune competenze (“Asignar algunas
competencias”, 11 de febrero de 2022) con la cual fueron substituidas algunas normas del Código de
Derecho Canónico y del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales se lee en el
"Art. 9. Los cc. 1308 del CIC y 1052 del CCEO sobre la
reducción de las cargas de las Misas modifican la competencia".
Por lo tanto, "está reservada al Obispo diocesano y al Moderador supremo de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica clerical".
Para ello se requiere una causa “justa y necesaria”, y que no sea
posible recurrir a otra vía para resolver el caso.
NdE
Sobre esta materia se hizo pública una Notificación por parte de la Penitenciaría Apostólica el día 15 de marzo de 2022. El texto, que se refiere al ámbito estrictamente del sacramento de la penitencia, dice:
"Notificazione della Penitenzieria Apostolica, 15.03.2022
[B0176]
Il Motu Proprio “Assegnare alcune competenze”, in vigore dal 15 febbraio 2022, al proposito delle intenzioni delle Sante Messe così dispone: «La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica clericali».
A seguito di alcune richieste in merito, si precisa che Papa Francesco, nell’Udienza concessa al Cardinale Penitenziere Maggiore e al Reggente il 3 marzo 2022, ha confermato la prassi vigente per il foro interno, ovvero che se un sacerdote ha ricevuto un certo numero di intenzioni per Sante Messe e si trova impossibilitato a celebrarle, può, per mezzo del proprio Confessore, ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, che dopo aver valutato il ricorso sulla base delle informazioni ricevute, agirà di conseguenza. Di tutti i casi di eventuale riduzione di oneri di Sante Messe, il Penitenziere Maggiore informerà il Santo Padre in Udienza privata.
Il Sommo Pontefice Francesco, in data 3 marzo 2022, ha ordinato la pubblicazione di tale notifica.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 marzo 2022.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente"
En: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/15/0176/00373.html
Pero la solemnidad del principio general (§ 1) admite otras
posibilidades, que se exponen en los §§ 2 a 4.
La indicación del § 2 sería conveniente ponerla en práctica en
el momento de asumir toda la carga, es decir, que en la escritura de fundación
se prevea la posibilidad de que el Ordinario reduzca la carga de misas si
disminuyen las rentas. El § habla explícitamente del Obispo diocesano, atribuyéndole una
competencia restringida: nótese que no se trata de las anteriormente llamadas
“misas manuales”, de las cuales no se prevé reducción, sino de misas “legadas o
fundadas”.
Además, los legados deben ser “válidos por sí mismos”, esto es, que no
graven la persona jurídica.
Se exige también que la reducción se haga teniendo en cuenta el
estipendio vigente en la diócesis. Y, finalmente, que no haya nadie que esté
obligado, y a quien se le pueda exigir con eficacia, a que aumente la limosna.
El § 3 encomienda también al Obispo la reducción de las cargas
de misas cuando las rentas han disminuido de tal manera que se pone en peligro
el fin del instituto.
Y el § 4 extiende las facultades de los §§ 2 y 3 a los
Superiores generales de un Instituto religioso clerical de derecho pontificio.
e.
Traslado en cosas
accesorias
C. 1309
En el c. se señala que basta una “causa proporcionada”. Se trata del
traslado necesario o conveniente de las cargas de misas “a días, iglesias o
altares distintos de aquellos que fueron determinados en la fundación”.
Las autoridades son las mismas señaladas en el c. anterior.
f.
Otras pías fundaciones
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Texto del CIC83
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M. p. Assegnare
alcune competenze (2022)
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Traducción no oficial
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Can. 1310 — § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis
reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario
expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria
causa.
§ 2. Si exsecutio onerum
impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum
culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et
proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest
modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta
Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur.
§ 3. In ceteris casibus
recurrendum est ad Sedem Apostolicam.
|
Can. 1310 - § 1: La riduzione,
il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie
possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall’Ordinario,
uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici e
rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore.
§ 2. Nei rimanenti casi si
deve ricorrere alla Sede Apostolica.
|
c. 1310 § 1: La reducción, la
moderación y la permuta de la voluntad de los fieles en favor de causas pías
pueden ser efectuadas sólo por causa justa y necesaria por parte del
Ordinario, habiendo oído a los interesados y al propio consejo para los
asuntos económicos, y respetada del mejor modo posible la voluntad del
fundador.
§ 2. En los demás casos se debe
recurrir a la Sede Apostólica.
|
C. 1310
Con respecto a otras acciones distintas de la misa, el Código da mayor
libertad.
Existe un cambio importante en la norma a partir de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del
Sumo Pontífice Francisco Assegnare alcune competenze (“Asignar algunas
competencias”, 11 de febrero de 2022) con la cual son substituidas algunas normas del Código de
Derecho Canónico y del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Anteriormente a esta, se preveía que el Ordinario tenía la posibilidad de reducir, moderar o
conmutar la voluntad pía de los fieles cuando el fundador de la causa así la había concedido, o por una “causa justa y necesaria”. La nueva norma del c. quedó formulada como se indica arriba, de acuerdo con el art. 10:
"Art. 10. El c. 1310 del CIC y el c. 1054 del
CCEO sobre las cargas anexas a las causas pías y a las pías fundaciones
modifican la competencia".
En el anterior § 2 se establecía que, fuera de la disposición del fundador, la
única posibilidad de reducción, moderación o conmutación de la misma es que el
cumplimiento de la pía voluntad se haga imposible por la disminución de las
rentas, con tal de que el administrador no haya tenido la culpa, pues “nadie
debe sacar provecho de su propio crimen”
. La norma ya no existe en este lugar, pero sí en el Libro VI, al tratar del uso inadecuado y/o malintencionado de estos bienes, de modo que de ninguna manera quedan saneados por esta disposición. El § 3, actual
§ 2, deja todos los demás casos a la decisión de la Santa
Sede.
Fin de las notas del Curso sobre el Libro V.
NdE
La Universidad Pontificia Comillas ofrece un programa de Especialista en Administración de Bienes eclesiásticos. Puede verse la información respectiva en:
Apéndice 1
NdE
Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 01.06.2020
Hoy se publica el Motu proprio sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El texto será promulgado mediante su publicación en L'Osservatore Romano y entrará en vigor dentro de treinta días. El documento es el fruto de un trabajo sinérgico coordinado por la Secretaría de Estado, entre los diversos entes de la Curia Romana, entre los cuales el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Se trata de un código único, que va más allá de las reglamentaciones vigentes en algunas entidades individuales y que ahora se aplica a todos los entes referidos a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano.
La normativa se inscribe en la legislación internacional más avanzada en la materia. El principio inspirador del nuevo texto es la diligencia del buen padre de familia, que desea una gestión eficaz y ética de sus propios recursos, que a la vez favorezca la transparencia, el control y un trato equitativo de la concurrencia real entre quienes desean establecer una relación económica con los entes interesados.
Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" del Sumo Pontífice Francisco sobre la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de Adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, dada a conocer el 1° de junio de 2020
CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE MOTU PROPRIO
del Sumo Pontífice
FRANCISCO
Sobre la transparencia, el control y la concurrencia
en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano
La diligencia del buen padre de familia es un principio general y de máximo respeto, en base al cual todos los administradores están obligados a cumplir con sus funciones. El derecho canónico lo exige explícitamente en relación con los bienes eclesiásticos (c. 1284 § 1 CIC), pero en general es aplicable a cualquier otro administrador.
La economía mundial y una creciente interdependencia han dado lugar a la posibilidad de obtener considerables ahorros como resultado de la operatividad de múltiples oferentes de bienes y servicios. Estas posibilidades deben utilizarse sobre todo en la gestión de los bienes públicos, donde es aún más sentida y urgente la necesidad de una administración fiel y honesta, dado que en este ámbito el administrador está llamado a asumir la responsabilidad de los intereses de una comunidad, que van mucho más allá de los individuales o de los que se derivan de intereses particulares.
Esta necesidad también ha fomentado una reglamentación específica y coherente en el seno de la comunidad internacional, que ya cuenta con principios y normas que inspiran la conducta y muestran la experiencia de los distintos Estados. Es útil referirse a este patrimonio normativo, con sus "buenas prácticas" asociadas, si bien teniendo en cuenta los principios fundamentales y las finalidades propias del orden canónico y la peculiaridad del que atañe al Estado de la Ciudad del Vaticano.
Para permitir una gestión más eficaz de los recursos, he decidido, por tanto, aprobar un conjunto de normas destinadas a favorecer la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con ellas quiero fijar los principios generales y delinear un procedimiento único en la materia, mediante un corpus normativo válido para los diversos entes de la Curia Romana, para las instituciones vinculadas administrativamente a la Santa Sede, para la Gobernación del Estado, así como para las demás personas jurídicas públicas canónicas específicamente individuadas.
Al mismo tiempo, a pesar de su unidad y homogeneidad, esta disciplina contempla aquellas diferencias necesarias entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano que son bien conocidas por el derecho y consideradas universalmente por la praxis jurídica, incluida la internacional, así como las finalidades propias de cada Entidad que, por razón de su único servicio eclesial, está llamada a aplicarlas.
La promoción de una aportación concurrente y leal de los operadores económicos, junto con la transparencia y el control de los procedimientos de adjudicación de contratos, permitirá una mejor gestión de los recursos que la Santa Sede administra para alcanzar los fines propios de la Iglesia (cf. c. 1254 CIC), garantizando a los mismos operadores la paridad de tratamiento y la posibilidad de participar a través de un Registro especial de los operadores económicos y de los procedimientos específicos.
La operatividad de todo el sistema constituirá, además, un obstáculo para los acuerdos restrictivos y permitirá reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta normativa, de carácter sustancial, va acompañada de una normativa procesal destinada a garantizar el recurso a la tutela jurisdiccional en caso de controversias sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, o relacionadas con los procesos de inscripción o de cancelación del Registro de los operadores económicos.
La especificidad de la materia y el tecnicismo de la normativa sustancial justifican la ampliación de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, a los que se atribuye la competencia para conocer las eventuales controversias, aunque se refieran a los entes de la Curia Romana, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica en caso de conflicto de atribución.
Ahora, pues, habiendo puesto a punto la redacción final de las normas mencionadas, después de haberme consultado y considerado debidamente el conjunto, delibero Motu proprio, cierta ciencia y autoridad soberana, aprobar las normativas contenidas en los textos adjuntos a la presente acta, que se consideran partes integrantes de la misma, que deben observarse en todas sus partes, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de mención particular.
Dispongo que el original de este Motu proprio sea promulgado mediante su publicación en el sitio Internet de L'Osservatore Romano, entrando en vigor treinta días después, y luego publicado en los Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 19 de mayo de 2020, el octavo del Pontificado.
FRANCISCO
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El siguiente es el texto de las Normas en italiano:
NORME
SULLA TRASPARENZA, IL CONTROLLO E LA CONCORRENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
DELLA SANTA SEDE E
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e finalità
§1. La presente normativa disciplina le procedure relative ai contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del successivo art. 2.
§2. La presente normativa, conformemente alla Dottrina Sociale della Chiesa e ai principi fondamentali del sistema giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, persegue i seguenti fini:
a) l’impiego sostenibile dei fondi interni;
b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente normativa si intende per:
a) «Enti pubblici» o «Enti», i Dicasteri e gli altri organismi o uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l’Economia;
b) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
c) «beni e servizi singolari», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da un solo Ente;
d) «beni e servizi comuni», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti in maniera ricorrente da almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;
e) «contratto quadro», contratti che l’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) o il Governatorato intendono concludere con uno o più operatori economici, da identificare con procedure selettive, allo scopo di individuare le categorie di beni e servizi, le condizioni e i corrispettivi prestabiliti e la quantità degli ordinativi. Sulla base del contratto quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti definendo le clausole non previste dal contratto quadro, come per esempio la durata del rapporto negoziale;
f) «Committente» o «acquirente», APSA ed Enti, da una parte, e Governatorato e sue articolazioni amministrative, dall’altro, che, per quanto di competenza, si occupano della organizzazione e finalizzazione delle procedure di affidamento.
g) «beneficiario», l’Ente che ha chiesto e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dall’APSA o dal Governatorato;
h) «Organismi di vigilanza e di controllo», così come individuati dai rispettivi statuti e regolamentazioni, tra i quali: il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato e la Revisione Interna presso la Direzione dell’Economia, nonché l’Ufficio del Revisore Generale e l’Autorità di informazione finanziaria secondo le proprie competenze;
i) «fornitore» o «offerente», l’operatore economico che abbia ottenuto, in base alla presente normativa, l’iscrizione all’Albo unico degli operatori economici della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con l’APSA o con il Governatorato.
j) «incaricati professionali temporanei», di cui agli artt. 11 del Regolamento generale della Curia Romana, 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
k) «Albo informatico della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano» o «Albo», il luogo informatico dove sono pubblicati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici;
l) «catalogo informatico», una lista di beni, di servizi, opere e lavori, appartenenti a una o più categorie merceologiche offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria di specializzazione mediante pubblicazione nell’Albo informatico ad un prezzo determinato.
m) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
n) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
o) contratto pubblico, contratti stipulati dagli Enti agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a).
Articolo 3
Ambito di applicazione soggettivo
La presente normativa si applica:
a) agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a);
b) agli operatori economici che partecipano alle procedure di cui alla presente normativa;
c) ad altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, nelle procedure della presente normativa.
Articolo 4
Ambito di applicazione oggettivo
§1. La presente normativa si applica a tutti i contratti pubblici ad esclusione:
a) dei contratti di lavoro subordinato, anche a termine, che continuano ad essere regolati dalle rilevanti disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre norme di settore tempo per tempo vigenti;
b) del rapporto con i Consultori di cui all’art. 8 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” e successive modifiche ed integrazioni che resta regolato dall’atto di nomina e dal Regolamento interno di ciascun Ente;
c) delle convenzioni e degli atti con i quali un Ente acquisisce un bene o un servizio da un altro Ente, purché l’Ente cedente abbia acquistato il bene o il servizio mediante una delle procedure stabilite dalla presente normativa. Restano fermi i casi in cui l’Ente cedente è obbligato dalla legge vigente ad offrire il servizio gratuitamente;
d) dei contratti stipulati direttamente dalla Segreteria di Stato e dal Governatorato, per quanto di competenza, e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
i. siano necessari per adempiere gli obblighi internazionali, qualora lo stesso strumento detti direttamente le regole per aggiudicare gli appalti;
ii. siano in tutto o in parte finanziati da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale e le Parti contraenti si siano accordate sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
iii. attengano a materie coperte dal vincolo di segretezza di cui all’art. 39 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”;
iv. attengano all’Ufficio e alla sicurezza del Romano Pontefice, della Santa Sede e della Chiesa Universale ovvero siano necessari o funzionali ad assicurare la missione della Chiesa nel mondo e garantire la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.
e) delle operazioni relative alle attività di impresa in concorrenza sul mercato svolte direttamente dal Governatorato o dagli Enti, ivi incluse le attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, se svolta come attività di impresa, salvo il caso siano oggetto di concessione ai sensi dell’art. 59.
§2. Un Comitato di controllo nominato dalla Superiore Autorità vigila sui Contratti di cui al precedente paragrafo 1 lettera d).
Articolo 5
Principi fondamentali
§1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 §3 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, la presente normativa si informa ai seguenti principi fondamentali:
a) eticità nell’orientamento delle scelte economiche e degli interlocutori su parametri di rispetto della Dottrina sociale della Chiesa;
b) autonomia amministrativa e sussidiarietà nelle scelte gestionali dell’Ente;
c) leale collaborazione tra gli Enti e le diverse Direzioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
d) segregazione delle funzioni interne all’Ente, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello cui compete l’adozione del provvedimento finale;
e) economicità, efficacia ed efficienza;
f) programmazione e razionalizzazione della spesa che deve essere adeguatamente pianificata sulla base di atti di indirizzo generale di medio e lungo periodo;
g) evitare operazioni non necessarie.
§2. Nell’aggiudicazione dei contratti pubblici si osservano i seguenti principi procedurali e in particolare:
a) la procedura di aggiudicazione deve essere trasparente, oggettiva e imparziale;
b) sono adottate misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
c) sono assicurate la parità di trattamento degli operatori economici in tutte le fasi della procedura;
d) è tutelato il carattere confidenziale dei dati degli offerenti;
e) è garantita l’integrità della documentazione e, pertanto, gli atti amministrativi e giuridici costituenti la procedura di acquisto, una volta adottati, devono essere protetti dalla modificazione, alterazione, distruzione, sottrazione o sostituzione.
Articolo 6
Computo dei termini
§1. Nel calcolo dei termini, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e il termine spira nell’ultimo istante del giorno finale.
§2. Se il termine scade in giorno festivo nello Stato della Città del Vaticano, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
CAPO II
Conflitto d’interesse, diritto d’accesso, riservatezza e segretezza ed obbligo di motivazione
Articolo 7
Conflitto di interesse
§1. Gli Enti prevedono, per quanto di loro competenza, misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
§2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un Ente o un prestatore di servizi che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere identificato come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
§3. Non possono partecipare alle procedure i dipendenti di ruolo degli Enti o soggetti giuridici ad essi riferibili.
§4. Il personale che versa nelle ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione all’Ente e dall’astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
§5. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Articolo 8
Accesso agli atti
§1. È concesso ai soggetti che abbiano un interesse attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.
§2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.
§3. Nell’ambito delle procedure di gara e selettive e in qualunque altro caso in cui l’accesso possa alterare gli esiti della procedura, l’accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa.
Articolo 9
Segretezza
§1. Qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Segreteria di Stato un’istanza per l’apposizione di un vincolo di riservatezza sulla medesima procedura, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
§2. La Segreteria di Stato provvede al riguardo avendo cura di contemperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa.
Articolo 10
Obbligo di emanare atti e obbligo di motivazione
§1. Ove l’operatore economico presenti un’istanza, ovvero una determinata procedura debba iniziare d’ufficio, gli Enti devono concluderla mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
§2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
§3. Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’Ente, se protratto per un periodo superiore a trenta giorni, equivale a provvedimento di rigetto dell’istanza, fatto salvo quanto diversamente disposto nella presente normativa.
§4. In ogni caso, tutti i procedimenti contenuti nella presente normativa devono concludersi nel termine di 90 giorni, salvo la previsione di termini inferiori stabiliti nei regolamenti attuativi o nei bandi di gara.
§5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza se il procedimento è a iniziativa di parte.
§6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO III
Regole generali applicabili agli operatori economici
Articolo 11
Operatore economico
§1. È ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’operatore economico, se:
a) le autorità pubbliche dello Stato in cui è stabilito hanno rilasciato all’operatore economico tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta dalla procedura indetta dall’Ente;
b) lo Stato in cui è stabilito aderisce alle convenzioni internazionali contro la corruzione.
§2. Qualora l’operatore economico sia una persona giuridica si deve indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
§3. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara o di iscriversi all’Albo in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario unitamente ad altri operatori economici.
Articolo 12
Motivi di esclusione
§1. Gli Enti devono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura o dall’iscrizione all’Albo qualora abbiano accertato che l’operatore economico, nel caso di persona fisica, o un soggetto con poteri di rappresentanza o un membro del consiglio di amministrazione o soci di maggioranza dell’operatore economico, nel caso di persona giuridica, sia sottoposto ad indagini, a misura di prevenzione o sia stato condannato con sentenza di primo grado per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale;
b) corruzione;
c) frode;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
f) sfruttamento del lavoro minorile, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani;
g) reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
§2. Per la definizione dei reati di cui al paragrafo precedente si fa riferimento alla normativa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e alle Convenzioni internazionali di cui la Santa Sede è parte.
Articolo 13
Ulteriori cause di esclusione
§1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d’appalto:
a) se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo la normativa del Paese in cui è stabilito;
b) se è costituito in forma di società fiduciaria, oppure sia partecipato o rappresentato, direttamente o indirettamente, da enti o soggetti fiduciari;
c) se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati secondo quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della Segreteria per l’Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente da soggetti residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori;
d) se, nell’ipotesi di enti quotati, non è soggetto a forme di vigilanza di natura economica e finanziaria, nei paesi nei quali sono stabiliti;
e) se l’operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
f) nel caso in cui, se professionista, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali accertati dall’organismo competente nello Stato in cui è iscritto;
g) se esiste un conflitto di interessi con il Committente o i suoi dipendenti o rappresentanti;
h) se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza;
i) se l’operatore economico ha mostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico;
j) se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari richiesti;
k) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali in grado di conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione oppure ha fornito informazioni false per influenzare le decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
l) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale.
Articolo 14
Requisiti di onorabilità
§1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia richiesta:
a) la Segreteria di Stato, ove abbia avuto, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche della Santa Sede o le Chiese locali, notizia di condotte tenute dagli operatori economici o dai loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, rientranti tra quelle previste dall’ all’art. 3 §2 dello Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
b) l’Autorità di informazione finanziaria, qualora, anche a mezzo dello scambio di informazioni di cui all’art. 69 lettera b) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, venga a conoscenza delcoinvolgimento di un fornitore nell’attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa.
§2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di aggregazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dalle imprese partecipanti ed operano anche con riferimento alle partecipazioni, ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai soci di maggioranza o di società di persone, anche qualora, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, sia intervenuta la cessazione dalla carica o le partecipazioni siano state cedute e non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione o dalla cessione.
TITOLO II
CENTRALIZZAZIONE – PROGRAMMAZIONE
ELENCO DEI DIPENDENTI – ALBO INFORMATICO
CAPO I
Centralizzazione degli acquisti
Articolo 15
Centralizzazione
§1. Salvo i casi stabiliti dalla presente normativa, tutti i beni e i servizi, sotto pena di nullità del relativo contratto, sono ordinariamente acquisiti dagli Enti in modo centralizzato.
§2. Le autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l’APSA relativamente ai Dicasteri della Curia Romana e alle Istituzioni a strutture amministrative collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, e, dall’altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.
Articolo 16
Deroghe alla centralizzazione
§1. Gli Enti che non intendano procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di beni e servizi per il tramite dell’APSA o del Governatorato devono predisporre e presentare alla Segreteria per l’Economia, per l’approvazione:
a) una procedura interna conforme ai principi fondamentali di cui alla presente normativa;
b) una relazione di accompagnamento che illustri:
i. le ragioni della richiesta di deroga;
ii. l’organizzazione dell’ufficio che gestirà le procedure di acquisto con particolare riferimento alle specifiche competenze tecniche e professionali dei dipendenti e consulenti preposti alle procedure di appalto e ai programmi di formazione che si intendono attuare con riferimento agli stessi;
iii. gli uffici che saranno preposti alla stipula e al controllo sull’esecuzione del contratto;
iv. i costi sostenuti nel triennio precedente per l’acquisizione di beni e servizi e una illustrazione delle politiche volte al contenimento degli stessi che si intendono perseguire tramite le procedure proposte;
v. un piano previsionale dei costi e la relativa copertura finanziaria.
§2. Più Enti possono adottare una procedura unica che preveda lo svolgimento in comune di tutte o parte delle fasi delle procedure.
Articolo 17
Acquisti degli Organismi di vigilanza e di controllo
§1. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 15 gli Organismi di vigilanza e di controllo, nei soli limiti in cui ciò sia strettamente necessario a garantire la separazione, l’autonomia e l’indipendenza tra detti Organismi e gli Enti controllati e vigilati.
§2. Gli Organismi di vigilanza e di controllo dei Dicasteri, degli altri organismi o uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede presentano al Consiglio per l’Economia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente normativa, disposizioni proprie sugli appalti conformi ai principi di cui alla presente normativa.
Articolo 18
Prezzi e corrispettivi di riferimento
§1. La Segreteria per l’Economia, sentita l’APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato, pubblica e aggiorna semestralmente l’elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento per i beni e servizi richiesti o effettivamente acquistati dagli Enti, nonché del costo del lavoro e dei professionisti nei settori indicati nell’Albo.
§2. I prezzi e corrispettivi di riferimento sono stabiliti prendendo in considerazione i prezzi e corrispettivi nei mercati in cui avviene in maniera prevalente o significativa l’approvvigionamento da parte degli Enti.
§3. I prezzi e corrispettivi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti costituiscono parametro esclusivo di riferimento:
a) sotto pena di invalidità dell’intera procedura e del relativo contratto, per la determinazione del valore delle procedure, ivi inclusa la determinazione dei valori da porsi a base d’asta nelle procedure selettive;
b) sotto pena di invalidità della relativa pattuizione, per la revisione dei prezzi contrattuali, nei limiti in cui tale revisione sia consentita dalla presente normativa;
c) in ogni altra circostanza nella quale in sede di sua attuazione o di esecuzione dei contratti, si renda necessario o utile stabilire il valore di un bene o di un servizio non altrimenti determinato.
§4. Qualora, ai fini del precedente paragrafo 3, sorga la necessità urgente di stabilire il prezzo o il corrispettivo di mercato di beni e servizi non inclusi nel provvedimento di cui al paragrafo 1 ovvero il costo del lavoro in un settore non rilevato nel medesimo atto, i committenti vi provvedono autonomamente, dando conto dei criteri oggettivi utilizzati nella determinazione del prezzo o del corrispettivo e delle fonti consultate. Le rilevazioni così effettuate devono essere trasmesse, rispettivamente, alla Segreteria per l’Economia, che ne informa l’APSA, e al Governatorato ai fini dell’aggiornamento dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§5. Per le rilevazioni di cui al presente articolo, la Segreteria per l’Economia, previo nulla osta della Segreteria di Stato ovvero per il tramite di questa, può stipulare accordi con organismi pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante degli operatori economici inseriti nell’Albo informatico e che svolgano attività di rilevazione dei prezzi di mercato, per acquisire i dati e i prezzi e corrispettivi ivi rilevati.
CAPO II
Programmazione
Articolo 19
Piano singolare degli acquisti
§1. Non oltre il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno, gli Enti, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, predispongono un Piano singolare degli acquisti contenente una descrizione dei beni, dei servizi e dei lavori per i quali richiedono uno stanziamento.
§2. Il Piano singolare predisposto dall’APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi e i lavori relativi all’espletamento delle proprie funzioni.
§3. Il Piano singolare deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe merceologica di ciascuna tipologia di beni, servizi e lavori;
b) quantitativo complessivo stimato dei beni, dei servizi e dei lavori per ciascuna tipologia o classe merceologica e la natura annuale o pluriennale della fornitura;
c) la spesa stimata per ogni bene, servizio o lavoro in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento e la relativa copertura finanziaria.
§4. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano singolare condizioni speciali, quali:
a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori;
b) tempistiche nella ricezione dei beni e dei servizi e nell’esecuzione dei lavori;
c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovante i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;
d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l’inerenza dei beni, dei servizi o dei lavori al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.
§5. Il Piano singolare è trasmesso all’APSA o al Governatorato, per quanto di competenza, per l’elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l’Economia ai fini dell’approvazione del Bilancio preventivo.
§6. Gli Enti che non abbiano presentato il Piano singolare non possono procedere agli acquisti e all’indizione di gare.
§7. In ogni caso, l’APSA o il Governatorato dà comunicazione della mancata presentazione del Piano singolare alla Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
Articolo 20
Piani generali degli acquisti
§1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano generale degli acquisti, l’APSA e il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni, dei servizi e dei lavori di tutti gli Enti e le Direzioni di cui ai Piani singolari, raggruppandoli nelle seguenti categorie:
a) beni e servizi comuni;
b) beni e servizi singolari;
c) appalti d’opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possono essere convogliati in un’unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali e quelli che richiedono un’autonoma procedura;
d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell’art. 54.
§2. Il Piano generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall’art. 33.
§3. All’esito della definizione del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono, con il consenso dell’Ente, demandargli la predisposizione della documentazione di gara. L’Ente così delegato procede secondo la presente normativa. L’APSA o il Governatorato non possono delegare ad altro Ente le competenze e le funzioni del Responsabile della gestione del comparto dell’Albo di propria competenza.
§4. Nel Piano generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, salvo che:
a) le procedure particolari da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;
b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite APSA, a determinati acquisti.
§5. L’APSA e il Governatorato possono stipulare protocolli d’intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse della Santa Sede e dello Stato. Il protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un’unica procedura è previamente sottoposto alla Segreteria per l’Economia.
§6. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli acquisti coincide con il Bilancio Preventivo dello Stato che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge Fondamentale e nell’art. 29 della Legge CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 21
Calendario degli acquisti
Entro il 10 gennaio di ogni anno l’APSA e il Governatorato, ciascuno per il comparto di propria competenza, pubblicano nell’Albo informatico un Calendario delle singole procedure di acquisto da eseguirsi nell’anno in corso fino alla pubblicazione del nuovo calendario.
CAPO III
Soggetti abilitati ad assumere un mandato amministrativo nelle procedure di affidamento
Articolo 22
Elenco dei soggetti abilitati
§1. È istituito presso la Segreteria per l’Economia l’Elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere le funzioni di:
a) progettista e perito;
b) membro di commissione giudicatrice.
§2. La nomina nelle suddette funzioni costituisce mandato amministrativo ai sensi dell’art. 207 del Codice Penale.
§3. Nell’espletamento del mandato nella commissione giudicatrice, i dipendenti incaricati operano liberi da ogni vincolo di subordinazione gerarchica.
Articolo 23
Iscrizione nell’Elenco
§1. La Segreteria per l’Economia iscrive nell’Elenco i dipendenti e gli incaricati professionali, dopo aver accertato accuratamente l’effettiva competenza e l’attitudine a svolgere incarichi di progettazione o di valutazione delle offerte.
§2. L’Elenco è suddiviso in sezioni in base alle competenze tecniche e alle specializzazioni professionali.
§3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 §2, sono iscritti di diritto nell’Elenco, purché dotati di necessario titolo di studio e in ragione della specializzazione di ciascuno, i dipendenti appartenenti agli uffici tecnici dell’APSA e del Governatorato.
Articolo 24
Incompatibilità
§1. Sono incompatibili con l’iscrizione nell’Elenco:
a) i dipendenti e gli incaricati professionali temporanei degli Organismi di vigilanza e di controllo;
b) il Responsabile dell’Albo e i dipendenti e incaricati professionali e temporanei dell’APSA o del Governatorato che abbiano accesso allo stesso per curarne la gestione;
c) i membri ordinari e supplenti dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Ancorché iscritto nell’Elenco, è incompatibile con l’assunzione di uno degli incarichi di cui all’art. 22 §1, in una singola procedura, il dipendente e l’incaricato professionale temporaneo ovvero il professionista esterno che:
a) abbia presentato un’offerta anche in associazione con altro operatore economico o abbia qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurargli un profitto, un vantaggio o altre utilità;
b) sia parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile ad un operatore economico che abbia presentato offerta;
c) abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero sia o sia stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari;
d) sia socio o sia stato nei cinque anni precedenti socio di un operatore economico che abbia presentato offerta;
e) svolga la funzione di Responsabile del procedimento.
§3. Il dipendente, l’incaricato e il professionista, all’atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato o professionista che ne faccia richiesta è consentita la visione della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico all’atto dell’iscrizione nell’Albo.
§4. Il progettista non può fare parte della commissione giudicatrice.
Articolo 25
Responsabile del procedimento
§1. L’Ente designa per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento scelto tra i propri dipendenti.
§2. Il Responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione dell’Ente, svolge compiti istruttori e non è competente all’adozione di provvedimenti definitivi.
§3. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.
§4. Il Responsabile dell’Albo provvede a rilasciare al Responsabile o ai Responsabili del Procedimento le relative credenziali di accesso.
CAPO IV
Albo Informatico
Articolo 26
Istituzione dell’Albo informatico
§1. È istituito l’Albo informatico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Albo è esclusivamente informatico ed è realizzato su una piattaforma unica.
§2. La piattaforma è divisa in tre comparti ed è gestita:
a) dall’APSA, per il comparto relativo agli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;
b) dal Consiglio per l’Economia, per il comparto relativo agli operatori economici degli Organismi di vigilanza e di controllo;
c) dal competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il comparto relativo agli operatori economici del Governatorato medesimo, in conformità alle disposizioni proprie allegate alla presente normativa e alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.
§3. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono responsabili della gestione amministrativa del comparto di propria competenza.
§4. L’Albo è gestito a livello informatico e ogni comparto è diviso in due sezioni:
a) la Sezione degli annunci legali;
b) la Sezione degli operatori economici abilitati.
§5. Il Responsabile dell’Albo è individuato nel responsabile di cui all’art. 33, §1 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima” (https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050321_cura-vigilantissima.html).
§6. Per la gestione dell’Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
Articolo 27
Consultazione dell’Albo
§1. La consultazione dell’Albo è consentita:
a) agli Enti per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;
b) a tutti gli operatori economici interessati riguardo alla sezione degli Annunci legali pubblici.
c) agli operatori economici iscritti all’Albo, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alle categorie di specializzazione in cui sono iscritti;
d) agli Organismi di vigilanza e di controllo;
e) alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede nei limiti di quanto necessario all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 28
Effetti della pubblicazione
§1. La pubblicazione nella Sezione degli annunci legali è lo strumento di comunicazione tra l’APSA e gli Enti, nonché il Governatorato, da un lato, e gli operatori economici, dall’altro lato.
§2. Con la pubblicazione nell’Albo, gli atti e i provvedimenti si danno per conosciuti ad ogni effetto di legge da parte di tutti coloro che hanno accesso all’Albo medesimo. È onere degli operatori economici che abbiano titolo e interesse a partecipare alle singole procedure consultare l’Albo.
§3. Dalla data di pubblicazione nell’Albo decorrono tutti i termini procedurali, salvo diversa indicazione disposta negli atti pubblicati.
Articolo 29
Sottosezioni degli annunci legali
§1. La sezione degli annunci legali è divisa in tre sottosezioni:
a) la sottosezione per le procedure di gara ed affidamento;
b) la sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida;
c) la sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
§2. Nella sottosezione per le procedure di gara ed affidamento deve pubblicarsi sotto pena di invalidità della relativa procedura tutta la documentazione di gara e ogni atto e documento che debba essere tenuto in considerazione dagli operatori economici ai fini della partecipazione ad una singola procedura, ivi incluse le istanze e i chiarimenti di qualunque genere, eventualmente presentati dagli altri offerenti e le relative risposte.
§3. Nella sottosezione per i documenti di prassi, gli indirizzi e le linee guida sono pubblicati la presente normativa e i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida.
§4. Nella sottosezione per le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sono pubblicati gli atti dei procedimenti e le decisioni. Per gli atti difensivi e i documenti prodotti dalle parti, l’accesso agli stessi è limitato alle sole parti del procedimento.
Articolo 30
Pubblicità dell’Albo
§1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, è data ampia visibilità sui siti istituzionali della Santa Sede e della Stato della Città del Vaticano dell’esistenza dell’Albo stesso.
§2. È compito dell’APSA e del Governatorato attuare tutte le ulteriori iniziative di pubblicità al fine di permettere all’operatore economico interessato di essere informato sull’esistenza dell’Albo e sulle modalità di presentazione della richiesta d’iscrizione all’Albo, nonché della presentazione delle offerte.
§3. Nell’Albo informatico è presente una area pubblica liberamente consultabile dove verranno pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo, le modalità di presentazione delle offerte e il Calendario degli acquisti.
§4. Nella stessa sezione verranno comunque indicati il titolo delle procedure in atto e quelle chiuse negli ultimi 5 anni.
Articolo 31
Iscrizione dell’operatore economico
§1. La Segreteria per l’Economia, con apposito provvedimento, predispone un modello informatico di richiesta d’iscrizione all’Albo, indicando altresì la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione.
§2. La Segreteria per l’Economia, verificato che la richiesta di iscrizione e la relativa documentazione rispetti la presente normativa, autorizza l’iscrizione all’Albo e la comunica al Responsabile dell’Albo che provvede all’iscrizione.
§3. L’autorizzazione all’iscrizione all’Albo ha una durata di tre anni.
§4. L’iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla richiesta se presentata su istanza di parte per l’iscrizione all’Albo, oppure (ii) immediatamente, all’aggiudicazione della gara, nell’ipotesi di procedura pubblica. In caso di silenzio, l’iscrizione si intenderà rifiutata.
§5. Contro il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo o il silenzio rifiuto è ammesso ricorso dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
Articolo 32
Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione alla Sezione per gli operatori economici è titolo necessario:
a) per la consultazione della Sezione degli annunci legali;
b) per stipulare i contratti nelle gare pubbliche.
Articolo 33
Categorie di specializzazione
§1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all’Albo per una o più categorie di specializzazione, tenuto conto:
a) dell’oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;
b) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, abilitanti ad operare in determinati settori economici;
c) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti.
d) di ogni altro elemento che consenta di accertare la presenza effettiva del fornitore in un determinato mercato di specializzazione.
§2. Le categorie di specializzazione e il modo di documentarne l’appartenenza sono determinate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l’Economia sulla base delle necessità espresse dall’APSA e dal Governatorato nei rispettivi Piani generali degli acquisti.
§3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l’iscrizione in più categorie di specializzazione.
§4. Qualora per una o più categorie di specializzazione, non vi siano fornitori iscritti all’Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l’APSA e il Governatorato, all’atto della pubblicazione del calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all’Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.
Articolo 34
Cancellazione dall’Albo
§1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, gli operatori economici sono cancellati dall’Albo, qualora ricorra una delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 13 e ss., con provvedimento della Segreteria per l’Economia.
§2. Il provvedimento di cancellazione non può essere disposto se non previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dall’operatore economico.
§3. Il suddetto provvedimento di cancellazione è altresì impugnabile dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore Generale, anche nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un’adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull’autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.
§5. La Segreteria per l’Economia, l’APSA e il Governatorato, possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.
Articolo 35
Procedura semplificata
Con atto di indirizzo di cui all’art. 2 del proprio statuto, il Consiglio per l’Economia, su proposta della Segreteria per l’Economia, può prevedere forme semplificate di iscrizione all’Albo per quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, sono già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla presente Sezione.
TITOLO III
PROCEDURA - AGGIUDICAZIONE - DEROGHE – CONCESSIONI
- ESECUZIONE DEL CONTRATTO - OPERAZIONI NEL SETTORE IMMOBILIARE
CAPO I
Procedura
Articolo 36
Tipi di procedura
§1. Tutti i contratti sono aggiudicati sulla base di una procedura selettiva
§2. I contratti sono aggiudicati mediante:
a) Procedura selettiva pubblica;
b) Procedura selettiva mediante Albo informatico;
c) Gara al massimo ribasso mediante Albo informatico;
d) Acquisto diretto mediante catalogo informatico;
e) Affidamento diretto.
Articolo 37
Procedura selettiva pubblica
§1. Si accede alla procedura selettiva pubblica quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di cui all’art. 36 §2, come descritte negli articoli che seguono.
§2. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all’Albo, può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla sezione pubblica dell’Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni di urgenza debitamente motivate.
§3. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.
§4. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate nei documenti di gara pubblicati nella sezione pubblica dell’Albo.
Articolo 38
Procedura selettiva mediante Albo informatico
§1. La procedura selettiva mediante Albo informatico si effettua con le stesse modalità della procedura selettiva pubblica, ma è aperta solo agli operatori economici iscritti all’Albo nella corrispondente categoria di specializzazione, i quali possono presentare un’offerta in risposta a un avviso di gara.
§2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara. Il termine può essere ridotto fino al minimo di 15 giorni per motivate ragioni di urgenza.
§3. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate dalla documentazione di gara.
Articolo 39
Documentazione di gara
§1. La documentazione di gara si compone:
a) del bando di gara;
b) del disciplinare di gara;
c) del capitolato;
d) dello schema del contratto;
e) delle istruzioni e dei modelli per la compilazione delle offerte tecniche ed economiche.
§2. Al fine di agevolare l’attività degli Enti, uniformandone le condotte, i bandi di gara sono redatti in conformità a modelli-tipo predisposti dalla Segreteria per l’Economia.
§3. Gli Enti possono sempre derogare ai modelli, motivando espressamente la deroga con comunicazione da inviare alla Segreteria per l’Economia.
§4. Fino alla pubblicazione, la documentazione di gara e i relativi documenti preparatori sono coperti da segreto d’ufficio.
Articolo 40
Progettazione
Devono essere precedute da adeguata progettazione le gare aventi ad oggetto:
a) opere o lavori;
b) la realizzazione di infrastrutture informatiche complesse;
c) gli appalti misti di beni e servizi, inclusi i lavori, ovvero di beni o servizi non appartenenti alla medesima classe merceologica;
d) attività istituzionali di medio o lungo periodo comportanti oneri per più di un esercizio ovvero appalti comunque connessi a tali attività.
Articolo 41
Nomina del progettista
§1. Il Committente è responsabile della progettazione e individua uno o, se necessario in relazione alla complessità del progetto, più progettisti preferibilmente tra i propri dipendenti, purché iscritti nell’elenco di cui all’art. 22. Gli Enti possono incaricare della progettazione gli uffici tecnici dell’APSA o del Governatorato, per quanto di rispettiva competenza.
§2. Tutti i documenti progettuali devono essere approvati per iscritto dall’Ente secondo le disposizioni del Regolamento interno di ciascuno.
§3. Si può ricorrere a progettisti esterni, selezionati in base alle procedure di cui alla presente normativa, solo se sussistono ragioni oggettive e documentabili.
Articolo 42
Sopralluoghi
§1. Nei documenti di gara è pubblicato il calendario dei giorni e degli orari in cui gli operatori economici possono effettuare i sopralluoghi qualora questi siano necessari ad elaborare le offerte.
§2. L’avviso potrà indicare anche l’eventuale obbligatorietà del sopralluogo ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.
§3. Ove necessario, possono compiersi diverse sedute, assicurando a tutti gli operatori economici di effettuare i sopralluoghi.
§4. Delle operazioni compiute e delle osservazioni dei tecnici degli operatori economici intervenuti è redatto processo verbale.
Articolo 43
Affidamento diretto
§1. Si procede ad affidamento diretto:
a) per procedure di importo inferiore agli Euro 40.000,00, nelle quali il Committente può procedere con affidamento diretto a un operatore economico iscritto all’Albo con criterio rotativo automatico nel rispetto delle categorie richieste e in funzione della loro idoneità professionale;
b) quando i lavori, i servizi o i beni possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i) l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;
ii) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
iii) tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
§2. Le eccezioni di cui alla lettera b) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.
§3. Le procedure di affidamento diretto di cui alla lettera a) dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento e dell’ambito programmazione dei Piani presentati.
Articolo 44
Subappalto
§1. L’operatore economico che intende eseguire alcune prestazioni affidandole in subappalto deve farne richiesta in sede di presentazione delle offerte, indicando il nominativo del subappaltatore e, in dettaglio, le prestazioni affidate in subappalto nonché fornire la bozza del relativo contratto.
§2. L’autorizzazione al subappalto avviene con l’aggiudicazione dell’offerta.
§3. Fuori dalle ipotesi di cui al presente articolo, il subappalto anche parziale è vietato e, se eseguito, costituisce grave inadempimento con risoluzione del contratto e perdita del diritto al compenso.
Articolo 45
Procedura per acquisti non previsti nei Piani singolari
Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano singolare, l’Ente, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia che verifica il rispetto dei documenti contabili e la necessaria copertura finanziaria, può inoltrare all’APSA e al Governatorato, per quanto di competenza, la richiesta di indizione di una gara o l’autorizzazione all’acquisto tramite catalogo.
Articolo 46
Modalità di selezione nelle procedure selettive
La selezione deve tener conto dei requisiti soggettivi degli offerenti e dei requisiti dell’offerta secondo criteri predeterminati nei documenti di gara o comunque prestabiliti in documenti regolamentari o modelli tipo precedenti alla gara.
Articolo 47
Criteri soggettivi di Selezione
Il metodo di valutazione degli operatori economici deve utilizzare sistemi oggettivi e automatici predeterminati nei documenti di gara o in regolamenti attuativi che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti al fornitore in relazione a valutazioni che tengano conto:
a) della capacità economica e finanziaria;
b) della capacità tecnica.
Articolo 48
Criteri di selezione delle offerte
§1. La selezione avviene in base alla comparazione ponderata delle offerte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo altresì un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.
§2. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il loro peso nell’attribuzione dei punteggi sono specificati nei documenti di gara in accordo con le esigenze manifestate dagli Enti nei progetti o nei Piani degli acquisti.
§3. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico.
Articolo 49
Presentazione delle offerte
§1. Nel bando di gara sono indicati il giorno e l’orario entro il quale, a pena di decadenza e senza eccezioni, tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono far pervenire le proprie offerte.
§2. Tra la pubblicazione della documentazione di gara e il giorno stabilito per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno trenta giorni.
§3. Il giorno in cui le offerte devono essere presentate, una volta stabilito, non può essere anticipato, ma può essere posticipato dandone avviso pubblicato nell’Albo almeno quarantotto ore prima.
§4. Le offerte devono essere presentate, sotto pena di esclusione, mediante scambio di documenti per via telematica attraverso la piattaforma informatica dell’Albo.
Articolo 50
Nomina e composizione della Commissione giudicatrice
§1. La Commissione giudicatrice, a pena di invalidità dell’intera procedura di acquisto, deve essere nominata dopo lo spirare del termine per la presentazione delle offerte ed è composta in via ordinaria da tre membri iscritti nell’Elenco di cui al Capo III del Titolo I, tramite estrazione.
§2. Il numero dei componenti della Commissione giudicatrice può essere esteso a cinque, nelle gare di valore superiore a Euro 300.000,00.
§3. Gli atti di nomina sono pubblicati nell’Albo Informatico.
§4. La Commissione così costituita nomina un proprio Presidente il quale, sentiti gli altri componenti, stabilisce il calendario delle sedute della stessa e acquisisce dal responsabile dell’Albo le credenziali di accesso e quanto necessario alla consultazione, da parte dei componenti, delle offerte. Il Calendario delle sedute è pubblicato nell’Albo.
§5. Il Presidente deve richiedere al progettista, se nominato, di presentare la dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 24 §4. La dichiarazione è pubblicata nell’Albo informatico.
Articolo 51
Apertura delle offerte
§1. Nella prima seduta la Commissione:
a) verifica la completezza della documentazione presentata dagli operatori economici;
b) valuta i casi comportanti l’esclusione;
c) verifica l’integrità delle offerte o eventuali anomalie o irregolarità nella loro presentazione.
§2. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Articolo 52
Valutazione delle offerte
§1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute riservate secondo il Calendario stabilito dal suo Presidente, sentiti gli altri Commissari. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione.
§2. La Commissione procede nel seguente ordine vincolante:
a) ad attribuire un punteggio ai criteri soggettivi;
b) ad attribuire il punteggio all’offerta tecnica;
c) ad attribuire un punteggio all’offerta economica e all’applicazione dei coefficienti di raccordo con l’offerta tecnica;
d) alla valutazione delle offerte anormalmente basse.
§3. Ogni Commissario attribuisce in maniera autonoma i relativi punteggi ad ogni singola offerta secondo quanto definito dal bando di gara compilando una propria scheda di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo attribuito per ogni autonomo elemento di valutazione è la risultante della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.
§4. I Commissari procedono congiuntamente al calcolo dei punteggi attribuiti e stilano una graduatoria del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta valida.
§5. Ai fini di quanto previsto dal §2 lettera d) qualora l’offerta che risulti prima in graduatoria abbia contemporaneamente ottenuto, sia sotto il profilo tecnico e funzionale che sotto il profilo economico, un punteggio superiore alle soglie determinate con provvedimento della Segreteria per l’Economia, la Commissione richiede al fornitore chiarimenti in ordine alla sostenibilità dell’offerta, tenuto conto dei prezzi e corrispettivi di riferimento, dei particolari processi produttivi del fornitore, della sua struttura, dei costi e dei ricavi risultanti dagli ultimi bilanci approvati e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
§6. I lavori della Commissione sono conclusi con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria il quale dispone anche l’eventuale esclusione degli operatori economici.
§7. La Commissione può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l’offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto delle soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nel Piano generale degli acquisti, nel disciplinare di gara o nel progetto definitivo.
§8. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è pubblicato contestualmente alla sua adozione, unitamente alla graduatoria e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Articolo 53
Acquisizione delle offerte al massimo ribasso dall’informatico
§1. Per le gare sotto gli Euro 150.000,00 è possibile pubblicare nell’Albo un invito agli operatori economici iscritti a procedere ad un’asta a ribassi successivi pubblici, indicando il termine ultimo di chiusura dell’asta.
§2. La procedura selettiva di cui al presente articolo è valida solo in presenza di tre offerte valide.
§3. La fornitura è aggiudicata al massimo ribasso alla data e all’ora di chiusura dell’asta, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta che dovrà essere effettuata dal responsabile dell’Ente prima dell’aggiudicazione definitiva.
Articolo 54
Acquisti diretti mediante catalogo informatico
§1. Con il Piano generale degli acquisti, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono consentire l’acquisto di beni e servizi offerti dagli operatori economici ad un prezzo o corrispettivo determinato mediante pubblicazione nell’Albo di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo o corrispettivo a cui sono offerti. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Gli acquisti al massimo ribasso possono essere consentiti solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
b) servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
§3. Nel solo caso di acquisto di beni, se consentiti ai sensi dei paragrafi precedenti, gli Enti possono anche rivolgersi direttamente a operatori economici i quali, benché non iscritti all’Albo, offrono pubblicamente i propri beni sul mercato elettronico a prezzi più bassi rispetto a quelli offerti nei cataloghi o, comunque, ai prezzi e corrispettivi di riferimento.
§4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche, sono stabilite dall’APSA o dal Governatorato, ciascuno per la propria sezione di competenza, nell’ambito delle categorie di specializzazione.
§5. Le condizioni di fornitura sono stabilite dall’APSA e Governatorato mediante un contratto quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.
§6. Possono pubblicare un proprio catalogo tutti gli operatori economici iscritti all’Albo nella categoria di specializzazione corrispondente.
§7. Il catalogo è trasmesso dall’operatore all’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, che procedono agli adempimenti per la pubblicazione, previa verifica della rispondenza dei beni e servizi ivi inclusi a quanto richiesto.
§8. Il provvedimento di esclusione dalla pubblicazione è immediatamente impugnabile dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
§9. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.
§10. La procedura di acquisto mediante catalogo può essere avviata solo in presenza di almeno tre cataloghi validamente pubblicati.
§11. Gli Enti, attraverso l’Albo informatico e nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare la quantità necessaria di un singolo bene o servizio compreso nei cataloghi mediante ordine diretto di acquisto all’operatore economico che in quel momento lo offra al prezzo più basso, ferme le valutazioni circa l’anomalia dell’offerta.
Articolo 55
Provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle gare
All’esito della verifica sulla regolarità dell’intera procedura di gara, ma non prima di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, i Committenti adottano il provvedimento di aggiudicazione definitiva che viene pubblicato nell’Albo.
Articolo 56
Stipula del contratto
§1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dall’offerta o dal bando e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati.
§2. Negli acquisti di beni e servizi singolari il contratto prima di essere stipulato dall’APSA o dal Governatorato deve essere sottoposto all’approvazione dell’Ente richiedente.
§3. I pagamenti effettuati in forza di clausole invalide costituisce danno al patrimonio della Santa Sede o per il Governatorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§4. Il contratto può essere stipulato solo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine viene proposta impugnazione il contratto non può essere stipulato senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
§5. Il contratto deve essere pubblicato nell’Albo entro quindici giorni dalla sottoscrizione.
§6. La pubblicazione e la registrazione presso l’apposito registro del Governatorato sono condizioni di efficacia del contratto.
CAPO II
Deroghe
Articolo 57
Lavori di somma urgenza
§1. In casi di necessità ed urgenza, se esiste un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità, l’Ente responsabile può disporre la immediata esecuzione di lavori entro il limite di Euro 100.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.
§2. L’affidamento è accompagnato dalla redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
§3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il Committente può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 10 per cento.
§4. L’Ente che ha affidato i lavori compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’APSA o al Governatorato, che provvedono alla copertura della spesa. La perizia è trasmessa altresì alla Segreteria per l’Economia per l’approvazione dei lavori.
§5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
§6. In via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a rimuovere lo stato di pericolo, l’affidamento diretto può essere autorizzato dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, oltre che per i lavori altresì per acquisti di beni e servizi. Analogamente la Segreteria per l’Economia o il Cardinale Presidente del Governatorato per quanto di competenza, può autorizzare lavori per un valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 da effettuare in un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.
Articolo 58
Acquisti di modico valore
Gli acquisti di modico valore sono ammessi nei limiti previsti da apposita voce di spesa del Piano singolare degli acquisti di cui al precedente art. 19.
CAPO III
Concessioni
Articolo 59
Oggetto e ambito di applicazione
§1. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili e non diversamente regolamentato dagli articoli seguenti, le disposizioni relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione, alle modalità di esecuzione.
§2. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo.
Articolo 60
Durata della concessione
§1. La durata delle concessioni è limitata ed è stimata dall’Ente in funzione dei lavori o servizi richiesti all’operatore economico.
§2. Le concessioni ultra-quinquennali, devono essere autorizzate dalla Segreteria per l’Economia o dal Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di competenza, e la durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici. Ai fini del calcolo, gli investimenti presi in considerazione comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
Articolo 61
Bandi di gara
§1. Gli Enti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di gara e ne chiedono la pubblicazione nell’Albo di cui gli artt. 26 e ss..
CAPO IV
Disciplina ed esecuzione dei contratti
Articolo 62
Responsabilità dell’esecuzione del contratto
§1. Gli Enti che risultino beneficiari, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto sono responsabili della regolare esecuzione e di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in base alla natura della prestazione stessa.
§2. Il Responsabile del procedimento dell’Ente beneficiario svolge le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto, ferma la facoltà di ciascun Ente Beneficiario, in base al proprio Regolamento interno, di nominare in tale funzione o per singoli appalti, uno o più Officiali che, nell’assolvimento del proprio compito, rispondono al Responsabile del procedimento.
Articolo 63
Certificato di regolare esecuzione
§1. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto emette un certificato attestante l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
§2. Il certificato di regolare esecuzione può essere emesso anche parzialmente per stato avanzamento lavori, qualora il contratto preveda il pagamento di acconti a stato di avanzamento o in ipotesi similari. Il certificato in tali ipotesi fa riferimento solo alle prestazioni effettivamente eseguite al momento del suo rilascio.
§3. Il certificato deve essere allegato alla fattura o ad altro documento con il quale richiede il pagamento del corrispettivo pattuito.
§4. Il pagamento dei corrispettivi in assenza di certificato di regolare esecuzione costituisce danno al patrimonio dell’Ente.
§5. L’emissione del certificato non libera l’operatore economico dal risarcimento danni per la scoperta di vizi occulti dell’opera.
§6. I soggetti che hanno ricevuto la prestazione inviano una valutazione dell’operatore economico alla Segreteria per l’Economia sulla base dei modelli predisposti da quest’ultima.
Articolo 64
Durata del contratto
§1. I contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni. Termini superiori comunque non eccedenti i cinque anni devono essere motivati ed autorizzati dalla Segreteria per l’Economia, in considerazione della tipologia di bene o servizio, del ciclo di vita dei beni oggetto dell’appalto e della variabilità dei prezzi e corrispettivi di riferimento.
§2. Il rinnovo dei contratti può avvenire solo attraverso procedura selettiva pubblica.
§3. Le clausole di rinnovo tacito e i rinnovi eventualmente accordati in violazione dei paragrafi precedenti sono nulli. Il pagamento di corrispettivi in base a contratti scaduti e non rinnovabili costituisce danno al patrimonio della Santa Sede.
§4. I contratti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono indicare i termini perentori entro i quali le prestazioni devono essere eseguite.
Articolo 65
Modifica dei contratti e varianti in corso d’opera
§1. Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d’opera, devono essere autorizzate congiuntamente dall’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, e dalla Segreteria per l’Economia, sulle base dei parametri oggettivi individuati con regolamento dalla Segreteria per l’Economia.
§2. Le modifiche e variazioni dovranno essere pubblicate nell’Albo informatico.
Articolo 66
Revisione prezzi
§1. Il bando di gara può prevedere la revisione dei prezzi.
§2. La revisione può essere prevista solo sulla base di criteri oggettivi, su clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto pubblicato nella documentazione di gara.
§3. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la variazione è rilevata o è stato richiesto di rilevarla.
§4. Qualora la variazione sia superiore al 10 per cento, la parte che subisce l’effetto economico sfavorevole della variazione ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto.
§5. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l’impegno dell’operatore economico a tenere ferma la propria proposta, sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta.
Articolo 67
Recesso
In caso di recesso del Committente si esegue il pagamento dei lavori o delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite a titolo di indennizzo.
CAPO V
Operazioni nel settore immobiliare
Articolo 68
Immobili ad uso istituzionale
§1. Gli Enti che intendono acquisire in proprietà o prendere in godimento a titolo oneroso un bene immobile per le proprie finalità istituzionali devono farne preventiva richiesta scritta agli altri Enti proprietari di immobili.
§2. Ove non risulti la disponibilità di immobili di proprietà di altri Enti è possibile ricorrere al mercato esterno secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 69
Acquisti o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere all’acquisto in proprietà di beni immobili o prenderli in godimento da soggetti esterni, devono farne indicazione nel proprio Piano singolare, indicando:
a) il limite massimo di spesa;
b) le caratteristiche dimensionali e qualitative del bene;
c) la localizzazione;
d) i rendimenti attesi qualora all’acquisto si proceda a fini di investimento;
e) ogni altro elemento che ritengano utile e necessario segnalare per dimostrare l’opportunità dell’operazione per il soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali o di investimento.
§2. Il Piano generale provvede alla razionalizzazione delle esigenze al fine di orientare l’acquisto verso interi fabbricati e così contenere i costi amministrativi, di ristrutturazione, di manutenzione, di efficienza e di gestione.
§3. Ove sia possibile procedere in maniera congiunta, sulla base del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, aperto il fascicolo della procedura, provvede ad eseguire le opportune ricerche di mercato e a sottoporre agli Enti le opportunità individuate, con un piano di ripartizione dei diritti di godimento o di proprietà e delle spese ordinarie e straordinarie.
§4. Alla stipula del contratto si procede previa perizia di cui all’art. 71 e previa verifica dei requisiti del venditore o del locatore.
Articolo 70
Cessioni o locazioni comuni
§1. Gli Enti, qualora debbano procedere alla vendita di immobili in proprietà o cederli in godimento a soggetti esterni, devono programmare l’operazione nel proprio Piano singolare.
§2. Per le locazioni di immobili a soggetti terzi si procederà sulla base di un regolamento predisposto dagli Enti proprietari che dovrà tener conto dei principi generali di cui alla presente normativa e della modalità con cui procedono alla definizione dei canoni di locazione.
Articolo 71
Perizia di stima
§1. Ogni operazione immobiliare deve essere preceduta da perizia di stima dell’immobile, cui provvede l’APSA o il Governatorato attraverso il proprio personale tecnico.
§2. La perizia ha l’obiettivo di individuare l’effettivo valore commerciale dell’immobile stesso, lo stato di manutenzione e l’assenza di cause ostative all’operazione.
§3. La perizia deve dare conto di tutte le informazioni utili a definire l’effettivo valore dell’immobile sulla base degli standard utilizzati dai tecnici del Paese dove l’immobile è situato e deve menzionare la presenza delle certificazioni richieste in tali Paesi.
§4. Il soggetto che firma la perizia si assume la piena responsabilità delle informazioni ivi contenute.
Articolo 72
Verifica della controparte e controlli
§1. I soggetti terzi che intervengono nelle procedure immobiliari di cui al presente Capo devono possedere i requisiti di onorabilità ed eticità, conformemente alla presente normativa.
§2. L’APSA e il Governatorato devono acquisire la documentazione utile a comprovare detti requisiti e depositarla nel fascicolo della procedura.
§3. Di ogni operazione di acquisto o cessione di immobili sono previamente informati gli organismi di controllo che nell’ambito della propria competenza possono svolgere le opportune verifiche.
TITOLO IV
IMPUGNAZIONI E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE –
MONITORAGGIO E CONTROLLO -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Impugnazioni e tentativo di conciliazione
Articolo 73
Impugnabilità degli atti
Tutte le controversie aventi ad oggetto, gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla presente normativa, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all’iscrizione all’Albo o di esclusione, nonché provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni, nonché tutti provvedimenti degli Organismi di vigilanza e di controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura, sono soggetti al sistema di impugnativa e di appello dinanzi agli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 74
Tentativo di conciliazione delle controversie
§1. L’operatore economico e gli Enti qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all’articolo che precede o inerenti all’esecuzione del contratto potrà preventivamente esperire un tentativo di conciliazione d’innanzi ad una Camera Arbitrale.
§2. Il tentativo di conciliazione dovrà essere promosso comunque entro 15 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare.
§3. La Camera Arbitrale è composta da tre membri, uno scelto dall’operatore economico, uno nominato dal Governatorato o dall’APSA ed il terzo nominato dal Presidente dell’Autorità Giudiziaria competente.
§4. Il tentativo di conciliazione viene promosso da una delle parti con comunicazione da inviarsi all’altra.
§5. Se entrambe le parti aderiscono si chiede la nomina di un componente da parte dell’Autorità Giudiziaria.
§6. L’espletamento del tentativo di conciliazione sospende i termini di impugnativa fino all’espletamento della procedura.
§7. Il tentativo di conciliazione si dovrà concludere nei successivi 15 giorni dal suo promovimento, in difetto si procederà come se avesse avuto esito negativo.
§8. Le parti congiuntamente possono anche deferire alla Camera Arbitrale l’intera controversia perché venga decisa secondo equità.
CAPO II
Monitoraggio e controllo
Articolo 75
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
La Segreteria per l’Economia, sentito l’Ufficio del Revisore Generale, anche nel rispetto della normativa internazionale applicabile alla Santa Sede o di cui essa è parte, può adottare specifiche misure di indirizzo per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza e la parità di trattamento.
Articolo 76
Controlli e obbligo di segnalazione
§1. Il Responsabile del procedimento prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, prima della stipula del contratto o dell’esecuzione dell’investimento, deve eseguire un controllo formale, senza sindacato sul merito, volto a verificare che le condizioni oggettive e soggettive e finanziare per l’aggiudicazione sia state rispettate.
§2. Il Responsabile del procedimento all’atto di sottoporre alla firma il provvedimento di aggiudicazione definitiva o il contratto attesta sotto la propria responsabilità l’esito del controllo.
§3. L’attestazione è condizione necessaria per procedere al pagamento medesimo. I pagamenti eseguiti in assenza dell’attestazione o in presenza di attestazione falsa o mendace costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 77
Flussi informativi
§1. Salvo diversamente disposto, tutti i dati e i documenti pubblicati nell’Albo informatico e comunque inseriti nel fascicolo di ogni procedura sono resi disponibili e sono consultabili su base permanente dalla Segreteria per l’Economia.
§2. L’accesso al fascicolo avviene senza necessità di preventiva richiesta e i suddetti uffici sono dotati di credenziali di accesso ai fascicoli informatici.
§3. Fermo quanto previsto dai rispettivi statuti, gli Organismi di vigilanza e di controllo possono richiedere agli Enti ulteriori informazioni e documenti, ancorché non inclusi nel fascicolo della procedura.
§4. L’Autorità di informazione finanziaria ha accesso alla documentazione di cui al paragrafo 1 nei limiti di quanto necessario alla propria attività istituzionale.
Articolo 78
Monitoraggio e controllo di gestione
§1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 8 del proprio Statuto, la Segreteria per l’Economia e la Direzione dell’Economia per il Governatorato, ai sensi della Legge N. CCLXXIV provvedono alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici.
§2. Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale.
§3. La relazione è trasmessa in conoscenza alla Segreteria di Stato e al Presidente del Governatorato, se di competenza, e all’Ufficio del Revisore Generale.
Articolo 79
Prevenzione e contrasto degli illeciti
§1. L’Ufficio del Revisore Generale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo precedente, delle eventuali segnalazioni, delle revisioni eventualmente effettuate e delle migliori prassi adottate a livello internazionale, elabora un’analisi valutativa delle condotte degli Enti di cui all’art. 2 §2 lettera d) del proprio Statuto, anche con riferimento specifico alle procedure di acquisto.
§2. La valutazione di cui al paragrafo precedente è coperta da segreto d’ufficio.
§3. Qualora, nell’ambito delle valutazioni di cui al paragrafo precedente emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Ufficio del Revisore Generale invierà un rapporto all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o all’Autorità di informazione finanziaria.
§4. L’Ufficio del Revisore sulla base dell’analisi valutativa e delle revisioni effettuate, può proporre alla Segreteria per l’Economia od all’Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato, l’adozione di linee guida, indirizzi, modelli e procedure e prassi ovvero la modifica di quelle esistenti.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 80
Termini per la deroga alla centralizzazione
§1. Gli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16 presentano per l’approvazione le proprie norme speciali entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente normativa.
§2. In mancanza sono ricondotti al sistema centralizzato.
Articolo 81
Legge applicabile e giurisdizione
§1. Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto canonico. Il riferimento alla legge civile di cui al canone 1290 CIC si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Per le tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico.
§2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, una volta stipulato, è competente in via esclusiva il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Nei contratti devono essere inserite clausole volte ad assicurare l’esclusività della giurisdizione.
Articolo 82
Disposizione per la conclusione di contratti e negozi giuridici
§1. L’approvazione ed i poteri di firma dei contratti e dei negozi giuridici sono regolati dalle norme sulle competenze ed attribuzioni di poteri di ciascun Ente.
§2. In particolare, per gli Enti afferenti allo Stato della Città del Vaticano si fa riferimento alle norme attuative dell’art. 28 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018. Tutti i contratti ed i negozi giuridici devono essere registrati e dovranno pervenire alla Direzione dell’Economia e all’Ufficio Giuridico non appena stipulati.
§3. Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
Articolo 83
Norme applicabili al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
§1. In considerazione del particolare status giuridico dello Stato della Città del Vaticano, il Governatorato opera sulla base di un proprio regolamento di attuazione conforme alla presente normativa da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
§2. Le disposizioni speciali devono essere approvate e modificate con il procedimento di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.
§3. Nella individuazione delle funzioni e gli uffici di cui alla presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni organizzative proprie del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni, specializzazione, rotazione e non predeterminazione.
Articolo 84
Implementazione informatica
§1. La piattaforma informatica dell’Albo informatico e ogni altro strumento informatico necessario all’esecuzione della presente normativa è realizzata secondo un progetto predisposto a cura della Segreteria per l’Economia di concerto con la Commissione “Tecnologia dell’Informazione e Comunicazione” (ICT).
§2. I beni e i servizi necessari al suddetto progetto sono acquisiti conformandosi alle disposizioni della presente normativa in quanto immediatamente applicabili. La gara è gestita dall’APSA, la quale è altresì competente ad individuare gli operatori economici da invitare alla gara.
§3. La procedura di appalto è perfezionata entro sei mesi dall’approvazione della presente normativa da parte della Superiore Autorità.
§4. La mancata messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo informatico, non pregiudica l’entrata in vigore della presente normativa.
§5. Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che la piattaforma informatica dell’Albo informatico sia stata messa in opera, la Segreteria per l’Economia è legittimata ad adottare procedure e modelli suppletivi e provvisori che diano immediata attuazione alla presente normativa anche mediante l’utilizzo di documenti cartacei.
Articolo 85
Lingua
Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei contratti pubblici disciplinate dalla presente normativa saranno redatti in lingua italiana.
Articolo 86
Norme attuative
§1. La Segreteria dell’Economia, sentiti i singoli Enti della Santa Sede, adotta un regolamento di attuazione della presente normativa.
§2. Si intendono abrogati tutti i documenti normativi e regolamentari relativi alla materia dei Contratti pubblici preesistenti.
[00705-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Estas Normas se encuentran en la siguiente dirección:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/01/0315/00705.html
El siguiente es el texto de las normas procedimentales en italiano:
TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA
DI TRASPARENZA, CONTROLLO E CONCORRENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER LA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO
Articolo 1
Giurisdizione e competenza§1. Appartengono alla giurisdizione degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano tutte le controversie aventi a oggetto gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla normativa sui contratti pubblici, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all’iscrizione all’Albo o all’esclusione dallo stesso; nonché i provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni; nonché tutti i provvedimenti degli Organismi di vigilanza e controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nelle procedure.
§2. Sono di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tutti i conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo inerenti alla normativa sui contratti pubblici.
§3. Per le definizioni di cui alla presente normativa si fa riferimento alla disciplina dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Legittimazione processuale
§1. Possono essere parte nei giudizi di cui all’art. 1: a) gli operatori economici che abbiano interesse attuale e concreto a far valere l’illegittimità dei provvedimenti; b) gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo.
§2. È ammesso il patrocinio di avvocati abilitati in altre giurisdizioni solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale vaticano che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla richiesta.
§3. Gli Enti possono essere difesi dai propri Officiali e collaboratori professionali muniti della relativa abilitazione professionale, a ciò espressamente delegati dal Superiore dell’Ente medesimo.
§4. Nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato ad uno dei controinteressati per causa di forza maggiore o per errore scusabile, l’Autorità Giudiziaria ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito, a pena di decadenza.
§5. Allo stesso modo, l’Autorità Giudiziaria può ammettere l’intervento volontario di altri soggetti aventi un interesse attuale e concreto alla definizione del processo.
Articolo 3
Termini ed instaurazione del contraddittorio
§1. I giudizi di cui all’art. 1 sono instaurati mediante ricorso da proporsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione o pubblicazione del provvedimento, dallo spirare del termine per la formazione del silenzio, o, comunque, nelle altre ipotesi, dalla conoscenza effettiva dell’atto lesivo di un interesse o di un diritto. Il ricorso deve essere notificato sia all’Ente che a tutti i controinteressati.
§2. Il ricorso deve essere depositato, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, presso la cancelleria del Tribunale dello Stato entro 15 giorni dalla data dell’ultima notifica.
§3. L’istanza di accesso agli atti della procedura sospende il termine di cui al paragrafo 1, che decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui l’accesso è consentito e gli atti sono resi disponibili.
§4. L’eventuale ricorso al tentativo di conciliazione di cui all’art. 74 delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, sospende il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Ricorso
Il ricorso deve contenere distintamente, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del ricorrente, del suo difensore e del soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l’indicazione specifica dell'oggetto della domanda, ivi compresi gli atti o i provvedimenti eventualmente impugnati, e la data della loro notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque della loro conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l’indicazione degli eventuali mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Articolo 5
Annullabilità del provvedimento
§1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sui contratti a rilevanza pubblica.
§2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 6
Provvedimenti cautelari
§1. Il ricorrente, se dagli atti impugnati può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere all’Autorità Giudiziaria la sospensione dell’esecuzione degli atti stessi con istanza motivata proposta nel ricorso.
§2. L’istanza cautelare viene trattata in udienza camerale fissata dal Presidente del Tribunale con decreto, da comunicarsi alle parti costituite per il tramite della Cancelleria; la richiesta cautelare non può essere trattata se non successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla data dell’effettiva ricezione del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti entro tre giorni liberi antecedenti la data dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Collegio decide con ordinanza non impugnabile, fissando anche la data dell’udienza di merito e dandone comunicazione alle parti costituite.
§4. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, l’istanza cautelare s’intende rinunciata.
Articolo 7
Svolgimento dell’udienza – Poteri istruttori dell’Autorità Giudiziaria
§1. L’udienza è pubblica e si svolge secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale; le parti, ove necessario, discutono oralmente la causa, formulando le loro richieste.
§2. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all’udienza all’uopo fissata, il Presidente fissa una nuova udienza entro i quindici giorni successivi; la cancelleria provvede alla comunicazione della nuova data. In caso di mancata partecipazione alla nuova udienza, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.
§3. L’Autorità Giudiziaria, ai fini istruttori, esercita tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Enti.
§4. L’Autorità Giudiziaria, ove ritenuto necessario può richiedere apposite relazioni agli Organismi di vigilanza, ovvero disporre consulenza tecnica.
§5. L’Autorità Giudiziaria, in ogni stato del giudizio, può ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.
§6. L’Autorità Giudiziaria, se ritiene illegittimo per contrasto alla normativa sui contratti pubblici un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio e procede alle segnalazioni di cui all’art. 10.
Articolo 8
Decisione del ricorso
§1. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 6, il Presidente del Tribunale fissa con decreto l’udienza di merito da celebrarsi entro 45 giorni dal deposito del ricorso; la Cancelleria del Tribunale provvede alla comunicazione del decreto alle parti costituite almeno venti giorni prima dalla data fissata.
§2. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a dieci giorni liberi prima successivi dell’udienza, nel rispetto delle ore 12.00.
§3. Il Tribunale pubblica il dispositivo della sentenza entro 10 giorni dalla data dell’udienza di merito, indicando un termine non superiore a 30 giorni per la motivazione, salvo casi di particolare complessità. Tutti i suddetti provvedimenti sono comunicati dalla cancelleria del Tribunale alle parti costituite.
§4. La decisione deve essere motivata in fatto e in diritto e recare la firma dei componenti del Collegio.
§5. L’Autorità Giudiziaria, ove accolga il ricorso, può accordare la tutela in forma specifica annullando il provvedimento impugnato e, contestualmente, ordinando all’Ente parte del giudizio una nuova istruttoria.
§6. In caso di accoglimento del ricorso, è fatto salvo l’equo indennizzo, stabilito dal Tribunale, a favore dell’operatore economico in buona fede che abbia dato esecuzione a prestazioni sulla base del provvedimento impugnato annullato dalla decisione.
§7. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Autorità Giudiziaria non può in nessun caso accordare alcun risarcimento dei danni o emettere provvedimenti di condanna o sanzionatori.
§8. I contratti stipulati in violazione della decisione dell’Autorità Giudiziaria sono nulli. I corrispettivi pagati in violazione delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
§9. La decisione diviene esecutiva con la pubblicazione.
Articolo 9
Appello
§1. Le decisioni del Tribunale sono appellabili dinanzi alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
§2. In caso di notifica della sentenza da una delle altre parti, il termine per impugnare è di 30 giorni, escluso il giorno della notifica.
§3. Nel giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.
§4. L’appellante può proporre istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado nelle forme e nei tempi di cui all’art. 6.
§5. La sentenza di appello non è impugnabile.
Articolo 10
Obbligo di segnalazione
§1. L’Autorità Giudiziaria, qualora riscontri violazioni della normativa vigente per comportamento doloso o colposo, a seconda dei casi, ne dà atto in sentenza e trasmette gli atti, rispettivamente, al Promotore di Giustizia ovvero al Prefetto della Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
§2. Qualora l’Autorità Giudiziaria, nel rigettare il ricorso, d’ufficio o su istanza di parte, accerti che il ricorrente ha agito con dolo o colpa grave, ne dà atto nella decisione. Il provvedimento è trasmesso all’APSA o al Governatorato, oltre che alla Segreteria per l’Economia, per gli adempimenti del caso e per l’avvio alle relative azioni di risarcimento danni.
Articolo 11
Rinvio al codice di procedura civile
Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile dello Stato.
Articolo 12
Norme applicabili ai giudizi sui conflitti di attribuzioni
§1. Qualsiasi decisione relativa ai conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di Vigilanza inerenti all’applicazione della normativa sui contratti a rilevanza pubblica è rimessa alla decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
§2. Il ricorso è promosso mediante atto da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato in conflitto di attribuzione.
§3. Sono parti del processo sul conflitto di attribuzioni gli Enti o gli Organi di vigilanza e controllo.
§4. Il Tribunale valuta sulla ammissibilità del ricorso entro i successivi 15 giorni e, qualora rilevi la non manifesta infondatezza, notifica il ricorso ai soggetti interessati ed invita le parti a depositare, entro i successivi 15 giorni, le proprie osservazioni.
§5. Il Tribunale decide in camera di consiglio e la decisione è immediatamente applicabile e non appellabile con caducazione degli atti o provvedimenti emessi in violazione delle regole sulle attribuzioni.
§6. Sui conflitti di attribuzione il Tribunale può esprimersi con un parere consultivo e su richiesta della Segreteria di Stato.
[00704-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Apéndice 2
Por razón de su extensión omitimos la transcripción de los siguientes dos documentos que se refieren a normas previas sobre sendos temas (Contratos) ya mencionadas oportunamente en este Curso.
El S. P. Francisco, deseando que los organismos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano sean los mejor evaluados por sus pares internacionales en lo que se refiere a la administración y particularmente a la administración económica de los mismos, pero, ante todo, para ponerlos cada vez en mayor sintonía con la misión evangelizadora de la Iglesia, ha estimado necesario tomar medidas que "favorezcan la transparencia, el control y la competencia" en todos los "procedimientos conducentes a la adjudicación de contratos públicos". Tras los años previos a esta normativa, estimados precisamente como de prueba, considera necesario introducirles oportunas modificaciones para elevar aún más los criterios de acción y las normas de comportamiento, para lo cual ha recibido y apreciado atentamente las sugerencias que le han enviado los Institutos de la Curia Romana, sus Oficinas, las Instituciones conectadas con la Santa Sede o que se relacionan de algún modo con ella, y el Gobernatorado de la Ciudad del Vaticano.
A. Carta Apostólica (91 artículos) en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco con la que se modifican e integran los Motu Proprio "sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano", de 19 de mayo de 2020, y el correspondiente “Reglamento” y “Tutela jurisdiccional”: publicado el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html)
B. Modificaciones introducidas a la Protección jurisdiccional (del 1° de junio de 2020) en materia de transparencia, control y competencia de contratos públicos para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, fechadas el 27 de noviembre de 2023 y publicadas el 16 de enero de 2024 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/16/0044/00092.html).
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