L. 1.
Título I
De Legibus Ecclesiasticis
Título I
De las Leyes Eclesiásticas
(Continuación 5ª: comentarios a los cc. 19
y 22).
VI.
Las lagunas (o vacíos) del Derecho y
la remisión a leyes civiles
Texto oficial
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Traducción castellana
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Can. 19 —
Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis
praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est
attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum
aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi
constantique doctorum sententia.
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19 Cuando, sobre
una determinada materia, no exista una prescripción expresa de la ley
universal o particular o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha
de decidir atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes, a los
principios generales del derecho aplicados con equidad canónica, a la
jurisprudencia y práctica de la Curia Romana, y a la opinión común y
constante de los doctores.
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Can. 22 — Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure
canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint
contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur.
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22 Las leyes civiles a las
que remite el derecho de la Iglesia, deben observarse en derecho canónico con
los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se
disponga otra cosa en el derecho canónico.
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1. Principios
generales sobre las lagunas del Derecho
Con todo, ¿qué ocurriría si, por la carencia de dicha norma, permanecieran inciertos los derechos (v. gr. una ley que ordena un acto, pero no determina dentro de qué lapso de tiempo), o si se trata de una controversia que debe ser resuelta, si ello ha de hacerse ante un superior o ante un juez?
Can. 19.
Causa
dirimenda:
Se trata del contexto de una controversia, administrativa o judicial. O, en un
sentido más amplio, cuando existe en el superior alguna duda en la aplicación
de determinada ley, o de alguna provisión administrativa que debe tomarse.
Nisi sit poenalis: Para que una pena pueda ser
aplicada se requiere expresa norma del derecho que rija la causa.
Attentis: No se trata de aplicar las leyes
haciendo interpretación de ella sino de encontrar alguna analogía de la ley.
- Generalibus
iuris principiis: Por la apelación a la “equidad
canónica” (quizás alusión no pertinente) se observa que se trata de aquellos
principios que se deducen de las mismas leyes positivas eclesiásticas[1].
Por
el contrario, existen diversas visiones acerca de su consistencia:
- Iurisprudentia: Es el modo constante de actuar de los tribunales, la
práctica forense o en los juicios. Los principios a los que allí se apela, pero
también sus decisiones, sus sentencias.
- Praxi
Curiae romanae: al igual que la forense, es la jurisprudencia de orden
administrativo, reconocida por su experiencia.
- Communi… doctorum sententia: En las Decretales no se hacía alusión a esta expresión; pero, de acuerdo
con
Constantique: perseverante, principalmente cuando se enfrentan
las objeciones.
Análisis del
c.
El c. se refiere a múltiples circunstancias: no es posible ni conveniente
que la ley lo determine todo (ST I-II, q. 96, a. 3, ad 3). Se debe
promover la libertad de las personas, pero de la total ausencia de leyes
podrían surgir muchas controversias y muchos prefieren que existan decisiones
que protejan los derechos. Este c. establece criterios para la decisión del superior o del juez en muchísimos ámbitos cuando no existe una
norma determinada, no la interpretación del derecho (a partir de una hipótesis
o a partir de los mismos criterios), ni la creación de la norma, a la que se
deba dar fuerza legal (como sería el caso de una costumbre) (Michiels, nn. 588-590; 600-601) . Se expresan
criterios taxativos (“attentis”), no simplemente una enumeración ni un
orden entre ellos. Entonces:
1°) La leyes dadas para casos semejantes (analogía de la ley): el
caso o la materia las hace semejantes, pero no hay ley que los regule (v. gr.
tratando del capítulo catedral como criterio para el capítulo de una
colegiata). Ya era una práctica bajo el Derecho romano y las Decretales
y lo es en la doctrina, que es unánime. (Michiels, 606-607) respaldó la opinión
de (Casola, 91) de que se debería
mirar al derecho civil si acaso en él la laguna (canónica) ha sido resuelta.
2°) Los principios generales del derecho (analogía del derecho): "la equidad canónica" (ápax) - que, como se ha visto antes, no es un conjunto de
principios canónicos escritos sino un criterio evangélico que los invade - corrige tales principios, el modo de entenderlos (“servatis”),
 |
| Benedicto XV |
“con la ayuda de la luz divina, e imprimió con la perfección cristiana al mismo Derecho romano, monumento insigne de antigua sabiduría que fue justamente definido «la razón escrita»: de modo que ella, habiendo disciplinado sobre bases de equidad, y refinado, donde fue necesario, las costumbres públicas y privadas, proporcionó amplia materia para la formación de las leyes tanto en el Medioevo como en épocas más recientes”[2]. – ¡Ojalá así fuese! –
3°) La jurisprudencia y praxis: Son las decisiones para un caso
concreto, en las que ya se ha hecho una aplicación de la ley, que sirven de
inspiración para resolver otros casos (incluso de las leyes particulares). No
son criterio las decisiones tomadas, administrativa o judicialmente, por otros
tribunales y curias, sólo sirven los de la Curia Romana. Esta posición
controvierte las posiciones de la BAC, de (Michiels, nn. 598; 630-631) y de (Van Hove, n. 328) . Las razones para
ello: la Curia Romana posee una experiencia universal y amplísima. Además,
posee un número muy importante de peritos. Finalmente, debido a los criterios
anteriores, proporciona seguridad jurídica y una más recta interpretación.
"En el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, el Romano Pontífice se sirve de los dicasterios de la Curia Romana, que, en consecuencia, realizan su labor en su nombre y bajo su autoridad, para bien de las Iglesias y servicio de los sagrados pastores": CHRISTUS DOMINUS, 9: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html (cf. http://www.vatican.va/roman_curia/index_it.htm)
4°) La sentencia de los doctores es un llamado a presumir la recta
interpretación de las analogías de la ley y del derecho que deben ser aplicadas
al caso. Durante los siglos XVI y XVII se exageró esta autoridad, como si ellos
mismos fueran los legisladores y como si las leyes existieran para confirmar sus
doctrinas (Lefebvre, 298-300) .
Excepción válida para los cuatro criterios: “nisi sit poenalis”: el juez o el superior cuando no encuentran en la ley la norma (figura del delito, de la pena, la persona del delincuente) para aplicar una pena, incluso en casos de penas indeterminadas, no pueden acudir a otros criterios que lo solventen. No existe la “lacuna iuris” en estos casos. Si nada dice la ley no se puede extender la pena de una persona a otra o de un caso a otro, (así se tratare de los cooperadores en un delito o de los cómplices: c. 1329) aunque hubiere la misma razón, o aún más. No es una contradicción con el c. 1399 y se deben cumplir las dos condiciones que allí se enumeran. (Se volverá sobre el asunto al tratar del Libro VI).
Nótese también que se excluye de estos cuatro criterios cuando se trata de
establecer el efecto irritante o inhabilitante de una ley, conforme al c. 10;
pero también cuando se pretende regular la irregularidad o el impedimento simple del c. 1040.
Cuestiones:
Algunas pequeñas diferencias respecto del c. 20* del CIC17 (añadidos,
cambios).
No se indicaban las Fuentes del c., pero parece que se encuentran en el Código
Civil Italiano (art. 3) y del Suizo
(art. 1). Pero la doctrina mantenía pacíficamente los cuatro criterios.
¿Se excluyen estos criterios de las leyes “de estricta interpretación” (c.
18)? La opinión de (Michiels, n. 593-595) es favorable,
mientras la de (Van Hove, n. 323) no: el primero,
porque materialmente equivaldría a la extensión de la ley a casos no
comprendidos en ella, siempre habrá igualdad en el razonamiento; el segundo,
porque en razón de una interpretación estricta el caso no se encontraría bajo
la ley, la norma se toma “a partir de ella” para un caso análogo.
Notas de pie de página
[1] Véase el comentario al c. 17 (http://teologocanonista2016.blogspot.com.co/2017/01/titulus-i-de-legibus-ecclesiasticis_24.html).
[2] “Con l’aiuto della luce divina, e improntò della perfezione cristiana lo stesso diritto Romano insigne monumento di antica sapienza che fu giustamente definito « la ragione scritta »: cosicché ella, avendo disciplinato su basi di equità e ingentilito, ove necessario, i costumi pubblici e privati, fornì ampia materia per la formazione delle leggi tanto nel medio evo quanto in epoche più recenti” (Benedicto XV, n. 2).
De acuerdo con la doctrina de los juristas civilistas españoles, " por principios generales del derecho se entienden las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación (De Castro), es decir, los que dan sentido a las normas jurídicas legales o consuetudinarias existentes en la comunidad, los enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones particulares. Pueden referirse simplemente al sistema jurídico de cada estado (teoría del derecho positivo) o conectarse con el derecho natural (teoría de derecho natural) en cuyo caso trascenderían del derecho positivo. Hoy en día una parte importante de los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico la constituyen los principios constitucionales, aunque existen muchos otros al margen de la Constitución. No obstante se ha afirmado por un sector de la doctrina que los principios constitucionales no pueden ser encuadrados en el artículo 1.4 del Código Civil junto con los que sólo pueden aplicarse en defecto de ley o costumbre, ya que ellos mismos son superiores a la ley y a la costumbre. [...] Nuestro Código Civil enumera los principios generales del derecho entre las fuentes del Derecho. Así, en su artículo 1.1 establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y añade en el párrafo 4º de este precepto que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico": http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjc2NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA7eh5HDUAAAA=WKE
2.
“Canonizatio” (canonización)
de la ley civil
Can. 22.
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| Uno de los recintos del Congreso de la República de Colombia http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/camara-de-representantes-aprobo-tlc-con-la-union-europea-121989 |
Remittit: el derecho de la Iglesia, también el de las comunidades
particulares, ordena que se observen las leyes civiles, no precisamente
urgiendo una obligación de conciencia respecto de ellas, sino para que se
observen como leyes canónicas, haciéndolas propias.
El
efecto del c. no consiste en establecer una obligación civil, por supuesto, sino en
que la “Iglesia la recibe tal como ella existe en la legislación civil de la
respectiva nación” (c. 197), de modo que esa ley es acogida con sus efectos (canónicos) en el ordenamiento canónico, se convierte en canónica, porque el
Derecho canónico no posee al respecto una norma propia y emplea en ese caso la
del Estado.
Se
trata de un principio hipotético: si “remittit”. Pero la asunción no es
indiscriminada: se excluyen aquellas leyes que fueran contrarias al derecho
divino, pero también se exceptúan cuando el Derecho canónico establece ciertas
condiciones para un caso particular de remisión (v.gr. el c. 198 exige para la
prescripción la buena fe). Otros cc. pueden mencionarse: 1152 § 2; 1059; 197;
198; 105§ 1; 668 § 1.
Notas de pie de página
[3] Véase lo dicho antes: http://teologocanonista2016.blogspot.com.co/2016_08_01_archive.html
La Ciudad del Vaticano es considerada en el Derecho internacional como un Estado “soberano”, con territorio, ciudadanos y legislación propia (“Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano, 26 de noviembre de 2000” y otras Leyes en: http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/stato-e-governo/legislazione-e-normativa/leggi-e-decreti.html). Comenzó su existencia en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los Estados Pontificios. Véase la información completa en: http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es.html
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Nota final
[i] Nos remite, pues, al ámbito de la ética (o de la moral, según se los defina), y, en él, al del juicio que elabora la conciencia situada. El Papa Francisco recordó que el criterio (no sólo cristiano sino más ampliamente humano) más seguro para seguir en los casos en los que el individuo tiene dudas acerca de su modo de proceder – el Papa se refería en concreto a la tensión y al posible conflicto entre el “conocimiento” de las “normas” morales y el “discernimiento” cuando alguien se encuentra en el amplísimo campo de las interrelaciones matrimoniales y familiares – no es otro sino el criterio que señalaba ya santo Tomás de Aquino: “En otro texto, refiriéndose al conocimiento general de la norma y al conocimiento particular del discernimiento práctico, santo Tomás llega a decir que «si no hay más que uno solo de los dos conocimientos, es preferible que este sea el conocimiento de la realidad particular que se acerca más al obrar»: Tomás de Aquino, Sententia libri Ethicorum, VI, 6 (ed. Leonina, t. XLVII, 354): nota 348 en el n. 304 de la Exh. Ap. Amoris laetitia (Francisco 2016).
