viernes, 16 de junio de 2017

L. 1.


Título IV. Continuación

Caput II De decretis et praeceptis singularibus 

Capítulo II. De los Decretos y Preceptos Singulares


Comentario a los cc. 48-58



Texto oficial
Traducción castellana
Can. 48 — Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt.

48   Por decreto singular se entiende el acto administrativo de la autoridad ejecutiva
competente, por el cual, según las normas del derecho y para un caso particular, se toma una decisión o se hace una provisión que, por su naturaleza, no presuponen la petición de un interesado.

Can. 52 — Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet.

52   El decreto singular afecta sólo a las cosas de que trata y a las personas a las que se dirige; pero las obliga en cualquier lugar, a no ser que conste otra cosa.
Can. 49 — Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam.

49   El precepto singular es un decreto por el que directa y legítimamente se impone a una persona o personas determinadas la obligación de hacer u omitir algo, sobre todo para urgir la observancia de la ley.



1.      Noción.



Can. 48.

Como se dijo al tratar del c. 35 en relación con los cc. 38 y 39, en el CIC sólo se ofrece una descripción de los elementos genéricos sobre decretos, rescriptos y preceptos singulares.

Actus administrativus: ejercicio de potestad jurisdiccional pública eclesiástica.

Algunos factores especificativos sí se añaden aquí:


A competenti auctoritate exsecutiva
en cuanto acto administrativo

Secundum iuris normas
Pro casu particulari
en cuanto singular


           
Elementos específicos
Datur decisio
que, por sí mismo, no supone una petición                     del acto administrativo
Fit provisio
           
                                                               
                            

·         En una decisión, la autoridad  pone fin a una controversia;
·         la provisión son los demás actos administrativos (v. gr. erigir una parroquia, aprobar una institución, hacer un nombramiento [i]).



Can. 52.

Eficacia:

·         Quoad res de quibus decernit: En relación con el asunto (y las personas) sobre el que se discierne (juzga).
·         Pro personis pro quibus datum est: En favor de aquellas personas para las cuales es dado.
·        
¿En dónde ubicadas? Se discutía el tema antes del CIC17.
o   En todas partes, decían algunos (Suárez, De cens. V.5.18) y (Wernz, I n. 135 nt. 225);
o   otros, lo negaban (Colegio de los Carmelitas Descalzos de Salamanca (Salmanticenses), X.I.103).
o   El CIC17 en el c. 24* decidió que la eficacia alcanza a las personas en todas partes.

Razones: el fin primario es proporcionar un bien al individuo, se funda en una relación (personal) de superioridad, y se trata de un acto administrativo singular (cf. c. 16 § 3).

A no ser: aliud constet:
·         por razón de la naturaleza del asunto (v. gr. sólo en un lugar ello es posible: cf. c. 1336 § 1, 1°: la asignación o la prohibición del lugar de residencia: ¡pero la urge sin embargo en todas partes!);
·         o porque así lo ha decidido expresamente la autoridad;
·         o por los motivos indicados en el documento.


Can. 49.

Ha de tenerse en cuenta que el “precepto singular” es una especie o clase de “decreto” mediante el cual se toma una decisión respecto de alguien: se manda algo que se ha de hacer o algo que se ha de omitir.





Texto oficial
Traducción castellana
Can. 50 — Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint.

50   Antes de dar un decreto singular, recabe la autoridad las informaciones y pruebas necesarias, y en la medida de lo posible, oiga a aquellos cuyos derechos puedan resultar lesionados.


  

2.      Intimación.


1)      Requisitos

 Can. 50. 

La autoridad, antes de dar un decreto singular, recoja las informaciones pertinentes, busque las pruebas, oiga a quienes sus derechos pudiesen resultar lesionados[ii], “en cuanto ello pueda ser realizado”, no por pura utilidad.




Texto oficial
Traducción castellana
Can. 51 — Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agatur de decisione, motivis.

51   El decreto ha de darse por escrito, y si se trata de una decisión, haciendo constar los motivos, al menos sumariamente.

Can. 54 — § 1. Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur.

54   § 1. El decreto singular cuya aplicación se encomienda a un ejecutor surte efectos desde el momento de la ejecución; en caso contrario, a partir del momento en que es intimado al destinatario por orden de quien lo decretó.

§ 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est.

 § 2. Para que pueda exigirse el cumplimiento de un decreto singular, se requiere que haya sido intimado mediante documento legítimo, conforme a derecho.

Can. 55 — Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis.

55   Sin perjuicio de lo establecido en los cc.  37 y  51, cuando una causa gravísima impida que el texto del decreto sea entregado por escrito, se considerará notificado mediante lectura del mismo al destinatario ante notario o ante dos testigos, levantando acta que habrán de firmar todos los presentes.

Can. 56 — Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit.

56   El decreto se considera intimado si el destinatario, oportunamente convocado para recibirlo o escuchar su lectura, no comparece, o se niega a firmar, sin justa causa.


  
2)      Forma

 Can. 51. 

Debe darse por escrito (que es más que el “consignandus” del c. 37): sin embargo, no es “para su valor”. En una primera parte, se han de señalar los motivos de la decisión (al menos sumarios): ello ayuda no sólo a evitar las arbitrariedades, sino para la comprobación de la decisión, para la urgencia de la decisión, y para ejercer la propia defensa en caso de un recurso. Nótese bien: si carece uno de estos elementos, existe razón para presentar un recurso contra el decreto “a causa de su ilegitimidad” (cf. c. 1617).


Can. 54

§ 1. El decreto singular – ¡no así el precepto! (c. 49: que exige que sea directamente) – también puede ser aplicado por medio de un ejecutor. Se ha de comunicar el escrito, al que tanto el destinatario como el ejecutor (o el autor) deben firmar.. Nada se dice del modo ordinario como se ha de proceder en la ejecución: es suficiente la comunicación del documento (p. ej., c. 692: cf. c. 62, ¡sobre la petición de un rescripto!).

Can. 55. 

Pero existen dos maneras extraordinarias:

1°) A no ser que exista una “razón gravísima[iii] para que el texto no sea entregado” al destinatario, entonces se le debe leer (no necesariamente por parte de la autoridad) ante un notario o ante dos testigos (forma extraordinaria), que redactan el acta, la cual es firmada por todos los presentes.

2°) Se lo tiene por “intimado” (presunción de la ley: c. 56): si el destinatario no asiste, de modo que hubiere sido debidamente convocado (lo cual requiere prueba de foro externo: inclusive se debe dar un tiempo útil para que responda, cf. c. 201 § 2), y no tiene (expone) una causa justa para no asistir; o si rechaza recibir el decreto, o firmarlo.


3)      Efecto


Can. 54

§ 1. “A partir del momento de la intimación (notificación)” del decreto (también cuando se hace la ejecución o aplicación del mismo)[iv].

Mientras no haya sido intimado el decreto que no se encomienda a un ejecutor, no existe aún: el decreto comienza a existir cuando ha sido intimado, se suele decir. Un decreto cuya ejecución se comisiona a un mandatario, existe ciertamente, pero aún no es eficaz hasta no haber sido intimado.

La observancia o acatamiento del decreto puede ser urgida:

a) o bien por el superior, en forma administrativa (c. 54 § 2)[1];
b) o bien por el juez (cf. c. 24* CIC17).

En todo caso el destinatario debe ser emplazado con el documento, aún de la forma extraordinaria mencionada (cc. 55-56).




Texto oficial
Traducción castellana
Can. 53 — Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est.

53   Si hay decretos contradictorios entre sí, el peculiar prevalece sobre el general respecto de aquellas cosas que se establecen peculiarmente; si son igualmente peculiares o generales, el posterior deroga al anterior, en la medida en que lo contradice.

  

3.      Interpretación


Can. 53.

La norma general es la del c. 36. Existen casos particulares en que constan decretos que entre sí son contrarios emitidos por la misma autoridad (si fuere diversa, de acuerdo con la jerarquía de la misma):

1°) “el decreto peculiar (particular) prevalece sobre el general” (Bonifacio VIII, R.J. 34): “generi per speciem derogatur”[2]). Independiente de la cronología de su emisión. Es voluntad de quien gobierna atender preferentemente a lo que es más específico.

2°) Si fueren igual de generales o de particulares, prevalece el posterior: diferentemente de lo que establecía  (Bonifacio VIII, R.J. 54) sobre la posesión de las cosas; y de la norma del c. 48 § 2* del CIC17 sobre los rescriptos; y del actual c. 67 § 2, sobre los rescriptos (quizás por olvido de que se trata de una gracia). Se observa que la última voluntad del gobernante se desea que prevalezca, cuando se trata de la determinación de las relaciones y de los derechos (cf. c. 140).




Texto oficial
Traducción castellana
Can. 58 — § 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est.

58   § 1. El decreto singular deja de tener fuerza por la legítima revocación hecha por la autoridad competente, así como al cesar la ley para cuya ejecución se dio.

§ 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis.

§ 2. El precepto singular no impuesto mediante documento legítimo pierde su valor al cesar la potestad del que lo ordenó.

  

4.      Cesación



Can. 58.

1°) De un decreto: § 1: por revocación de la autoridad competente. Puede ser una expresa revocación, y obtiene su efecto a partir del momento de la intimación (o ejecución) (cc. 47; 54 § 1). O puede ser mediante una revocación tácita, es decir, al cesar la ley en cuyo favor fue dado el decreto de ejecución: ello vale principalmente en relación con el precepto (c. 49).

2°) De un precepto: § 2: recuérdese lo dicho sobre los decretos en general: “terminado el derecho de quien preceptuó: si no fue impuesto mediante documento legítimo” (cf. cc. 51, 55 y 56).





Texto oficial
Traducción castellana
Can. 57 — § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur.

57   § 1. Cuando la ley prescribe que se emita un decreto, o cuando el interesado presenta legítimamente una petición o recurso para obtener un decreto, la autoridad competente debe proveer dentro de los tres meses que siguen a la recepción de la petición o del recurso, a no ser que la ley prescriba otro plazo.

§ 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet.

 § 2. Transcurrido este plazo, si el decreto aún no ha sido emitido, se presume la respuesta negativa a efectos de la proposición de un posterior recurso.

§ 3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi.

 § 3. La presunción de respuesta negativa no exime a la autoridad competente de la obligación de emitir el decreto, e incluso de reparar el daño que quizá haya causado conforme al c 128.

  

5.      En la necesidad de expedir un decreto



Can. 57.

Quoties lex iubet: Cada vez que lo manda la ley (v. gr. para la confirmación de un elegido). 
Vel ab eo cuius interest petitum: cuando el interesado presenta legítimamente una petición (v. gr. para la alienación de unos bienes: c. 1291; para una exclaustración: c. 686 § 1).
Ferendum: la autoridad debe proveer: dentro de los términos prescritos por la ley. Si esta no los establece, en un plazo de tres meses (cf. v. gr. c. 179 § 2 para la confirmación de un elegido). Debe ser dado el decreto al que el peticionario tiene derecho por parte de la autoridad aunque la respuesta deba ser negativa.

¿En caso de silencio de la autoridad? La ley establece la presunción de la negación, en orden a ejercer un recurso[v] (§ 2). Ciertamente, la obligación de proveer permanece para la autoridad, y de reparar los daños causados quizá por no haberlo hecho oportunamente (cf. c. 128). 

Dos situaciones particulares:

1ª) Excepción del c. 268: la incardinación por domicilio legítimo se produce después de cinco años y manifestada la voluntad de la incardinación.

2ª) Caso del c. 189 § 3: aplicación parcial: no se acepta la renunciación: ella no tiene efecto. Pero no vale lo que se sigue de la obligación, que permanece, de que se produzca el decreto.




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Notas de pie de página



[1] Los medios para urgir un decreto, sea este administrativo, sea judicial, son: 
  • la exhortación pastoral o la corrección fraterna (c. 1341); 
  • la advertencia o la reprensión (c. 1339), 
  • la imposición de una penitencia (c. 1340), 
  • la conminación (amenaza) de una pena expiatoria (c. 1336) – no perpetua (c. 1319 § 1) – o de una censura (cc. 1331-1333) – excluida la suspensión latae sententiae sin determinación ni limitación (c. 1334 § 2) –.

[2] No ha de entenderse en sentido filosófico: “el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas”, “la parte antes que el todo”, “menos para muchos”, “el (bien) particular por el general”…





Notas finales



[i] Ejemplos de lo dicho pueden verse en: http://arquibogota.org.co/es/noticias/11919-nombramientos-.html (consulta del 9 de agosto de 2017).

[ii] Busque la autoridad “noticias útiles” para la provisión: cualidades de quien sería promovido al oficio; o pruebas de los hechos a partir de los cuales se fundamentará el precepto o el decreto (p. ej. de remoción). “Escuche”: primeramente a aquellos cuyos derechos podrían resultar lesionados, sean ellos sujetos pasivos del decreto o del precepto, sean terceras personas. (El tema ha sido hecho objeto de reflexión por parte del Papa Francisco y lo ha consultado con los Señores Cardenales: véase la nota de prensa del 14 de junio de 2017: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/06/14/vre.html)
Sobre este último caso ha de notarse que en el c. se trata específicamente de “derechos” y no de “intereses”, sean los particulares de una persona o de un grupo de personas o, incluso de la sociedad en su conjunto (“interés público”), y aunque ellos puedan ser considerados “legítimos”. Acudiendo a la colaboración de expertos en la materia hay que advertir que se suele hacer una distinción entre ellos propia del Derecho civil administrativo: consiste en que cuando se habla de los “derechos” estos se atribuyen en primer término y de modo original, a un sujeto (“derechos subjetivos”), facultándolo para obrar, para disfrutar de algo o para que pueda exigirle a un segundo individuo un comportamiento (“do ut des, do ut facias, facio ut facias”), de modo que mediante ellos (el ejercicio de los derechos) el sujeto pueda lograr la satisfacción de una capacidad humana propia y/o de un interés o recompensa humana – dentro del espacio que requiere para su propio desarrollo –. En tal caso, esta facultad debe haber sido reconocida por un derecho objetivo (norma), denominado también “legítimamente protegido” (Rivera).
En cambio, cuando se trata del “interés” se suele hacer referencia a la protección que un ordenamiento jurídico concede, en razón y por gracia del interés de la comunidad, a determinada categoría de intereses humanos de los particulares. A estos intereses se los denomina por eso “legítimos”. Sin embargo, al establecer una jerarquía, estos “legítimos intereses” se encuentran en un puesto secundario con respecto a los “derechos sujetivos”.
Se suele distinguir entre el “interés legítimo” y un “simple interés”. Para que propiamente se pueda hablar de “interés legítimo” se requiere la existencia de un interés personal o colectivo (relacionado con el aspecto económico, personal, profesional o de otra índole), aunque este no consiste en el mero interés, utilidad o atractivo  por la actuación de la autoridad o de un tercero; además, si bien dicho interés está garantizado por el derecho objetivo no se puede alegar existencia alguna de una obligación jurídica correlativa para dar, hacer o no hacer por parte de un tercero y con respecto al primer sujeto o poseedor del interés legítimo; en tercer término, este interés del particular se tutela, pero a través de la protección del interés “público”; y en cuarto término, su titular no puede imponer su voluntad y su acción al sujeto o sujetos que aparecen como obligados. He aquí algunos casos: aquellos particulares para los cuales la observancia o inobservancia de las normas resulte más ventajosa o desventajosa que para los demás, ostentan un interés legítimo; quien posee un interés legítimo sufre un agravio personal y propio cuando la administración o un particular no cumplen con lo estatuido en las normas vigentes.
El “interés simple”, finalmente, es indeterminado, se atribuye a cualquiera en la comunidad y no requiere que exista una afectación personal, directa y particular, para que se pueda exigir a los órganos del Estado que actúen en cumplimiento de la ley.
La aplicación de estas nociones (sobre derechos subjetivos y sobre interés -público, legítimo y simple-), es muy amplia, en consecuencia, y afectan, por ejemplo, en el ámbito público, las ofertas de licitaciones, el modelo trasparente de selección como ellas se realizan, la celebración de los contratos que derivan de ellas; y, en el ámbito privado, el proceder de las fundaciones, urgiéndoles a los administradores de las mismas obrar de acuerdo con su objeto social y sus finalidades. Véase: (Derecho subjetivo e interés legítimo).

[iii] Fue solicitada esta precisión durante el proceso de reforma por la Signatura Apostólica, probablemente porque en algún caso el texto pudiera llegar a ser causa de escándalo o utilizado con criterio difamatorio (por cualquiera, contra la autoridad eclesiástica).

[iv] Es la diferencia entre un acto inexistente y uno ineficaz. El inexistente no lo ha dado la autoridad; el ineficaz, sí lo ha dado, pero carece de valor: debe notificarse.

[v] Debe recurrirse, primero, ante el mismo Obispo o superior; pero puede hacerse también ante la respectiva Congregación, no diciendo que el Obispo calló, sino que respondió negativamente sin dar razones (cf. c. 189 § 3).

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